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Greenpeace arremete contra todos los responsables políticos y empresariales ligados al sector energético en su lista de “villanos del clima”

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha alertado de más casos de sequía y déficit de lluvia, principalmente en el noroeste peninsular, si no hay «ambición» política para frenar el cambio climático, en la presentación de un informe sobre «los villanos del clima» en España. Para denunciar la contaminación, subrayan que «ninguna» central térmica española cumple los límites de emisión que se exigirán a partir de 2021.

Tatiana Nuño y Sara Pizzinato, expertas en cambio climático y transición energética, han reclamado políticas que «favorezcan el desarrollo sostenible» y han lamentado las que en esta materia se están promoviendo en España. Para poner «cara» a los responsables, la organización ecologista ha elaborado Villanos del clima. ¿Quién está detrás del calentamiento global en España?, donde se identifican a algunas de las principales personas responsables del cambio climático en España, ya sea por las decisiones que toman desde sus cargos públicos o por sus actividades empresariales, y donde sitúan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como uno de los «villanos».

Tatiana Nuño ha lamentado que, para el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno no cuente «con ninguna organización ecologista». Mientras, reivindica que tanto comunidades autónomas como gobiernos locales tienen «herramientas» para luchar contra el cambio climático. Al respecto, critica que en «el país del sol» el 85% de la energía que se produce en España «proceda de combustibles sólidos y de energía nuclear». «Con otros 5 países producimos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero», expuso.

Para Greenpeace, la lista de «villanos» la encabeza el presidente Rajoy por «apoyar la energía nuclear y no poner en marcha un calendario de cierre» de las plantas térmicas de carbón. Le sigue el titular de Energía, Álvaro Nadal, «el ministro que odiaba a las renovables»,según la ONG, que está en la lista por haber afirmado que «España no dejará de quemar carbón» y por «pretender continuar con las ayudas al sector»; continúa la lista su antecesor, José Manuel Soria, «el malo universal», por «crear el impuesto al sol» y «apoyar las prospecciones petrolíferas».

Al «club de villanos de Greenpeace» también se suma el responsable de Industria del PSOE entre 2008 y 2011, Miguel Sebastián, «el ministro de los recortes a las renovables», por aprobar medidas que supusieron un recorte en la eólica y la termosolar de 1.100 millones de euros, y de hasta 2.000 en la fotovoltaica. Rodrigo Rato, «el amigo de las eléctricas», según la organización, que recuerda que durante su mandato como vicepresidente del Gobierno liberalizó el sector de la energía con la Ley del Sector Eléctrico creando los Costes de Transición a la Competencia, que provocó el denominado tarifazo eléctrico.

La lista la completan el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por «su amor por el petróleo»; el presidente de Endesa, Borja Prado, «el señor de la energía sucia»; el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, «el amigo de las emisiones»; el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, «el experto en greenwashing«, porque su «actividad principal todavía se basa en la quema de combustibles fósiles». Para terminar la lista, el director general de la AOP, Álvaro Mazarrasa, «el guardián de los petroleros», y el empresario del carbón Victorino Alonso, «el temor de la mina».

Greenpeace también hace un repaso de personalidades por el ámbito de algunas comunidades autónomas, todos hombres a excepción de una mujer, mientras que las razones a las que alude la ONG son, en su mayoría, por el apoyo al carbón. Asimismo, Greenpeace ha situado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, entre los “villanos del clima” por decir que defiende para las islas la meta de un sistema 100% renovable antes de 2050 mientras apuesta por la introducción del gas en el archipiélago, retrasando así la transición energética canaria».

Narbona critica que España juega un papel «de lastre» en los debates europeos sobre las energías renovables

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Europa Press.- La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha criticado que España juega actualmente un papel «de lastre» en los debates europeos sobre energías renovables, como los que se producen en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, cuando nuestro país ha sido «pionero».

Además, ha asegurado que los proyectos presentados por el Gobierno español en relación con las interconexiones energéticas en la Unión Europea «no se corresponden» con la petición que hizo en junio de este año el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, junto con Portugal, de adoptar «medidas urgentes y vinculantes» para aumentar el nivel de interconexión de los países que se encuentran por debajo del objetivo de interconexiones de un 10%, como es el caso de España.

En este sentido, ha incidido en que estas interconexiones son uno de los «elementos más importantes» en la actualidad y las ha calificado de «pescadilla que se muerde la cola» porque son infraestructuras con financiación privada y pública, a través por ejemplo del Banco Europeo de Inversiones), pero ha destacado que «hace falta» que los países presenten proyectos. Del mismo modo, Narbona ha hecho hincapié en que los mecanismos normativos en España «no están ni mucho menos a la altura» de lo que sucede en Alemania, Francia o Reino Unido. En este sentido, ha afirmado que «las grandes empresas» están entrando «claramente» en la producción de energías renovables en los países de la Unión Europea.

Además, ha lamentado que Europa «ha llegado tarde» en materias como la electrificación del transporte que es, en su opinión, «la asignatura pendiente», y ha concretado que el papel de «liderazgo» lo «está asumiendo» China. Igualmente, advirtió de que la dependencia energética europea es «una extraordinaria debilidad» y precisó que actualmente «un 53% de los recursos energéticos que se consumen en la Unión Europea» proceden del exterior, mientras que en el sector del transporte la dependencia es «de un 90%».

Narbona también ha defendido que debe producirse una transición energética y un cambio de modelo que pase por un abandono de los hidrocarburos y los combustibles fósiles hacia la «consolidación» de las energías renovables «aunque no existiera el cambio climático», una cuestión que, tal y como ha añadido, tiene consecuencias también a nivel de seguridad global. Así, asegura que los motivos de esta transición son que «cada vez somos más capaces» de usar energías renovables «a un precio menor» y que los cambios tecnológicos actuales «cuestionan a las grandes empresas» energéticas. En este sentido, incidió en que actualmente los consumidores tienen «mucha capacidad» para convertirse en productores de su energía.

Asimismo, ha alertado de que los fenómenos naturales del cambio climático «se están intensificando» y ha mencionado las consecuencias de la tormenta tropical Harvey, que ha provocado unas inundaciones en el estado de Texas (Estados Unidos) que podrían alcanzar un coste de hasta 20.000 millones de dólares (16.605 millones de euros) para la industria de seguros estadounidense, lo que lo colocaría como uno de los diez huracanes más costosos en la historia del país, según estimaciones de JP Morgan Chase.

Por ello, Narbona aboga por que haya políticas «globales» y asevera que el modelo energético «imperante» en la sociedad explica en torno a un 80% del proceso de calentamiento global, mientras que ha completado que el 20% restante es consecuencia del modelo alimentario humano basado en la deforestación y en el consumo de carne y, por lo tanto, la mayor emisión de gas metano a la atmósfera. De esta forma, considera que las causas y efectos del calentamiento global muestran «una terrible asimetría» y una «injusticia» porque los países «que más han contribuido» al calentamiento global «no son necesariamente los más afectados» por sus consecuencias. Es decir, que considera el cambio climático como «un enorme desafío ético de nuestra sociedad».

Energía lanza a consulta pública el proyecto para regular el cierre de centrales eléctricas

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha lanzado una consulta pública para el proyecto de real decreto que quiere aprobar para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

El gabinete dirigido por Álvaro Nadal señala que mediante este real decreto pretende abordar una serie de medidas que garanticen «en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional».

Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica «son coherentes con los instrumentos de planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía».

En concreto, la consulta, que tiene como objetivo recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma, estará abierta hasta el próximo 15 de septiembre.

Por medio de este real decreto, el Ministerio busca desarrollar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica cuando concurran una serie de supuestos, como el riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica, situaciones de desabastecimiento de las fuentes de energía primaria, amenaza grave a las instalaciones, a la integridad de la red de transporte, a la distribución de energía eléctrica, así como en situaciones que impliquen una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones de producción, transporte o distribución del suministro.

Además, considera necesario tener en cuenta las proyecciones e impactos de cada tecnología en la generación eléctrica nacional, de cara a las obligaciones de planificación energética con la Unión Europea en el horizonte 2030 y 2050, para lograr el cumplimiento de los objetivos energéticos y de cambio climático que los Estados miembros han asumido como consecuencia, entre otros, del reciente Acuerdo de París.

Asimismo, afirma se debe ponderar el coste-beneficio que implicaría el cierre de una central y la posible apertura de una nueva central, considerando el impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales y sobre la competitividad de la economía española.

Dotar de los instrumentos para garantizar la continuidad

De esta manera, el objetivo final de este real decreto que prepara el Gobierno es dotarse de los instrumentos para garantizar la continuidad de las centrales ante eventuales cierres y otras situaciones de contingencia.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha buscado los apoyos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos para regular este cierre de centrales a través de una ley, aunque sin éxito, ha reiterado en varias ocasiones que esta decisión no puede depender únicamente de las empresas porque influye en la configuración del ‘mix’ energético, un tema que debe ser competencia del Parlamento y el Gobierno.

El discurso de Nadal respecto a este tema se endureció a partir de mayo, después de que Enel, principal accionista de Endesa, confirmara que, en base a la vigente normativa ambiental y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, cerraría sus centrales de carbón de la Compostilla (León) y Teruel antes del 30 de junio de 2020.

Asimismo, Gas Natural Fenosa también anunció en junio que acometería un «cese paulatino» de la actividad de su central térmica de Anllares hasta 2019.

Garoña: de la necesidad política, virtud

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La comunicación de la decisión de no renovar la autorización de la central de Santa María de Garoña (Burgos) abocándola a su cierre definitivo, ha sido un pleno ejercicio de comunicación y gestión política por parte del gobierno Rajoy ejecutado por el empeñoso Ministro de Energía, Álvaro Nadal que ha tratado de realizar una cuadratura del círculo, para hacer de la necesidad, virtud.
 
El empeñoso Ministro de Energía ha buscado al comunicar esta decisión achacar el cierre a las empresas (por su reclamación en torno a los impuestos nucleares y sus consecuencias para la vialidad de las plantas españolas) y a la presión política contra la energía nuclear, con el fin de evitar que el promotor del cierre, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero una mañana de domingo soleado de primavera en la Fundación Jaime Vera, se atribuyera la caída de la central. Por tanto, un titular alimenticio de los populares centrado en los réditos inmediatos de la política tacticista española sería que Nadal le agua el triunfo del cierre de la central de Garoña a Cristina Narbona, actual presidenta de los socialistas. 
 
De hecho, determinados elementos de la comunicación política coinciden en la argumentación, como por ejemplo, que era una central relativamente pequeña por su capacidad de generación, 460 MW. Y también por eso se entiende que el ministro exhiba sin ambages un mohín de repudio al comunicar la decisión: un muy a mi pesar. 
 
Lo que pasa es que no se queda ahí y eso impediría ver la clave de bóveda de la decisión, que ha complicado que el Ministro se empleara a fondo en esta cuestión a pesar de su búsqueda a toda costa de sobrecapacidad en el sistema eléctrico que, sin política energética, dispara la interacción entre tecnologías e intereses.  En realidad, tal y como se venían desarrollando el devenir episódico de los hechos y decisiones en torno a Santa María de Garoña, era difícil alinear el acatamiento a un mandato casi  general en el Congreso, promoviendo el cierre de la central burgalesa con el severo requerimiento del socio in péctore del ejecutivo, el PNV (que no es pronuclear, ni antinuclear, sino todo lo contrario, pero quiere la nuclear lejos de los territorios vasco-navarros) en esta legislatura agónica bajo la apariencia de tranquilidad. Este sí es el elemento de decantación de la decisión que había marcado a la central, el motivo por el que el pulgar marcó el suelo a la central del valle de Tobalina, aunque suponga un enfrentamiento más agrio de lo previsto con los “propios” de la Junta de Castilla y León. 
 
Pero el Ministerio de Energía, se mueve en el marco del coyunturalismo y en un modelo orientado a la búsqueda de sobrecapacidad aunque resulte de muy difícil gestión en el futuro. ¿Quiere decirse que esta decisión podría atisbar una definición o una concreción de un modelo de futura de política energética para nuestro país? No. Como tampoco lo es el hecho de que se hayan promovido las tres últimas subastas de potencia renovable. Se trata de una decisión que no pretende crear un precedente y, por tanto, todas las atribuciones del ”éxito” de este cierre no tienen motivos para la autocomplacencia. 
 
La cuestión concreta de Garoña, la prolongación de la operación del parque nuclear (recordemos que es una tecnología libre de emisiones de carbono)  y que, por otra parte, proporciona pingües ingresos fiscales al Gobierno o las propuestas de los operadores del cierre de las centrales de carbón en esa búsqueda de sobrecapacidad, entre otros temas abiertos, han hecho emerger el carácter intervencionista, a fuer de liberal del ministro, advirtiendo que el Ejecutivo se podría reservar la capacidad de intervención para que las empresas estén al servicio de la acción del ejecutivo y sus decisiones, además de contemplar la energía como un necesario objeto (tributario) del deseo. 
 
Termina así un episódico devenir, incluyendo la actuación del presidente del CSN, Fernando Marti, que puede resultar engañoso desde el punto de vista de las conclusiones que puede arrojar su desenlace. Ahora comienza un proceso de desmantelamiento de la central, ejecutado por ENRESA que durará más de tres años y que costará 345 millones de euros. La Junta de Castilla y León estudia un impuesto al propio desmantelamiento, dado que cualquier evento relacionado con la energía (pasado, presente o futuro) puede ser objeto tributario y puede prolongar la oposición castellano leonesa al cierre con el consiguiente enfrentamiento abierto con el Ejecutivo de Rajoy. ¿No habrá paz nunca alrededor de Garoña?

El Gobierno no autoriza la reapertura de Garoña

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Europa Press.- La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) echará el cierre definitivo después de que el Gobierno haya acordado no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la planta, según ha anunciado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a una semana de que se cumpliese el plazo para que el Ejecutivo tomase una decisión.

En una rueda de prensa convocada este martes para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, la que más años ha operado en España, el ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto «será la de denegación» de la continuidad de la explotación porque las «circunstancias actuales» no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la oposición de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.

La decisión del Gobierno se ha tomado seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable –con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona– a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada.

Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.

Una vez emitido el informe favorable la pelota estaba en el tejado del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor burgalés hasta 2031.

De ese modo, Garoña se convertiría en la primera central nuclear en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.

No obstante, la planta, que contaba con permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013, dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012, a consecuencia de un nuevo impuesto sobre el combustible que estableció el Gobierno y que Nuclenor estimó que le supondría un coste inasumible.

Así, el plazo para que Nuclenor pudiera solicitar su renovación expiró y, ante la apuesta del Gobierno por que la planta pudiera seguir adelante, meses después, en enero de 2014, el Ejecutivo aprobó una modificación normativa por la que una central que no hubiera cerrado por motivos relacionados con la seguridad nuclear ni la protección física, es decir por causas económicas, tendría un plazo añadido de un año para replantearse la decisión y pedir una nueva autorización.

Con esta modificación, el titular presentó el 27 de mayo de 2014, una solicitud hasta el 2 de marzo de 2031, cuando cumpliría 60 años de operación, de acuerdo con la «práctica regulatoria existente en Estados Unidos» y porque consideraba que un marco temporal de explotación de «estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas».

Desde entonces, Nuclenor ha invertido en mantener la planta en una situación de reversibilidad unos 358 millones de euros y estos costes estarían en el centro de la discusión entre los accionistas de Garoña.

El 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción y las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.

Historia

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es la más antigua de España –después del cierre en 2006 de José Cabrera (Guadalajara)–, fue inaugurada en 1970 y terminó su actividad el 16 de diciembre de 2012, después de haber operado 42 años y medio.

En 2009, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable por unanimidad a que la planta operase por 10 años más, hasta 2019. Si bien, el Gobierno autorizó su renovación hasta el 6 de julio de 2013.

El desmantelamiento de Garoña podría terminar en torno al año 2034 aproximadamente

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha estimado el tiempo del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en una horquilla de 13 a 16 años, lo que situaría el final de este proceso una vez pasado el año 2030.

En la comparecencia celebrada esta mañana para informar de la decisión del Gobierno de denegar la solicitud de Nuclenor, el titular de Garoña, de operar la planta hasta 2031, cuando hubiera llegado a los 60 años de vida útil, Nadal ha apuntado a que este proceso podría durar de 13 a 16 años.

En primer lugar, la central debe ser declarada en situación de cese definitivo de explotación, aunque su licencia de operación ya expiró el 6 de julio de 2013.

El Ministerio ha informado que, a continuación, el departamento que dirige Nadal deberá emitir la autorización de desmantelamiento, pero para ello el Consejo de Seguridad (CSN) emitirá un informe previo y, posteriormente, se emitirá la declaración de clausura.

Respecto a la autorización de desmantelamiento, esta deberá ser solicitada por la Empresa estatal de Residuos (Enresa), que será la empresa encargada de realizar estas actividades, que ya está próxima a terminar en la central de José Cabrera (Guadalajara), más conocida como Zorita y que dejó de operar en 2006.

En esta solicitud, Enresa además habrá de pedir la transferencia de titularidad de la central, y antes de la concesión de esta autorización y del traspaso de titularidad, se abrirá un periodo previo de desmantelamiento.

En esa fase, el titular, Nuclenor, deberá realizar un conjunto de tareas y la primera es descargar el combustible que está almacenado en la piscina de Garoña. En el caso de esta planta, el titular extrajo el combustible del reactor en diciembre de 2012, meses antes de que su licencia terminase en julio de 2013, a consecuencia de un nuevo impuesto al combustible nuclear.

Si bien, para descargar este combustible Nuclenor tendrá que construir un almacén temporal individualizado (ATI) en el que se pueda albergar todo el combustible gastado por la central a lo largo de sus casi 43 años de operación, ante la falta de un almacén temporal centralizado que ya debía haber entrado en funcionamiento en este 2017 de acuerdo con el mandato parlamentario.

Del mismo modo, antes de que Enresa asuma la titularidad de Garoña y se haga cargo del desmontaje y desmantelamiento de la central, Nuclenor deberá haber acondicionado los residuos generados durante la explotación (los residuos radiactivos de baja y media actividad que se gestionan por Enresa en El Cabril).

En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el desmantelamiento podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

Una vez terminen las actividades desmanteladas, se acometerá el plan de restauración del emplazamiento que tendrá que ser verificado junto con el resto de las condiciones técnicas que se establezcan. Después de ese proceso el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital deberá emitir la declaración de clausura.

Será entonces cuando Enresa devuelva el emplazamiento a su titular, en este caso Nuclenor, pero el Ministerio puede establecer restricciones de uso sobre los terrenos en los que se asentaba la instalación.

En concreto, el artículo 28 del Reglamento de Instalaciones Nucleares, precisa que el Ministerio declarará el cese de la actividad y establecerá unas condiciones que se deberán ajustar a las actividades a realizar en la instalación a partir de ese momento y el plazo en el que se deberá solicitar la autorización de desmantelamiento o bien de desmantelamiento y cierre.

En todo caso, se entiende por desmantelamiento todas aquellas actividades realizadas una vez obtenida la correspondiente autorización que permiten solicitar la declaración de clausura y que supondrá la desclasificación de la instalación y la liberación, total o restringida, del emplazamiento.

El Gobierno despejará hoy la incógnita sobre el futuro de Garoña

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EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicará hoy la decisión que ha tomado el Gobierno sobre la explotación de la central nuclear de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), en situación de parada segura desde diciembre de 2012.

La decisión se produce una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avalase el pasado mes de febrero la reapertura tras dar el visto bueno a los criterios técnicos y estableciese las medidas de seguridad necesarias para que la planta pudiese volver a conectarse a la red.

La nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua del parque atómico español, es propiedad de Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola.

Iberdrola ha manifestado, por boca de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, su voluntad de no reabrir la central, mientras que Endesa ha señalado que espera la decisión del Ejecutivo.

A la vista de los informes técnicos y tras un periodo de consultas las posibilidades que se abren abarcan desde un rechazo a que la planta vuelva a entrar en funcionamiento, a que se otorgue el permiso condicionado a la puesta en marcha de nuevos requerimientos técnicos e inversiones.

De esta manera, la decisión volvería a la empresa propietaria, que tendría que analizar la rentabilidad de la operación.

No es la primera vez que se produce esta situación, ya que hay antecedentes en España con la nuclear de Vandellós I, en la que tras el incendio de uno de los generadores, se impusieron fuertes requisitos de seguridad con ingentes inversiones que hicieron desistir a sus propietarios.

La nuclear de Garoña es del tipo de agua en ebullición (BWR) y tiene una potencia instalada de 460 megavatios.

La reapertura de la nuclear de Santa María de Garoña cuenta con un fuerte rechazo por parte del movimiento conservacionista que considera que no tiene sentido la reapertura de una instalación amortizada y que consideran poco segura.

La cara oculta de las subastas

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Se ha celebrado la tercera subasta de potencia renovable en un corto período de tiempo. Subastas que han introducido una cierta sensación de aceleración artificial en el sector renovable español, lo que podría llamar a equívoco a cualquier observador externo. El resultado, como se conoce, es una adjudicación de 3.909 MW de nueva potencia fotovoltaica y 1.128 MW eólicos. Hasta aquí, se cumplen las previsiones de esta nueva subasta de suelo móvil retributivo. Más allá de lo publicado, el envés de la trama, la cara oculta de estas subastas merece una atención más contextualizada.

Es de reconocer la utilidad de la combinación de subastas sucesivas para el propio tacticismo del Ministerio de Energía. En primer lugar, muestra de forma repentina una posición ferviente en pos de las energías renovables, urgidos como estamos a la vez por el cumplimiento de los objetivos españoles para 2020 tras el parón de la primera legislatura prolongada de Mariano Rajoy y de los efectos la reforma eléctrica. Eso, y la situación de los proyectos resultantes de la primera subasta, ha inducido a la técnica del más madera para que los proyectos, por acumulación, vayan entrando en funcionamiento. En todo caso, adjudicar nueva potencia renovable era ya algo obligado, con lo que el Ejecutivo ha hecho de la necesidad, virtud.

En segundo lugar, de forma no menos sibilina, el Ministerio busca un elemento justificativo para promover un recorte adicional de la rentabilidad razonable a partir de 2020, lo que ya se ha expresado como voluntad inquebrantable en círculos públicos y privados. Sería ejecutar otro tajo para volver a una nueva espiral de inseguridad jurídica, arbitrajes y conflictos jurisdiccionales. Esquemáticamente, esta construcción argumental se resume así: Si convocamos subastas y su resultado es que la retribución es a mercado puro y duro, sin incentivos: ¿Qué necesidad hay de retribuir la potencia instalada en el pasado, aunque ya hayamos realizado un recorte hasta el 7,39%? Por tanto, hasta el cero incentivos todavía es posible aplicar una segunda ronda de pasar el cepillo.

En tercer lugar, no menos importante, el Gobierno se aprovecha de la encarnizada lucha entre tecnologías por la nueva potencia. Así se contextualiza el hecho de cebar la bomba de la confrontación intertecnologías de forma que el resultado de las primeras subastas fue predominantemente eólica y esta última fotovoltaica, lo que permite presentarse al Ejecutivo de una forma salomónica y calculadamente equidistante, mientras la artillería retórica se entrecruza. Pero es más, en este contexto de sobrecapacidad, esta confrontación se extiende al resto de tecnologías, que el Ejecutivo quiere mantener pese a los propios titulares de las instalaciones, dado que todos tienen incentivos a que de una u otra forma se trate de retirar potencia, por motivos ideológicos, medioambientales o económicos.

Empresarialmente, su resultado ha supuesto la irrupción con fuerza en el sector renovable de Forestalia con la nueva potencia adjudicada enlas tres subastas y, por orden de magnitud,tanto de Enel Green Power (Endesa) y de Gas Natural Fenosa, reforzando su mix de generación renovable, así como en esta última subasta de los grupos ACS y el grupo X-Elio.

Finalmente, estas rondas de subastas no han quedado exentas de cuestionamientos y polémicas por varios motivos. La complejidad de las mismas, que requirió que el propio Ministro advirtiera a los posibles pequeños concurrentes, después del florecimiento de los operadores maverick, sobre el margen de riesgo regulatorio que el Gobierno se da a sí mismo, para que se hicieran a la idea de la discrecionalidad regulatoria a la que se pueden exponer. Para esa discrecionalidad el Gobierno prefiere un sector empresarializado en lugar de afrontar un escenario de agitación como la ocurrida en el pasado con los pequeños productores fotovoltaicos, además de evitarse los riesgos existentes de que los proyectos no llegasen a entrar en funcionamiento por falta de músculo financiero.

También abonó la polémica la estrambótica falta de neutralidad de cada subasta como evidencian los resultados extremos y maniqueos de cada una. Y, finalmente, la propia controversia que se ha transparentado allende nuestras fronteras en referencia a los “retrasos” y ausencias en la (in)comunicación y notificación de las subastas a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Atentos.

ERC y PDeCAT piden que Nadal explique en el Congreso la subida del 67% de la luz desde 2008

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Europa Press.- Esquerra Republicana y el PDeCAT registraron en el Congreso la convocatoria de la Diputación Permanente para que convoque una sesión extraordinaria de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que el ministro Álvaro Nadal explique las razones por las que el precio de la electricidad se ha incrementado en un 67% desde 2008.

Para el PDeCAT, el aumento de este precio para el consumidor doméstico es «desmesurado», habida cuenta que el encarecimiento de estos servicios en la Unión Europea ha sido de un 30% de media. Además, las formaciones catalanas piden que el ministro de Energía explique también por qué ha aumentado el precio de la electricidad del pequeño productor industrial en un 80% desde 2008, mientras en la Unión Europea esta subida ha sido de un 24%.

Compromís pide en el Congreso el cierre de la central nuclear de Cofrentes al término de su licencia en 2021

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Europa Press.- Compromís registró en el Congreso una proposición no de ley en la que exige el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) una vez expire su licencia de funcionamiento, en marzo de 2021. La iniciativa, presentada con Unidos Podemos, señala los riesgos y peligros que, a su juicio, supone la estrategia energética del Gobierno de prolongar la vida útil de las nucleares más allá de 25 años.

La solicitud de Compromís llega, además, después de que el director de Cofrentes, Tomás Lozano, anunciara que pedirá la renovación de la licencia en 2020. Con esta decisión, la central sigue la senda de otras plantas como Garoña, en la que el Gobierno estudia alargar su funcionamiento hasta los 60 años. Desde Compromís exigen al Gobierno «la apuesta por fuentes de energía alternativas», en lugar de «prolongar hasta la agonía el funcionamiento de las centrales».

Por otra parte, la iniciativa también insta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, a rechazar la construcción de un almacén temporal de residuos (ATI). A su juicio, es un proyecto «innecesario» y evidencia «el fracaso de la política de gestión de basura radiactiva», según indicó el portavoz de la formación, Joan Baldoví. Para Compromís, la energía nuclear es «uno de los principales obstáculos para las fuentes renovables limpias» e incide en la necesidad de poner en marcha un plan estatal de cierre definitivo de centrales.