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Red Eléctrica ve «absolutamente necesario» alargar el funcionamiento de las centrales nucleares «al menos 10 años»

Europa Press / EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, considera «absolutamente necesario» e «imprescindible» alargar la vida útil de las centrales nucleares en España «al menos 10 años», según convenga el regulador CSN, si se quieren alcanzar plenamente los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero durante el proceso de transición energética para reducir hasta un 95% las emisiones de CO2 en 2050. Incluso lo considera «inevitable» para alcanzar la reducción de emisiones comprometida para 2030 en el marco del Acuerdo de París.

En la Comisión para el estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados, Folgado ha destacado que la nuclear jugará un papel «relevante» durante el tiempo que dure la transición energética y resaltó la importancia de potenciar las interconexiones eléctricas, el mallado de la red y la eficiencia energética, aspectos que «salvarán» en el largo plazo a España junto con sus «ventajas competitivas». A su juicio, la transición energética debe llevar a que la energía sea un «motor» económico y no factor limitador económico, «a diferencia del pasado». En ese tránsito, ve un mix de tecnologías en el que las nucleares y el carbón serán «absolutamente necesarias» para maximizar el uso de renovables.

En cuanto a los plazos, no cree que las centrales de carbón puedan ir más allá de 2030 y de las nucleares ve que alargar su vida 10 años es «realmente» necesario para bajar los precios, reducir las emisiones y cumplir objetivos. «Soy partidario de que, como reza el documento de expertos sobre transición energética, se alargue el funcionamiento de las centrales nucleares«, ha zanjado. Por otro lado, ha pronosticado que la «masiva implantación de renovables» será una fuente sostenible de energía en España, incluso por encima de otros países a pesar de sus dos limitaciones, como son su imposibilidad actual de almacenar energía primaria y a su extraordinaria variabilidad.

Además de no generar emisiones de CO2, Folgado recordó que las nucleares no encarecerían el precio de la luz, y representan un «respaldo competitivo» para las renovables con el fin de garantizar la seguridad del suministro hasta que se desarrollen tecnologías de almacenamiento masivo de las renovables. El presidente de REE subrayó a los diputados que «la energía ha estrangulado el crecimiento económico de España», fundamentalmente por el desequilibrio de precios y la dependencia de energía importada, alrededor de un 75%, frente al 50% de los países del entorno, por lo que ha pedido que la Ley de Cambio Climático que salga de esta comisión tenga en cuenta esta variable.

En este sentido, para cumplir los objetivos energéticos respecto a los compromisos de la Unión Europea y del Acuerdo del Clima de París, ve fundamental avanzar en una mayor electrificación de la sociedad, fomentar la movilidad sostenible, aumentar la participación de las renovables en el mix y maximizar el uso de la capacidad ferroviaria para el transporte de mercancías, que está en el 4%, frente al 20% en otros países europeos, mejorando la infraestructura de vías actual para garantizar el acceso del tren a los núcleos industriales. «Hay que dar un paso de gigante en ese tema», subrayó Folgado, que indicó que la introducción de renovables en el sistema eléctrico de cara a 2030 no debe ser inferior al 60%.

Respecto a la movilidad sostenible, ha señalado que es «irreversible» la mayor electrificación del transporte dadas las tendencias globales y los compromisos de descarbonización asumidos. Por otro lado, sobre el vehículo eléctrico valora que se esté iniciando su despliegue a pesar de las «importantes barreras de entrada» que sufre a consecuencia de su coste más elevado, su menor autonomía y la escasa infraestructura de recarga. Por eso insistió en que un plan de movilidad sostenible debe incluir estímulos, como favorecer fiscalmente los vehículos eléctricos, y una regulación adecuada pero ha apostado porque se va a producir con «bastante rapidez» un proceso de cambio en las líneas de montaje hacia coches híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Del mismo modo, considera importante actuar en el tema de los buques, que atracados en los puertos contaminan «una barbaridad», y cree que el mayor porcentaje de ahorro y eficiencia debería llegar por el acondicionamiento del parque de viviendas, que supone un 11% de las emisiones de CO2. En ese ámbito, asegura que hay un potencial de mejora de la eficiencia energética en 12 millones de viviendas en España, para lo que aconseja aprobar un nuevo código de edificación, establecer la obligatoriedad de hacer una certificación energética, y apostar por sistemas como geotermia o aerotermia, las placas de inducción o la sustitución por electrodomésticos de bajo consumo, entre otras medidas.

En definitiva, Folgado opina que para el desarrollo masivo en el medio y largo plazo de las renovables y mantener los precios competitivos es un «requisito imprescindible» avanzar en el mercado interior de la energía con el desarrollo de un buen mallado de red de transporte energético y en las interconexiones eléctricas que permitirán utilizar tanto la eólica marina del mar del norte a la solar del sur de España en el conjunto de Europa.

El segundo compareciente en la comisión, Alberto Amores, experto en transición energética de la consultora Deloitte, coincidió con Folgado en que cerrar las centrales nucleares «no es una alternativa lógica» ya que «subiría el precio de la luz y habría que recurrir a más consumo de gas o carbón». Amores ha incidido en que la expansión masiva de renovables, la eficiencia energética y la electrificación de la demanda final de energía, especialmente en sectores como el transporte y la edificación que representan el 75% del consumo final, son las claves para la descarbonización de España.

Las inversiones en redes eléctricas necesarias hasta 2030 requerirán mantener la rentabilidad en el 7% para poder abordarse según Deloitte

Europa Press / EFE.- La transición energética para alcanzar los objetivos medioambientalesfijados por la Unión Europea, avanzando hacia una economía descarbonizada, requerirá unas inversiones en redes eléctricas de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030 y el mantenimiento de una tasa de retribución razonable del 7%, «consistente con la observada en otros países europeos del entorno y sus costes de capital«, según La contribución de las redes eléctricas a la transición energética, informe elaborado por Deloitte.

El sistema eléctrico español tendrá que integrar, según el estudio, 35 gigavatios (GW) de nueva potencia, debido a la gran cantidad de instalaciones renovables que habrá. «Para permitir esta transformación, serán necesarias unas inversiones de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030, de los que 29.000 y 34.000 millones de euros deberán ser realizados por los operadores de redes», señaló Alberto Amores, socio de Deloitte en la presentación del estudio, en el que han participado además las principales empresas de redes de transporte y distribución en España (Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidroeléctrica del Cantábrico, Viesgo Distribución y Red Eléctrica de España), así como las asociaciones sectoriales ASEME y CIDE.

Pese a la magnitud de las cifras, Amores resaltó que el volumen de inversiones que se requerirá no supondrá un esfuerzo muy superior al que se ha venido haciendo en España, donde en el periodo 2005-2016 fue de una media anual de 2.200 millones de euros. La previsión del estudio de Deloitte para el periodo 2017-2030 se sitúa entre 2.000 y 2.400 millones de euros anuales, por lo que Amores considera que es una inversión factible, dentro del límite regulatorio y sin gran impacto sobre la base de activos regulatorios (RAB) neto de los operadores.

De este esfuerzo inversor que deberán realizar los operadores de redes, entre 14.000 y 15.000 millones de euros irán destinados a su modernización y actualización con nuevas tecnologías de las redes, de los que casi la mitad estarían destinados a las redes de baja tensión hasta 2030, que son las que más se verán afectadas por la obsolescencia para gestionar una demanda que será muy diferente a la actual, con más renovables, mayor electrificación y nuevos modelos de consumo. Asimismo, entre otros 5.000 y 6.000 millones de euros, un 13% de la inversión, irían destinados a la digitalización y automatización de las redes, lo que reduciría costes y permitiría crear nuevos servicios para el usuario.

Estas inversiones en redes tendrían un impacto positivo en la economía española ya que el 95% de ellas sería servida por la industria nacional, preparada para suministrar los nuevos equipos y soluciones que se requerirán, y se generarían unos 40.000 puestos de trabajo durante el periodo 2018-2030, creando «empleo de calidad, con una baja temporalidad y alta cualificación«. El peso de la mano de obra nacional se situaría entre el 50% y el 60%, según el informe, que recuerda que las redes eléctricas contribuyen en cerca del 30% al Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y suponen el 40% de todos los empleos que aporta el sector eléctrico.

No obstante, el informe destaca que las inversiones deben de obtener una rentabilidad adecuada, por lo que propone una tasa de retribución del 7% para el siguiente periodo regulatorio. El Gobierno debe definir en 2019 la tasa de retribución financiera para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) para las distintas actividades del sector. Al respecto, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, desveló su intención de aplicar la revisión correspondiente según la legislación, que vincula la rentabilidad al rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos para el caso de las redes, por lo que la rentabilidad caería respecto a los niveles actuales del 6,5% a alrededor del 4%.

El estudio señala que la regulación establece que la tasa de retribución financiera debe responder a una retribución adecuada a una actividad de bajo riesgo, al coste de financiación de operadores de redes comparables y a las necesidades de inversión del siguiente periodo regulatorio. Así, Deloitte propone esa tasa del 7% para el próximo periodo regulatorio basándose en el coste de capital de los operadores de red en España, con una media del 7%; así como en un diferencial medio sobre la deuda soberana que alcance al reconocido a estas actividades en países del entorno, de 490 puntos básicos con una previsión del coste de la deuda española del 2,1%.

El informe también destaca que el coste de las redes, teniendo en cuenta las inversiones a realizar y la tasa de retribución propuesta, junto con el incremento de la demanda eléctrica asociado, se traduciría en aproximadamente un 10% de reducción del componente de redes de la tarifa, debido a que el incremento de costes será significativamente inferior al de la demanda eléctrica hasta 2030. En términos globales, el coste del suministro eléctrico para el consumidor podría reducirse un 30-35% en términos reales entre 2015 (130 euros por MWh) y 2030 (entre 85-90 euros por MWh).

El recibo de la luz podría bajar un 55% en 2050 cumpliendo los objetivos de reducción de emisiones, según Deloitte

Europa Press.- El recibo eléctrico sería hasta un 55% más barato en 2050 si se cumplen los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos por la Unión Europea, según el informe Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050 realizado por Deloitte.

Según establecen los objetivo fijados de reducción de emisiones, de entre el 80% y el 95% respecto a los niveles de 1990, la tarifa eléctrica en 2030 sería un 30-35% inferior a la tarifa media actual, cayendo a los 85-90 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 130 euros/MWh de 2015, mientras que para 2050 dicha reducción llegaría hasta el 50-55%, con precios de 60-65 euros/MWh, según el estudio.

Para la consultora, esta caída en la tarifa se basaría en el crecimiento de la demanda eléctrica, que permitiría diluir los costes entre un mayor volumen de energía, a pesar del esfuerzo inversor a realizar durante el período, así como en la desaparición antes de los importes a dedicar a la financiación del déficit de tarifa y de los incentivos a las plantas de generación renovable del antiguo régimen especial.

Presentando el informe, Alberto Amores, socio monitor de Deloitte, destacó que este proceso de descarbonización «no es una obligación sólo de las empresas o de la Administración, los hogares también tienen que contribuir, dado que la edificación, residencial y de servicios, supone una parte muy importante del consumo energético y de las emisiones del país». Además, el informe plantea cambios en la tarifa eléctrica, como la eliminación de costes no relacionados con el suministro eléctrico como las tasas e impuestos, o una mayor adaptación del coste a las franjas horarias, lo que permitiría que España dejara de ser el séptimo país con la factura de electricidad más cara de Europa.

En lo que respecta al mix energético, Deloitte ve necesario mantener las plantas de generación de energía convencionales (térmicas convencionales y nucleares) a medio plazo para asegurar una transición energía eficiente, ya que su cierre anticipado obligaría a inversiones de 6.800 millones de euros. A este respecto, el informe subraya que para conseguir los objetivos de descarbonización en el horizonte de 2030 es importante mantener abiertas todas las opciones de generación de energía, sobre todo debido a la incertidumbre que plantea el desarrollo de tecnologías de almacenamiento a gran escala.

Deloitte calcula que si en 2030 no hubiera plantas de respaldo térmico convencional, se necesitaría una inversión en almacenamiento de entre 10 y 30 billones de euros, «una cifra obscena» que representa un coste inasumible para el consumidor eléctrico, señaló Amores. De esta manera, en escenarios de alta electrificación, el previsible cierre de todas las plantas de carbón nacional en 2020 obligaría a construir nuevas centrales térmicas en el horizonte de 2025, con un coste de 800 millones de euros. En estos mismos escenarios, el cierre de las centrales de carbón importado en 2030 conllevaría un coste de 3.000 millones en nuevas centrales de respaldo, mientras que cerrar las centrales nucleares supondría una inversión adicional de 3.000 millones de euros.

La consultora establece 4 escenarios diferentes para los próximos años, entre los que destacan el de alta eficiencia eléctrica y que considera una electrificación muy alta de la economía y actuaciones muy intensas en eficiencia energética, y el escenario continuista en el que se sigue más o menos como hasta ahora en cuanto al peso de los productos petrolíferos y en el resto de actuaciones de eficiencia energética. En todos los escenarios, el gas natural tiene un peso creciente durante la transición. El escenario de alta eficiencia eléctrica es además el único que puede hacer frente a los objetivos más ambiciosos de reducción de CO2 que ya está planteando Europa.

En lo que se refiere a las inversiones, estima que serán necesarios un total de 510.000 millones de euros entre 2017 y 2050 en el escenario de descarbonización para poner en marcha las medidas que permitan la electrificación de la demanda y la eficiencia energética en la edificación. De esta cifra, la mayor parte se destinaría a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética (110.000 millones) o la puesta en marcha de centrales de energía renovable (105.000 millones).

También habría importantes partidas para el cambio modal del transporte de mercancías al ferrocarril y apoyo a la compra de coches eléctricos (45.000 millones), el desarrollo de redes de transporte y distribución de electricidad (40.000 millones) y las medidas de eficiencia en la industria (10.000 millones). Este escenario descarbonizado, además de cumplir con los objetivos medioambientales, supone ahorrar 380.000 millones de euros a largo plazo en importaciones de combustibles fósiles y dinamiza la actividad económica, al cambiar el gasto en hidrocarburos por una mayor inversión.

España necesitará invertir 385.000 millones para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones, según Deloitte, que recomienda mantener nucleares

Europa Press / EFE.- España necesitará invertir entre 330.000 y 385.000 millones de euros, unos 10.000 millones de euros anuales, para cumplir con los objetivos de reducción de CO2 establecidos por la Unión Europea para el año 2050, entre un 80% y un 95%, según el informe Un modelo energético sostenible para España en 2050 de la consultora Deloitte.

De este importe total, entre 185.000 y 251.000 millones de euros, deberán destinarse a la generación eléctrica libre de emisiones, fundamentalmente a las renovables, entre 50.000 y 59.000 millones de euros a redes de transporte y distribución energética, entre 38.000 y 73.000 millones de euros a eficiencia energética y conservación y entre 29.000 y 39.000 millones de euros al cambio de vector energético. En la presentación del informe, el socio de Deloitte, Alberto Amores, destacó que estas cifras «son asumibles» ya que están en línea con la cantidad anual media invertida por el sector eléctrico durante la época de crecimiento.

Según Deloitte, para alcanzar ese compromiso de reducir las emisiones de carbono entre el 80% y el 95%, será necesario que el peso de la producción renovable alcance en el horizonte de 2050 más del 90% del total, frente al 38% actual. Esto quiere decir que de los actuales 52 gigavatios (GW) de renovables instalados en la actualidad se deberá pasar a entre 161 y 216 GW en 2050. Esta implantación de renovables requeriría además una capacidad de respaldo de unos 40 o 63 GW.

Además, la consultora considera necesario que se mantengan en funcionamiento tanto las plantas térmicas como las nucleares durante el periodo transitorio, ya que «para un mundo descarbonizado la nuclear tiene todo el sentido porque no emite y permite hacer un balance adecuado de aquí al 2030», señaló Amores. Así, el estudio advierte de que el cierre prematuro de las centrales térmicas convencionales instaladas, de carbón y ciclos combinados, requerirá nuevas centrales de gas natural a partir de 2020, ya que en ese momento es previsible que todavía no estén disponibles las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía necesarias para el respaldo del sistema, lo que significaría nuevas inversiones por valor de 3.500 millones de euros.

«Prescindir prematuramente de determinadas tecnologías o combustibles, como la nuclear, el carbón, el petróleo o el gas, pondría en riesgo el cumplimiento de estos objetivos y en definitiva la seguridad de suministro del modelo energético», señala Deloitte. Asimismo, apunta que el cierre de las plantas nucleares cuando cumplan 40 años supondría un incremento de las emisiones de CO2 y una subida del precio del mercado diario de electricidad de hasta 8-10 euros por megavatio-hora (MWh).

Electrificación progresiva de la demanda

Deloitte también señala que para alcanzar estos objetivos medioambientales será necesario limitar los productos petrolíferos a usos en los que no hay alternativa, como el transporte aéreo, y sustituirlos en otros usos por electricidad o por gas natural. En este sentido, supone que en España prácticamente todos los vehículos deberían ser eléctricos en 2050, para lo que se deberían vender en 2030 ya unos 750.000 vehículos, mientras que en 2015 apenas se vendieron 2.300 unidades en España; que entre el 40% y el 60% del transporte pesado se tendría que realizar por ferrocarril, cuando actualmente el 95% es por carretera, y que el 90% de los consumos de cocina, calefacción y agua caliente en viviendas y empresas debería ser eléctrico.

El informe también apunta a una serie de objetivos de «transición» para 2030: los coches eléctricos deberían suponer para ese año entre el 7% y el 10% del total, entre el 20% y el 25% del transporte de mercancías se tendría que hacer por ferrocarril eléctrico o entre el 34% y el 46% de los camiones deberían usar gas natural. Otras medidas tendrían que ver con la eficiencia energética a partir de la rehabilitación de edificios existentes, actuaciones en nueva edificación y nuevos procesos industriales.

Junto a estas recomendaciones, el informe apunta una serie de medidas que ayudarán a cumplir con esos objetivos como cambios en la fiscalidad de CO2, inversiones públicas en el transporte ferroviario, apoyo al vehículo eléctrico, promover el aislamiento en los hogares, extender la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años o eliminar de la factura eléctrica los sobrecostes derivados de políticas energéticas que distorsionan el precio final.

Según Deloitte, la descarbonización permitiría rebajar en un 42% el precio medio de la electricidad que pagan los consumidores, al pasar de los actuales 120 euros por megavatio hora (MW) a entre 65 y 75 euros por MWh. Este descenso se debe principalmente al aumento de la demanda, que se duplicaría por su electrificación, y a la desaparición ya en ese horizonte del déficit del sistema y de la retribución actual a las renovables, que estará ya amortizada. Además, habrá una menor dependencia energética, ya que estima que en 2050 serán necesarios entre 7 y 15 millones de barriles de petróleo, frente a los 416 millones de barriles de 2013, con lo que bajaría la millonaria factura petrolera de España.