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Los municipios cercanos a la central nuclear José Cabrera han perdido población tras su cierre en 2006

Europa Press.- Los municipios cercanos a la central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), han perdido población desde el cierre de la planta en 2006, según un estudio sobre el efecto local de la planta encargado por el Movimiento Alternativa a Zorita a la Universidad de Alcalá, que concluye que el cese de la actividad «no ha sido un chollo» para la comarca.

Así lo ha manifestado el gerente de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila, en alusión al estudio encargado a la universidad por este movimiento, formado por 13 municipios que conforman la Mancomunidad Tajo-Guadiela, sobre la evolución económica y poblacional de esta comarca en comparación con pueblos no nucleares semejantes. La central de Zorita, cerrada desde el 2006, afronta actualmente su fase final de desmantelamiento y, según muchos de los alcaldes de esta comarca con los que coincide Vila, desde entonces el descenso poblacional y económico es un hecho constatable que hace más necesario que nunca dar apoyo a la zona con el fin de que «no muera del todo».

Según Vila, dicho estudio deja claro que los pueblos que no han tenido nunca una nuclear están ahora mejor que aquellos que la tuvieron y ya no la tienen. Para Vila, esto demuestra la teoría que siempre ha tenido AMAC de que «tener una planta nuclear te da unas ventajas cuando la tienes, pero te deja desierto cuando la cierras».

En este sentido, el gerente de AMAC explicó que, a raíz de la implantación de la primera nuclear de España en la comarca de Zorita, muchos de los residentes abandonaron sus actividades tradicionales para irse a trabajar a la planta pero, tras su cierre, ya no retomaron los trabajos que hacían anteriormente, «acabándose la actividad económica clásica» de esta comarca. Por todo ello, para AMAC, este estudio refleja que «es más necesaria que nunca» la participación y colaboración de las administraciones para combatir la pérdida poblacional y económica de esta comarca de la Alcarria, que precisa de una «atención especial».

Desde estos pueblos tienen aún más claro que el «el golpe más fuerte» aún está por llegar, y que se producirá en 2019 o 2020, con la llegada del desmantelamiento total de la planta por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Por ello, el Movimiento Alternativa a Zorita y AMAC confían en que para entonces exista un proyecto nuevo para una comarca en la que, si no se actúa, «morirá», premonición que comparten la mayor parte de los alcaldes de esta zona, tremendamente preocupados por la creciente despoblación que sufren sus pueblos.

Nucleares operando a largo plazo

Por otra parte, las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II han recibido una misión internacional para afrontar sus operaciones a largo plazo, según indicó la Asociación Nuclear Ascó – Vandellós II (Anav). El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) promovió la fase preliminar de la Misión Salto que evalúa el estado de las acciones emprendidas en las centrales de Anav para operar las centrales más allá de la vida establecida en el diseño inicial de estas instalaciones y da recomendaciones de mejora de acuerdo a los más altos estándares internacionales de la industria nuclear.

El Gobierno garantiza las ayudas a los municipios próximos a la central nuclear de Garoña mientras la planta almacene combustible

Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que los municipios del entorno de la central nuclear de Garoña (Burgos) seguirán recibiendo las ayudas con las que contaban hasta ahora, con cargo al fondo del Plan General de Residuos Radiactivos, al menos hasta que la planta siga almacenando combustible.

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el socialista Javier Lasarte, el Ejecutivo señala que, desde 1990, las localidades cercanas a esta central nuclear han recibido un total de 61,5 millones de euros (2,4 en 2017). Estas cantidades, a las que los municipios del entorno pueden dar el uso que estimen conveniente, las regula una orden ministerial por la que se autoriza a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) a asignar fondos a localidades en entornos de centrales nucleares. Además, la citada orden determina que estas asignaciones se seguirán percibiendo mientras la central nuclear siga almacenando su combustible gastado en el propio emplazamiento.

«Estas asignaciones serán independientes de que la central esté en parada definitiva o en desmantelamiento, cuando éste se inicie», apunta el Gobierno. En este sentido, precisa que, tras el inicio de un desmantelamiento, como será el caso de Garoña, estas asignaciones «persistirán por un importe equivalente al actual». Pero, adicionalmente a las cuantías indicadas, desde el año 2016 la orden establece la posibilidad de que ENRESA pueda cofinanciar proyectos de iniciativa municipal, que cuenten también con financiación del propio municipio y que contribuyan al desarrollo económico de los municipios, o a la conservación y mejora del medio ambiente y, en todo caso, a la generación de empleo, indica el Ejecutivo.

Desde que en agosto el Gobierno decidiera no renovar la licencia de explotación de Garoña, la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha mostrado su preocupación por que el Gobierno «abandone totalmente» los pueblos y zonas del entorno de la planta. En concreto, temen que les ocurra lo mismo que, según han denunciado, está pasando con Zorita (Guadalajara), la primera central nuclear española en desmantelamiento. Estas preocupaciones fueron recogidas en una pregunta por el diputado socialista, que ha planteado al Ejecutivo la necesidad de poner en marcha planes de desarrollo para la zona. Lasarte cuestionaba también al Ejecutivo en el texto registrado en el Congreso acerca del proceso de planificación para el desmantelamiento de la central nuclear.

Ciudadanos quiere que la AMAC exponga en el Congreso sus propuestas para el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia para que la presidenta de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Raquel González, exponga en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, su visión y sus propuestas para el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña y las necesidades que, desde los municipios afectados, están detectando en dicho proceso.

El ejecutivo anunció el pasado mes de agosto el cierre de esta planta, situada en la provincia de Burgos, aunque se espera que su desmantelamiento suponga, aún, un periodo de entre 10 y 15 años. AMAC ya ha planteado en varias ocasiones que es antes de este periodo cuando el Ejecutivo tiene que presentar planes económicos alternativos para la comarca afectada por el cierre de Garoña que, en su mayoría, dependía económicamente de ella. «Tenemos miedo a la despoblación», declaró González, que también es alcaldesa del municipio burgalés del Valle de Tobalina , y expuso sus preocupaciones ante la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Según González, la principal preocupación de la comarca es actualmente «la despoblación» y «lo que viene después» del periodo de desmantelamiento de la planta. Pero, además, desde AMAC piden al Ejecutivo que les dejen participar en el desarrollo de ese plan económico alternativo ya que, a su juicio, los ciudadanos y sus representantes son quienes conocen las verdaderas necesidades locales. Así, denunció que el cierre de Garoña fue «una decisión que se toma desde un entorno ajeno», como es «un despacho en Madrid«, mientras los que realmente está a merced de esta decisión «no han tenido ninguna opinión al respecto».

La AMAC denuncia en el Congreso que el cierre de la central nuclear de Garoña se decidió sin alternativas económicas

Europa Press.- La presidenta de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos), Raquel González, llevó al Congreso de los Diputados las preocupaciones de la comarca afectada por el cierre de la central nuclear de Garoña, un territorio que, según señaló, está preocupado por «la despoblación» que puede suponer el que no se prevea una alternativa económica para el entorno de la planta.

González ha explicado que la inquietud del Valle de Tobalina «no es por los próximos 10 o 15 años», tiempo previsto para el desmantelamiento de la central, sino «lo que viene después», cuando los habitantes de la comarca comiencen a acusar la falta de empleo. «La llegada de Garoña marcó el municipio de una manera determinante. Se generaron expectativas de empleo y eso nos ha permitido contar con población», ha explicado la alcaldesa, quien ha indicado que la comarca cuenta con 34 núcleos de población que suman unos mil habitantes.

A su juicio, los representantes de estas personas, que son las que «sufren las ventajas y los inconvenientes» de la instalación de la central «no deben ser ajenos» a los planes del Gobierno porque, según apuntó, son los que conocen las necesidades del entorno. Así, denunció que el cierre de Garoña «ha sido una decisión que se toma desde un entorno ajeno» como es «un despacho en Madrid», mientras los que realmente está a merced de esta decisión «no han tenido ninguna opinión al respecto».

Para González, esta «distancia» con la que se ha tomado la decisión, es, entre otras cuestiones, el motivo por el que el Ejecutivo ni se haya planteado otras alternativas económicas para la zona. «Y deberían buscarse desde ya, desde este momento», ha apuntado la regidora, que cree que pasados los años de desmantelamiento ya será tarde. Su intención, según ha indicado, en conseguir el compromiso del Gobierno de que en los próximos Presupuestos se refleje en una partida las medidas que se van a aplicar.

La nuclear de Garoña enfrenta a Castilla y León y AMAC, pidiendo su continuidad, frente a País Vasco y Greenpeace

Europa Press.- La seguridad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha generado posiciones enfrentadas en las alegaciones realizadas en el proceso de reapertura de la planta, cuyo plazo ya finalizó y en el que la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) apoyan la reapertura, frente a la negativa del País Vasco y las organizaciones ecologistas.

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha asegurado que en las alegaciones presentadas al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la Junta se ha pedido la continuidad de Garoña hasta 2031 porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «ha garantizado» la seguridad y hasta esa fecha se amortizarían las inversiones exigidas por este organismo, mientras que, de producirse el cierre, «la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles».

De este modo, la consejera detalló que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque toda su área de influencia. Del Olmo aseguró que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y recordó que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.

Asimismo, la Junta aprovechó sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética «más barata» junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un «lastre grande a la economía nacional». «Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas», concluyó Del Olmo, quien insistió en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.

En esta línea, aunque con condiciones, AMAC se ha pronunciado también a favor de la «continuidad de la explotación» de la planta en las alegaciones presentadas, «mientras se cumplan todos los requisitos de seguridad establecidos en el informe aprobado por el CSN«. Sin embargo, los municipios han pedido que se revise primero la «efectividad» del Plan de Emergencia Nuclear (PEN) y una «solución segura para almacenar los residuos» ya que el actual Almacén Temporal Individualizado (ATI) «no prevé el almacenamiento de todos los elementos de combustible incluidos en el reactor».

Analizar todos los efectos socioeconómicos

Además, AMAC señaló que «antes de la puesta en marcha» de la central nuclear, «debe disponerse de los planes de información a la población, del programa de formación de actuantes y del programa de simulacros». No obstante, sobre la «merma de la actividad económica», la AMAC destacó que el impacto que produce la existencia de una central nuclear en un determinado área tiende a «provocar un monocultivo industrial» que causa «grandes efectos negativos al finalizar la explotación». Por ello, también han pedido en sus alegaciones que «no se renueve la licencia sin que se conozcan primero los efectos socioeconómicos positivos y negativos» en el entorno.

Del otro lado, Greenpeace, que ha presentado sus alegaciones, ha esgrimido las «deficiencias derivadas del informe del CSN en cuanto al cumplimiento de las condiciones de seguridad», así como la «falta de un pronunciamiento sobre el plazo máximo de vigencia». Además, la organización ecologista ha alegado que existen «incumplimientos» de la Evaluación de Impacto Ambiental y que los «costes medioambientales e intrageneracionales» de reabrir la central nuclear son «muy elevados».

Asimismo, Greenpeace incluyó en su escrito las «alteraciones» del procedimiento previsto en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y la «contradicción» en la que incurre la autorización de explotación debido a que sería para «no cargar combustible ni producir electricidad». Por todo ello, Greenpace ha pedido al Ministerio que «finalice con el espectáculo» sobre Garoña, al tiempo que ha señalado que «parece que solo el Gobierno quiere mantener la planta en funcionamiento», después de que la operadora de la central, Nuclenor, no haya llegado a un acuerdo sobre el futuro de la planta.

Por su parte, EH Bildu resaltó que el Parlamento del País Vasco también ha presentado sus alegaciones y recordó que el pleno de la Cámara vasca aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley sobre la necesidad de interponer recurso ante la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central nuclear de Garoña y los acuerdos y órdenes del Ministerio de Energía que puedan derivarse en este sentido. Según ha detallado, el segundo punto de este acuerdo recogía el compromiso del Parlamento de «emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña«.

La Rioja, otra de las 11 entidades personadas en el proceso, ya adelantó que no presentaría alegaciones pero que instaría al Gobierno al desmantelamiento de la central. Mientras tanto, el titular de Garoña, Nuclenor, tampoco presentó alegaciones por falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa. Por su parte, Ecologistas en Acción, al igual que Greenpace, también afirmó que «la apertura de Garoña es una temeridad».

El CSN emitió a principios de febrero de este año un informe favorable a la renovación del permiso de explotación de la planta burgalesa y, según la legislación vigente, es el Gobierno quien tiene la decisión en sus manos. Así, tras conocerse el informe, el Ministerio señaló que abriría un periodo de 6 meses para conocer y recabar las opiniones de todas las partes interesadas y un periodo de alegaciones.

Protección Civil dará apoyo técnico y asesoramiento a municipios cercanos a centrales nucleares en caso de emergencia

Europa Press.- La Dirección General de Protección Civil y Emergencias asesorará y prestará apoyo técnico a las autoridades de los municipios que se encuentran a menos de 10 kilómetros de las centrales nucleares para preparar y desarrollar las actividades programadas en casos de emergencia nuclear.

Así consta en el Protocolo General firmado entre el Ministerio del Interior y la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) para mejorar la eficacia de los planes de actuación en caso de emergencia nuclear en los municipios ubicados en las zonas I (10 kilómetros alrededor de la central nuclear). En el acto participaron el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, el director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz, y los alcaldes de Bozoo (Burgos), Millanes de la Mata (Cáceres), Valdeconcha (Guadalajara), Solanillos (Guadalajara), Vandellós y Hospitalet de L’Infant (Tarragona) y Ascó (Tarragona), así como el presidente, el gerente y la coordinadora de AMAC.

El objetivo es garantizar una adecuada preparación y respuesta de los Planes de Actuación Municipal, en coherencia con otros órganos de la Administración General del Estado implicados en la gestión de esas emergencias, en particular, las Unidades de Protección Civil de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y los órganos competentes de las comunidades autónomas. Por su parte, AMAC dirigirá sus actuaciones a conseguir los acuerdos necesarios entre sus miembros para que las actividades que se deriven de la aplicación del Protocolo puedan realizarse siguiendo el orden de prioridad más conveniente para cada municipio. También deberá facilitar la intervención del personal designado por la Dirección General de Protección Civil y por las Subdelegaciones del Gobierno.

Concretamente, el desarrollo del protocolo se centrará especialmente en la preparación y puesta en práctica de Programas de Información Preventiva a la población en el ámbito municipal; en el fomento y desarrollo de la formación teórica y práctica en la gestión de emergencias nucleares del personal adscrito a la organización de los Planes de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear y en la preparación y puesta en práctica de Ejercicios y Simulacros, en los Planes de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear.

Asimismo, el protocolo prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, formada por cuatro representantes designados por cada una de las partes, que se reunirá al menos dos veces al año. Entre otras actuaciones, también se constituirá una Subcomisión de Zona en cada una de las zonas I de los Planes de Emergencia Nuclear, compuesta por tres representantes de los municipios concernidos que formen parten de la AMAC, dos de la Dirección General de Protección Civil y uno de la Subdelegación del Gobierno correspondiente.

Greenpeace pide al Congreso que asegure la independencia del CSN mientras AMAC defiende alargar el funcionamiento de las centrales nucleares

Europa Press.- La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC) ha defendido en el Congreso de los Diputados el alargamiento de la vida de las centrales nucleares y ha criticado que «todo el mundo tome decisiones y opine» sobre el futuro de estas plantas «sin tener en cuenta a la población que hay detrás». Por su parte, Greenpeace pidió en el Congreso que se asegure la independencia y transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La portavoz de la organización sobre temas nucleares, Raquel Montón, reivindicó en su comparecencia, ante la ponencia encargada de las relaciones con el CSN en la Cámara Baja, la misión del regulador, así como la necesidad de que sea independiente y transparente para garantizar la seguridad nuclear del país. Además, ha reclamado el poder legislativo como garante del buen funcionamiento del organismo. La organización ecologista considera que la independencia del regulador nuclear está en riesgo debido a las dudas sobre la imparcialidad de su presidente, Fernando Martí, que era secretario de Estado de Energía cuando fue elegido, un cargo directamente relacionado con las instalaciones nucleares, y en concreto con Garoña.

Asimismo, la organización ecologista reivindicó que los partidos políticos exijan responsabilidades ante lo que consideran «una nefasta gestión» de este organismo y del Gobierno en relación a la central nuclear de Garoña. Para Greenpeace ha quedado demostrado el tratamiento «escandaloso» que se está llevando con esta central nuclear ya que el CSN «pone en riesgo la seguridad nuclear con el informe emitido» para la reapertura. Greenpeace considera que para 2017, el CSN tendrá que afrontar el desmantelamiento de Garoña, así como la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, y el proceso de Almaraz (Cáceres), “cuyo cierre progresivo deberá ser planificado próximamente para evitar un nuevo fiasco como el que está sucediendo con Garoña”.

Los municipios sí quieren nuclear

Sin embargo, desde AMAC lo tienen claro. «Para nosotros es nuestra fábrica, de kilovatios, pero una fábrica, nos da trabajo», reivindicó el gerente de AMAC, Mariano Vila D’Adabal, que denunció que el cierre de estas plantas dejan «pueblos abandonados sin ningún plan de desarrollo alternativo de actividad económica», un reto para las corporaciones municipales porque «el Estado no asume» esta nueva situación. «Si nadie hace nada puede convertirse en una depresión económica importante» señaló el también alcalde de Vic (Tarragona).

Durante la comparecencia, el gerente también abordó la construcción de los Almacenes Temporales Individuales (ATI) de residuos nucleares y que, según ha indicado, suponen «una política de hechos consumados que no es pactada con los municipios y que éstos están asumiendo» sin que así constara en el Plan General de Residuos. «Esto ha ocurrido por el retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC)», prevista en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), apuntó el gerente de AMAC, quien representa a las más de 70.000 personas que pueblan áreas próximas a las centrales nucleares.

Los municipios nucleares apoyan la oposición a un almacén de residuos radiactivos en Garoña

EFE.- Los municipios del entorno de las centrales nucleares de España (AMAC) expresaron su «total apoyo» a la posición tomada por los municipios de AMAC de la zona de Santa María de Garoña reivindicando un desarrollo alternativo de sus municipios después de un posible cierre de la central nuclear. En este sentido, se oponen a la instalación de un almacenamiento de residuos radiactivos en el exterior de la central nuclear «sin que suponga ninguna oportunidad de creación de riqueza para la zona».

Por ello, AMAC comparecerá en todos los expedientes de licenciamiento que se incoen en el Ministerio de Industria para el almacenamiento de residuos y para las inversiones que se realizan en las plantas para oponerse a toda actividad que conlleve un aumento de residuos y su almacenamiento en el emplazamiento. Las zonas nucleares españolas constatan que la posición de la gran mayoría de los partidos políticos españoles conlleva la desaparición temprana de las centrales nucleares, lo cual se ha refrendado por la decisión tomada por la mayoría del Congreso de los Diputados a favor del cierre de las centrales a sus 40 años de funcionamiento.

La preocupación de los alcaldes es mayor el observar que ninguno de los partidos políticos que se posicionan a favor del cierre «manifiesta interés por el futuro de los ciudadanos que viven en el entorno de estas plantas, que son los que se verán realmente afectados por la pérdida de una actividad económica que se instaló para beneficio de las zonas más desarrolladas de España».

Además, la AMAC entiende que estas decisiones se toman sin pensar en solucionar la gestión de los residuos y se pretende, como en Almonacid de Zorita o en Garoña, «abandonar la actividad y dejar los desechos». AMAC recuerda que actualmente existen almacenamientos de residuos en todas las piscinas de combustible de las centrales y almacenamientos en seco al aire libre en Trillo, Almonacid de Zorita y Ascó; además está pendiente de la licencia municipal el de Garoña, y en fase de licenciamiento el de Almaraz.