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Nace Aplaca, una plataforma de afectados por el almacén Castor para reclamar indemnizaciones

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EFE.– La Plataforma de Afectados por el Proyecto Castor se personará como acusación particular en el proceso de instrucción penal abierto contra los responsables del almacén de gas situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) para reclamar indemnizaciones por los seísmos registrados en la zona. Según fuentes del colectivo, esta plataforma (Aplaca) atribuye los terremotos detectados a la inyección de gas colchón a la planta, y estiman en 40.000 el número de perjudicados potenciales por el millar de terremotos que sacudieron la zona en septiembre de 2013.

La Plataforma señaló que recurrirán a la vía civil si no hay sentencia condenatoria tras el juicio del caso Castor. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto gasístico a la mercantil Escal UGS, inició el pasado mes de octubre la ronda de declaraciones de los acusados. El objetivo prioritario del colectivo es «reclamar, como perjudicados, las indemnizaciones derivadas de los hechos delictivos a los que puedan ser condenados los ahora investigados», indicó Carlos Villacorta, el abogado que asumirá la representación de los afectados.

Los ciudadanos “pueden ser indemnizados”

Una reciente resolución reconoce el derecho de los ciudadanos a personarse como acusación particular, advirtiendo que lo han de hacer bajo una misma dirección letrada. Esta resolución es la que motiva la constitución de Aplaca, que iniciará una campaña para promover la adhesión de aquellos ciudadanos que quieran sumarse a la causa, explicó el presidente de la entidad, Joan Ferrando. El presidente de Aplaca recuerda que en dicha resolución el juzgado es «contundente» a la hora de reconocer el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños materiales e inmateriales que pudieran haber sufrido por la inyección de gas sobre la plataforma Castor.

Por su parte, el abogado Carlos Villacorta señaló que las condiciones que fundamentan «esta oportunidad de defensa de los ciudadanos» están basadas «en la causalidad entre la inyección de gas a alta presión en el subsuelo del Castor y los más de mil seísmos registrados» sobre la que, dice, «no parece que pueda plantearse ninguna duda razonable». Finalmente, Ferrando criticó la indemnización a Escal y aseguró estar “frustrado” de ver «cómo cobran sólo los poderosos, cómo a quien ha hecho daño en 15 días le dan 1.500 millones de euros».

En Comú Podem exige al Gobierno adoptar acciones legales para que Escal asuma responsabilidades por los seísmos causados por Castor

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Europa Press / EFE.- El portavoz de Industria de En Comú Podem (Podemos) en el Congreso, Josep Vendrell, y la diputada Ángela Ballester exigen al Gobierno que tome las medidas legales necesarias para exigir a la empresa promotora de Castor, Escal UGS, que asuma las correspondientes responsabilidades ambientales, administrativas y económicas por los más de 1.000 terremotos causados por la actividad del proyecto Castor.

Ambos diputados explican que han presentado esta proposición porque ven necesario que el Ejecutivo tome medidas para que la compañía, encabezada por ACS, se haga cargo de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los seísmos que afectaron al Levante español a resultas de las operaciones de inyección de gas en los depósitos submarinos. Para ello, consideran que deberían peritarse los «daños materiales y morales» que los vecinos de Tierras del Ebro (Tarragona) y el Bajo Maestrazo (Castellón) han sufrido como consecuencia de los seísmos, así como que habría que realizar estudios técnicos sobre las afecciones al medio ambiente que conllevará la hibernación de la planta.

En este sentido, la confluencia catalana de Podemos reclama también un calendario de desmantelamiento de las instalaciones del almacén, y recuerda que ya registró recientemente en la Cámara Baja una petición de comparecencia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, para que explique la «retribución adicional» de 253,3 millones de euros concedida a los promotores del proyecto en concepto de una retribución adicional. Finalmente, Podemos exige que se impulsen los cambios legales necesarias para que, en un futuro, las indemnizaciones no se paguen más con dinero público. En octubre de 2014, el Gobierno estableció una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.

En Comù Podem exige que Soria dé explicaciones al Congreso sobre la indemnización extra de 295 millones reconocida a Castor

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Europa Press / EFE.- El portavoz de En Comú Podem en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha exigido la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, para que dé explicaciones sobre la indemnización extra y secreta  de 295 millones de euros que se habría reconocido a los promotores y expropietarios del almacén subterráneo de gas Castor, cantidad que será pagada a través de la factura del gas.

El Confidencial informa de que las cuentas de 2015 del socio canadiense de ACS en Escal, el grupo Dundee Energy, revelan que en noviembre del año pasado, apenas un mes antes de las elecciones, Industria emitió una resolución aprobando una retribución adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de 42,3 millones por gastos de operación y mantenimiento a favor de los operadores de Castor. Una cantidad que se sumaría a los 1.350 millones de euros en concepto de indemnización que el Gobierno ya reconoció a Escal cuando se decidió el cierre del almacén en 2014, con lo que la factura total a la que deberán hacer frente los contribuyentes se elevaría a 1.645 millones de euros, más intereses.

El Ministerio de Industria concedió esta indemnización después de que la empresa promotora Escal UGS decidiera renunciar al proyecto Castor, almacén que llevaba meses suspendido de actividad tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona, por lo que pasó a manos del gestor del sistema gasista Enagás. El diputado de Podemos denuncia también el mecanismo por el cual la empresa Escal, participada mayoritariamente por ACS, firmó un contrato que «le permite tener beneficios seguros si todo sale bien, pero obliga a pagar con dinero público en caso de pérdidas».

Ante estas informaciones, el diputado catalán quiere que Soria comparezca en sede parlamentaria para informar sobre esta decisión, relativa a un proyecto que «nunca se tendría que haber hecho». En Comú Podem recordó que, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el proyecto costará 4.731 millones de euros sumando los intereses. «No puede ser que los consumidores tengamos que volver a pagar esta indemnización a través de la tarifa del gas durante los próximos 30 años por la sumisión de este Gobierno a los intereses de las grandes empresas», reprochó Vendrell.

Bruselas pide información al Gobierno sobre la indemnización a ACS por Castor

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EFE.- La Comisión Europea ha pedido información al Gobierno sobre la indemnización de 1.350,7 millones de euros otorgada a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, por el cierre temporal y la hibernación del almacén de gas natural Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). «Estamos en contacto con las autoridades españolas sobre esto. Nuestro análisis se está haciendo. No podemos prejuzgar el resultado en estos momentos», señaló el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso.

Se trata de un paso preliminar en el análisis de la Comisión Europea, que permitirá determinar si la indemnización supone ayudas de Estado y si se ajustan o no a la normativa comunitaria. Si no cumplieran las reglas de la Unión Europea, el Estado español podría recuperar el dinero. Castor se encuentra cerrado desde 2013 tras la oleada de seísmos registrada en la zona. Escal UGS recibió en 2014 la indemnización fijada por el Gobierno por la paralización del proyecto. El Consejo de Ministros aprobó un decreto que aceptaba la renuncia a la concesión de Castor presentada por la empresa participada por ACS y fijaba el importe de la compensación.

El Supremo admite un recurso de Cataluña en contra del cargo de Castor a la factura del gas

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EFE / Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del gas para 2015, al oponerse a que los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor se carguen a la factura del gas. Según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Supremo acordó la admisión a trámite el pasado 23 de diciembre, un año después de la aprobación de la orden ministerial.

La Generalitat aseveró que el recurso cuestiona que se considere como «costes del sistema» los gastos de mantenimiento de la infraestructura del Castor y que, por tanto, se autorice la repercusión de éstos en la tarifa que pagan los usuarios. La administración catalana considera que el coste de mantenimiento de la instalación, en su actual estado de hibernación, no puede cargarse a usuarios y consumidores dado que, entre otras razones, se trata de una infraestructura que nunca ha entrado en servicio, según el departamento de Empresa y Empleo. La cuota de mantenimiento de la instalación se eleva a unos 17 millones de euros al año.

La orden de peajes de gas establece los pagos que tienen que efectuar consumidores y productores para sufragar los costes regulados del sistema gasista, como la distribución o el transporte, así como el destino de esos fondos. Desde 2015, entre los costes regulados también figura el mantenimiento del almacenamiento de gas Castor, ubicado frente a las costas de Castellón e hibernado (cerrado temporalmente) con el objetivo de garantizar la seguridad después de registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona.

La Generalitat de Cataluña se ha pronunciado en diferentes ocasiones contra del pago de la indemnización prevista para los promotores del proyecto Castor, que asciende a unos 1.350 millones de euros y que se cargará en la factura del gas durante 30 años. Así, la administración catalana presentó en el primer trimestre de este año el recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional y ésta decidió elevarlo al Tribunal Supremo.

Enagás inicia la fase final de la hibernación de Castor, cuyo coste ascenderá a 17 millones de euros

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Redacción / Agencias.- Enagás comenzó la fase final del proceso de hibernación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, de acuerdo con lo programado y según lo encomendado por el Gobierno, cuyo proceso está previsto que concluya en noviembre, informó el gestor del sistema gasista. Un estudio del MIT decidirá el futuro del almacenamiento en el segundo semestre de 2016.

El coste total del proceso de hibernación y de mantenimiento de las instalaciones en condiciones seguras, según una estimación preliminar, será de unos 17 millones de euros en 2015. A partir de 2016, esta cantidad será previsiblemente inferior, porque no incluirá los costes del proceso de hibernación. La mayor parte de la inversión corresponde a los seguros necesarios y a los costes inherentes para garantizar la seguridad, indicó la compañía.

Enagás señaló que el objetivo del proceso de hibernación es llevar la infraestructura a «una situación de máxima seguridad, sin gas en plataforma, gasoducto e instalaciones de tierra». Además, la compañía presidida por Antonio Llardén solicitó un estudio al MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) «que permitirá disponer de una base al Gobierno sobre la que poder tomar una decisión acerca del futuro de Castor». Según la estimación del MIT, este estudio previsiblemente estará finalizado en el segundo semestre de 2016.

Sellado ante el riesgo sísmico

Para desarrollar el plan definido de hibernación, se ha realizado previamente un exhaustivo análisis de riesgos y se han contemplado diferentes alternativas, con el fin de reducir al mínimo el impacto, garantizando las máximas exigencias de seguridad. El proceso de hibernación consiste técnicamente en inertizar las instalaciones de plataforma, gasoducto submarino e instalaciones en tierra. Para ello, se cierran las válvulas de los pozos y se realiza un sellado con piezas de acero, que actúan como tapones. Tras el cierre inicial de las válvulas de los 12 pozos existentes, Enagás va a proceder al sellado de estos pozos. Para realizar esta operación, Enagás contrató a una de las tres compañías en el mundo especializadas en estos trabajos, la americana Weatherford.

Además, en las próximas semanas se procederá a llevar la infraestructura a una situación de presión mínima de gas y se evacuará de forma controlada y programada el gas remanente, mediante su combustión en la antorcha de las instalaciones del almacenamiento. Una vez realizada esta operación, la antorcha quedará apagada definitivamente. Después se realizará el llenado con nitrógeno (gas inerte que se utiliza en infraestructuras gasistas para ponerlas en situación de máxima seguridad) de las instalaciones de superficie como parte del proceso de aislamiento. Con esta operación, el almacenamiento quedará en estado técnico de hibernación.

Después, quedarán en funcionamiento los servicios auxiliares necesarios para mantener la instalación de forma segura (sistemas de detección y extinción de fuego y alumbrado) y los sistemas que permitan poder realizar el mantenimiento básico de las instalaciones. Todo este proceso está siendo auditado y supervisado por Lloyd’s, el mayor experto del mundo en servicios de auditoría independiente a empresas que operan con activos de este tipo. Lloyd’s realizó también el análisis de riesgos previo. Finalizada la puesta en hibernación, prevista para noviembre de este año, se remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo todo el dossier de documentación final con el certificado de Lloyd’s.

Enagás hará los estudios que determinarán la decisión definitiva sobre Castor

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EFE / Europa Press.- Enagás Transporte SAU se encargará de realizar los estudios necesarios que determinarán la decisión definitiva sobre el futuro del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), y se procederá a su desmantelamiento si se certifican riesgos. Así lo asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada de CiU, Lourdes Ciurò, el 16 de junio, publicada el pasado día 5 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Según el Gobierno, el Decreto ley 13/2014 de 3 de octubre establece una «solución equilibrada» en la que se determina la extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagás Transporte, que realizará el mantenimiento y operatividad de las instalaciones. Esta empresa también se encargará de elaborar los estudios necesarios «de cuyo conocimiento deberá obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de que se adopte» la decisión definitiva que determine el futuro del almacén, «debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen«.

La hibernación del almacén permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros. De esta forma, el Gobierno encargará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo Castor, antes de decidir si desmantelar las instalaciones de forma definitiva o volver a ponerla en funcionamiento, ya que el proyecto «mantiene su interés estratégico» para España puesto que forma parte del conjunto de instalaciones para la seguridad de suministro del sistema gasista español.

Los informes no son definitivos

Por otra parte, añade en su respuesta, los informes actualmente disponibles del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España «no permiten aún» emitir una conclusión definitiva sobre el episodio sísmico de 2013, sino que al contrario «recomiendan» la realización de una serie de estudios adicionales. Sobre la compensación por las inversiones efectuadas a Escal UGS, el importe que se reconoce asciende a 1.350 millones de euros, cantidad que no implica «en modo alguno» la extinción de la responsabilidad que ésta y sus accionistas deban afrontar, en su caso, por su gestión del proyecto y que será «convenientemente exigida» una vez se disponga de todos los elementos de juicio necesarios, según añade.

La organización Greenpeace calificó esta postura de «nuevo despropósito» del ministro ya que las condiciones geotécnicas del emplazamiento no han cambiado y reanudar las operaciones de reinyección de gas conllevaría, «con toda seguridad», la reactivación de la sismicidad en la zona que motivó su cierre. Según el responsable de campaña de Greenpeace España, Julio Barea, «es evidente que Soria está preocupado» por el proyecto Castor, ya que quedan «tres meses para las elecciones» y es un caso de «otro estrepitoso fracaso» de su política energética.

«A su incapacidad para solventar el déficit de tarifa eléctrica se suma ahora un nuevo y millonario déficit, esta vez en la factura del gas que terminaremos pagando los consumidores durante los próximos 30 años», indicó. Greenpeace ya denunció «el despilfarro» de dinero público que supone el almacén subterráneo, con un coste final con el pago de intereses que cifran en 4.400 millones de euros. Además, consideran que todo es consecuencia del «empeño» del Gobierno de España por «seguir beneficiando a las energías sucias y a las empresas que apuestan por ellas», en lugar de cambiar el modelo por otro basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.

Presentan una querella por presuntas irregularidades en contratos del Castor

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EFE.- Un ingeniero presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinarós una querella contra la planta de gas Castor por presuntas irregularidades en las contrataciones de los peritos por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En la denuncia se apunta a un «exceso de financiación» de este organismo y al presunto pago de complementos de productividad «de importes no justificados» a técnicos que redactaron informes y visados relacionados con estas prospecciones de búsqueda de gas en el Mediterráneo.

El proyecto Castor fue finalmente paralizado tras los 400 seísmos registrados en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y relacionados con la inyección de gas en el almacén subterráneo. La querella ha sido presentada por el ingeniero de minas Miguel Ángel Gallardo y la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, especializada en tecnologías forenses para peritajes judiciales. Va dirigida «contra todos aquellos que resulten responsables, por acciones u omisiones constitutivas de delitos que estén relacionados con los hechos narrados por el auto de 26 de enero de 2015, por el que se inician estas actuaciones».

En dicho auto, el juez de instrucción de Vinaròs imputaba a 18 cargos y técnicos del IGME y el Ministerio de Industria y directivos de la empresa Escal UGS, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La querella cita que el informe de Fiscalización del IGME realizado por el Tribunal de Cuentas observa en sus 16 conclusiones «diversas irregularidades contables e indicios claros de presuntos delitos de empleados públicos» y «grave falta de controles contables». «La gestión que realiza el IGME de los convenios de colaboración y de los proyectos técnicos realizados no permite conocer su coste ni por tanto el valor de los productos de los respectivos trabajos, lo que podría dar lugar a que el IGME hubiese obtenido un exceso indebido de financiación y que hubiese pagado complementos de productividad por importe no justificado».

El texto de la querella indica que es «muy posible que auténticos expertos en sismología puedan hacer un análisis del proyecto, de los hechos y de los riesgos, mucho mejor y por menos dinero en Japón (país que se caracteriza, precisamente por su sismicidad), que en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde no se sabe quién está estudiando no se sabe qué». Sobre la contratación de peritos, los querellantes piden al juzgado que investigue los casos que han sido «pagados con fondos públicos o por entidades dependientes de la Administración a entidades privadas como el MIT o como sobresueldos de funcionarios públicos, porque existen antecedentes e indicios de auténticas malversaciones en pruebas periciales absolutamente inútiles«.

Tejerina dice que corresponde a la Junta de Andalucía decidir sobre el almacén gasista de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, indicó que la decisión sobre el Proyecto de Almacenamientos Subterráneos que Gas Natural Fenosa promueve en el valle del Guadalquivir «corresponde íntegramente» a la Junta de Andalucía y remarcó que los técnicos del departamento ministerial emitieron una declaración de impacto ambiental favorable «sobre la base de los informes favorables» de la propia Junta. «Fue la Junta de Andalucía quién informó favorablemente en 2008», recordó.

La ministra del ramo aseguró que corresponde a la Administración autonómica «culminar el proceso» y consideró que, en este punto, el Ministerio «nada tiene que decir». «Corresponde a la Junta firmar y acordar el impacto, la evaluación integral medioambiental, porque el Ministerio ya se pronunció sobre los informes favorables de la Junta», insistió. Cabe recordar que Gas Natural Fenosa presentará alegaciones contra la propuesta, «aún provisional», de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de emitir una Autorización Ambiental Unificada (AAU) negativa a parte del Proyecto de Almacenamientos Subterráneos naturales que la compañía promueve en el valle del Guadalquivir y que forma parte de la planificación urgente aprobada por el Consejo de Ministros.

Gas Natural Fenosa advierte de que el trazado del proyecto «no entra en el Parque Nacional de Doñana en ninguno de sus puntos y en las zonas del Espacio Natural de Doñana, la antigua zona de Pre-Parque, no representa afectaciones significativas ni incompatibles con la protección del espacio natural, según ratificó por escrito la propia Dirección General que ahora emite un dictamen opuesto». Además, la compañía está estudiando las acciones legales adecuadas tanto contra «el retraso injustificado, de más de dos años, en el procedimiento, como por el cambio de criterio que representa el contenido de este nuevo informe frente al presentado en 2011 durante el trámite de Evaluación Ambiental«.

Ven «sospechosa» a la Junta

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tildó de «sospechosa» la emisión por parte de la Junta de Andalucía de un dictamen desfavorable respecto al proyecto de Gas Natural en Doñana, iniciativa que no admite atendiendo a criterios de protección del espacio y al cumplimiento de garantías medioambientales, «después de no haber presentado alegaciones». En este sentido, Sanz remarcó que «si no se presentan alegaciones no cabe luego cambiar de actitud«. «Me parece sospechoso este cambio de la Junta; viene ahora con un cambio de posición y es la única que lo ha hecho, exigiendo lo que nunca había exigido«, dijo.

En este sentido, recordó que la Junta, «hasta ahora e incluso desde el principio, había estado a favor del proyecto, conocía la realización de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en las tres partes y no se dirigió al Gobierno para pedir que fuera un único estudio de impacto ambiental, ni presentó alegaciones y, si no lo hizo, ahora no vale cambiar de posición«. Por tanto, cree que la Junta debe dar explicaciones al respecto, y le pidió «rigor, sensatez y que aplique el sentido común» porque los estudios de impacto ambiental, incidió, «no son caprichosos, ni faltos de rigor, tienen un carácter muy exhaustivo y contemplan las medidas compensatorias necesarias para salvaguardar este espacio natural tan único y privilegiado».

El CGPJ aprueba destinar una juez de refuerzo al caso Castor

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Según informó el CGPJ, su Comisión Permanente acordó el refuerzo para el juzgado que investiga si, al hilo de este proyecto gasístico, se cometieron delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales. Las medidas de refuerzo van dirigidas, concretamente, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaroz (Castellón), que desde el mes de enero instruye el caso Castor.

Una de las acciones de refuerzo aprobadas por el CGPJ, que la adoptó a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, consiste en la adscripción a ese juzgado de Vinaroz, inicialmente por un periodo de seis meses, de la jueza sustituta que estuvo al frente del mismo hasta que en febrero se incorporó el nuevo titular del órgano judicial. Esta jueza se ocupará de parte de la actividad ordinaria del juzgado junto a su titular, quien tendrá la competencia exclusiva en la tramitación del caso Castor, que cuenta ya con dieciocho imputados.

La Comisión Permanente también ha acordado otorgar la prolongación de jornada al secretario judicial del juzgado, así como solicitar a la Dirección de Justicia de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana el nombramiento en régimen de interinidad de un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal. Un esfuerzo dirigido a reforzar la actividad de un juzgado que investiga supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del almacén gasista Castor.

Las instalaciones de almacenamiento gasista Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta. El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica e inició un seguimiento especial debido al incremento de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma Castor y en su informe, concluyó que existía una «relación directa» entre la actividad de la planta y los movimientos.