Entradas

Podemos quiere que Nadal explique en el Congreso la condena a España en el arbitraje por los recortes en renovables

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rinda cuentas en la Comisión del ramo del Congreso por la condena a España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) por los recortes a la energía renovable.

La sentencia, dictada el 4 de mayo, estima parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limites, compensándola con 128 millones de euros por el perjuicio que, estima el tribunal, sufrió tras sus inversiones realizadas en tres plantas termosolares, a raíz de los recortes a las energías renovables aplicados tras las reformas realizadas por los últimos gobiernos en el sector.

Según Podemos, las conclusiones dictadas en el laudo apuntan a que «España realizó una revisión del régimen regulatorio sin precedentes y basado en premisas totalmente diferentes», considerando el nuevo sistema «profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión«.

Unidos Podemos critica que el Gobierno habría dejado sin contestar la invitación que los inversores realizaron para pedir una negociación previa bajo el argumento de que se le remitiera el documento redactado en castellano y, posteriormente, sin dar respuesta. Una posición que, continúa Podemos, el arbitraje «valora como contradictoria, al existir un alegato por parte del Gobierno diciendo que el demandante no intentó llegar a un acuerdo«. Podemos pregunta si este hecho es cierto, las razones por las que fue así y por el lugar en el que se «deja al Gobierno no dignarse a responder este tipo de misivas».

Apuntan a la defensa jurídica

Podemos advierte de que los peritajes realizados y las declaraciones de testigos fueron «contradictorias y carentes de solidez», ante lo cual preguntan si el Gobierno ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que explique «los cambios sustanciales en la línea de defensa«, y si es así, qué motivos llevaron a ello. También quieren saber si el Gobierno considera que la defensa jurídica pudo afectar al resultado del laudo.

En este sentido, destacan que la principal alegación habría consistido en la carencia de jurisdicción por parte del Ciadi y que existieron «incoherencias e incertezas en la testifical del director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)». «Igualmente, la defensa y alegatos de los representantes jurídicos del Estado habrían cambiado sustancialmente a lo largo del proceso», apostillan. Unidos Podemos pregunta al Gobierno si considera que estos representantes del IDAE «estuvieron a la altura en sus testificales» y si han solicitado «las explicaciones oportunas tras las presuntas contradicciones del director de renovables del IDAE».

También destacan que «los propios árbitros consideran los informes periciales aportados por la demandante como completos y profesionales», mientras que la valoración de las conclusiones presentadas por los peritos contratados al efecto por el Gobierno «fueron consideradas poco convincentes». Por esto último, Unidos Podemos cuestiona al Ejecutivo por los criterios que condujeron a la contratación de BDO Abogados a la hora de defender al país en el Ciadi, si se valoraron otras opciones y si se continuarán utilizando sus servicios en el resto de arbitrajes pendientes por esta misma controversia.

Nadal subraya el «éxito» de la subasta renovable mientras UNEF y Anpier hablan de “discriminación” y “bloqueo” a la solar

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Mientras Anpier acusa al Ministerio de Energía de «bloquear» a la solar en la subasta de renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el resultado de la subasta demuestra que la energía fotovoltaica ha quedado discriminada frente a la eólica y anuncia su intención de presentar una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal destacó el «éxito muy bueno» de la subasta.

Nadal subrayó que ha habido una «magnífica oferta», en la que se ha logrado una demanda que triplicó la oferta, prácticamente una proporción de 3 a 1 de los 3.000 megavatios (MW) subastados. El ministro ha resaltado que haya sido a prima cero porque el consumidor no tiene que pagar un extracoste, lo cual ha calificado de «magnífica noticia», y que evidencia la consolidación en España del sector de energía renovable, que no necesita ayudas.

Nadal ha subrayado que todas las tecnologías han entrado, aunque de una forma muy mayoritaria la eólica, que puede aportar un mayor número de horas, pero que se ha demostrado el «enorme potencial» de las renovables, ya que han quedado fuera parte de la eólica y la fotovoltaica. Ante este hecho, aseguró que el Gobierno «va a tomar nota» y no ha descartado la toma de decisiones para que ese gran potencial energético entre. El ministro se limitó a afirmar, ante el malestar del sector fotovoltaico, que la subasta fue «tecnológicamente neutral» y que el Gobierno ha optado siempre por aquella que produce más horas.

Denuncian la subasta en Bruselas

La patronal fotovoltaica UNEF señaló que, a pesar de haber ofertado al mismo precio que la eólica, a la energía fotovoltaica no se le ha adjudicado ningún megavatio en el proceso. A su juicio, esta circunstancia «pone de manifiesto que esta tecnología ha competido en condiciones de discriminación» y «acredita» lo que la asociación ya ha denunciado anteriormente, esto es, la existencia de ventaja de una tecnología frente a otra.

«El mal diseño y las reglas de la subasta, que han generado una situación de empate entre las ofertas presentadas por la fotovoltaica y la eólica, han dado ventaja a esta última tecnología, que se ha adjudicado la potencia licitada, a pesar de que la fotovoltaica ha ofertado al mismo precio», señala. Para UNEF, «resulta evidente que este diseño, además de incumplir con el principio de neutralidad tecnológica, no permitió ejercer a la fotovoltaica su competitividad». Por este motivo, «además del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, presentaremos una denuncia ante la Comisión Europea», afirma.

UNEF recuerda que la tecnología fotovoltaica es una de las más competitivas, al haber reducido sus costes en un 80% en los últimos años, como demuestran las subastas realizadas a nivel internacional, donde esta tecnología ha alcanzado precios récord. «Lamentamos que la fotovoltaica no haya podido tener un papel protagonista en nuestro país» y «este resultado implica una ocasión perdida también para los consumidores, que podrían haberse beneficiado de una reducción mayor en su factura eléctrica si se hubiera hecho un diseño basado en la libre competencia, que hubiera dado lugar a precios récord de las renovables en Europa», señala.

“Bloqueo” a la energía solar

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la subasta para la adjudicación de potencia renovable constata que el Ministerio de Energía, «con el beneplácito del Gobierno», ha usado «criterios sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social». «Tal y como reflejan los resultados de la subasta, las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción, ni siquiera ofertando el máximo de los descuentos posibles, puesto que las condiciones establecidas favorecían proyectos eólicos de  grandes dimensiones, bajo la errónea premisa de que este criterio aporta un precio óptimo para los españoles«, afirma la asociación.

Ante esta situación, la asociación ha iniciado una campaña de denuncia en la que exige un cambio de modelo energético, no solo en lo referido a las tecnologías de generación, sino también a la propiedad de las instalaciones de generación, «ahora concentradas en unas pocos empresas, que actúan en régimen de oligopolio«. Con el eslogan No a una privatización del sol. Los ciudadanos queremos participar en la generación de energía, desde Anpier se exige un nuevo modelo energético que sea «sostenible y social, reclamando el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en hogares y centros de producción».

Nadal recuerda que el Tribunal Supremo impidió eludir la indemnización de Castor mientras Unidos Podemos pide una comisión de investigación

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís registraron en el Congreso de los Diputados una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el proyecto Castor con el objetivo de «esclarecer las responsabilidades políticas» de este caso. Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, recordó a la Generalitat de Cataluña que fue el Ejecutivo del PP quien pidió al Tribunal Supremo (TS) la lesividad del contrato del almacén de gas Castor.

En respuesta a una carta del consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, el ministro de Energía recordó que una vez el Supremo dijo que no se podía considerar lesivo el contrato, el Gobierno elaboró un decreto ley que redujo en más de la mitad el «daño anual» de la instalación al sistema. Nadal ha asegurado que la situación del almacén es «estable» y que la extracción del gas se tiene que hacer con todas las garantías y con los estudios adecuados sin que ello perjudique a las poblaciones cercanas.

Piden una comisión de investigación

Por su parte, el diputado de En Comú, y portavoz de energía de la formación morada, Josep Vendrell, ha señalado que su comisión de investigación implicaría tanto a Gobiernos del PP como del PSOE, ya que se inició con el entonces ministro popular Josep Piqué, pero el proceso de adjudicación continuó con los socialistas Joan Clos, José Montilla y Miguel Sebastián. Todos ellos, según ha apuntado Vendrell serán llamados a comparecer en esta comisión y también el exministro José Manuel Soria, debido a su implicación en el proceso de indemnización de la empresa adjudicataria, así como el actual titular del departamento de Energía Álvaro Nadal.

Asimismo, proponen llamar a expertos, científicos y organizaciones ecologistas que avisaron de los peligros medioambientales y del riesgo sísmico de la zona, así como a la sociedad civil, ayuntamientos y asociaciones vecinales que se opusieron desde el primer momento a la construcción del almacén de gas. «Ahora estamos pagando los consumidores de gas por este capitalismo parasitario que permite que la empresa gane cuando se autoriza el proyecto y, cuando éste falla, también gane», ha denunciado el diputado catalán, quien ha recordado que esta situación también pasa en otros sectores.

Del mismo modo, ha recordado que la intención de Unidos Podemos es desmantelar la planta de Castor y sellar el pozo, con las medidas de seguridad necesarias, y recuperar la indemnización de 1.700 millones de euros que ha recibido la empresa adjudicataria. En este sentido, la formación morada ya obtuvo el voto a favor de la mayoría de los diputados y la abstención del PP a una proposición no de ley para que el Gobierno trate de recuperar la indemnización concedida a Escal UGS. Por este motivo, la diputada de Unidos Podemos, Ángela Ballester, se ha mostrado convencida de que se van a recabar los apoyos necesarios para sacar adelante esta comisión de investigación parlamentaria.

El Congreso pide al Gobierno que recupere la indemnización de 1.350 millones concedida a Escal UGS por el proyecto Castor

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- La comisión de Energía del Congreso ha apoyado una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se pide al Gobierno que emprenda las acciones legales necesarias para recuperar la indemnización concedida a Escal UGS S.L. tras la extinción de la concesión para el proyecto Castor. La formación morada entiende que la empresa incurrió en dolo o negligencia imputable y que por tanto «la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones».

Así lo recoge en el texto votado, que contó con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, en la que, además, también pide iniciar acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de Escal UGS por «los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia» de la puesta en funcionamiento del almacén de gas.

Además, llama al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para impedir que, en el futuro, sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio. «Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control anterior a la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos», apunta la propuesta.

El ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconocía recientemente que el proyecto Castor “nunca debió existir» y que «lo ideal» es desmantelarlo con cuidado. En este sentido, el texto llama a establecer una calendarización para el sellado de pozos y el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, tanto las terrestres como las marinas. Unidos Podemos plantea que, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de las localidades afectadas, se busquen soluciones «responsables, transparentes y no onerosas para las arcas públicas».

Así, piden al Gobierno elaborar estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona; realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que sufrieron las poblaciones cercanas a las costas de Castellón y Tarragona, como consecuencia de los terremotos y, de este modo, realizar las reclamaciones que correspondan. Además, piden que se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados por la Universidad de Standford y el MIT relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.

En este sentido, el portavoz de la formación morada, Josep Vendrell, ha denunciado «el menosprecio» del Ejecutivo hacia los diferentes informes sobre el riesgo enviados por diferentes centros de investigación y organizaciones, que ya alertaron de las posibles consecuencias del almacén de gas. Además de denunciar que el concurso para la adjudicación de este proyecto «estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó» y, por lo tanto, «no hubo concurrencia real», Vendrell también ha criticado que el Gobierno decidiera, finalmente, resolver este problema buscando la solución «más beneficiosa para la empresa y más onerosa para la ciudadanía”.

Castilla y León, defensora de la continuidad de Garoña, se plantea ahora crear un impuesto a Nuclenor si hay desmantelamiento

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- La Junta de Castilla y León podría imponer un impuesto que gravase a las empresas energéticas Endesa e Iberdrola en compensación por el posible desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, (Burgos), tal y como aseguró la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, tras mantener una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

La consejera ha defendido la energía nuclear y el carbón, una defensa que ha afirmado que comparte con el Gobierno ya que «abarata» el recibo de la luz de los españoles. «Tanto el Ministerio como la Junta defendemos que tiene que haber una participación en el mix energético nacional; tiene que entrar el carbón y por supuesto la nuclear, ya que en ambos casos son las energías más baratas«, aseguró.

«De no existir el carbón o la energía nuclear, el recibo de la luz se dispararía más del 30%», indicó Del Olmo, reiterando la defensa del Gobierno castellano y leonés al sector minero. Por ello, la Junta se plantea impulsar una figura impositiva que, «de una u otra manera», grave el desmantelamiento de Garoña ya que «supone la pérdida de un millar de empleos». El impuesto iría dirigido a las empresas titulares de la central, Endesa e Iberdrola: «si les sale mucho más barato cerrar que continuar con la producción, con este impuesto a lo mejor se lo piensan», subrayó.

Por su parte, la Dirección de Nuclenor, el titular de la central nuclear de Garoña, no tiene «conocimiento oficial» del impuesto que le plantea imponer la Junta de Castilla y León en «compensación» por el posible desmantelamiento del reactor y la pérdida de empleo que conllevaría. Fuentes de la empresa han confirmado que no tiene «conocimiento oficial de esta iniciativa» pero que, en todo caso, «Nuclenor no hará valoraciones sobre las declaraciones» de Del Olmo.

Críticas a planes de Enel

Tanto el Ministerio como la presidencia de Castilla y León han mostrado su «preocupación» por el anuncio de Enel respecto al futuro de las centrales térmicas de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), del que Del Olmo ha confesado que el ministro no tiene «constancia oficial«. La pasada semana Enel, principal accionista de Endesa, confirmó el cierre de sus centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) el 30 de junio de 2020 durante la junta general de accionistas celebrada en Roma.

«No tiene ningún sentido, hay que englobar la producción de las centrales térmicas y las centrales nucleares en la política energética nacional, y no puede depender del anuncio de una empresa», ha señalado. «La política energética nacional depende del Gobierno y de los grupos con representación en el Congreso de los Diputados», sentenció Del Olmo. Así, en la reunión se ha planteado la necesidad de lograr un pacto por la energía entre todas las fuerzas parlamentarias, donde tanto carbón como las energías nucleares tengan cabida.

Nadal asevera que el almacén de gas Castor «no tenía sentido» por «faraónico» y lo desmantelará cuando sea seguro hacerlo

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que el proyecto de almacén subterráneo de Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) aprobado por el anterior Gobierno socialista «no tenía sentido» porque «no hacía ninguna falta» y era «faraónico», al tiempo que el contrato eximía a la empresa de «cualquier responsabilidad«.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Nadal ha confirmado la intención de desmantelar el almacén cuando sea seguro hacerlo pero antes «habrá que estudiar mucho la situación» ya que es «tan peligroso» volver a meter gas como extraerlo. El ministro comparó la situación con un globo, que al inflarse ha movido unas paredes que al desinflarse también se pueden mover, aunque la situación en la actualidad «es estable». «El Gobierno está tratando esto con mucha prudencia y cuidado, teniendo todas las garantías de que no se van a repetir los movimientos sísmicos y cuando tengamos claro en qué condiciones se va a producir esto», ha apuntado.

Por otro lado, ha alabado al anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, porque asumió su «responsabilidad política» y pidió «perdón» por el desarrollo de Castor así como por los efectos que produjo a la población. «Tuvo la capacidad política y la honradez de pedir perdón y yo creo que eso está muy bien», ha defendido el ministro de Energía que, en cuanto a las responsabilidades judiciales, ha dicho que «el tema» está judicializado y que por tanto hay que esperar al pronunciamiento de los jueces.

Así ha respondido al senador de Esquerra Republicana, Miguel José Aubá, que ha pedido el desmantelamiento «inmediato» del almacén «con las máximas garantías de seguridad y de transparencia» y ha reiterado la petición de su grupo parlamentario de crear una subcomisión de investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades. En este sentido, el ministro ha sacado pecho por la actuación del Ejecutivo en torno a Castor, “un problema creado por gobiernos anteriores». Nadal recordó  que cuando asumió las responsabilidades, el Gobierno pidió la nulidad al Supremo, que no la concedió «porque el Gobierno socialista al que ustedes apoyaban, fue el que firmó ese contrato e hizo ese real decreto».

Por el contrario, ha añadido que se buscó una solución financiera y que estableció el cierre del proyecto y la elaboración de un estudio para conocer exactamente lo ocurrido. De este modo, ha defendido el «esfuerzo» de negociación del Ejecutivo porque si Castor estuviera funcionando, en la actualidad los consumidores estarían pagando 214 millones anuales pero se llegó a un acuerdo con las partes para bajar la rentabilidad, lo que permite pagar 95 millones de euros en su lugar. El ministro obvia que se pagarían 214 millones por un almacén de gas y sin embargo se van a pagar 95 millones por una instalación fallida.

Por su parte, el senador ha solicitado al ministro que desmantele «de manera inmediata» con un calendario de actuaciones «público» y que se traslade la información «a los afectados», porque los consumidores están pagando 4.700 millones de euros y un coste anual de 15,7 millones más por mantener Castor en hibernación. En ese sentido, ha deseado que el Gobierno hubiese mostrado exigencia en el desmantelamiento del almacén y en «depurar responsabilidades» de quienes tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor. Sin embargo, ha lamentado que «nadie» ha asumido responsabilidades técnicas, políticas ni económicas ni administrativas, mientras los consumidores de gas están pagando «el desastre» con el aumento del gas en su factura.

Nadal carga contra la italiana Enel por planear el cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla en 2020

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital advierte a Enel, el principal accionista de Endesa con un 70% de su capital, de que el cierre de las centrales térmicas de carbón de Andorra (Teruel) y de Compostilla (León) no es «coherente» con las necesidades energéticas de España, según fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal. El propio ministro fue más allá y acusó a Enel de «hacer política para los italianos a costa de los consumidores y trabajadores españoles».

En concreto, Nadal recordó en el pleno del Senado que «no fue un Gobierno del PP» quien facilitó que Enel, empresa participada por el Estado italiano, adquiriera Endesa, en alusión a la estrategia del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de propiciar la entrada de Enel en la eléctrica española. «Al ser una empresa italiana no le importa, para hacer política de empleo en Italia, crear desempleo en España, y no le importa, para hacer política medioambiental en Italia, hacer política de pérdida de competitividad en España», acusó. Así, el ministro subrayó que éste es «el origen del problema» para las centrales térmicas de carbón de Endesa en Andorra (Teruel) y Compostilla (León), cuyo cierre para 2020 anunció Enel.

Nadal señaló que está trabajando para que el carbón forme parte del mix energético hasta 2030. «Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, porque el Gobierno es el único que ha dicho que queremos que el carbón forme parte del mix energético de aquí a 2030». «Estoy de acuerdo en que el mix energético no lo deciden las empresas, sino el Gobierno y las Cortes Generales, por eso quiero hacer una ley que ustedes no quieren apoyar», indicó Nadal, al ser cuestionado en el Senado por el PSOE.

Por su parte, el senador socialista Graciliano Palomo ha exigido al Gobierno que tome medidas para obligar a las centrales térmicas de Compostilla y Andorra a desnitrificar sus emisiones y continuar su actividad más allá de 2020. «Al Gobierno le corresponde tomar una decisión estratégica y dejarse de maniobras de despiste. Queremos que se imite a Alemania, y que programe el cierre nuclear a medida que venzan las centrales y que apoye a las centrales térmicas españolas», ha señalado Palomo.

“Si se confirma este planteamiento demostraría, por un lado, que el compromiso de Enel con España no es el que le gustaría a este Gobierno y, por otro, que tampoco es coherente con las necesidades de la política energética del país», fue la primera reacción del Ministerio de Energía, que asegura no tener noticia directa por parte de Enel ni de Endesa sobre las intenciones de la empresa acerca de las dos centrales referidas. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) asegura que la intención de Enel es realizar desnitrificaciones en las centrales de As Pontes, Litoral y Alcudia para cumplir con la normativa de la Unión Europea.

España, Francia, Italia y Portugal piden más flexibilidad contable a la Comisión Europea para impulsar las inversiones en eficiencia energética

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- Los ministros de Energía de España, Francia, Italia y Portugal solicitaron a la Comisión Europea la eliminación de los obstáculos que actualmente frenan las inversiones en eficiencia energética. En ese sentido, el Ministerio de Energía indica que, si se eliminan estos obstáculos, se puede dar un impulso decisivo para la consecución de los objetivos establecidos en la Cumbre del Clima de París la COP21, lo que permitirá lograr que Europa lidere la transición energética mundial hacia un modelo más limpio.

Estos países consideran que la eficiencia energética juega un papel fundamental para reducir el consumo energético y garantizar la seguridad de suministro. Además, la eficiencia aumenta la competitividad y tiene un impacto importante en la economía real y la generación de empleo, dado que se trata de inversiones con un elevado efecto arrastre sobre el resto de sectores económicos. Los ministros consideran que, en la actualidad, el desarrollo de la eficiencia energética está muy por debajo de lo deseado. Para que la eficiencia energética pueda desplegar todo su potencial, los ministros piden que se eliminen todos los obstáculos a las inversiones que actualmente actúan como un freno, sobre todo para aquellas inversiones a largo plazo.

En este sentido, los ministros consideran que se deben revisar las normas europeas de contabilidad para el cómputo en déficit y deuda pública de los contratos de eficiencia en el sector público. Debido a las normas actuales de contabilidad, las Administraciones no pueden desarrollar estas inversiones, aunque se amorticen a muy corto plazo, porque generarían un déficit prohibido. Además, los ministros consideran que la propuesta europea del Clean Energy Package debe mirar más allá de las inversiones con efectos en el corto plazo e impulsar aquellas que generan ahorros en el largo plazo, como las inversiones en rehabilitación de edificios y en eficiencia energética del sector industrial, donde existe gran potencial de mejora no explotado.

Los ministros realizan tres peticiones. La primera es que el Consejo de Energía promueva un debate específico sobre los obstáculos que existen a las inversiones en eficiencia energética. La segunda consiste en solicitar al Consejo de la Energía que haga un llamamiento al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros para que impulse rápidamente una solución en las normas de contabilidad nacional de los contratos de eficiencia energética del sector público, y que expertos de la Comisión Europea y de los Estados participen en estos trabajos.

La tercera consiste en apoyar un enfoque más ambicioso en la directiva sobre Eficiencia Energética que vaya acompañado de la eliminación de todos los obstáculos posibles para la realización efectiva de las inversiones, así como solicitar a la Comisión Europea que garantice que la propuesta de directiva fomente las inversiones a largo plazo. Esta petición se ha plasmado también en una carta que el ministro Nadal remitió recientemente al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete.

Energía calcula que solo el 45% de los beneficiarios del bono social lo pedirá; la OCU pide simplificar los trámites

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) propone simplificar las categorías de los beneficiarios del bono social y de los trámites de renovación, así como la eliminación o revisión de los límites de consumo impuestos para los hogares. Precisamente el Ministerio de Energía calcula que solo el 45% de los hogares con derecho a recibir el nuevo bono social de la luz finalmente solicitará la ayuda, según consta en la memoria económica del borrador de real decreto sobre la materia.

La memoria afina el coste estimado del nuevo bono social, que será superior al actual y que cubrirá tanto a los consumidores vulnerables como a los severos. Según Energía, este coste ascenderá a 236 millones de euros anuales, un 17,8% más que los cerca de 200 millones actuales. Al estimar el número de hogares que podrán acceder al bono social, el departamento dirigido por Álvaro Nadal recuerda que la obtención de la ayuda requiere que el interesado lo solicite y considera “improbable que la totalidad de ellos llegue a hacerlo«.

Energía ha calculado ahora el número de hogares potencialmente beneficiarios y, sobre la estimación, ha aplicado una «tasa de aceptación» del 45%. El resultado es una previsión de 2,5 millones de hogares. Esta cifra es superior a la actual, de 2,44 millones de usuarios, al tiempo que, como defiende Energía, se reparte de una forma más adecuada, ya que el criterio de renta permitirá cubrir las necesidades de personas que, pese a su situación, antes no podían beneficiarse del bono.

Para hacer sus cálculos, el Ministerio ha segmentado los hogares en función de los umbrales de renta y de los distintos tipos de familia, en función de si es numerosa o si tiene menores o personas en circunstancias especiales. Posteriormente, para cada nivel de unidad familiar con un determinado umbral de renta, ha contabilizado el número de hogares. Tras incluir los correspondientes a discapacitados y a víctimas de violencia de género y terrorismo, ha obtenido la cifra final de potenciales beneficiarios, a los que ha aplicado la «tasa de aceptación».

Como hay una media de 2,5 personas por hogar en España y como la aspiración es proteger 2,5 millones de hogares, Energía concluye que la cobertura del bono se extenderá a más de 6 millones de personas, una cifra superior a los 4,5 millones de personas que, según Eurostat, podrían sufrir pobreza energética, señala Energía. «Por tanto, el volumen de hogares estimado que se derivan de la metodología de asignación del bono social de este real decreto es más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España», asegura.

Propone eliminar límites de consumo

Por su parte, la OCU recuerda que «aún quedan asuntos pendientes para garantizar que accedan al bono quienes tienen derecho y poner coto a los 4,5 millones de personas en situación de pobreza energética».Por esto, aunque la reforma del bono social «mejora la situación anterior», OCU apunta algunas líneas de mejora del borrador.Concretamente, la organización propone la simplificación de las categorías de los beneficiarios usando como referencia una renta per cápita y no por hogar.En este sentido, OCU aplaude la protección de los hogares con menores, pero señala que puede estar mejor atendida si se identifica a esos hogares como «colectivos especiales».

Por otro lado, desde la organización ven necesario la simplificación de los trámites, de manera que sea posible la identificación automática de los beneficiarios del bono social cada año.Asimismo, OCU defiende la eliminación, o en su caso, «revisión de manera crítica», de los límites del consumo impuestos para los beneficiarios del bono social ya que, asegura, el beneficio que supone se verá lastrado por los límites del consumo mensual. OCU denuncia que estos límites perjudican especialmente a los hogares sin gas natural, con calefacción eléctrica y con varios miembros.

De igual modo,desde la organización señalaron que, excepto los hogares en exclusión social cuya factura será gratuita, «la factura a pagar por el resto es lo suficientemente importante pese al descuento como para no dar pie al derroche energético«.Finalmente, la organización ha reclamado la importancia de un «compromiso de la Administración» con el fin de identificar correctamente al colectivo en riesgo de exclusión social.Por el contrario, una falta de voluntad política o de presupuestos «puede provocar grandes diferencias en la protección de los hogares en situación crítica».

Nadal cree que el Gobierno socialista sobredimensionó el almacén Castor y que «lo ideal» es desmantelarlo porque “nunca debió existir”

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha puesto en duda la necesidad del proyecto del almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), que se planificó en 2006 con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y se puso en funcionamiento en 2013,»porque una vez construido había que cumplir el contrato», pero, en opinión del actual ministro, «estaba probablemente muy sobredimensionado para las necesidades gasísticas» de España y «nunca debió existir».

Nadal ha recordado que en 2013, tras inyectar el gas colchón, comenzaron unos días más tarde seísmos, de hasta 4,3 magnitud Richter, en toda la zona, especialmente en el norte de Castellón y sur de Tarragona, y ha admitido que «siempre hubo la pregunta de qué es lo que ocasionó los seísmos y si tenían que ver con Castor», una relación que el informe realizado durante 18 meses por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard ha confirmado e incluso advierte de que podrían ser mayores.

El ministro confirmó que «no hay ningún interés» en tener una instalación que no se podrá utilizar porque el riesgo es «muy alto» en términos de sismología por la posibilidad de provocar terremotos. «Es evidente que un Gobierno que tiene que actuar con prudencia y que en su día tomó la decisión de dejar de inyectar gas, ahora mismo no vamos a reutilizar la planta porque existen estos riesgos», apostilló.

Por ello, «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelarla porque «no tiene ningún sentido» una plataforma en medio del mar que «no sirve para nada» y «porque nunca debió existir». Sin embargo, ha insistido en que se debe hacer «con mucho cuidado», de modo que hay que hacer estudios «adecuados» y «ver la mejor manera de hacerlo». En todo caso, subrayó que «hay tiempo» porque el informe concluye que la situación «ahora» es «de total estabilidad».

Nadal se pronuncia así sobre el informe que el Gobierno, tras un decreto de 2014, solicitó a estas instituciones académicas por ser las mejores que «existen en el mundo sobre estas cuestiones» para conocer lo ocurrido, después de hacerlo dos instituciones españolas, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geológico Nacional (IGN), de cuyos técnicos ha dicho que «son muy buenos» y sus informes también, pero ha justificado que se recurriera a estas entidades estadounidenses por la metodología «única» que utilizan.

Nadal explicó que esta técnica integra la aproximación sismológica, la geológica y el análisis técnico de ingeniería y cuando se hicieron los análisis parciales (españoles), cada uno daba datos que «en algunos casos parecen contradictorios». Con el nuevo estudio, asegura que «elimina sustancialmente» estas contradicciones y tiene «mayor capacidad» de explicar lo que ha sucedido. Por ello, ve «muy conveniente» que se utilice esta metodología y tecnología «muy sofisticada» en el futuro porque ha permitido esclarecer «muchísimo» lo que ocurrió.