Redacción / Agencias.- El Gobierno ha aprobado el decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social de electricidad, que estará basado en criterios de renta para percibir descuentos en la factura de la luz que llegan hasta el 50% de su importe. También impedirá que a los consumidores atendidos por servicios sociales se les corte el suministro. Además, se establecen unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el bono social con la finalidad de asegurar un consumo eficiente.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que los descuentos del bono social se aplicarán en función de la renta y no por los parámetros que se habían venido usando, como tener contratada poca potencia, percibir una pensión mínima y estar todos los miembros de la unidad familiar desempleados. De esta forma, una vez publicado en el BOE y aprobada la orden ministerial que desarrolla el mecanismo de solicitud del bono, aquellos consumidores que cumplan con los requisitos establecidos podrán solicitarlo de manera inmediata. El real decreto del Gobierno establece tres categorías de consumidores considerados vulnerables y fija los umbrales de renta, que varían en función del tamaño del hogar, para los diferentes descuentos en la factura de la luz.
En el caso de una persona sola, la renta que permite ser beneficiario del bono social y disfrutar de un descuento del 25% en la factura de la luz se sitúa en 11.300 euros al año, cuantía que se eleva a cerca de 19.000 euros en el caso de una familia con dos menores. El umbral se incrementa para el caso de personas con discapacidad y para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También son considerados consumidores vulnerables los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de la de los vulnerables.
Asimismo, el descuento llegará hasta el 50% para aquellos consumidores vulnerables que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50% del importe de su factura, debido a su especial protección, y que serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social. Para este colectivo, las comercializadoras eléctricas deberán asumir el resto de la factura y no podrá, por tanto, procederse al corte de suministro en caso de impago. En estos casos, se establece un mecanismo para que las comercializadoras de electricidad realicen una aportación financiera adicional a la hora de evitar cortes de suministro. Hay que recordar que hasta ahora el descuento del bono social era siempre del 25%.
El nuevo bono social, que se reformó después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria, obliga a las empresas comercializadoras o sus matrices a financiar el bono social en función de su cuota de clientes. Con ello, según asevera el Ministerio de Energía, se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las empresas comercializadoras como «un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado».
El decreto recoge, además, una serie de medidas para reforzar la protección al consumidor vulnerable, entre las que está la ampliación de 2 a 4 meses del plazo para cortar el suministro, una vez se produce el impago. En este caso, las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de 2 meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores. Además, las compañías deberán informar al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre de que está renunciando a la posibilidad de percibir el bono social.
Asimismo, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato, de forma que la aplicación del mismo pueda ser una medida para recuperar la normalidad de los pagos. Se regula además un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social.
Los consumidores que actualmente disponen del bono social lo podrán mantener durante 6 meses sin necesidad de renovarlo, disfrutando así de un descuento en su factura durante todo el período invernal. Eso sí, transcurrido este plazo tendrán que haberlo renovado en el caso de que puedan seguir beneficiándose de este descuento en la factura de la luz. Próximamente estará operativa una aplicación informática para verificar la información disponible sobre la renta de los solicitantes en la Agencia Tributaria, aunque también se podrá pedir presentando el interesado la declaración del IRPF.
La discapacidad también se valora
El umbral se incrementa en 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33%, y para víctimas de violencia de género o de terrorismo, lo que significa un aumento en 3.760 euros del umbral. En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) considera positivo que el factor de discapacidad se tenga en cuenta por vez primera en la regulación del bono social eléctrico aunque cree que «se podía haber ido más lejos en la intensidad de las ayudas por este motivo«.
El Comité señaló que «como consecuencia de la acción de incidencia del Cermi ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, durante la tramitación de la norma adoptada por el Gobierno, las situaciones de discapacidad en la unidad de convivencia ampliarán los umbrales de renta que se establecen para poder acogerse a este beneficio, lo que aumenta el número de domicilios que podrán disfrutar de este bono social, con lo que se atiende en parte las demandas del sector«.
Desde su aprobación en 2009, la discapacidad no era un elemento relevante en la configuración del bono social eléctrico, exclusión que el Cermi había venido criticando y que ahora, con la regulación aprobada, «se subsana aunque sea de modo parcial, pues la discapacidad es una las situaciones sociales, junto con la violencia de género y las víctimas del terrorismo, que favorece el acceso al beneficio».
El Comité planteó a Energía que la discapacidad se asimilase a las familias numerosas o los perceptores de pensiones mínimas, que con independencia de la renta, acceden per se a la consideración de consumidor eléctrico vulnerable, aunque este aspecto no fue asumido por el Gobierno. «No obstante, indirectamente, a través de la consideración de familias numerosas, que se alcanza con rebaja de criterios cuando concurre una situación de discapacidad, o como perceptores de pensiones mínimas, un número importante de personas con discapacidad y sus familias podrá disfrutar del bono social eléctrico y de los demás beneficios que lleva aparejados», concluye.
