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Bogas (Endesa) pide a Ribera que el Plan de Energía y Clima no esté «escrito sobre piedra» y pueda adaptarse

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que marca la hoja de ruta de la transición energética, no esté «escrito sobre piedra» y sea adaptable a las circunstancias que se presenten en el futuro.

Bogas indicó que se va «a dar un salto» con la transición energética que ya «no se puede parar» pero subrayó que el Plan debe «tener capacidad de adaptación a las circunstancias con las que nos vamos a encontrar en el futuro». A este respecto, consideró que en España se parte de una situación «envidiable» para afrontar la transición energética ya que existe una sobrecapacidad en el sistema eléctrico que hace que no sea necesario instalar nueva potencia térmica de aquí a 2030, por lo que el principal problema será «como gestionar la incorporación de las renovables y las paradas de las térmicas» que hay.

Sin embargo, afirmó que a partir de 2030 se puede registrar una situación de falta de capacidad, con un déficit de entre 9 y 13 gigavatios (GW), que habrá que cubrir. Así, indicó que la vida de las centrales de carbón no se podrá alargar más ya que «va contra los tiempos actuales». De esta manera, Bogas aseguró que a la capacidad de respaldo existente, principalmente los ciclos combinados de gas natural, hay que darles «un papel fundamental», para lo que serán necesarios los pagos por capacidad. «De esto tiene que ser consciente cualquier regulador; hay muchas formas de hacerlo, lo importante es hacerlo», añadió.

Asimismo, advirtió de que si se produce un recorte retributivo a las eléctricas por sus actividades de redes y transporte, del 6,5% actual al 5,6% propuesto por el Ejecutivo para el periodo 2020-2025, quien tendrá «un problemón será el Gobierno de turno» ya que las compañías «no vamos a hacer nuevas inversiones«. Bogas subrayó que en la transición energética, que es «felizmente irreversible» y que en ella jugarán un papel clave las renovables y la digitalización, el sector eléctrico debe «hacer un esfuerzo», pero también «el resto de sectores», como la industria o el transporte.

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, consideró que en España existe «un déficit regulatorio» de reconocimiento de la capacidad firme, que será vital para garantizar la transición energética, por lo que pidió que se reconozca el papel que jugarán los ciclos combinados de gas natural. «La capacidad firme en un escenario de 70% de renovables será fundamental y el papel de los ciclos tiene que ser reconocido», afirmó la directiva, subrayando que con pocas horas de funcionamiento al año «es difícil que puedan ser sostenibles».

Santamaría destacó que España está «en una situación inmejorable» para alcanzar los objetivos de la transición energética ya que se cuenta con recursos eólicos y solares y con las empresas para ello. No obstante, indicó que resta «mucho desarrollo por delante». Asimismo, indicó que el objetivo de instalar 5 gigavatios (GW) anuales al año de energía renovable supone «un esfuerzo inversor desconocido» en España, para el cual pidió «la confianza para los inversores para que se haga realidad». «Tenemos una mala historia de seguridad jurídica y hay que revertirla para que sea una realidad«, sentenció.

Mientras, el director general de Gas y Electricidad de Naturgy, Manuel Fernández, defendió que el gas natural jugará «un papel fundamental» en la transición energética hasta 2050. El directivo valoró que en 2030 la penetración de renovables en el mundo será del 14%, por lo que «quedan otros 86 puntos para las demás energías, y la única en todos los escenarios que crece es el gas». Además, Fernández aseguró que cualquier avance debe realizarse «desde la prudencia regulatoria» y afirmó que la transición energética debe también cuidar «el impacto social» y no debe ser «discriminatoria».

Iberdrola instalará más de 200 electrolineras distribuidas cada 100 kilómetros en las principales carreteras de España para recargar vehículos eléctricos

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Europa Press / EFE.- Iberdrola ha anunciado un plan de movilidad sostenible en el que invertirá más de 10 millones de euros para desplegar más de 200 puntos de recarga eléctrica a menos de 100 kilómetros de distancia cada uno en las principales carreteras españolas, lo que permitirá a los usuarios de vehículos eléctricos recorrer todo el país con plena autonomía y sin emisiones. Además, Iberdrola negocia alianzas con otros operadores para completar esta red propia en España con electrolineras asociadas por toda Europa.

Las estaciones estarán localizadas en las 6 radiales que parten desde Madrid, en los 3 principales corredores, el Mediterráneo, el Cantábrico y la Ruta de la Plata, y en las capitales de provincia. En cada estación se podrán recargar entre 2 y 7 vehículos a la vez, lo que eleva el número de tomas de recarga rápida a más de 400 en toda la red. Además, los conectores estarán preparados para todo tipo de vehículos eléctricos o híbridos enchufables. La recarga será accesible mediante una aplicación para móviles también para quienes no sean clientes habituales de Iberdrola, con la posibilidad de reservar un enchufe a una determinada hora, además de su geolocalización y el pago.

Las estaciones de recarga contarán con surtidores tanto de 50 kilovatios (kW) como de 150 y de 350, llamados, respectivamente, rápido, superrápido, que permitirán la recarga de la mayor parte de la batería en un tiempo estimado de entre 20 y 30 minutos y ultrarrápido. Raquel Blanco, directora global de soluciones inteligentes de Iberdrola, ha explicado que los puntos de recarga de 350 kW permitirán el lleno de la batería en 10 minutos. Durante este tiempo, los usuarios podrán hacer uso de los servicios aledaños a las estaciones, gracias a los acuerdos que Iberdrola alcanzó con sus socios, que incluyen hoteles, cadenas de restauración y estaciones de servicio, priorizando las ubicaciones próximas a las carreteras.

Más barato que los carburantes

La carga ultrarrápida no está disponible aún en todos los vehículos eléctricos actuales y rondará su precio en unos 4 o 5 euros para cada 100 kilómetros de autonomía, que es, según Blanco, entre 1,5 y 3 veces más barato que la recarga de gasolina o diésel actual. El precio previsto para la recarga doméstica de los vehículos eléctricos es de 0,5 euros por cada recarga de autonomía para 100 kilómetros, 10 veces más barato que la gasolina, según Blanco.

Antes de que finalice el año,Iberdrola planea tener instalados hasta 30 puntos de recarga rápida, con la idea de que durante 2019 se lleven a cabo el resto de instalaciones para tener completado el desarrollo de «la mayor red de estaciones de recarga rápida en autovías y corredores de España», tal y como señala la eléctrica. La electricidad suministrada en estas estaciones de recarga será 100% verde, al contar con un certificado de garantía de origen renovable, lo que asegura que la energía proviene de fuentes de generación limpia. Por esta razón, Iberdrola enmarca esta iniciativa en el marco de su estrategia de sostenibilidad, en este caso mediante la electrificación del transporte, una «pieza clave» contra el cambio climático.

Así lo expresó la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, que indicó que «el escenario de precios de la electricidad sería completamente diferente» si las cosas hubieran sido de otra manera desde 2012, ya que no se han vuelto a acometer nuevos desarrollos en materia de renovables. Posteriormente, añadió que «se necesita a todos los agentes, con una visión a largo plazo, en la que se invierta en renovables y se potencie el papel del consumidor”. Con esta estrategia, Iberdrola prevé liderar la movilidad sostenible en el país, junto con el plan de instalación de 25.000 puntos de recarga para uso residencial, de empresas y en el espacio público en los próximos 4 años.

Ribera garantiza que el Gobierno elaborara un plan “urgente” dirigido a las comarcas mineras y a las nucleares que cierren

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EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, garantiza que en la estrategia de transición energética justa del Gobierno habrá un plan de acción urgente dedicado a las comarcas mineras y a las de centrales nucleares en proceso de cierre. Ribera señaló también que se pondrán en marcha los contratos de transición, negociados y pactados con las administraciones locales y agentes económicos y sociales de las zonas afectadas, un modelo similar al ya aplicado en Francia, Alemania y Reino Unido.

Ribera lamenta que no se anticiparan estrategias de diversificación para estos territorios con tiempo «suficiente«. Asimismo, ha señalado que España no se puede conformar con el paro y la calidad del empleo que tiene. Por eso, ha indicado que se debe prestar atención a los sectores generadores de empleo como consecuencia de la transición energética, a fin de propiciar una industria y un nuevo modo de producir bienes y servicios. «Tenemos muchísimo que ganar si apostamos por la transformación de la economía y una transición bien diseñada», añadió Ribera, quien señaló que los recursos que ahora se destinan a la importación de combustibles fósiles se podrían redirigir a crear empleo.

Por otro lado, la ministra ha argumentado que constituir proyectos integrados en el desarrollo territorial garantizará el empleo a medio y largo plazo, así como facilitará un sistema productivo «sólido» y sobre la base de los límites ambientales. En este sentido, ha declarado que el Gobierno quiere aprender de experiencias «previas» y reactivar la agenda económica hacia la «transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular». Asimismo, la ministra ha avanzado que el Gobierno llevará a cabo un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir con las orientaciones que esta organización realizó a los países para lograr una transición energética justa.

En su informe Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, publicado en 2015, la OIT recogió varias conclusiones relativas al desarrollo sostenible, al trabajo decente y a los empleos verdes. Actualmente, esas directrices se encuentran respaldadas internacionalmente por sindicatos, empleadores y gobiernos, según la ministra. Ribera ha asegurado que «no tener estrategia es la peor de las opciones», por lo que el Gobierno optará por una estrategia por la transición justa basada en las directrices de la OIT a través de un acuerdo que garantice el «éxito».

Inacción mala para el empleo

Además, recordó que, según el informe de la OIT, por cada empleo que se pierda con la transición energética se crearán 4, si bien ha reconocido que no todos se producirán en los mismos lugares, por lo que hay que hacer una labor de anticipación. Ha añadido que los impactos negativos que han sufrido en el empleo sectores como el carbón no se han debido únicamente a razones ambientales, sino a la competitividad del carbón de otros países y la aparición de tecnologías energéticas más baratas. Asimismo, ha destacado la importancia de acometer la transición energética, pues la «inacción» ha hecho que no se hayan creado empleos relacionados con la eficiencia energética o el autoconsumo.

Por su parte, el presidente del Club de la Energía y de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha recordado que en la transición de los años 90, cuando empezó el declive del carbón, se perdieron 40.000 empleos y se crearon sólo 70.000, cifra muy alejada del potencial que tienen las energías renovables. Ha advertido que en esta nueva transición energética no se van a crear puestos de trabajo si no hay inversión, y para ello hace falta un marco regulatorio que favorezca la confianza de los inversores.

Según la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, en el mundo se crearán 24 millones de nuevos puestos de trabajo con la transición energética, pero no se podrá evitar que se destruyan 6 millones, algo que hay que acometer «con valentía». Ha advertido que luchar contra el cambio climático es necesario para evitar que desaparezcan 1.200 millones de puestos de trabajo que se necesitan de un medio ambiente estable.

Además, augura que el cambio de modelo energético aumentará la competitividad de la industria en España, pues las renovables dan más estabilidad a los precios y harán que no se dependa tanto de los combustibles fósiles. Finalmente, subrayó que es urgente apostar por el cambio pues, si no, se anticiparán otros países, de los que España acabará importando tecnología y conocimiento, en lugar de exportarlos.

Imaz (Repsol) advierte de que el impuesto al diésel aumentaría las emisiones de CO2; Aires (BP) lo ve “sin sentido”

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EFE.- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha manifestado que «una penalización añadida al diésel va a aumentar las emisiones de CO2» y provocaría daños al sector de fabricación automovilístico en España, que ha recordado que es el segundo fabricante europeo de automóviles.

Imaz ha afirmado que aquí todos están haciendo esfuerzos y ha recordado que las emisiones de CO2 de los vehículos actuales de gasolina son un 24% menores que hace 20 años y las de los diésel un 25,2%, con lo cual se han rebajado las emisiones por cada kilómetro recorrido.

Ha añadido que un impuesto al diésel lo que haría es que hubiera más consumidores que dejen de comprar ese tipo de coches y adquirieran de gasolina, lo que no redundaría en una reducción de las emisiones de CO2.

Además, ha apuntado los efectos que tendría sobre la recaudación la sustitución de todos los vehículos que usan diésel y gasolina por eléctricos, que pasaría de los 16.000 millones de euros que se obtienen por vehículos ligeros a través del impuesto de hidrocarburos a 3.000 millones.

Ha afirmado que el problema que hay son los vehículos diésel antiguos, que contaminan más que los actuales, y ha afirmado que promover una renovación del parque automovilístico sería «más justo socialmente», pues se ayudaría a colectivos de baja renta, sería más eficiente para la competitividad de la economía y ayudaría a mejorar la reducción de emisiones de CO2.

Por su parte, el presidente de BP España, Luis Aires, ha considerado que no tienen ningún sentido las medidas para subir la fiscalidad al diésel y ha criticado la propuesta del comité de expertos en transición energética, por la que se establecía gravar las emisiones de óxido de nitrógeno, de azufre y partículas de los vehículos, que ha señalado que no tienen que ver con el cambio climático.

También ha criticado la propuesta de sufragar con un impuesto nuevo el déficit eléctrico sólo gravando a los carburantes y que sean sólo los usuarios de diésel y gasolina los que paguen algo que fue generado por decisiones de política energética y de inversión de las empresas, así como que sean los que paguen unas carreteras que también van a usar los vehículos eléctricos.

En su opinión, tiene más sentido que se suba el precio por tonelada de CO2 emitida y que se recaude de todos los emisores.

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, cree que hay que favorecer la introducción de renovables en el mix eléctrico, ya que reducirá los precios, y ha dicho que se deben adoptar «decisiones valientes» para avanzar en una mayor electrificación.

Por su parte, el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha criticado la actual fiscalidad sobre la energía, que considera que actualmente tiene sólo «efectos recaudatorios» y cree que hay que aumentar la fiscalidad a las fuentes de energía emisoras, pues no tiene sentido que se pague un 7% por generar electricidad tanto si se hace por una planta que contamina que por una instalación que no emite CO2.

Ha indicado que hay que reformar la fiscalidad y establecer unas señales económicas claras y «contundentes» para que España no se quede atrás en la nueva «revolución industrial» que va a suponer la transición energética.

Mateo ha añadido que si el carbón es la principal fuente emisora de CO2 «habrá que cerrarlo» y ha agregado que los puestos de trabajo de esa actividad podrán ser suplidos en sectores como la fabricación de aerogeneradores y baterías.

El Gobierno no hará «una barbaridad» con el cierre del carbón y nucleares en 2028 sin analizar el escenario climático

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno tiene «claros» sus compromisos pero también sabe qué es «lo mejor» para la economía, por lo que «no va a hacer una barbaridad» en cuanto a las fechas de cierre de las centrales térmicas de carbón y apuntó que la fecha de 2028 para el fin de la energía nuclear en España “dependerá de los escenarios climáticos”.

La ministra ha culpado al anterior Gobierno de falta de anticipación y de «irresponsabilidad» porque no se ha encontrado «nada» respecto al futuro del carbón, ni escenarios planteados ni sobre los sectores afectados. «No había nada. No sabemos los escenarios que se manejaban; una cosa de absoluta irresponsabilidad», ha apostillado la ministra, que ha añadido que las fechas de cierre del carbón «no han sido acompañadas» del proceso previo necesario, al tiempo que recordó que en los próximos 18 meses las principales centrales nucleares deberán presentar su solicitud de renovación de permiso o de cierre.

«Tenemos un problema antipático y nos encontramos que el calendario avanza y no se ha solucionado el problema», ha explicado la ministra, quien asegura que «me hace gracia el concepto de transición acelerada del que se nos acusa», pues «precisamente por no ser acelerados estamos donde estamos». En su opinión, se tenía que haber hecho esa evaluación con suficiente capacidad de anticipación y «este es un Gobierno que tiene claro sus compromisos internacionales y sus desafíos, pero también que quiere lo mejor para los ciudadanos».

En cuanto al carbón, subrayó que el actual marco estratégico se verá reflejado en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética así como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero ha asegurado que la «segunda prioridad» es la del empleo nuevo en un mundo en auge pero en el que se debe hacer un «acompañamiento solidario» del empleo «en retiro».

Ribera entiende que se generen «tensiones» en las zonas donde se destruye empleo y precisamente es el carbón «el primer caso en el que esto se materializa», pero ha dejado entrever que la cuestión no es nueva sino que se debe a una falta de anticipación de la que responsabiliza no solo al anterior Ejecutivo sino también a consejeros de comunidades autónomas, patronales y sindicatos, que firmaron los planes y acuerdos anteriores. Ahora defiende que es «prioridad» del presidente del Gobierno apostar por «identificar oportunidades en cada uno de estos espacios» y acometer un plan de desarrollo local. «Si no hacemos esto, es normal que a la gente le preocupe su futuro inmediato», ha comentado.

En materia de energía nuclear, preguntada por la fecha de cierre final del parque nuclear español en 2028, la ministra tampoco encontró «ni un papel» sobre la cuestión, ni un plan nacional de residuos con el que acompañar las decisiones que permitan «transitar por sendas sólidas». Por ello, no ha descartado que 2028 sea la fecha definitiva, de acuerdo con el programa del PSOE del que forma parte y que señala el cierre de las centrales nucleares cuando estas cumplan 40 años de vida tecnológica.

Eso sí, Ribera ha dejado entrever que esa fecha dependerá de la planificación energética y de los estudios sobre las distintas sendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero así como del futuro Plan Nacional de Residuos que ahora debe elaborar el Gobierno. «Habrá que evaluar la combinación de las distintas sendas por lo que será mejor tener ese debate cuando tengamos los escenarios y el análisis de las distintas herramientas», ha concluido.

El futuro según las compañías

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, considera viable cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años, mientras que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ve dificultades «técnicas» para parar cualquiera antes de 2027-2028. Santamaría, ha manifestado que es posible cerrar las centrales nucleares españolas cuando cumplan los 40 años de vida para los que fueron diseñadas (6 centrales en total que suman 8 reactores y que cerrarían entre 2020 y 2028) «sin gran afección». Añadió que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) será la que tendrá que liderar el estudio y el análisis de cómo proceder al cierre, pero ella cree que es «viable».

El consejero delegado de Endesa ha manifestado que cualquier sustitución de la energía nuclear tendrá que conllevar un sistema que garantice una «potencia firme» (actualmente la potencia nuclear aporta 7.700 megavatios). Además, ha señalado que se debería tener hecho un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, después de paralizarse la construcción del de Villar de Cañas (Cuenca), con capacidad para manejar 70 contenedores anuales, y ha señalado que hasta que no haya uno puede haber dificultades técnicas para parar cualquier central antes de 2027-28.

En cuanto al cierre de las centrales térmicas, Santamaría ha dicho que estas instalaciones tienen ya un papel limitado y no están «alineadas» con las políticas medioambientales de la Unión Europea. Ha recordado que Iberdrola pidió hace un año la autorización para cerrar sus 2 últimas centrales de carbón en el mundo, Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), y ha afirmado que es viable clausurar las que hay en España manteniendo la garantía de suministro eléctrico. Ha admitido que estos cierres tendrán impacto en el tejido industrial y el empleo, por lo que habrá que mitigar esos efectos con ayudas europeas como las que ya utilizan países como Polonia y Alemania para crear alternativas en comarcas afectadas por la transición energética.

José Bogas opina también que el carbón cerrará, pues al final la legislación y el coste de las emisiones de CO2 harán que no tenga encaje en el mix eléctrico (combinación de diferentes fuentes de energía que cubren el suministro). También el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, considera que «el carbón está encaminado a llegar a su fin de vida», aunque ha dicho que ese final tiene que ser justo.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado que la partida de la descarbonización se juega en Asia, y ha destacado que el que haya gas natural a bajo precio será lo que reduzca el consumo de carbón en ese continente, donde las proyecciones de crecimiento del consumo eléctrico son muy grandes. En el mismo sentido, la consejera delegada de Engie, Loreto Ordóñez, destacó que su compañía ha desinvertido en la generación con carbón, aunque admitió que la ecuación económica carbón-gas no funciona porque el coste marginal de producir con carbón sigue siendo más barato.

El Gobierno y las compañías ven conveniente desligar la tarifa regulada PVPC del precio de cada hora del mercado eléctrico

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EFE / Europa Press.- El precio de la luz en el mercado mayorista sigue en niveles más elevados de lo habitual. En este sentido, el Gobierno y las compañías eléctricas ven conveniente iniciar una reflexión sobre la formación de precios, pero de manera «pensada«.

Entre los factores que están detrás de la subida de los precios en el mercado mayorista destaca el encarecimiento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y del gas natural y el carbón en los mercados internacionales. En concreto, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres: entre mayo y agosto de 2017 era de 5,1 euros por tonelada y en el mismo periodo del presente año ha sido de 16,3 euros. También ha contribuido a estos elevados precios una reducción de la participación de la energía eólica, una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento y un incremento de la demanda, motivada por las altas temperaturas estivales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un foro organizado por Cinco Días, ha negado, no obstante, que se estén alcanzando estos días máximos históricos en los precios de la subasta eléctrica con los 74,58 euros/MWh registrados, ya que en el pasado reciente los hubo más altos, como los que se registraron en enero de 2017, en plena ola de frío. Ese mes se registró un precio medio diario máximo de 91,88 euros/MWh, cifra por debajo de los 103,76 euros de media diaria que hubo el 11 de enero de 2002. En este sentido, el Gobierno está trabajando en las políticas necesarias que permitan una evolución “racional” de los precios de la electricidad.

Las perspectivas sobre la evolución de los precios tanto de materias primas para generación de electricidad (gas y carbón) y de derechos de emisión de CO2 indican que podrían seguir subiendo según la ministra, que comparecerá el próximo 19 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Ribera ha avanzado que hay que adoptar medidas para asegurarse de que esos incrementos no incidan ni en la economía ni en los sectores sociales más vulnerables y, en este sentido, subrayó que la atención a los 4,6 millones de personas que están en situación de pobreza energética “debe ser prioritaria”, aunque paralelamente se inicie una «reflexión más profunda» sobre los componentes que hacen aumentar la factura eléctrica.

En este contexto, Ribera aseguró que el Ejecutivo está trabajando sobre un paquete de medidas para ver cómo puede operar en el corto plazo sobre cada uno de los componentes de la factura, algunos «muy alejados» de su capacidad de acción. «Hay que generar consensos en cada uno de los bloques de los operadores. Hay componentes fiscales, de coste regulado, de mercado… Estamos trabajando en ello y el Gobierno presentará su reflexión el 19 de septiembre en el Congreso», apuntó. Así, Ribera comparecerá para explicar el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto a agosto del 2017.

De este modo, para la responsable de la cartera para la Transición Ecológica está «bien» que se refleje el hecho de que generar energía de manera «sucia» es caro. «No podemos permitirnos el lujo de que en este proceso de cambio a un sistema enteramente limpio se vean afectados los colectivos con menos recursos», subrayó. El precio de la luz en el pool supone en torno al 35% de la factura para los consumidores con tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) (unos 11 millones de usuarios frente a los más de 16 millones que hay en el mercado libre), mientras que el 65% restante depende de los peajes que fija el Gobierno y de los impuestos.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, asegura que no está habiendo ningún «abuso» por parte de las compañías eléctricas, que no se están beneficiando de esta subida. «Lo que está ocurriendo en el mercado mayorista es una consecuencia del CO2», indicó Bogas, que ha manifestado que ya les gustaría a las compañías que los precios de los derechos de emisión y de las materias primas como el gas y el carbón «fueran más baratos«.

No obstante, ha apuntado que podría plantearse la revisión del mecanismo por el que se fija el PVPC, mientras que la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha manifestado que no es razonable que la tarifa PVPC sea «un espejo de los precios del mercado mayorista», ya que es la que usan los consumidores con menor poder adquisitivo, que necesitan tener más certidumbre, y ha apostado por un modelo que evite que las volatilidades del mercado les afecten. Eso sí, ha reivindicado que las reformas en el sistema de fijación de precios deben hacerse de manera pensada y «no guiadas por la presión y las noticias» de la prensa.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia el «elevadísimo» y «desproporcionado» encarecimiento energético habido en los últimos dos años y ha instado a implantar medidas que abaraten este gasto como, por ejemplo, el autoabastecimiento energético. La organización ha puesto ejemplos prácticos como el de una pequeña cafetería donde contratan 9,9 kilovatios y consumen 37.000 kilovatios anuales. En esta situación, el precio aumenta de los 4.900 euros en 2016 a 6.500 euros en 2017 y llegará a una factura de 8.450 euros en 2018, un aumento del 72,45% en dos años.

Además, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, avanza que el precio de los mercados futuros no indica mejoría sobre la situación actual y se ha mostrado pesimista. Desde UPTA proponen a los autónomos vigilar que las facturas sean correctas, revisar que el contrato es el adecuado para las necesidades tanto en consumo como en precios, buscar alternativas en el mercado y comparar las ofertas, evaluar si las necesidades de consumo actuales responden a criterios de negocio y estudiar posibles inversiones que reduzcan el consumo.

Unidos Podemos también pide explicaciones

Mientras el grupo parlamentario de Ciudadanos ya presentó una pregunta para saber qué medidas planea llevar a cabo el Gobierno ante el incremento de los precios de la electricidad, el diputado de Unidos Podemos-En Comú, Joan Mena, ha registrado un escrito en el Congreso en el que pide explicaciones al Gobierno sobre lo que denomina un «aumento desmesurado» del recibo de la luz, que cifra en un 12,4% más en agosto respecto a agosto del 2017, lo que supone la cuarta factura eléctrica más alta de la historia en España.

También denuncia situaciones de desatención a los usuarios y de falta de mantenimiento de las instalaciones por parte de las empresas eléctricas. Unidos Podemos, cuyas respuestas por parte del Ejecutivo las recibirá por escrito, ha calificado de «lamentables» las averías eléctricas durante el verano y se ha referido en concreto a la sufrida en el barrio de Torre-romeu de Sabadell (Barcelona). La formación que lidera Pablo Iglesias ha preguntado al Gobierno sobre los mecanismos que tiene previstos para garantizar el reconocimiento de estas averías por parte de Endesa, la compañía suministradora en este barrio barcelonés.

Iberdrola culmina su reestructuración organizativa con el nombramiento de consejeros delegados para Reino Unido, México y, por primera vez, España

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EFE.- Al tiempo que sigue dando un impulso a las energías renovables en países como México, con la planta fotovoltaica Santiago, que con una extensión de 750 hectáreas será la más grande construida por la compañía eléctrica a nivel mundial, el grupo Iberdrola ha culminado la reestructuración de su modelo organizativo con el nombramiento de consejeros delegados en las sociedades que tiene para España, Reino Unido y México, que se unen a los que ya había en Estados Unidos y Brasil.

Ángeles Santamaría ha sido nombrada consejera delegada de Iberdrola España, cargo que no existía hasta el momento, de la que el último máximo responsable había sido Fernando Becker, que no era consejero delegado, sino que ostentaba el cargo de director corporativo de Iberdrola España. Becker dejó la compañía a principios de este febrero mediante un acuerdo amistoso en el marco del plan de bajas incentivadas que impulsa regularmente la eléctrica.

Además, Iberdrola ha nombrado consejeros delegados de Scottish Power, la filial en Reino Unido, y de Iberdrola México, a Keith Anderson y Enrique Alba, respectivamente, que eran hasta ahora los máximos responsables de esas sociedades. Dentro del grupo, dos sociedades, Avangrid, filial en Estados Unidos, y Neoenergia, en Brasil, contaban ya con consejeros delegados, James Torgerson y Mario Ruiz Tagle.

Los consejeros delegados serán los responsables de aplicar las políticas del grupo y de maximizar el valor de los activos y la cuenta de resultados en sus respectivos países, ha explicado Iberdrola, que indicó que, entre sus objetivos, está conseguir en esos territorios los retos plasmados en las perspectivas estratégicas que Iberdrola presentó la semana pasada para el periodo 2018-2022.

Iberdrola prevé invertir 32.000 millones de euros en esos cinco años, de los que más del 90% se destinará a actividades reguladas o con contratos a largo plazo. Asimismo, espera que su resultado bruto de explotación (ebitda) alcance al final del periodo entre 11.500 y 12.000 millones de euros, y el beneficio neto entre 3.500 y 3.700 millones de euros.

Ángeles Santamaría era hasta ahora directora de Renovables para Iberia e Internacional de Iberdrola. Como consejera delegada, se encargará de la gestión y dirección de Iberdrola España, sociedad que fue constituida en junio de 2014 siguiendo el nuevo modelo de gobierno del grupo, que ya contaba entonces con sociedades similares en el resto de sus mercados de referencia. Estas sociedades se ocupan de difundir y aplicar las políticas, estrategias y directrices generales del grupo Iberdrola en cada uno de los países en los que opera, según indicó la compañía eléctrica.

Ángeles Santamaría, que es ingeniera industrial, se incorporó a Iberdrola Renovables en 2001 como directora de Explotación, ocupándose del equipo de operación y mantenimiento, y gestión de la energía de la compañía. En esta etapa se realizó el diseño e implantación del Centro de Operación de Renovables (CORE) y la internacionalización de las operaciones de la compañía, que consiguió alcanzar los 6.000 megavatios (MW) de capacidad instalada en siete países.

Santamaría fue directora de Explotación hasta 2007 y, posteriormente, pasó a ocupar el cargo de directora de Prospectiva y Tecnología, responsable global de asuntos regulatorios e I+D+i y miembro del equipo de dirección de Iberdrola Renovables. Santamaría ha sido también vicepresidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), y miembro del Consejo de la European Wind Energy Association (EWEA) y de la Red Asesora de la Industria Renovable de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En Reino Unido y México

El nuevo consejero delegado de Scottish Power, Keith Anderson, era hasta ahora director corporativo de esta compañía del grupo y consejero delegado de su división de renovables, explicó Iberdrola. Anderson se incorporó a Scottish Power en 1999 como responsable del área de auditoría interna, y ha sido también director de Estrategia y Relaciones Externas y director del área de Renovables de la filial británica del grupo eléctrico. Como consejero delegado de Scottish Power Renewables, Keith Anderson lideró el negocio de energía eólica marina de Iberdrola.

Por su parte, el nuevo consejero delegado en México, Enrique Alba Carcelén, natural de Cartagena (Murcia), se incorporó a Iberdrola en 1999 y es ingeniero industrial. Fue jefe de Producción y responsable de gestión de la explotación en la central térmica de Santurce (Vizcaya) hasta ser nombrado en 2004 director de la central térmica de Pasajes de San Juan (Guipúzcoa). En 2012 pasó a ser director de Generación de la sociedad Iberdrola Generación México y desde 2014 es director del negocio liberalizado en México, cargo que ocupaba en la actualidad.

Mayor planta fotovoltaica de Iberdrola

Gracias a sus 672.000 paneles solares, la planta Santiago contará con una capacidad instalada de 170 megavatios (MW) y tendrá una producción energética capaz de abastecer a 138.000 hogares, según desveló una fuente de la compañía. Unas mil personas trabajan actualmente en la instalación, situada en el municipio Villa de Arriaga (Estado mexicano de San Luis Potosí), que ya presenta un avance del 70%, después de que la construcción empezara en febrero de 2017, y entrará en funcionamiento previsiblemente a finales de año, apuntó la directora del proyecto, Carla Hernández.

La filial mexicana del grupo español espera que la energía limpia que produzca la planta, que evitará la emisión a la atmósfera de 340.000 toneladas de CO2 anuales, contribuya a las metas que México tiene para los próximos años. Para 2024, México tiene como objetivo aumentar su generación de energía renovable al 35% del total. Esta es la primera planta fotovoltaica que la empresa pone en marcha en el país americano, donde también construye otras tres instalaciones de energía renovable: dos eólicas en los estados de Puebla y Guanajuato y otra más fotovoltaica en Sonora.

En cuanto a la energía limpia, «para 2020 queremos llegar a los 1.500 MW; eso quiere decir que vamos a ir más o menos poniendo en marcha unos 600 MW cada dos años», afirmó la directora del proyecto. En México el recurso solar es muy favorable debido a que el país se encuentra dentro del denominado «cinturón solar», con los mayores niveles de radiación del mundo, añadió. La construcción del parque Santiago implica una inversión de 200 millones de dólares.

Antes de que comience la actividad en esta instalación, Iberdrola inaugurará, aproximadamente en agosto, la planta fotovoltaica de Hermosillo en el estado de Sonora. Esta contará con una extensión de 300 hectáreas y una capacidad total instalada de 100 MW generada a través de 392.940 módulos fotovoltaicos. Con casi 20 años de presencia en el país, Iberdrola México es el primer productor privado de electricidad.

El sector eólico pide una reforma del sistema de subastas de renovables por ser «deficitario»

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Javier Angulo / Europa Press.- Al tiempo que las empresas coincidieron en pedir a los responsables políticos que elaboren planes a largo plazo para poder reactivar las inversiones porque visiones de 4 años de legislatura “no llevan a nada”, el sector eólico ve necesaria una reforma del sistema de subasta para adjudicar incentivos a las energías renovables, tras las críticas recibidas por la celebrada el pasado enero para asignar nueva potencia por primera vez desde la moratoria verde, ya que tiene elementos que son «deficitarios».

En su participación en una mesa redonda dentro del II Congreso Eólico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el presidente de Vestas Mediterráneo, Marco Graziano, consideró que en el modelo de subasta «hay muchos elementos que pensar cómo hacer mejor a futuro» ya que el actual modelo de subastas da lugar a «prácticas especulativas para vender el parque y no para el desarrollo de las energías renovables cuando además acaban sin incentivos». “España necesita instalar 6.000 MW renovables para cumplir el objetivo de 2020, pero no puede hacerse así”, indicó Graziano, que criticó que “nunca” se consultara a los operadores para diseñar las subastas al tiempo que recordó que unas fábricas competitivas como las españolas encuentran un mercado interno desactivado.

En este sentido, el consejero delegado para Europa, Oriente Medio y África de Gamesa, Ricardo Chocarro, aseguró que es necesario que las subastas cuenten con una planificación, «saber la demanda a futuro», y dar con el mecanismo. Sobre los objetivos energéticos de España, Chocarro señaló que es necesario «un marco estable para conseguirlos». Precisamente, la directora de Renovables de Iberia e Internacionalde Iberdrola, Ángeles Santamaría, aseguró que Europa tendrá que apostar por un mayor desarrollo de las energías renovables tras el Acuerdo de París..

Eso sí, Santamaría subrayó que la subasta no tuvo «los requerimientos mínimos» que debería tener, como una precalificación técnica y económica, que garanticen que los proyectos que se van a realizar «son viables«. «Es necesaria una visibilidad a largo plazo que te permita ver el ritmo a futuro, y una rentabilidad, un sistema de precios a largo plazo que te garantice estabilidad«, añadió al respecto la directiva de Iberdrola, que indicó que el sector eólico «no puede estar sometido a los vaivenes de los mercados o la voluntad del Gobierno».

Sobre los procesos de concentración en el sector, con fusiones como las de Gamesa-Siemens o Acciona-Nordex, Chocarro señaló que se trata de un «proceso natural» en una industria muy fragmentada y que requiere nuevo esfuerzo inversor para innovar. «El objetivo es tener productos más eficientes, es un objetivo de eficiencia de compañía y de capacidad de generar producto mejor», recalcó Chocarro, que aseguró que será «beneficioso para las compañías» y que ayudarán a «reducir costes».

A este respecto, el consejero delegado de EDP Renovables Europa, Joao Paulo Costeira, consideró que el proceso de concentración en el sector es bueno «siempre y cuando se mantenga un nivel de competencia en el mercado». En lo que se refiere a la reforma energética aprobada por el Gobierno español, Costeira consideró que fue simplemente «una forma de limitar o combatir el déficit» del sistema, algo que «sí que ha funcionado», ya que no se adoptaron medidas a largo plazo. De esta manera, indicó que esta reforma se ha trasladado a las empresas en una reducción de ingresos y un incremento de la volatilidad que «ha repercutido en las inversiones», que al volverse “inseguras”, se han focalizado en otros mercados.

En cuanto a los parques existentes, el alargamiento de la vida de sus aerogeneradores más allá de los 20 años es «la mejor opción» para los operadores, según Chocarro, dado que faltan incentivos a la repotenciación, que consiste en sustituir los aerogeneradores de los parques por otros nuevos y más eficientes. Costeira reconoció que la política de repotenciación «no da una perspectiva a largo plazo y depende de los incentivos que se den». Iberdrola tampoco se mostró partidaria de la repotenciación “salvo que el Gobierno impulse un plan renove”. De hecho, Santamaría reconoció que los operadores están “más centrados· en alargar la vida de los parques. “Pueden aguantar a 25 e incluso 30 años”, apuntó.