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PP y Podemos facilitan con su abstención convalidar en el Congreso el decreto de ayudas por el cierre de minas

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Europa Press.- El PP y Unidos Podemos facilitaron en el Congreso con su abstención la convalidación del decreto ley que formaliza el acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronal de la minería de cara al cierre de instalaciones no competitivas. De esta forma, el Gobierno se garantiza la continuidad de este acuerdo, gracias al respaldo de PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, mientras que el PDeCAT también ha optado por la abstención.

Durante la defensa de su decreto ley ante el Congreso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno viene «trabajando en un plan de rescate» de estas empresas, facilitando las prejubilaciones y bajas incentivadas para trabajadores de estas empresas y la inclusión en bolsas de trabajo de los de empresas subcontratadas, no incluidas en el acuerdo. Sin embargo, la ministra ha apostado por centrar la actuación de los planes de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética en aquellas zonas afectadas por estos cierres, contando con sus trabajadores, y la firma de convenios «de transición justa», así como el «seguimiento transparente» de estas líneas de ayuda.

Sin embargo, Alberto Herrero, portavoz energético del PP, ha criticado que la transición planteada por el Gobierno «ni es justa ni mucho menos sostenible» y, sin rechazar las prejubilaciones planteadas, ha lamentado que el decreto sea «la estrategia perfecta para cargarse las centrales térmicas«. En este sentido, ha criticado que las políticas industriales del Gobierno hayan desencadenado los anuncios de cierre en fábricas como las de Alcoa, Cemex o Vestas, y que vayan a suponer, para zonas como Andorra (Teruel), «el punto y final a una comarca» y la herida «de muerte» a la provincia.

Por parte de Podemos, tanto Ana Marcello como Segundo González han criticado la insuficiencia de las partidas presupuestadas para reactivar las comarcas, que han pedido mejorar en los Presupuestos, y también que se queden fuera de las prestaciones los trabajadores subcontratados. Así, han criticado que el compromiso del Gobierno a «estudiar la posibilidad de mejorar las prestaciones» para estos, no deja de ser «una mera declaración de intenciones». «No es que no nos valga a nosotros, es que no les vale a ellos», lamentó Marcello.

Ciudadanos cuestiona las ayudas pasadas

Melisa Rodríguez, responsable de Transición Ecológica de Ciudadanos, ha avalado las ayudas pero cuestiona la eficacia de los planes precedentes, señalando la alta tasa de desempleo en estas comarcas y la ausencia de una reconversión industrial. «¿Dónde está ese dinero que se supone que se ha destinado? ¿La situación de las cuencas ha mejorado después de todos estos planes?», se preguntó, reclamando un mayor seguimiento de todo este dinero, con el fin de comprobar que las partidas «llegan a los mineros», y reclamando una comisión parlamentaria para investigar estos fondos.

Por parte del PSOE, Ignacio Urquizu ha defendido que las ayudas facilitan «una salida digna» a la minería y nuevas oportunidades a sus trabajadores, y ha celebrado que el acuerdo alcanzado se haya llevado a cabo dando la palabra a sindicatos y patronal, «quienes saben y están en la cuenca». Joan Capdevila, de ERC, ha avalado las medidas, «no sin antes poner en duda su ejecución real» ha puntualizado, y Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha pedido no excluir a cuencas mineras catalanas, además de alertar un posible conflicto de competencias con las comunidades autónomas.

Los sindicalistas celebran la convalidación

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (FICA UGT) ha celebrado la convalidación por parte del Congreso de los Diputados del acuerdo para lograr una transición energética justa para la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, ya que considera que es «el mejor acuerdo posible, además de razonable y positivo». El sindicato subraya que este acuerdo, que ha sido convalidado después de que fuera aprobado el pasado diciembre por el Consejo de Ministros, «pone las bases definitivas para desarrollar una transición energética justa en el país».

UGT subraya que ha mantenido desde el principio «una defensa cerrada e inequívoca del carbón autóctono» como parte del mix energético y, por ello, recuerda que ha insistido en esta reivindicación hasta pactar con el Gobierno que, más allá del 2018, y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, «se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a una minería competitiva«.

PSOE y Podemos piden cerrar las nucleares a los 40 años mientras el PP descarta alternativas porque subirían los precios

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Europa Press.– PSOE y Podemos defienden el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas cumplan su vida útil de diseño, es decir, a los 40 años de vida, mientras que el PP asegura que, actualmente, no existe ninguna alternativa a la energía nuclear en España que permita “mantener la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables«. Así lo expresaron durante su participación en un debate en el Congreso sobre El futuro de la energía nuclear en España.

El posicionamiento del portavoz de Energía del PP, Alberto Herrero, se ha centrado en el «lastre económico» que el cierre de las nucleares puede suponer para el país y señaló que esta situación llevaría a España a «un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación» cuando, a su juicio, lo que se necesita es «seguridad y confianza» en el sistema eléctrico para el fortalecimiento de la industria. El popular recordó las actuales fuentes de energía que se utilizan para cumplir con el suministro, como la hidráulica, eólica, carbón, ciclos combinados y nuclear, un despliegue de opciones que, para Herrero, son «todas imprescindibles» para «caminar hacia la transición energética», a pesar de que algunas tengan «inconvenientes».

Tanto PSOE como Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta postura ya que, aunque reconocen que no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear, no creen que sea «imprescindible» en un futuro próximo. En ambos casos abogan porque las centrales se cierren cuando los permisos de vida útil que están en vigor actualmente se terminen, es decir, que se vayan cerrando según vayan caducando sus licencias de actividad.

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, defiende el cierre de las plantas «a través de planes ambiciosos de eficiencia energética» que, según ha señalado, también «pueden generar decenas de miles de empleos«. En contraposición a la postura del PP, para Uralde «no todo puede convivir» y, aunque reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100% en renovables «no es fácil», cree que se debería «empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto antes».

También el diputado del PSOE, Álvaro Abril, ha criticado el estancamiento en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años el debate sobre la transición energética. «Son posiciones complicadas, pero hay que tomar una decisión en el Congreso teniendo en cuenta a la parte social, ecologistas y sindicatos, y decidir cuál es el modelo energético que se quiere«, ha apuntado el portavoz socialista.

Finalmente, el portavoz en la Comisión de Energía de Ciudadanos, Vicente Ten, considera que estas medidas que se están reclamando para avanzar en la transición energética del país se lleven a cabo ahora, «cuando el arco parlamentario es propicio» a que se puedan llevar a cabo acuerdos ante la falta de mayorías absolutas que, en su momento, «limitaron las decisiones». «Es bueno que la llegada de nuevos partidos al arco parlamentario dé estabilidad a la democracia interna», aseveró Ten, para llamar a lograr un Pacto de Estado en esta materia.

Asimismo, y aunque el diputado de Ciudadanos no se pronunció acerca de un calendario de cierre de las nucleares, sí que ha señalado que su postura en esta materia es confiar en los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para ello, reclama una despolitización de este organismo público cuya imagen, a su juicio, no transmite confianza a la población.

El debate ha sido organizado a iniciativa del presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que, además, estará acompañado del presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Portugués, Pedro Soares. Ambos políticos han estado trabajando en los últimos meses sobre este tema debido a la preocupación del país vecino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) previsto junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a unos 140 kilómetros de Portugal.

En los últimos meses la energía nuclear ha estado presente en la actualidad del Congreso. El Gobierno comunicaba a la Cámara Baja su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú para el cierre progresivo de las centrales nucleares, argumentando que su aplicación tendría importantes efectos presupuestarios. Del mismo modo, la Mesa del Congreso vetaba en marzo una visita de la Comisión de Energía al Parlamento de Portugal para tratar el tema de Almaraz.