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La estatal China Three Gorges lanza una OPA para hacerse con la totalidad de la eléctrica Energías de Portugal (EDP)

EFE.- La estatal China Three Gorges lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% del capital de la eléctrica Energías de Portugal (EDP), de la que ya tiene en sus manos el 23% de las acciones y que valora la compañía en 11.900 millones de euros. La oferta, divulgada a través de la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa, ofrece una contrapartida de 3,26 euros por acción.

EDP anunció recientemente sus resultados del primer trimestre de 2017, cuando obtuvo un beneficio neto de 166 millones de euros en el primer trimestre, un 23% menos que un año antes. Junto a la OPA sobre EDP, la compañía estatal china lanzó una segunda OPA sobre EDP Renovables, filial que tiene sede en España y de la que EDP posee el 82,6% del capital. En esta segunda OPA, China Three Gorges ofreció 7,33 euros por acción, un 8,6% superior al precio que ofreció EDP en su OPA fallida del 2017.

China Three Gorges estableció como condición para el éxito de la oferta sobre EDP que consiga hacerse con más del 50% de los derechos de voto y que se alteren los estatutos para que no exista ningún límite a los derechos de voto ejercidos por un sólo accionista (actualmente limitados al 25%). También está pendiente de las autorizaciones de las autoridades portuguesas e internacionales y de una «confirmación por parte del Gobierno de Portugal de que no se opondrá a la oferta». El primer ministro luso, António Costa, ya aseguró que su Ejecutivo «no tiene reservas que oponer» a la oferta y que «los chinos han sido buenos inversores en Portugal», aunque añadió que es importante saber qué planes tienen.

China Three Gorges es propiedad del Estado chino, que también posee la compañía CNIC, que tiene en sus manos casi el 5% de EDP. Por tanto, a través de estas dos sociedades, el Estado chino controla ya el 28% de la eléctrica y aspira ahora a hacerse con el resto de la compañía. Entre el resto de los principales accionistas de la empresa están Capital Group Companies (12%) y la española Oppidum (7,19%). La prensa había especulado recientemente con que EDP despertaba interés entre varias eléctricas europeas, como la española Gas Natural Fenosa, la italiana Enel o la francesa Engie.

Fainé (Gas Natural Fenosa) contacta con el Gobierno de China para explorar una posible fusión con la portuguesa EDP

EFE.- El presidente de la multinacional energética Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, se ha puesto en contacto con el primer accionista del grupo energético luso EDP para explorar operaciones conjuntas. De este modo, según avanza Expansión, Fainé viajó recientemente a China para mantener contactos con el primer accionista de ese grupo portugués, mientras que fuentes de Gas Natural han declinado hacer comentarios.

Consecuencias de la crisis económica

EDP está participada en casi un 25%, a través de varias sociedades, por el Gobierno chino. El 21,3% de esa participación la tiene el fondo CWE Investment, propiedad a su vez del gigante estatal China Three Gorges, mientras que otro 3,02% lo tiene el grupo CNIC (China Ningbo International Cooperation). El Gobierno chino se convirtió en primer accionista de EDP en 2011 en el proceso de privatización de la empresa, como parte del plan de reestructuración de la economía lusa.

Según este diario, Fainé, que la próxima semana cumple un año como presidente de Gas Natural Fenosa, sondea varias posibilidades para reforzar a Gas Natural Fenosa en territorio europeo dentro del baile empresarial de fusiones, compras y alianzas que podría darse en los próximos meses en la Unión Europea. El pasado julio el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, aseguró que la energética no estaba negociando una operación de concentración ni con EDP «ni con ninguna otra» compañía.

El Gobierno luso rechaza comentarlo

Por su parte, el ministro de Economía luso, Manuel Caldeira Cabral, rechazó comentar la posible fusión entre el grupo EDP y la española Gas Natural Fenosa y señaló que es una cuestión que deben tratar los accionistas de ambas empresas. «No tengo ningún comentario que hacer sobre una cuestión que es del foro empresarial y de los accionistas», apuntó tras ser cuestionado por los periodistas sobre la noticia avanzada en la prensa. El diario portugués ECO publicó que Fainé también estuvo en Lisboa hace unas semanas para convencer al primer ministro luso, António Costa, de las ventajas de la operación.

La unidad II de la central nuclear de Almaraz se conecta a la red eléctrica tras su parada programada

Europa Press.- La unidad II de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) se conectó nuevamente a la red eléctrica nacional, tras finalizar «satisfactoriamente» la parada programada iniciada el pasado jueves, 1 de junio, para realizar las pruebas de secuencia de operabilidad del 4º generador diésel tras el mantenimiento realizado al mismo. La conexión de la unidad a la red eléctrica ha tenido lugar a las 21.15 horas de este pasado lunes, según indicó la central nuclear de Almaraz.

Estas mismas fuentes precisan que los generadores diésel son equipos capaces de proporcionar la energía necesaria para garantizar el abastecimiento a los sistemas de seguridad de la planta en caso de pérdida de suministro exterior. Según explicaron desde la central, durante esta parada programada, la ejecución de los trabajos se ha desarrollado «con éxito y dentro de la planificación inicialmente prevista». De esta forma, se ha reanudado el actual ciclo de operación de esta unidad hasta la próxima parada para recarga de combustible, cuya ejecución está programada para el próximo mes de abril de 2018.

Silencio en la cumbre hispano-lusa

La central nuclear extremeña no fue tema de conversación entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Antonio Cósta, durante la celebración de la cumbre hispano-lusa. Así lo indicó el jefe del Ejecutivo español, que precisó que ambos países ya han hablado todo lo que tenían que hablar y que, si hay que hablar en el futuro, harán «lo mismo». Estas palabras han sido suscritas por su homólogo portugués, que ha confirmado que las diferencias quedaron solucionadas. En la misma línea, ha añadido que si se vuelven a plantear las tratarán como en el pasado.

Los Gobiernos de España y Portugal llegaron en abril a un acuerdo sobre el almacén de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), después de que el país vecino mostrara su recelo a la construcción de un ATI en un emplazamiento cercano a su territorio y recurriera a la Comisión Europea para denunciarlo. Finalmente, se alcanzó un acuerdo amistoso en el que se incluye la consulta y evaluación conjunta.

Greenpeace pide cerrar la central

Por su parte, Greenpeace exigió a Rajoy que se comprometa a fijar el cierre de Almaraz, cuya seguridad «preocupa enormemente» a la población de Portugal. La ONG asegura que ha conocido documentos que demuestran que el Gobierno portugués conoce los planes de ampliar la vida de la planta y que el almacén nuclear no cuenta con estudios sobre su seguridad en caso de accidente. Greenpeace insta a Rajoy a que tenga «un gesto» con el primer ministro luso, Antonio Costa, y se comprometa a cerrar la instalación cercana a Portugal.

«El Gobierno portugués no debería aceptar que no hay riesgos para la seguridad sin analizar la posibilidad de un accidente grave, ni admitir este almacén nuclear sabiendo que sirve para ampliar la licencia de Almaraz», ha declarado la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón. Montón subraya que el presidente no puede ignorar el derecho de la sociedad hispano-lusa ante la decisión de ampliar la vida de las nucleares, en lugar de obedecer a las empresas eléctricas porque las consecuencias de un posible accidente los pagarían las personas».

El primer ministro portugués asegura que el ATI de Almaraz ya es tema tratado de cara a la cumbre ibérica

EFE.- El primer ministro portugués, António Costa, señaló que no está previsto abordar de forma específica el tema del ATI nuclear de Almaraz durante la cumbre ibérica de la próxima semana porque ya fue tratado por él mismo y por los ministros lusos de Exteriores y Medioambiente con sus homólogos españoles.

«No vamos a tratar específicamente este tema en la cumbre porque ya ha sido tratado directamente por el ministro de Exteriores con su homólogo, por el ministro de Medioambiente y su homólogo y por mí mismo con el presidente del Gobierno de España», señaló Costa. La construcción de un almacén de residuos nucleares en Almaraz (Cáceres), situada a 100 kilómetros de la frontera, provocó un incidente entre el Gobierno español y el portugués, que defendía que no se había evaluado el impacto transfronterizo del proyecto.

Ambos países, con mediación europea, alcanzaron un acuerdo para que Portugal retirase una queja interpuesta en la Comisión Europea y, a cambio, España se comprometía a no hacer nada «irreversible» y a no autorizar el funcionamiento del almacén hasta que Lisboa estudiara la información pertinente sobre la infraestructura. Hace un mes, el grupo de trabajo creado por el Gobierno portugués consideró que el proyecto es «seguro» y «adecuado» y emitió un parecer positivo. Costa defiende que el Gobierno portugués no actuó con pasividad, ya que exigió a España que le presentase toda la documentación disponible.

La Comisión Europea, España y Portugal sellan un acuerdo para la construcción del ATI de Almaraz al considerarse “seguro”

EFE.- El grupo de trabajo creado por el Gobierno portugués para valorar la futura construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central española de Almaraz consideró que esta instalación es «segura» y «adecuada» y emitió un parecer positivo sobre el proyecto. Consecuentemente, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro luso, António Costa, sellaron un acuerdo sobre la futura construcción del ATI en la central cacereña.

«Tras nuestra reunión en Malta el 3 de febrero y el amistoso acuerdo alcanzado a iniciativa del presidente Juncker, hemos llegado a un acuerdo sobre el caso de Almaraz», indicaron en un comunicado conjunto. Según dijeron, el acuerdo se basa «con solidez» en un conjunto de conclusiones operacionales que «sientan el camino para la implementación del acuerdo y ofrecen fuertes garantías para todas las partes».

«Gracias a la asistencia continuada y a la mediación de la Comisión Europea en este proceso, hemos llegado a un acuerdo en beneficio de todos», subrayaron, a la vez que recalcaron su «compromiso para implementarlo fielmente». Asimismo, trabajaron «en espíritu de buenas relaciones de vecindad» y de manera «constructiva, con la voluntad de encontrar soluciones pragmáticas». Igualmente, señalaron que acelerarán el trabajo del grupo de alto nivel sobre Interconexiones para el Suroeste de Europa y reiteraron su «firme voluntad de desarrollar proyectos europeos de interconexión que unan nuestros mercados energéticos«.

La construcción del ATI de Almaraz, situado a 100 kilómetros de la frontera lusa, provocó un incidente entre el Gobierno español y el portugués, que incluso llegó a interponer una queja ante la Comisión Europea al entender que España no había valorado el impacto transfronterizo del proyecto. Ambos países alcanzaron un acuerdo «amistoso» que preveía que Portugal retirase la queja y por el que España se comprometía a no hacer nada «irreversible» y a no autorizar el funcionamiento del almacén hasta que Lisboa estudiara la información pertinente sobre la infraestructura.

La Comisión Europea recordó que, tras una visita de las autoridades portuguesas y altos funcionarios comunitarios a Almaraz, las autoridades españolas «compartieron una cantidad sustancial de información detallada sobre aspectos medioambientales y de seguridad» del proyecto. El análisis del Gobierno portugués resultó en diferentes conclusiones y recomendaciones para responder a sus preocupaciones sobre los potenciales efectos transfronterizos del almacén. Esas recomendaciones fueron presentadas a las autoridades españolas y a los servicios de la Comisión Europea, que se mostraron de acuerdo con los asuntos abordados, apuntó el Ejecutivo comunitario. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aseguró entonces que las medidas que exigirá al operador abordarían la totalidad de las recomendaciones hechas.

La Comisión Europea indicó también que las partes han acordado asimismo continuar el intercambio de información sobre el almacén, y para ello España ya invitó a Portugal a nombrar a representantes que asistan a la reunión anual de información organizada en el municipio de Almaraz para informar al público sobre cuestiones relacionadas con la operación de la planta nuclear. Igualmente, las autoridades españolas acordaron compartir con las portuguesas cualquier otra información relevante sobre el almacén.

Portugal considera “segura” la construcción

«La construcción del ATI es una solución adecuada en términos de seguridad y almacenamiento, tomando como referencia patrones y prácticas internacionales», señaló el presidente de la Agencia Portuguesa del Medioambiente, Nuno Lacasta, que explicó que no se detectaron impactos transfronterizos para Portugal en situación normal de funcionamiento o en caso de accidentes «severos«.En cuanto al peligro sísmico, el grupo de trabajo considera que la construcción se llevará a cabo en una zona de «baja peligrosidad sísmica».Aun así, el grupo deja varias recomendaciones e insta a las autoridades portuguesas a que acompañen la evaluación que realicen el CSN y otras autoridades españolas en las fases futuras del proceso de construcción y operación del ATI.

Portugal retirará su denuncia ante Bruselas sobre el ATI nuclear de Almaraz para que España permita intervenir a expertos lusos

Europa Press.- Los Gobiernos de España y Portugal cerraron un acuerdo «amistoso» para resolver la disputa por la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que interpuso ante Bruselas mientras Madrid accede a trasladar toda la información «relevante» del proyecto en materia de medio ambiente y seguridad nuclear. El Ministerio de Energía expresó su «satisfacción» con el acuerdo «de buenos vecinos» con Portugal.

La solución fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Antònio Costa, en una declaración conjunta firmada también por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha ejercido de mediador entre las partes. El compromiso pactado establece «un proceso de consulta y diálogo constructivos» entre Madrid y Lisboa, con el objetivo de resolver la controversia creada.

El acuerdo incluye la visita de expertos portugueses y de la Comisión a la central cacereña «en los próximos días», según detalla la Comisión, «tan pronto como sea posible«. Irán representantes de las direcciones de Medio Ambiente y de Energía del Ejecutivo comunitario, así como miembros del Gabinete de Juncker. El objetivo es conocer la tecnología y las características de seguridad previstas en la central.

Se abre un periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por Rajoy y Costa, España «no emitirá ni ejecutará la autorización» para comenzar las operaciones del almacén. Ese tiempo se empleará, por contra, para «examinar y tomar en consideración» las reservas lusas al proyecto y para contemplar medidas para abordar estas dudas.

Aunque los términos del acuerdo no obligan a España a detener los trabajos ni a emprender una evaluación de impacto medioambiental, las autoridades españolas sí deberán «abstenerse» de toda medida que pueda ser «irreversible», según indicó el portavoz comunitario en materia medioambiental, Enrico Brivio. Ello supone que las obras «pueden continuar, pero antes debe producirse una consulta» con las autoridades lusas, ha insistido Brivio, para quien es «prematuro» decir si será necesaria una evaluación de impacto, tal y como reclamaba Portugal, o quien debería asumir los costes de ese estudio.

Bruselas explicó que el diálogo reforzado pretende servir de plataforma para la «consulta y evaluación conjunta» de la situación y para entender si la evaluación de impacto medioambiental «es necesaria» o bien la información ofrecida por el Gobierno español será «suficiente». «Es el inicio de un proceso basado en la confianza mutua entre las dos partes», apuntó el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

En su declaración conjunta, Rajoy y Costa han explicado que en un contexto de «inmensos desafíos» para la Unión Europea, las controversias entre Estados miembros que son «aliados tradicionales» deben resolverse «rápidamente», en un espíritu de cooperación y consenso. Se trata de un pacto que «prueba la cooperación pragmática» de los dos países y la voluntad de la Unión Europea de «resolver problemas». En este contexto, y tras las garantías de las autoridades españolas, el Gobierno portugués retirará la denuncia presentada el pasado mes de enero ante la Comisión Europea en contra de España por incumplimiento de la legislación comunitaria.

La mediación de Juncker se inició el pasado 3 de febrero en Malta, según Bruselas, en el marco de la cumbre europea que se celebró en Valeta y que propició un encuentro con las partes en los márgenes de la reunión a Veintiocho. El diálogo entre las partes permitió, además, expresar el compromiso de «acelerar» los trabajos del grupo de alto nivel del Suroeste de Europa en materia de interconexiones de gas y electricidad, para conectar la Península Ibérica con el resto de mercados europeos.

Energía: acuerdo «de buenos vecinos»

Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital expresó su «satisfacción» por el acuerdo entre los Gobiernos de España y Portugal sobre la disputa acerca del ATI nuclear de Almaraz, según indicaron fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal. El acuerdo responde al comportamiento «lógico entre buenos vecinos», que desean resolver cualquier diferencia «pronto y bien», y «así se ha hecho entre dos países que siempre han mantenido el diálogo sobre el asunto», explican las fuentes. La consecución del acuerdo se produce poco después de los encuentros celebrados entre las máximas autoridades portuguesas en competencia medioambiental y Nadal y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Portugal combate la pobreza energética con tarifas sociales que se aplican de forma automática

EFE.- Portugal combate la pobreza energética con una tarifa social que se aplica de forma automática a las familias con rentas más bajas, para aliviar la carga que supone pagar las facturas de luz y gas en el país con los precios de la electricidad más altos de toda Europa. El Ejecutivo portugués alteró sus tarifas sociales para la luz y el gas en junio, cuando estableció que esos descuentos se aplicarían de forma automática a los beneficiarios, sin necesidad de solicitarlos.

Con esta medida, que entró en vigor ya en julio, el Gobierno del socialista António Costa buscaba ampliar el número de beneficiarios de estas tarifas, aplicadas desde 2010 para la electricidad y desde 2011 para el gas, pero que alcanzaban a un número de consumidores muy inferior al esperado. El anterior Gobierno, de signo conservador, ya alteró los criterios iniciales para ampliar el acceso, pero los números seguían siendo bajos porque era necesario solicitar el descuento a la compañía, lo que corrigió ahora el Ejecutivo.

«Hay más de 690.000 familias que ya se benefician de la tarifa social de la electricidad. Antes no llegaban a 100.000″, explicó Natalia Nunes, responsable de Deco, la principal asociación de consumidores de Portugal. La cifra actual supone más del 10% de los clientes domésticos de Portugal. En el caso del gas se pasó de unos 15.000 beneficiarios a 31.000, números mucho más bajos que en el mercado de la electricidad porque en Portugal el acceso al gas natural es muy reducido. «Sólo en las grandes ciudades como Lisboa, Oporto y poco más existe acceso al gas natural», señaló Nunes.

Descuentos en torno al 30%

Las tarifas suponen un descuento del 33,8% respecto a los precios de referencia del mercado regulado en el caso de la luz y del 31,2% en el del gas. Ambas se aplican a los clientes «económicamente vulnerables«, con unos ingresos anuales inferiores a los 5.808 euros para un agregado familiar de un individuo, es decir, alguien que recibe menos del salario mínimo, que en Portugal está en 530 euros mensuales.

El límite se incrementa en tramos del 50% por cada miembro adicional que no percibe ningún ingreso, ya que si dos personas de la familia tienen ingresos, aunque sean inferiores al tope establecido, no pueden beneficiarse de la medida, un detalle que a ojos de Deco debe ser mejorado. «Estas son las restricciones de la ley. La aplicación automática es muy positiva, pero la ley necesita algunos cambios para que se aplique de forma efectiva a todas las personas en situación de dificultad», consideró Nunes.

La tarifa social también se aplica a los consumidores que reciben ciertas prestaciones sociales, como el complemento solidario para ancianos, el ingreso social de inserción o el subsidio social de desempleo, aunque en estos casos la factura debe estar a nombre del beneficiario de la prestación. Portugal, que todavía siente los efectos de una crisis que le mantuvo tres años bajo el rescate financiero de la troika, es el país europeo con el precio más alto de la electricidad y del gas en función del poder de compra, según Eurostat. Para algunas familias, estos precios suponen dedicar más del 10% de sus ingresos mensuales a la factura eléctrica, según Deco.