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Izquierda Unida reclama al Congreso que deje de contratar con las principales compañías eléctricas y busque un suministro «100% renovable»

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Europa Press.- Izquierda Unida ha planteado en el Congreso que la Cámara Baja deje de contratar con comercializadoras «del oligopolio» y apueste por compañías pequeñas, basadas en la economía social y que suministren energía «100% verde«. Así, registró una proposición con la que buscan que el Congreso declare «su compromiso de primar la electricidad ecológica cuando adjudique el contrato de suministro de energía eléctrica para sus edificios».

Esta actuación se encuadra dentro de la campaña lanzada por esta formación bajo el nombre de Cambia de Bando, con la que anunció que daría de baja sus contratos con grandes compañías en sus 262 sedes, y animaba a sus militantes y simpatizantes a hacer lo mismo. La iniciativa, firmada por el portavoz de esta formación en el Congreso, Alberto Garzón, también busca que el Congreso reconozca «el carácter de servicio público del modelo energético y la necesidad de cambiarlo para superar la dependencia energética, favorecer el interés general y contribuir a la sostenibilidad ambiental».

Para Garzón, «el cambio de modelo energético es condición necesaria para avanzar hacia un nuevo modelo productivo» que, a su juicio, «ha de ser incompatible con el capitalismo neoliberal, causa de la agudización de las injusticias y las desigualdades en y con el planeta». En el caso de España, critica que el modelo se apoye en el uso de combustibles fósiles, a pesar de no ser un territorio productor, y «el control» del mercado eléctrico «por parte de un oligopolio».

Aun reconociendo que el cambio a comercializadoras más pequeñas y de la economía social «sería un gesto» que no supondría «un cambio del modelo en su conjunto», Izquierda Unida destaca que «desconectarse de las comercializadoras del oligopolio» permitiría «introducir en el debate público el papel que juega el oligopolio energético». Por su parte, la responsable federal de Estrategias para el Conflicto, Sira Rego, impulsora de Cambia de Bando, señala que tratan de «promover una migración desde las grandes comercializadoras del oligopolio hacia aquellas más pequeñas basadas en la economía social».

Izquierda Unida presenta una iniciativa en apoyo al carbón que no gusta a Podemos ni a Equo

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Europa Press.- Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para garantizar el futuro de las comarcas mineras dedicadas a la extracción del carbón en Asturias que no gusta a sus aliados parlamentarios de Podemos y Equo.

En concreto, la iniciativa reclama la integración de las empresas mineras asturianas en la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI); el impulso de una industria sostenible que cumpla con los acuerdos de disminución de emisiones; el rescate, reindustrialización y diversificación de la actividad en las cuencas mineras; y la auditoría de los fondos Miner. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha manifestado su «apoyo absoluto y rotundo» a esta PNL y a la clase trabajadora que, según él, «está sufriendo la incompetencia del PP y la maldad, porque son conscientes del beneficio que está produciendo a otras grandes empresas importadoras del carbón extranjero».

Respecto al desacuerdo con formaciones como Podemos y Equo al presentar una PNL que apoya al sector del carbón, Garzón ha reivindicado que Izquierda Unida es «una fuerza autónoma e independiente» que tiene «autoridad propia suficiente para presentar una PNL o cualquier otra proposición«. La iniciativa se ha registrado para su debate y votación en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, donde no se verá reflejada esa disidencia interna porque sólo ocupan dos puestos. Garzón también se ha referido a su confluencia con Podemos como «una alianza electoral necesaria», pero que tiene «una heterogeneidad en su seno bastante importante».

Volviendo a la propuesta, Garzón señaló que su objetivo es tomar medidas para reducir el carbón de importación y poder usar el nacional, «que es el que genera puestos de trabajo». «Cuando denunciamos que el PP está atacando a las cuencas mineras, está atacando a familias enteras, a barrios enteros, lo que decimos es que hay una forma alternativa de tratar esta cuestión sin hipocresía y pensando en las comarcas y en sus gentes», concluyó. En este sentido, el coordinador general de Izquierda Unida Asturias, Ramón Argüelles, añadió que hay que «reindustrializar las comarcas mineras» para que los jóvenes vuelvan.

Por su parte, el alcalde de Mieres, Aníbal José Vázquez, ha opinado que España con el tema del carbón es «una auténtica verbena». «Nadie en su sano juicio puede estar en contra de las energías renovables, pero mientras tanto en este país se están consumiendo 20 millones de toneladas de carbón extranjero», ha añadido. Vázquez ha concluido criticando el cierre de la minería pública española y ha argumentado en su defensa que «el carbón de fuera» contamina tanto en su extracción como en su transporte.

Cataluña investiga a las eléctricas mientras Podemos exige a Gas Natural que no permita más muertes por cortes del suministro

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EFE / Servimedia.– El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, exigieron ante las sedes de Gas Natural Fenosa que no se permitan más muertes por cortes de luz, una situación «inaceptable» en un país como España. Por su parte, el consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, avanzó que la Generalitat investigará de oficio a las eléctricas en 15 días para asegurarse de que cumplen la ley y no cortan la luz a personas vulnerables.

Baiget indicó que estas inspecciones, en las que se preguntará por los protocolos seguidos en los cortes de suministro, se realizarán en toda Cataluña y que sus resultados se harán públicos. Asimismo, el consejero se ha comprometido a crear un grupo de trabajo que propondrá al Gobierno un nuevo bono social, ya que el actual «no es un bono social real», y ha defendido que las empresas suministradoras «deberían asumir sus costes». Además ha mostrado su voluntad de negociar convenios con las empresas que todavía no se han sumado a los que el Gobierno catalán ha establecido con algunas compañías para frenar la pobreza energética.

Reunión con Villaseca para negociar

Asimismo, el Gobierno catalán impulsará una campaña de difusión y promoción de la ley de pobreza energética que aprobó el Parlamento por unanimidad en 2015 para que las personas afectadas conozcan sus derechos. Por otro lado, Baiget conversó por teléfono con el consejero delegado de Gas Natural Fenosa y ambos coincidieron en la necesidad de reunirse tras la polémica surgida por la muerte en Reus (Tarragona) de una anciana en un incendio, después que se iluminara con velas al haberle cortado el suministro de luz. El consejero de Empresa reiteró que Gas Natural «debe sentarse en la mesa» y no descarta aplicar algunas medidas de presión para que las eléctricas colaboren, como son las cláusulas sociales en los contratos públicos.

Por su parte, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, ha lamentado que haga falta que muera una mujer «para que la Generalitat haga cumplir la ley». Campuzano ha pedido a la Generalitat que, pese a que la vida de una persona «no tiene precio», multe con un millón de euros a Gas Natural, la mayor sanción posible. Asimismo, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Oriol Illa, ha coincidido en cargar contra Gas Natural por su «negligencia» y ha instado a la Generalitat a intensificar las inspecciones a las eléctricas para demostrar si el corte de suministro sin aviso a la administración es una «práctica asidua» o no.

Podemos contra Gas Natural Fenosa

Cerca de 300 personas se congregaron ante la sede de Gas Natural Fenosa en Madrid, convocados por Podemos, coreando lemas como «No son muertes, son asesinatos», «Este invierno, nadie sin luz», «Nacionalizar Gas Natural» o «¡Sin luz, sin gas, el Rey tenía que estar!» para protestar por la muerte de la anciana de Reus. Iglesias ha criticado que en España, «la cuarta economía de la zona euro, haya personas que tengan que morir, porque empresas eléctricas que facturan beneficios y que pagan planes de pensiones y sueldos de escándalo a sus directivos dejen sin luz y sin calefacción a compatriotas».

Por ello, Iglesias ha reclamado a Gas Natural que cumpla la ley. «No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción», ha afirmado el líder de Podemos tras destacar que estar en la calle protestando contra estas ilegalidades «también es hacer oposición», si bien ha anunciado que su grupo presentará una interpelación en el Congreso sobre este tema. Iglesias no considera, sin embargo, que esta interpelación vaya a tener mucho efecto, mientras España siga gobernada «por partidos políticos que tienen a algunos de sus expresidentes y exministros en consejos de administración de empresas como estas».

Garzón ha criticado el silencio de los grandes partidos políticos cuando lo que ha pasado va, ha dicho, en contra de la Constitución, que establece que la riqueza de España debe estar subordinada al interés general. «Empresas como Gas Natural son el ejemplo de que se incumple la Constitución sistemáticamente», ha afirmado Garzón, que considera importante poner «rostro a los culpables del saqueo y de la muerte de estas personas». «Reivindicamos algo tan sensato como eso, que nadie debe morir por sencillamente ser pobre cuando tenemos recursos suficientes», insistió. Esta protesta se ha celebrado de forma simultánea en 26 sedes de Gas Natural de otras tantas ciudades españolas, convocadas por Unidos Podemos con el lema «La pobreza energética mata #NadieSiLuz».

Nadal debuta en el Congreso

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparecerá por primera vez en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles para responder a dos preguntas en la sesión de control al Gobierno sobre pobreza energética, así como a una interpelación urgente sobre esta misma materia. Además, Nadal también deberá contestar a dos cuestiones en el pleno del Senado sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas, y si considera suficientes las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética.

La inquietud por este asunto se ha multiplicado en los últimos días tras la muerte de Reus. Las preguntas serán formuladas por la diputada socialista María Pilar Lucio y de Ciudadanos Melisa Rodríguez, mientras que la interpelación es del grupo parlamentario de Unidos Podemos. En referencia a este asunto, el ministro ya explicó que tras conocer la noticia se puso en contacto con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Reus para ofrecer su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética.

Además, Nadal defendió que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía» y recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas. En estos últimos días, tanto Endesa como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido al nuevo titular de Energía que tome medidas en relación con la pobreza energética.

Izquierda Unida solicita la comparecencia de Soria en el Congreso para hablar del carbón

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EFE.- Mientras los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, Ciudadanos y Foro Asturias han expresado su apoyo al sector de de la minería del carbón tras reunirse con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal Carbunión, la propia Izquierda Unida solicitó la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, en la Comisión de Industria para que analice el sector de la minería en España y dé cuenta del Plan del Carbón.

La solicitud de comparecencia fue registrada por el dirigente de la formación, Alberto Garzón, que solicita a Soria que explique los «incumplimientos» denunciados por patronal y sindicatos sobre este acuerdo de actuación que firmaron conjuntamente con el Gobierno. Asimismo, Izquierda Unida ha dirigido una pregunta al Gobierno en funciones para que sea responda por escrito sobre si es cierto que el consumo acordado de carbón nacional por parte de las eléctricas no se está cumpliendo. Así solicita al Ejecutivo que haga un balance sobre el Plan del Carbón y recuerda que dicho pacto contemplaba que durante su vigencia la presencia del carbón nacional en el mix energético sería del 7,5%.

Izquierda Unida señala que la patronal Carbunión y los sindicatos han denunciado que después de casi dos años y medio de la firma existe una «agonía y angustia» en todas las empresas de las comarcas mineras ya que el consumo de carbón nacional por parte de las eléctricas no se está cumpliendo. «Si no se corrige esta situación, es el fin del sector, del empleo directo e indirecto y las comarcas mineras podrían acabar siendo zonas despobladas», concluye Izquierda Unida.

Ciudadanos y Foro Asturias también

Por su parte, Ciudadanos y Foro Asturias, además de la propia Izquierda Unida expresaron su apoyo al sector de de la minería del carbón tras reunirse con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal Carbunión. Estas reuniones se desarrollan para buscar apoyos en el Congreso que se sumen al acuerdo general en defensa de la minería del carbón impulsado por los agentes del sector. Recientemente sindicatos y patronal se reunían con PSOE y Podemos con el mismo fin y sacaron, además del apoyo al sector, una proposición no de ley que se presentará el próximo martes para bonificar al carbón con el céntimo verde, gravando el carbón de exportación elevando la competitividad del nacional.

Así se trasladó a los grupos parlamentarios la necesidad urgente de que se convoque la comisión de seguimiento del Plan del Carbón para valorar su grado de cumplimiento, implementar el Mecanismo de Pago por Capacidad, valorar la posibilidad de exención del céntimo verde, fomentar las inversiones en I+D+i para la captura y almacenamiento de CO2, y valorar el estado de las negociaciones con la Unión Europea. Además, y con carácter de urgencia, han pedido que adopten medidas encaminadas a favorecer de forma inmediata que las eléctricas compren carbón nacional, ya que “es la única manera efectiva que hay de reactivar el mercado del carbón nacional”.

Soria se defiende de su vinculación a los Papeles de Panamá mientras la oposición pide su dimisión o cese

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Redacción / Agencias.- Mientras Izquierda Unida-Unidad Popular exige su marcha, el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, asegura que la relación de su familia con la empresa UK Lines era «pura y exclusivamente comercial» y que no tuvo «ningún vínculo accionarial ni de responsabilidad o dirección». Así se expresó Soria tras la publicación de su nombre en los conocidos como papeles de Panamá como administrador de esta empresa offshore con sede en Bahamas creada por el bufete Mossack Fonseca.

«No he tenido ninguna participación ni como socio ni como directivo ni como administrador ni en concepto alguno», reiteró. Además, explicó que se trataba de una empresa 100% británica que prestaba servicios de asistencia portuaria en Reino Unido a los barcos procedentes de Canarias. En cuanto a la aparición de su hermano en los papeles de Panamá aseguró que él también desconoce el motivo, ya que tampoco tuvo responsabilidades directivas en la empresa. Por ello, aseguró ser «el primer interesado» en que se aclare lo ocurrido y calificó de «error» el hecho de que aparezca su nombre como administrador de esta compañía durante unos meses en 1992, cuando, según recordó, no había entrado en política.

Con el objetivo de facilitar la investigación y evitar problemas con la confidencialidad, el ministro pidió a Fiscalía investigar cualquier aspecto relacionado con su persona en cualquier sociedad panameña. Preguntado por las solicitudes de comparecencia en el Congreso, mostró su disposición a dar explicaciones, aunque defendió que el Gobierno en funciones no tiene que responder al control de la Cámara. Por último, reiteró que «no tiene ningún viso de realidad eso que se ha publicado». «Lo que se dice es falso», apuntó Soria, que aseguró desconocer «por qué mi nombre apareció y luego lo quitaron».

El ministro de Industria en funciones reiteró que él no tiene «nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal». Además, ha dado instrucciones a su abogado para que solicite una comisión rogatoria y las autoridades panameñas sean las que determinen si aparece o no su nombre. Según los Papeles de Panamá, Soria fue administrador durante unos meses de 1992 de una sociedad registrada en Bahamas y que ha aparecido en la documentación interna del bufete Mossack Fonseca, según El Confidencial y La Sexta, participantes en la investigación de estos papeles con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

En septiembre de 1992, Mossack Fonseca registró la sociedad UK Lines en Bahamas e inscribió como administradores de la misma a Tomás Poggio, Méndez Fernández de Lugo y José Manuel Soria. Sin embargo, el nombre del ministro desapareció de la sociedad a los pocos meses, en noviembre de 1992. El bufete pidió cambiar a los administradores de la compañía indicando que Soria había sido nombrado de forma errónea y en su lugar se nombró como administrador a su hermano Luis Alberto Soria. La sociedad se disolvió en marzo de 1995, pocas semanas antes de que empezase la campaña electoral que llevaría al actual ministro a la alcaldía de Las Palmas.

Izquierda Unida exige más investigaciones

El representante más contundente de la oposición ha sido el portavoz de Izquierda Unida-Unidad Popular en el Congreso, Alberto Garzón, que exigió al Gobierno que inicie los trámites necesarios para que la Fiscalía Anticorrupción investigue la vinculación de José Manuel Soria con los llamados Papeles de Panamá y «tratar de averiguar cuáles son los orígenes del dinero y todas las tramas que hayan podido rodear» su creación en un paraíso fiscal. «Queremos aclarar todas las circunstancias y para eso requeriremos mucho más que la palabra del ministro y del PP. Exigiremos que la Fiscalía Anticorrupción tome partido para averiguar qué es lo que está pasando en este país», ha reiterado.

Pero, además, Garzón exigió la «dimisión inmediata» del ministro en funciones o, en su defecto, su cese por parte del presidente Mariano Rajoy, dada la situación «absolutamente sospechosa» en la que se ve envuelto Soria, y que «se suma al cúmulo de sospechas que cubren toda su trayectoria política y profesional«.»Esta dimisión es necesaria porque es verdaderamente vergonzoso que alguien con ese cargo sea responsable del mantenimiento de una cuenta en un paraíso fiscal. Sencillamente es muy sospechoso que la gente tenga su dinero en un paraíso fiscal, porque nadie se abre una cuenta allí para tener mejor operatividad a la hora de sacar dinero de su cajero», ironizó Garzón.

Por ello, e independientemente de la existencia de delito o no en este caso, el dirigente de Izquierda Unida critica que Soria sume estas nuevas «sospechas» a otras ya existentes en relación con «varios casos de corrupción, algunos de ellos prescritos», por los que se ha visto salpicado. En este punto, el diputado advirtió a Rajoy de que «cada minuto que pase desde que se ha conocido esta información y hasta que Soria dimita» él será «corresponsable directo» de la situación, dado que fue el presidente en funciones el que nombró al ministro de Industria.

Colau lo ve «muy grave»

También se pronunció la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que considera «muy grave» la aparición del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, en los llamados Papeles de Panamá; por eso ha llamado a trabajar desde las instituciones para acabar «con la impunidad». «Es muy grave que un ministro se vea implicado, pero vamos a ver cómo se resuelve», comentó Colau, alegando que no tenía más información al respecto. Eso sí, ha subrayado que, ante este tipo de noticias, lo que tienen que hacer las instituciones es poner las bases para que este tipo de cosas no sigan sucediendo.