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Energía subastará 3.000 MW de renovables en la primera mitad de 2017

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital subastará nueva capacidad de renovables por 3.000 megavatios (MW) en la primera mitad de 2017 y conforme a principios de «neutralidad tecnológica», según anunció en su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados el ministro del ramo, Álvaro Nadal.

El Gobierno realizó ya a principios de este año una subasta, la primera desde la ‘moratoria a las renovables’, que sirvió para licitar 700 MW de renovables, de los que 500 fueron de eólica y 200 de biomasa. Los ganadores se llevaron esta potencia sin incentivo.

Esta nueva subasta se lanzará «en breves semanas», será con «criterios competitivos», al menor coste y basada en la neutralidad tecnológica, «ya que es lo justo y no prejuzgas qué tecnología es la más eficiente», indicó Nadal.

Además, advirtió que se llevarán a cabo unos «controles generales» a los proyectos que se presenten a estas subastas, a través de la petición de garantías, para que, una vez sean adjudicados, «sepamos que van a ser realizados».

El ministro subrayó que España es «un país líder» en la generación de energía con fuentes renovables, con un 41% de la generación procedente de estas tecnologías, aunque señaló que «no hay que dormirse en los laureles» en esta materia.

A este respecto, apuntó que España va «muy adelantado» en sus objetivos de cumplimiento fijados en renovables, con un porcentaje del 17,3% en el peso de estas tecnologías sobre el consumo final de energía, frente al 12,1% previsto.

En su comparecencia, Nadal aseguró que el momento actual es «crucial» y está marcado por la transición energética necesaria para hacer efectivos los acuerdos medioambientales del conjunto de Europa y del Mundo tras el acuerdo alcanzado en la cumbre contra el cambio climático de París de 2015.

Más interconexión

Así, destacó que el ‘paquete de invierno’ de la UE se «alinea bastante bien con la línea del Gobierno» al marcar como objetivos la eficiencia energética, la mejora medioambiental y la protección del consumidor, aunque consideró que parte de «un supuesto irreal» de que todos mercados europeos están conectados.

Por ello, afirmó que España tiene que cumplir «de forma realista» con estos objetivos fijados por Europa, aunque subrayó que para ello es necesario pedir unos niveles mayores de interconexión con el Viejo Continente.

Junto a la falta de interconexión con Europa, Nadal aseguró que el sistema eléctrico en España está cargado con otra «gran hipoteca», como son «los costes de decisiones» políticas del pasado, con la instalación prematura de renovables que supuso «un coste muy caro» y el déficit tarifario, que derivó en una deuda financiera de casi 30.000 millones de euros cuya amortización se va a realizar a lo largo de los próximos 30 años. «Eso nos diferencia del resto de sistemas, estas decisiones del pasado que hace que tengamos estas grandes hipotecas», dijo.

En lo que se refiere a materia de defensa del consumidor, Álvaro Nadal indicó que se trabaja en medidas de transparencia y control de los productos financieros, así como en mantener la vigilancia sobre las prácticas anticompetitivas.

Asimismo, recordó el diálogo abierto con el resto de fuerzas políticas para definir el consumidor vulnerable y regular la financiación del bono social. «Debemos definir un nuevo marco para los consumidores en situación de vulnerabilidad, debemos definir el bono social», dijo.

A este respecto, defendió que el bono social debe seguir con un sistema que haga que sea financiado por el sector, en este caso por todas las comercializadoras. «Necesitamos un acto normativa en esta Cámara y en el Senado que nos permita mantener esa financiación, y a partir de ahí hay que discutir cómo queremos que sea y diseñarlo», añadió al respecto.

Colaborar con las Comunidades Autónomas

En lo referente a los cortes de luz a consumidores, respaldó la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de no permitirlos sin existir un informe previo de los servicios sociales, y se mostró abierto a colaborar en las competencias autonómicas sobre política social, «solamente si ellas quieren».

No obstante, subrayó que la protección del consumidor vulnerable no debe formar parte de la política energética, «no se debe alterar los precios para los distintos tipos de consumidores», subrayó, sino que se debe derivar a la política social.

Por otra parte, Nadal defendió que «la mejor política» es la eficiencia energética y señaló que le gustaría que en España se llevará a cabo un «esfuerzo mayor» en esta materia.

«La eficiencia energética será prioritaria y proponemos profundizar en su inversión», destacó al respecto, subrayando que es necesario mejorar en el diseño de los programas de eficiencia energética.

Nadal dice que las energías españolas serían «las más baratas» de Europa si no fuese por la deuda eléctrica

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado este martes en el Senado que si el Gobierno no tuviese que pagar la «larga» deuda energética a 25 años, España tendría «las energías más baratas» de Europa.

«Cuando uno tiene una hipoteca, la tiene que pagar e intentar cambiarla para que no sea un lastre», ha añadido el titular de Energía, Turismo y Agenda Digital tras recordar que en España la energía es «tan cara» porque el Gobierno socialista le metió «dos hipotecas al sistema descomunales».

En este contexto, ha recordado que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero «se precipitó» dejando esta hipoteca a 25 años con una tecnología «extraordinariamente cara» que hoy parece «obsoleta». «El sector energético tiene que pagar 10.000 millones de euros al año más que el resto de sus colegas europeos», ha apuntado.

Además, Nadal ha recriminado al senador socialista, Ángel Mato Escalona, quien le ha interpelado para conocer los planes del Gobierno en materia de transición energética, que por la herencia recibida se ha perjudicado la competitividad en la economía.

El esfuerzo «carísimo» que se hizo en el pasado «va a servir» para que España cuente con, aproximadamente, el 17,4% de energía renovable, algo que, según Nadal, va a permitir que el país cumpla con el objetivo del 20% en 2020 sin «demasiadas dificultades».

De acuerdo con el máximo responsable de Energía, el precio de la electricidad hubiese subido un 42% sin la reforma energética. «Desde esa reforma, el precio total se ha reducido en 100 euros, aunque es cierto que ha habido un repunte porque está subiendo el petróleo», ha añadido.

Respecto al paquete de medidas que la Comisión Europea presentó para encaminar la transición energética, Nadal ha apuntado que Bruselas se ha comprometido a que en el primer trimestre del año que viene se produzca «un desarrollo interesante» en materia de edificación, ya que los edificios pasarán a computar como inversión y no como gasto de inversiones de edificación energética.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital ha apuntado que la energía renovable tiene una aportación «fundamental» en el sistema español, que el futuro de la Central Nuclear de Garoña depende del Consejo de Seguridad Nacional y que el objetivo del Gobierno es que no se vuelvan a introducir costes regulados en el sistema que incrementen el recibo de la luz.

Nadal ha terminado su intervención recordando que se tiene que pensar cómo se quiere hacer la política energética y cómo se tienen que conseguir esas interconexiones, al tiempo que ha recordado que hay que empezar ya, puesto que «se parte de una situación de déficit y hay que mirar hacia el futuro».

Por su parte, el senador del grupo socialista, Ángel Mato Escalona, ha recriminado al Gobierno no haber hecho «absolutamente nada» en materia energética, ya que el recibo de la luz ha subido un 28% en los últimos ocho meses. Escalona ha señalado que los retos a los que el Gobierno debería dar respuesta pasan por realizar cambios en el modelo energético.

Nadal advierte que no se pueden volver a tomar decisiones políticas que encarezcan el recibo de luz

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, advirtió que no se pueden volver a tomar decisiones políticas «que acaben repercutiendo en el recibo de la luz», como ocurrió en el pasado, y subrayó que ninguna decisión del Gobierno volverá a «influir en encarecer la energía para los ciudadanos».

En su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados, Nadal aseguró que «no se puede añadir un coste más a los ciudadanos por decisiones políticas, ya que España se ha situado en un nivel muy alto de precios».

«Si alguno me llama economicista, me puede llamar como quiera, hablo de los ciudadanos que ya pagan demasiado. El sistema eléctrico ahora mismo tiene 10.000 millones en cargos que pagan la solidaridad interterritorial, una deuda que se generó y que hay que amortizar y financiar y el apoyo al cambio climático, que en sus días se hizo a unos costes altos», dijo al respecto.

Así, alabó las decisiones tomadas en la pasada legislatura en materia energética, ya que si no se hubiera hecho nada la factura de la luz se habría incrementado un 42%. Esta circunstancia «nos habría sacado fuera de toda posibilidad de competir, ya que los errores que se cometieron fueron especialmente de bulto», recalcó.

Asimismo, defendió la necesidad de un Pacto de Estado energético con todas las fuerzas políticas para «dar estabilidad». «Los frutos de ese pacto y de las negociaciones en Bruselas serán importantes para ir rellenando las partes de la ley del cambio climático», dijo.

Nadal defiende que la normativa española de autoconsumo está en línea con la europea

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha defendido que la normativa española de autoconsumo está en línea con la europea, ya que tiene que «ser proporcional y justificado en función de los gastos del sistema», aunque ha abierto la puerta a modificaciones en algunos aspectos.

En comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados, Nadal subrayó que no se puede permitir que los autoconsumidores «tengan una ventaja con el resto de consumidores en lo que se refiere a la parte fija de los costes», ya que de lo contrario no sería «ni eficiente ni justo».

«Tenemos los costes fijos en el sistema, por ejemplo como las carreteras en el transporte, aquello que hay que pagar para que el sistema esté a disposición de los usuarios se consuma o no, como las redes de transporte de distribución, y tenemos luego las decisiones del pasado y de otro tipo, como las extrapeninsulares o el pago de la deuda», añadió al respecto.

No obstante, defendió cambios en materia de autoconsumo en dos aspectos sobre los que se puede hacer más incidencia, como son el acceso a las condiciones de venta del autoconsumidor y el almacenamiento.

Asimismo, consideró necesario reforzar la seguridad de las instalaciones de autoconsumo, ya que son «complejas» y si no están bien mantenidas pueden dar «problemas de seguridad».

La guerra del bono social

Una de las primeras patatas calientes del Gobierno, aunque más que primera y que caliente es recalentada, es la aplicación y asunción de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al controvertido bono social de electricidad, hasta ahora un descuento de un 25% en la factura a quienes cumpliesen unos determinados requisitos y tuviesen una potencia contratada inferior a 3 kW.

La sentencia del Supremo vino a declarar que la medida era discriminatoria puesto que no involucraba a todos los agentes del sistema de suministro eléctrico en España. Por otra parte, el mecanismo de gestión del mismo deja varios huecos de difícil gestión de forma que, tal y como se ha venido denunciando, entre sus beneficiarios figuran titulares de segundas viviendas cuya adscripción patrimonial y de rentas no estarían encuadrados en la vulnerabilidad económica propiamente dicha. Los beneficiarios del bono social son, según el Gobierno, 7 millones de ciudadanos. A la vez, según la Asociación de Ciencias Ambientales, las personas que no pueden calentar su hogar en invierno son 5,1 millones.

Por otra parte, una figura como ésta, consistente en una ayuda (reducción en la factura) a los consumidores teóricamente vulnerables, debería tener un tratamiento de política fiscal en los Presupuestos Generales del Estado, máxime cuando los precios de la factura absorben importantes partidas ajenas al suministro y errores de decisión política que inflan estos precios. Pero esta fórmula sería la adecuada si el Estado también decidiese un bono alimentario, un bono de transporte público o un bono de telefonía e internet. En todo caso, volviendo a la realidad y abandonando la ucronía, en nuestro país se sigue con la tendencia a sindicar costes añadidos al suministro eléctrico en forma de tarifas de acceso. Ante esto surgen dos alternativas, a saber:

La del nuevo ministro Álvaro Nadal, que afirmó en el Parlamento que la financiación del bono social es “responsabilidad” de «las empresas», con la pretensión del Gobierno de atribuir a todas las comercializadoras el coste del bono social, que en su versión anterior recaía fundamentalmente en las principales compañías eléctricas. El ministro, haciendo un silogismo respecto al sistema anterior, señalado como discriminatorio como el Supremo, busca un acuerdo político (que no sea discriminatorio entre formaciones parlamentarias) para que blinde «políticamente» esta nueva fórmula 2.0 del sistema anterior ampliado moderadamente, intentando evitar otro proceso en los tribunales y sus resultados adversos.

Por su parte, PSOE y Podemos promueven una versión más extensiva en la que consideran que deben ser todos los agentes del suministro eléctrico (incluyendo, por tanto, a generadoras, renovables y transporte, esto es, Red Eléctrica de España), sobre los que consideran que deben contribuir a la financiación del mismo. Tratan de evitar otro recurso por motivos semejantes (es decir, por tratamiento discriminatorio entre agentes). Esta opción especialmente ha encendido las alarmas en las tecnologías renovables afectadas por el recorte retributivo vía rentabilidad razonable con las medidas para controlar el déficit tarifario implementadas en la legislatura anterior. Guerra política y lanzas en alto entre los distintos agentes del sistema nuevamente.

Sea como fuere, el Gobierno debe pactar una solución con la oposición en la medida que deberá usar la fórmula del Decreto Ley y necesita la convalidación del mismo en el Parlamento. El tiempo corre y toda la ejecutoria en materia de pobreza energética existente (ilegal, reducida al ámbito de lo eléctrico y con todas las limitaciones y cuestionamientos anteriores) está en esta situación. Además, en días anteriores, en materia de pobreza energética el Parlamento propuso que no se podrían producir cortes de luz sin consulta previa a los servicios sociales. La guerra ha comenzado.

Nadal cree que el bono social aborda “con efectividad” la pobreza energética al cubrir a 7 millones de personas

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que el bono social eléctrico aborda «con bastante efectividad» el conjunto del problema de la pobreza energética al cubrir a unos 7 millones de personas. En este sentido, Nadal indicó que, según Eurostat, la pobreza energética en España se sitúa en un 10% de personas «que tienen alguna dificultad o mucha dificultad en acceder a la energía y que les cuesta pagar el recibo», ligeramente por encima del 9,6% de la media europea.

Así, Nadal consideró que ese porcentaje de pobreza energética equivale «más o menos» a los 7 millones de personas que cubre el bono social, que consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW). El ministro destacó que el actual esquema de financiación del bono social, que hacía que fuera asumido por las matrices de las grandes eléctricas, que representan aproximadamente el 94% del mercado, debe ser encauzado después de la sentencia del Tribunal Supremo que lo considera discriminatorio, para lo que es necesario «hablar con el resto de partidos políticos».

Habla de renovables y nuclear

En cuanto a determinar la competencia, Nadal indicó que en el caso de las personas de extrema vulnerabilidad es una materia que debe ser competencia de las instituciones y de las comunidades autónomas, mientras que el tema del bono social debe ser asumido por las compañías eléctricas. Al cierre de mayo de este año, había 2,4 millones de consumidores acogidos al bono social, lo que, a una media de 3 personas por vivienda, corresponde a unos 7 millones de ciudadanos.

Respecto a las renovables, Nadal criticó que hubo «una irresponsabilidad muy grande» en su desarrollo en el periodo de 2007 a 2009 en el que «se invirtió demasiado rápido en demasiada cantidad y a unos precios desorbitados», lo que hizo que ahora los españoles estén pagando 6.500 millones de euros al año en el recibo de la luz durante 25 años. «Hubo una irresponsabilidad muy grande en los años 2007, 2008 y 2009 y esa factura hay que pagarla, ajustando precios y costes y pagando la deuda», añadió al respecto.

Asimismo, Nadal defendió la necesidad de mantener las nucleares dentro del mix energético si se quiere cumplir con el objetivo de «un mundo sin emisiones de CO2«. «Es muy difícil prescindir de las nucleares, ya que son las que permiten trabajar 7 días a la semana y 24 horas diarias, eso nunca me lo va a dar la renovable», reivindicó.

Reunión con Abel Caballero (FEMP)

También en relación con la pobreza energética, el ministro se reunió con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para analizar las medidas que se pueden adoptar. Caballero, alcalde socialista de Vigo, ya instó al Gobierno el pasado mes de noviembre a que adoptase con urgencia las medidas necesarias para evitar las consecuencias de la pobreza energética. Se trata, según Caballero, de que «bajo ningún concepto se corte el suministro energético a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de ese suministro».

Concretamente, se trasladó al Gobierno que los Ayuntamientos informarán sobre la situación socioeconómica de aquellas personas o familias que no pueden hacer frente al pago de los suministros energéticos para mantener unas condiciones de vida dignas, de tal modo que no se pueda realizar ningún corte de suministro energético «sin un informe previo que verifique la situación socioeconómica del afectado y las necesidades que hayan podido ocasionar el impago». La Junta de Gobierno de la FEMP recordó en su petición que los Servicios Sociales municipales están preparados para dar a conocer a las compañías suministradoras la situación de los afectados.

España pide cambios contables a la Unión Europea para impulsar la eficiencia energética de edificios públicos y crear 200.000 empleos

EFE / Europa Press.- El ministro español de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, pidió a la Comisión Europea una reforma en las reglas de contabilidad en eficiencia energética relativas a los edificios públicos, que en España permitirían crear «unos 200.000 empleos». «Si nos dejasen una regla mucho más libre que la que hay ahora, barajamos del orden de 200.000 empleos directos, en lo que es renovación de todo el parque o de una buena parte del parque de edificios públicos», argumentó Nadal.

Según el titular de Energía, ahora mismo «hay unas reglas muy estrictas en la contabilidad nacional de forma que si una universidad, un hospital o un colegio invierte en eficiencia energética, toda la inversión se le contabiliza como gasto en un año». «Una regla similar a la que tiene la contabilidad privada» podría «generar en el sector de la construcción, sin duda ninguna, unos 200.000 empleos», añadió Nadal, quien señaló que esos puestos de trabajo serían, además, duraderos, porque «no lo vas a cambiar de un día para otro». El ministro español indicó que la Comisión Europea «ha prometido tener el tema resuelto para marzo».

La propuesta española se enmarca en los comentarios de los Estados miembros sobre el «paquete de invierno» energético que presentó la semana pasada la Comisión Europea para legislar sobre renovables, eficiencia y consumo energético en la Unión Europea. Entre otras ideas, plantea medidas para animar a la inversión para la renovación de edificios y mejorar su eficiencia energética. «Lo que se está buscando es ambicioso: aunar dos objetivos. En primer lugar, los medioambientales aprobados en París y, por otro, que la energía en España y el resto de la Unión Europea sea asequible, sea competitiva», indicó el ministro para resumir la amplia reforma comunitaria, que se traduce en un millar de páginas de textos legales.

Se propiciarían las inversiones públicas

Según Bruselas, los edificios absorben el 40% de la energía consumida en la Unión Europea y, sin embargo, su tasa de renovación se limita al 1% anual. El Ejecutivo comunitario se ha comprometido a aclarar de aquí a marzo la naturaleza de este tipo de inversiones en la contabilización del déficit de las administraciones públicas. Tras la presentación de la propuesta, fuentes comunitarias advirtieron de que no se trata de modificar las reglas, sino de especificar que no es meramente un gasto a corto plazo. Así las cosas, Nadal ha apostado por diseñar una regla contable menos «estricta» que permitiese un desarrollo de la inversión para renovar la flota de edificios públicos en España, que las condiciones actuales no permiten.

«Sería importantísimo, porque significaría que proyectos que tengan sentido económico, sentido medioambiental, que crean empleo por su efecto de arrastre en el sector de la construcción, podría tener un desarrollo enorme», ha explicado el ministro. Según Nadal, la propuesta de la Comisión «está claramente en la línea de lo que ha sido la propuesta del Gobierno español en dos temas que está, en el candelero, políticamente hablando». El primero se refiere al autoconsumo energético, que quiere fomentar Bruselas y que en su propuesta «establece que tiene que haber cargas equivalentes para el ciudadano que autoconsume como para el que no». «Habla de un principio de proporcionalidad, que es lo que venimos defendiendo desde hace tiempo», reivindicó el titular de Energía.

En segundo lugar, prosiguió, la Comisión Europea propone que la pobreza energética se aborde desde la política social, sin «intervenir en precios». «Es algo que venimos defendiendo porque esa es precisamente la postura del Tribunal Constitucional en España cuando ha ocurrido el caso de la sentencia del Real Decreto ley en Cataluña», comentó el ministro. Ese tribunal, al que recurrió el Ejecutivo, suspendió la ley catalana de emergencia social que impedía a eléctricas y gasistas cortar la energía a familias que no pudieran pagar las facturas, es decir, en situación de pobreza energética, por invadir competencias exclusivas del Estado central.

Bruselas quiere agilizar las inversiones

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, aseguró que está en curso de negociación con otros servicios de la Comisión y con (Eurostat) de «soluciones» para agilizar la política de eficiencia energética, en alusión a la posibilidad de que este gasto tenga un trato especial en relación al déficit. Cañete busca “una solución», habida cuenta de que el tipo de proyectos a los que se quiere ayudar con ello no sólo se amortizan «muy rápidamente», sino que siguen generando beneficios a posteriori y son «consistentes» con los objetivos climáticos de la Unión Europea. «El sector público debe tomar decisiones de inversión para mejorar la eficiencia energética, que a veces están limitadas por unas normas de contabilización«, explicó.

Arias Cañete apuntó, además, que España no ha estado sola a la hora de defender la flexibilización del cómputo de la inversión y que «tres o cuatro países» más se han mostrado «partidarios» de avanzar en esa línea. Preguntado por si las cifras de la Unión Europea avalan el cálculo de Nadal en cuanto a que el cambio normativo permitiría crear 200.000 empleos en España, el comisario ha señalado que Bruselas estima que se crearían 400.000 puestos de trabajo en el conjunto de la Unión Europea si se pasara de un 27% a un 30% de eficiencia y que el beneficio por países «depende de cómo se aplique cada Estado».

El Gobierno no subirá la parte regulada de la tarifa eléctrica en 2017

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no subirá en la próxima revisión para 2017 la parte regulada de la tarifa eléctrica, los denominados peajes eléctricos que representan aproximadamente un tercio del recibo.

«Para este año, va a haber subida 0% en la parte que depende del Gobierno», afirmó Nadal en una entrevista en ‘Los Desayunos’ de Televisión Española.

El ministro, que señaló que el resto de la factura depende del coste de la energía, donde influyen la meteorología, y el precio del petróleo y el resto de materias primas, subrayó que tampoco se piensa tocar los impuestos sobre la electricidad, «ya son lo suficientemente altos y no hay ninguna intención de modificarlos».

En lo que se refiere al bono social, Nadal indicó que «es mejorable» el sistema como actualmente está planteado, aunque afirmó que, a pesar del consenso entre las fuerzas políticas, no es fácil que se pueda ligar a la renta.

A este respecto, defendió la idea de una tarjeta social para estos colectivos vulnerables que sirva para otros aspectos, además del energético, y que ya figuraba en el acuerdo de investidura y en el programa electoral.

Bono Social, asumido por las empresas

Igualmente, el ministro de Energía defendió que el bono social siga siendo asumido por las compañías, tal y como ocurría hasta ahora. «Todas las formaciones políticas llevábamos la mejora del bono social. Estaba puesto en la ley que lo pagaban las matrices de las comercializadoras y una sentencia del Supremo decía que era discriminatoria. Estas son el 94% del mercado, había un 6% que no contribuía, y estamos negociando que en vez de ese 94% sea el 100% y lo sigan pagando exactamente los mismos que lo estaban pagando hasta ahora», manifestó.

Nadal señaló que «la obligación del Gobierno es hacer que a los cinco millones de personas con dificultades energéticas en el país le salga más barata la energía«, para lo que, según su opinión, es necesario mejorar la relación entre la política energética y la política social «para aquellos que están en una situación peor», pero siendo «respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas».

Nadal advierte de que el elevado número de gasolineras en España encarece el carburante

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha advertido de que el elevado número de estaciones de servicio en España es uno de los factores que contribuyen a encarecer el precio de los carburantes, dado el esfuerzo adicional que esta circunstancia ocasiona a la actividad logística.

«Tenemos más gasolineras por habitante y por kilómetro cuadrado que otros países europeos», afirmó el ministro en una entrevista con los ‘Desayunos de TVE’ recogida por Europa Press, antes de poner el ejemplo de Francia, donde «hay que planificar muy bien el viaje». «Aquí el servicio está más disponible, pero al haber más gasolineras es más caro», señaló.

Nadal realizó estas consideraciones en respuesta a una pregunta acerca de los precios de los carburantes. Según dijo, los márgenes de los operadores son en España «ligeramente superiores» a los de la media de la UE, y el Gobierno «tendrá que seguir actuando» para mejorar la competencia.

Durante la pasada legislatura, señaló, ya se pusieron en práctica varias medidas liberalizadoras y de mejora del mercado. «Cuando tenemos un mercado repartido entre dos o tres empresas y una de ellas tiene una cuota de mercado muy importante, se sospecha que puede haber prácticas de mercado anticompetitivas», indicó, antes de señalar que, «afortunadamente», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «vigila» el sector.

Sobre la reciente subida de los precios del petróleo en un 10%, señaló que el coste de la materia prima tiene un peso cercano al 30% sobre el precio final y estimó que, cuando en encarecimiento repercuta en los surtidores «dentro de unos meses», los consumidores apreciarán una subida del «dos o tres por ciento».

Nadal mantendrá costes fijos de autoconsumo para evitar ventajas del consumidor «con 2.000 metros de jardín»

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha rechazado este martes excluir a los productores de autoconsumo del pago de los costes fijos del sistema eléctrico y ha advertido de que el Gobierno actual no permitirá que los «consumidores fuertes» como los que disponen de «2.000 metros cuadrados de jardín con amplio nivel de tejado» trasladen su carga al resto de usuarios.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Senado para responder a una pregunta de la senadora del grupo Podemos Vicenta Jiménez en la que ha reclamado al ministro la eliminación del llamado ‘impuesto al sol’ por ser «una barrera administrativa, legal y económica» y ser «solidario con las grandes compañías eléctricas».

Nadal ha negado la existencia de un «impuesto al sol», y ha explicado que el peaje de respaldo fija cómo decidir el pago de los costes fijos entre todos los consumidores para que el sistema esté a disposición de todos.

En este sentido, se ha opuesto a la eliminación del peaje porque ello beneficiaría a colectivos de «grandes consumidores» como las «grandes viviendas con 2.000 metros cuadrados de jardín con amplio nivel de tejado», frente a la «inmensa mayoría de la clase trabajadora» que vive en bloques de viviendas de 20 pisos con » pequeñas azoteas» en las que se pueden colocar pocas placas solares.

A su juicio, esa postura es «profundamente regresiva», y ha dicho ver un «error de concepto» ligar el autoconsumo a la pobreza energética.

Además, ha recordado que la parte fija del recibo de la luz tiene cuatro componentes las redes, las ayudas extrapeninsulares, las primas a las renovables, que se terminarán de abonar «en 25 años, cuando se amorticen», y la deuda acumulada en los últimos años pese al incremento del 70% del precio de la factura eléctrica.

«No vamos a permitir que los consumidores fuertes trasladen su carga a consumidores débiles», ha apostillado Nadal, quien ha defendido el autoconsumo «bueno» que ayuda a «ser más eficiente, reducir el coste y utilizar mejor la energía eléctrica», frente a otro característico de «los grandes centros industriales, centros comerciales, polígonos industriales y viviendas con amplías parcelas y tejados», entre los que hay «mucha gente que quiere hacer negocio».

El ministro de Energía se ha referido a la reunión que ha mantenido este martes con el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, y ha indicado que Bruselas está trabajando en la regulación del autoconsumo y ha explicado que «prohíbe el balance neto», que es «profundamente injusto y regresivo» porque supone «arbitrar entre unos consumidores y otros sus horas de consumo y cuánto pueden pagar o no pagar».

De su lado, la senadora de Podemos ha denunciado que el peaje de respaldo ha convertido a España en «un país pionero en obstaculizar y poner barreras al autoconsumo», a pesar de que el 7% de los hogares presenta pobreza energética cuando España es el quinto país europeo con la luz más cara.

Jiménez ha dicho ver «urgente» resolver dicha «penalización» al ser un «error estratégico» que «ha generado desigualdad, ha provocado pérdidas a los pequeños productores y ha reducido las inversiones». «España era líder en renovables y en corrupción, ahora somos líderes en corrupción», ha lamentado.