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Más de 420 municipios participan en una nueva Semana Europea de la Movilidad

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Servimedia / EFE.- Un total de 424 municipios españoles, lo que supone 24 millones de habitantes, participan en la 16ª edición de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), bajo el lema Movilidad inteligente. Economía fuerte, según el Ministerio de Agricultura. En esta edición, se pretende mostrar el impacto positivo que una movilidad inteligente puede tener sobre la economía y concienciar a los ciudadanos sobre cómo la movilidad inteligente y sostenible presenta una serie de beneficios tanto sociales y ambientales como económicos que repercuten en el bienestar de la sociedad.

La SEM 2016 finalizará el 22 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día Sin Coches, una cita para plantear otras formas alternativas de movilidad llamadas a mejorar la calidad del aire de las ciudades, reducir las emisiones de gases invernadero, y a aumentar el bienestar y calidad de vida de sus habitantes y en la que 179 ciudades pedirán a sus vecinos que no saquen los coches a la calle. Con motivo del inicio de la SEM 2016, la Dirección General de Tráfico (DGT), en colaboración con el Ministerio de Agricultura, reunirá a expertos en cambio climático y en movilidad urbana sostenible con el objetivo de compartir experiencias, buenas prácticas y principales hitos en materia de movilidad.

La Semana de la Movilidad tiene como objetivo fomentar cambios en los hábitos de desplazamiento de los ciudadanos, indicó la Comisión Europea, que recordó que el transporte urbano supone un 23% del conjunto de las emisiones de gases efecto invernadero en la Unión Europea. «Esta semana es para conseguir que tanto individuos como autoridades locales se suban a bordo del transporte público», declaró la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, que insistió en el cambio a través del cual «nos estamos moviendo hacia la movilidad inteligente, mediante la integración de la tecnología en el transporte».

Estas acciones forman parte de la Estrategia Europea sobre movilidad de bajas emisiones presentada el pasado 20 de julio, mediante la que el Ejecutivo comunitario pretende avanzar hacia la implantación de automóviles que emitan menos gases a la atmósfera o que no expulsen sustancias contaminantes. La implementación de esta estrategia será una prioridad en 2017, como ya anunció el presidente de la Comisión Europea, Juan-Claude Juncker, en su discurso sobre el Estado de la Unión.

País Vasco y la movilidad

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, ha destacado la tendencia de las «ciudades inteligentes europeas» a racionalizar el transporte y a hacer de los centros urbanos «unos lugares de encuentro libres de ruido y humo». La consejera vasca ha hecho esta reflexión durante su participación en la Semana Europea de la Movilidad. La consejera ha destacado también que los servicios municipales de limpieza y mantenimiento, así como los privados de reparto disponen en la actualidad de una gran oferta de vehículos a pedales con motores eléctricos suplementarios, que pueden sustituir en estas tareas a los propulsados por combustibles.

El PSOE vasco pregunta al Ejecutivo autonómico qué ha hecho para defender la ley del fracking ante el Gobierno central

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EFE.- El PSOE pidió al Gobierno del País Vasco que dé todas las explicaciones sobre las actuaciones que ha desarrollado para defender la ley vasca contra la fracturación hidráulica, también conocida como fracking, y sobre las alegaciones que elevará ante el Tribunal Constitucional para impedir la suspensión de la norma ante el recurso del Gobierno central.

La parlamentaria socialista Natalia Rojo recuerda que, a pesar de que el Gobierno de España ha venido recurriendo sistemáticamente normas de otras comunidades en el mismo sentido, «en el caso vasco se tomaron todas las cautelas y se ofreció una solución legal», al ceñirse a las competencias en materia de suelo, agua o medio ambiente, de forma que no fueran posibles técnicas extractivas con afecciones geológicas, medioambientales y socioeconómicas. La tramitación de la norma, recuerda, «contó con toda clase de objeciones e intentos de retraso por parte del PNV que, finalmente se abstuvo, aunque desde el Gobierno hubo intentos de mantener vía presupuestaria proyectos de fracking que el PSOE eliminó».

«Ahora la consejera Arantza Tapia ha protestado por el recurso del Gobierno central, pero no ha entrado a valorar los efectos de una eventual suspensión, si así lo decidiera el Tribunal Constitucional, sino que se ha quedado en la queja por el ataque competencial», explica. Rojo quiere saber «qué ha hecho el Gobierno Vasco hasta la fecha en defensa de esas competencias que invoca la consejera» y pregunta a su homóloga de Medio Ambiente, Ana Oregi, cuántas veces se ha reunido la Comisión Bilateral, qué argumentos esgrimió el Ejecutivo vasco en ese foro y qué alegaciones piensa presentar ante el Constitucional para hacer posible que la Ley mantenga su vigencia».

Fracking Ez contra el PNV

Por su parte, la plataforma Fracking Ez exigió al Gobierno vasco que, «más allá de quejarse por las injerencias de Madrid», respete el contenido de la ley vasca sobre la fractura hidráulica y exija a Hidrocarburos de Euskadi que «abandone los proyectos en los que está involucrado”, lo que sería la «mejor garantía para que no haya fracking en Euskadi, ya que en la coyuntura actual la mayor amenaza» son esos proyectos. «Simplemente pedimos coherencia al PNV, ya que acaba de votar en Madrid por primera vez a favor de una proposición no de ley para prohibir el fracking«, concluyó.

El Gobierno vasco cree que debería haber sido consultado sobre el ATI de Garoña mientras Alfonso Alonso apela al CSN

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Europa Press / EFE.- Después de que el ministro de Sanidad y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, eludiera pronunciarse sobre este asunto, la consejera de Medio Ambiente del País Vasco, Ana Oregi, indicó que el Gobierno vasco debería haber sido consultado y haber tenido «voz» en la posible construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central nuclear de Garoña (Burgos), y anunció que exigirá al Ejecutivo central la documentación al respecto para «evaluar el alcance de las acciones».

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente emitió el pasado mes de octubre una Declaración de Impacto Ambiental «favorable» al proyecto del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central nuclear de Garoña por un periodo inferior a 10 años, un trámite que fue interpretado por los movimientos ecologistas como un paso hacia la reapertura de la central burgalesa. Al respecto, Oregi aseguró que el Gobierno vasco exigirá la documentación «para tener la ocasión de estudiarla y evaluarla». También recordó que «una y otra vez» el Gobierno vasco manifestó su posición a favor del cierre de Garoña «de una manera definitiva y sin ningún otro tipo de consideración al respecto más allá de su cierre inmediato y total».

País Vasco exige tener «voz»

Según explicó, «parece ser» que el Gobierno central «ha llevado a cabo una serie de procedimientos» en los que no ha consultado «ni al Gobierno vasco ni a la Diputación foral de Álava» porque, en su opinión, «ha entendido que, al estar fuera de Euskadi, las cuestiones que plantea no tienen afección» en la comunidad autónoma vasca. «Obviamente, no estamos de acuerdo con esa consideración, respetamos las decisiones del órgano ambiental actuante, pero, dadas las circunstancias y la ubicación de la central, a unos 40 kilómetros de Vitoria y próxima a Álava, Euskadi debería de haber tenido conocimiento y voz dentro de los procedimientos administrativos previos, como territorio limítrofe y que, además, puede verse afectado por las actividades evaluados», señaló.

Alonso (PP) no quiere «interferir»

Por su parte, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha eludido pronunciarse en torno a la instalación del ATI en Garoña para no crear «interferencias políticas» en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El también presidente del PP del País Vasco, formación que votó en el Parlamento vasco en contra de la reapertura de Garoña, indicó que la decisión definitiva corresponde al CSN. «Son los que saben; y nosotros no hacemos interferencias políticas en esas decisiones, que deben tener el máximo aval técnico y garantizar de manera absoluta la seguridad», aseguró Alonso, que confía en que «ese sea el criterio que definitivamente pese, y que las decisiones se tomen sobre esa base de la seguridad y la gestión más correcta».

«Rajoy dejará solucionada la reapertura»

Desde las filas del PNV, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que tiene «la sensación» de que el Gobierno de Rajoy dejará la cuestión relativa a la central nuclear de Garoña «solucionada» antes de las elecciones, ante la eventualidad de que un nuevo ejecutivo pudiera impedir la reapertura. En su opinión, los «movimientos» que el Gobierno central ejecutó en los últimos días en relación con Garoña «conducen a pensar» que existe «una alta probabilidad» de que la central nuclear burgalesa vuelva a abrir. El diputado general recalcó que son movimientos que se producen «a 4 días del final de la legislatura» por lo que «da la sensación de que quieren garantizar la reapertura«.

González se refirió a las dos cartas que la Diputación alavesa ha enviado a los ministerios de Industria y de Medio Ambiente. En ambas cartas muestra su «total oposición» hacia un proyecto que se ha decidido «sin consultar» a este territorio, lo que a su juicio prueba que Álava se ve «sistemáticamente ninguneada» por el Gobierno de Rajoy. Para González, el territorio alavés sería el «más afectado» por la reapertura de la central, ya que «los riesgos no conocen fronteras».

El diputado general criticó la actitud del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en este asunto, y aseguró que en su lugar «se le caería la cara de vergüenza» al comprobar cómo el Consejo de Ministros toma decisiones «en contra de Álava y de la opinión de sus propios compañeros de partido en territorio alavés». En su opinión las decisiones del Gobierno central sobre Garoña prueban que el PP de Álava «no pinta nada para Rajoy».

Bildu pide el amparo comunitario

Mientras tanto, EH Bildu presentó tres preguntas parlamentarias ante la Comisión Europea para saber si está al tanto de que el Gobierno español «pretende reabrir» la central nuclear de Garoña, y si es consciente «de los riesgos que conllevaría«. En su iniciativa, el europarlamentario de EH Bildu Josu Juaristi recuerda que esta instalación fue diseñada para 40 años, pero tras las modificaciones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su vuelta a la actividad, entre las que se encuentra la verificación del estado funcional y de la integridad estructural de la vasija del reactor y de sus componentes, «Garoña podría estar en funcionamiento un total de 61 años».

Juaristi alerta de que actualmente sólo falta el dictamen del CSN, que se espera para los próximos meses, para que la central vuelva a ponerse en funcionamiento. Advierte de su «antigüedad, falta de inversiones, junto a las denuncias de irregularidades acumuladas sobre la misma» y pone de relieve que las instituciones de Álava se han pronunciado con claridad a favor del cierre y desmantelamiento de Garoña. Recalca, en este sentido que Álava tampoco quiere un cementerio nuclear a escasos kilómetros de la central, «ya sea de forma temporal o definitiva».

Obama presenta su plan para combatir el cambio climático y cifra en un 32% el recorte de emisiones para 2030

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Europa Press.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó su plan para luchar contra «la gran amenaza» del cambio climático, alertando de que «somos la última generación con capacidad para hacer algo». «Ningún desafío supone una amenaza mayor para las generaciones futuras que el cambio climático», avisó desde la Casa Blanca, desvelando la propuesta que Estados Unidos defenderá en la cumbre que se celebrará en París el próximo diciembre. El objetivo: reducir las emisiones de CO2 en un 32% para 2030.

Obama recordó que incluso el Pentágono ha afirmado que «el cambio climático supone un riesgo inmediato para la seguridad nacional«, por lo que advirtió en contra de «llegar demasiado tarde» a la lucha contra este fenómeno. «Los niveles de CO2, que es lo que calienta nuestra atmósfera, son los mayores de los últimos 800.000 años», indicó, señalando como consecuencia directa, entre otras, que el ratio de asma se ha triplicado en las últimas tres décadas».

El líder norteamericano ha defendido la oportunidad de esta hoja de ruta contra el calentamiento global recodando que «cuando el mundo afronta sus mayores desafíos Estados Unidos siempre señala el camino a seguir, que es lo que estamos haciendo ahora». «Hemos sido la primera generación en sentir el impacto del cambio climático y somos la única que puede hacer algo. Es el momento de dejar la mejor herencia a nuestros hijos porque solo tenemos una casa, solo tenemos un planeta, no hay plan B», argumentó.

Obama aprovechó para contestar a quienes desde la oposición republicana alertan de que el plan contra el cambio climático de la Administración Obama servirá para multiplicar la factura energética de los hogares estadounidenses. «En contra de lo que se ha dicho, este plan permitirá ahorrar a los estadounidenses una media de 85 dólares anuales en sus facturas energéticas», afirmó Obama. La industria y algunos diputados de los estados que suelen utilizar carbón ya han adelantado que impugnarán la nueva legislación en los tribunales y tratarán de pararla en el Congreso.

La Casa Blanca, por su parte, se mostró desafiante y aclaró que esta hoja de ruta es «el pistoletazo de salida para una campaña climática sin cuartel». El nuevo Plan de Energía Limpia tratará de recortar las emisiones de carbono en un 32% en 2030 respecto a 2005, lo que supone un 9% más que la propuesta anterior. La regulación marcará el comienzo de una transformación radical del sector eléctrico estadounidense, por medio del fomento de energías renovables en lugar del carbón. «Ahora estamos generando 3 veces más energía eólica y 20 veces más energía solar que en 2008», destacó.

País Vasco valora este compromiso

La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco, Ana Oregi, consideró «un gran paso adelante» la decisión de Estados Unidos de reducir en 2030 sus emisiones de CO2 un 32%. Asimismo, subrayó que ello indica que la Conferencia Mundial del Clima que se celebrará en diciembre en París para avanzar sobre los acuerdos de Kioto va a suponer un «gran avance en el compromiso internacional para conservar el Planeta y actualizarán lo conseguido en Kioto». «Las medidas que Obama promueve responden a ese necesario compromiso internacional que requiere el planeta«, indicó Oregi.

En este sentido, Oregi recordó que varios estados norteamericanos ya están dando esos pasos de la mano de organizaciones internacionales como The Climate Group en las que participan junto a Canadá, Europa o Australia. «El calentamiento global, los cada vez más frecuentes indicios de cambios climáticos, las afecciones meteorológicas, la pérdida de biodiversidad o la grave situación de muchos ecosistemas constituyen un cuadro preocupante en el que la comunidad internacional debe actuar con decisión«, advirtió.

Pese a reconocer que la intención de Estados Unidos «no es suficiente», la consejera defendió que «marca un camino que también ha de ser recorrido por otros grandes productores industriales como China, India o Brasil, cuyas legislaciones precisan una actualización similar a la que estamos acometiendo en Europa». En su opinión, la «nueva actitud» de Estados Unidos marca una «gran esperanza» en el trabajo previo a la Conferencia sobre el Clima de París de diciembre».