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El PSOE sostiene que los impuesto a los residuos nucleares de Garoña puede convertir su almacenamiento temporal en definitivo

EFE.- La diputada socialista burgalesa Esther Peña considera que establecer un impuesto a los residuos nucleares en la zona de Garoña, como plantea la Junta de Castilla y León y que sería único en España, puede convertir esos depósitos en definitivos y atraer residuos de otros lugares.

«El impuesto puede ser una excusa para un almacenamiento permanente porque es más fácil pagar y saber que los residuos se pueden depositar en Garoña que llevar los residuos a otros lugares, con un coste mucho mayor, como los de la central de Vandellós, depositados en Francia», ha explicado Peña. Por ello el grupo socialista llevará a las Cortes de Castilla y León una enmienda a la totalidad y 7 parciales contra la ley para gravar los residuos nucleares que plantea la Junta. Una de ellas plantea que cada año se dupliquen los tipos impositivos, de manera que cada vez resulte más caro el almacenaje.

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, el procurador José Francisco Martín, se ha mostrado convencido de que el impuesto no se llegará a aplicar porque «al día siguiente será recurrido por la propietaria de la central nuclear de Garoña y seguramente por la Administración General del Estado, que ya grava con un impuesto los residuos de toda España”. En su opinión, el proyecto es «una chapuza» que se apoya en que lo que gravaría son los riesgos de contaminación ambiental y no los propios residuos, aunque «eso no se sostiene» porque la cuantía a pagar se pretende fijar en base al volumen de residuos.

«Solo se puede gravar un negocio o un hecho, pero no un riesgo y eso lo sabe la Junta de Castilla y León, para la que este impuesto es solo una excusa para no aportar fondos para la dinamización del entorno de Garoña tras el cierre de la central nuclear», explicó el procurador. Por esa razón, los procuradores socialistas presentarán una iniciativa en cuanto se apruebe el impuesto para que la Junta de Castilla y León se comprometa a invertir en el entorno de Garoña al menos los 10 millones de euros que prevé recaudar, independientemente de que ese impuesto llegue a cobrarse o no, ha anunciado José Francisco Martín.

Para el portavoz socialista en el Senado, Ánder Gil, crear un impuesto autonómico que grave los residuos es «una ocurrencia absurda, única en el mundo». En su opinión, la Junta de Castilla y León y el PP solo quieren «lavarse la cara» con este proyecto de ley porque no quisieron atender a las reiteradas peticiones del PSOE para gravar a la planta nuclear cuando generaba beneficios millonarios y quieren hacerlo ahora que la planta está parada, argumentando los daños ambientales y para la salud que hasta ahora venían negando. El senador ha insistido en que el Gobierno actual si tiene una estrategia de transición energética y ya estudia medidas para apoyar al entorno de Garoña.

El PSOE reclama paralizar los proyectos de fracking en Cantabria y Burgos y prohibirlos en todo el país

Europa Press / EFE.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados 2 proposiciones no de ley para instar al Gobierno a que paralice los proyectos de prospecciones por fractura hidráulica, el llamado fracking, autorizados en la provincia de Burgos y en Cantabria, y que promueva una modificación legislativa para prohibir el uso de esta técnica en todo el país.

Los textos, que serán debatidos en las comisiones parlamentarias de Industria y de Agricultura y Medio Ambiente, se hacen eco de la «alarma social» que estos proyectos han despertado en las zonas afectadas y cumple con el compromiso electoral del PSOE de favorecer un «modelo energético diferente» que se base en la eficiencia y las renovables, según la portavoz parlamentaria de Energía del PSOE, Pilar Lucio. Así, la propuesta relativa a los proyectos en Burgos apela al «rechazo claramente mayoritario» que a juicio del PSOE han suscitado para reclamar «como mínimo» una reflexión previa a cualquier decisión, ya que los beneficios económicos «nunca demostrados» repercutirían únicamente en las empresas mientras los efectos medioambientales «adversos, ya detectados», recaerían en el territorio.

Por ello, se exige al Ejecutivo que «suspenda cautelarmente» los permisos concedidos en la provincia, que impulse modificaciones legislativas para paralizar otros proyectos de este tipo, y que paralice y prohíba en todo el país cualquier proyecto o permiso relacionado con el fracking, incluidos los de investigación. La diputada burgalesa Esther Peña señaló que espera que esta iniciativa sea la «definitiva» para terminar con la fractura hidráulica en todo el país, y ha exigido al PP que deje de «titubear» y de «hacer el paripé» de votar en contra de esta técnica en unas instituciones y fomentarla después desde el Gobierno central. «Éste es el momento para que se retraten de manera real», ha añadido.

Ander Gil, senador socialista por Burgos, también subrayó que los proyectos que ya están autorizados en su provincia son «la punta de lanza de la industria del fracking para promover otras prospecciones» en otras regiones, por lo que si su propuesta sale adelante sentaría un «precedente necesario y muy importante para pararlos», tal y como ya han hecho otros países «también dependientes energéticamente» como Francia o Polonia. Además, ha subrayado que este tipo de prospecciones suponen una «amenaza» para zonas donde la economía y el empleo dependen de forma muy importante de sectores como la ganadería o el turismo rural.

Por su parte, la iniciativa parlamentaria que se debatirá en la Comisión de Agricultura parte de la declaración institucional que todos los partidos, incluido el PP, respaldaron la pasada legislatura en Cantabria oponiéndose a esta técnica y reclamando medidas para convertir a la región en «territorio libre de fracking«. «Hay otras técnicas, vamos a luchar por las energías limpias, que en Cantabria tiene mucho futuro porque tenemos viento y mar, y también sol. Hay mucha alarma social porque son territorios de pura naturaleza y están muy preocupados porque se van a destrozar», explicó la diputada cántabra Puerto Gallego, recordando que los dos proyectos de investigación que hay en su región ya han recibido incluso el visto bueno del Tribunal Supremo.

Así, su proposición no de ley insta al Ejecutivo a «asumir y aceptar» el acuerdo aprobado por el Gobierno de Cantabria la pasada legislatura, cuando estaba presidido por Ignacio Diego (PP); y a colaborar y apoyar el I+D de energías alternativas y limpias en la región. Igualmente, piden al Gobierno que paralice la actividad de este tipo de proyectos, suspenda autorizaciones y prohíba nuevas actividades «en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad».

Los socialistas pretenden que estas dos propuestas sean sólo el primer paso para una reforma de la Ley de Hidrocarburos que prohíba de forma definitiva el fracking en toda España. Según Lucio, que también es secretaria general de Cambio Climático del PSOE, la voluntad de su formación es «iniciar el camino» en los primeros 100 días de Gobierno. En este sentido, cree que sus iniciativas contarán con el respaldo de otras formaciones políticas, con las que ha constatado una gran coincidencia en el modelo energético por el que abogan. De hecho, señala que «dos tercios» del Parlamento se pondrían de acuerdo en este tipo de iniciativas, como ya hicieron con la petición de no reabrir la central nuclear de Garoña.

Actualmente, hay previstos dos proyectos en Burgos, en fase de alegación, y tres en Cantabria, con los permisos de investigación ya concedidos puesto que son dos de las regiones que potencialmente tienen más recursos de gas no convencional. La Ley de Hidrocarburos impulsada por el PP, que entró en vigor en mayo de 2015, prevé incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle la extracción de gas no convencional mediante la rotura de las rocas del subsuelo. «Existe la voluntad política de acabar con el fracking, con las prospecciones petrolíferas y hay una apuesta por desarrollar el autoconsumo» de energía, en el marco de un nuevo modelo energético basado en las energías limpias, concluyó Lucio.