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Municipios del entorno de Garoña se oponen a un ATI sin garantía de que vaya a construirse el ATC

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Europa Press / EFE.- Los municipios del entorno de la central de Santa María de Garoña mostraron su oposición a la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos (ATI) si no hay garantías del traslado de los mismos a un Almacén Temporal Centralizado (ATC) como el previsto en Villar de Cañas (Cuenca) y además no hay un plan alternativo de desarrollo para esta zona.

Así lo han expresado los alcaldes de una docena de localidades burgalesas y dos alavesas ubicadas en el entorno de la central, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento de Valle de Tobalina en Quintana Martín Galíndez para analizar las posibles consecuencias de su cierre. En concreto, asistieron a la reunión los alcaldes de las localidades burgalesas de Bozoo, Cascajares de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta Urria, Miraveche, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra, Santa Gadea del Cid y Valle de Tobalina y los de las alavesas de Lantarón y Valdegovía.

Todos ellos, ante las informaciones que apuntan a un posible planteamiento de Iberdrola de cerrar la central, han criticado la «falta de interés» de la empresa Nuclenor de mantener informados a los municipios del entorno sobre las decisiones que se toman y afectan a sus vecinos, «a pesar de las constantes declaraciones de voluntad de transparencia«, según comunicaron. Además, consideran que esta decisión puede ser «más grave» por los «vaivenes» a la hora de decidirse sobre la continuidad, dado que ha provocado el «abandono» y la «desaparición» del Plan de Desarrollo Económico Alternativo a la Central Nuclear que el Estado puso en marcha en 2009, cuando se publicó el decreto de cierre de la planta.

No al ATI sin ATC

De la misma forma, han criticado lo que a su juicio entienden como la verdadera voluntad: «la explotación de un territorio aislado de pequeños municipios a su interés y el abandono cuando sus intereses les llevan a otra parte». Este grupo de municipios considera «más rechazable» aún esta filosofía en el caso de Garoña al pretenderse la construcción de un almacén de combustible gastado, el «residuo radiactivo más peligroso», al aire libre «sin ningún plan de desmantelamiento del mismo», ya que en estos momentos consideran que no se puede confiar en un supuesto ATC como garantía de su posterior traslado.

De esta forma, estas localidades acordaron reafirmar su voluntad de trabajar conjuntamente para «hacer frente» a la situación que se causa con un posible cierre de Garoña y la intención de construir un almacén de residuos de alta actividad en el emplazamiento de la central nuclear mientras no existan «garantía» de un plan de desarrollo para la zona nuclear y también de su traslado futuro a un almacenamiento adecuado. Asimismo, reclaman a Nuclenor, al Estado y a Castilla y León un plan de desarrollo alternativo de la zona incluida dentro de los 10 kilómetros de la central nuclear que asegure un futuro «digno» a los vecinos de los pueblos que han convivido con la central durante más de 40 años.

Estos municipios recuerdan que las zonas aledañas a Zorita, «sufren» las consecuencias de un cierre nuclear y que, como el resto de centrales, «van a sufrirlas en un futuro no muy lejano». Este conjunto de localidades ha recordado que el cierre de la central nuclear de Garoña, según el estudio realizado por el Colegio de Economistas de Burgos con la financiación de Nuclenor, causará unos efectos «altamente negativos» en el entorno de la central, que serán «peores» para la zona más cercana a la misma, cuya dependencia a la instalación «es mayor por cuanto este tipo de instalaciones, si bien suponen una cantidad importante de puestos de trabajo, no generan ningún tipo de economía alrededor que permanezca a su cierre».

La Diputación Foral de Álava se personará en el expediente de reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press / EFE.- La Diputación Foral de Álava anunció que se personará ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su condición de interesada, tanto en el procedimiento de autorización de un almacén temporal individualizado para la central nuclear de Santa María de Garoña, como en el de la renovación de la autorización de reapertura de la central burgalesa.

El Consejo de Diputados de Álava ha acordado solicitar «audiencia, vista y acceso» a los expedientes e información pública ambiental, después de que sus servicios jurídicos hayan confirmado que la institución alavesa es «parte interesada» en los procedimientos relacionados con Garoña. El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), explicó que la Diputación ha tenido «conocimiento extraoficial» de ambos expedientes porque «en ningún caso, ha sido informada o tenida en cuenta por el Ministerio de Industria en estos expedientes». Sin embargo, la Diputación Foral considera que ambos expedientes, cuya resolución aún no se ha dictado, «sí que afectan a la institución y sus intereses legítimos«.

González insiste en que tras el acuerdo formal de personamiento, la Diputación «solicitará poder opinar sobre los expedientes» y que se le dé traslado completo de toda la información. El diputado general reconoce que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, podría entender que la Diputación no es parte interesada, algo que a su juicio sería «absolutamente fuera de lo normal«. En ese caso ha advertido que la entidad foral «agotará todas las vías judiciales para que se la tenga en cuenta como parte personada».

En este sentido, ha recordado que tiene competencias en Medio Ambiente y Urbanismo, que incluyen el Ciclo Integral del Agua, Paisaje, Conservación de la Naturaleza, Biodiversidad y Especies Protegidas de Flora y Fauna. Asimismo, ha subrayado que la Diputación es una de las Administraciones Públicas que, por proximidad geográfica, queda incluida en el Plan Director de Protección Civil de la central nuclear de Garoña, ubicada a 40 kilómetros de Vitoria.

«Resulta incuestionable que la Diputación ostenta un interés legítimo en cualquier actuación o procedimiento que tenga como resultado la adopción de actos administrativos o disposiciones normativas susceptibles de afectar de forma directa a una pluralidad de intereses que esta Administración foral debe salvaguardar en relación con las personas y sus bienes, situados en un entorno muy próximo a la central nuclear», detalla el informe jurídico.

Protesta contra Garoña este sábado

Las Juntas Generales de Álava han organizado el próximo 19 de marzo un acto social e institucional contra la posible apertura de la central nuclear. El acto llega tras una moción aprobada en el pleno del 29 de noviembre en la que se instaba al parlamento del País Vasco a convocar a la mayor brevedad posible un gran acto institucional y social que visualice el rechazo «masivo y unánime» del territorio a cualquier intento de mantener la actividad de Garoña.

De esta forma, la Plaza de la Provincia de Vitoria acogerá este sábado un acto en el que un centenar de colectivos participarán en el acto organizado por las Juntas Generales para «visibilizar el rechazo unánime» de la población a un posible reinicio de la actividad de la central. El acto comenzará a las 12.00 horas, con la creación de una estructura formada por globos que representará «la opinión mayoritaria» en el territorio y finalizará con la lectura de un manifiesto «redactado por una destacada figura de la cultura alavesa».

«Las significaciones políticas presentes en el parlamento alavés no son sino la representación de la voluntad de todos los alaveses y, por lo tanto, deben actuar como motor en aquellas cuestiones que afecten y/o preocupen a esta sociedad«, insistieron desde las Juntas alavesas. Asimismo, han subrayado que la iniciativa busca «impulsar un marco en el que estas personas puedan manifestar su opinión acerca de un asunto que forma parte indiscutible de la actualidad del territorio».

Foro contra Garoña se concentrará este miércoles frente a la sede del PP en Vitoria para denunciar sus «engaños»

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Europa Press.- El Foro contra Garoña se concentrará este miércoles a las 19.00 horas frente a la sede del PP en Vitoria para denunciar los «engaños» y las «maniobras» para facilitar la «reapertura» de la central nuclear burgalesa, de la que reclaman su cierre definitivo ya que se encuentra muy próxima a varios municipios alaveses, y critican las «fábulas» contadas por los populares alaveses durante la campaña electoral.

Este colectivo critica que el PP y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el que los consejeros designados por el PP suman mayoría, «siguen adelante en su empeño» para propiciar la reapertura de la central, que permanece cerrada desde 2012, pero cuyos propietarios (Endesa e Iberdrola) pretenden reabrir. El Foro contra Garoña ha reprochado al PP y a su «brazo ejecutor» del CSN que hayan «desoído» a todos los grupos del Congreso de los Diputados, salvo el del PP, que han reclamado la «paralización» de toda medida que, en caso de revertirse un eventual permiso de reapertura, pueda dar lugar a una posterior reclamación de indemnizaciones por parte de los propietarios de la central.

Podemos asegura que los «intentos» del PP para reabrir Garoña pueden suponer una indemnización de 900 millones de euros a sus propietarios

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Europa Press / EFE.- Podemos ha asegurado que los «intentos» del Gobierno del PP en funciones para «facilitar» la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar «más de 900 millones de euros» a las arcas públicas en concepto de indemnización a sus propietarios, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, denunció las «decisiones» que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031. El portavoz de Equo recordó que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que, según la normativa que regula estas situaciones, su margen de acción debe ser «el despacho ordinario de asuntos públicos». En este sentido, López de Uralde considera que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña por un período de 15 años exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

Asimismo, el portavoz de Equo argumentó que el PP logró a finales del año pasado el «control absoluto» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el PP, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene 3 representantes «afines» sobre un total de 5, con lo que dispone de la «mayoría absoluta» del CSN. Uralde incidió en que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, inició un procedimiento «específico» para «acelerar» los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, indicó que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura. López de Uralde subrayó que existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva. No obstante, advirtió de que si fructifican los «intentos» del PP para «facilitar» el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Nuclenor: Endesa e Iberdrola) a reclamar una indemnización por «lucro cesante», es decir, por el dinero que dejaría de ganar si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó «más de 900 millones» de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia. Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito, desde Podemos alertan de que «otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera» mantener el cierre«. Esto, según alerta Podemos, podría causar «graves problemas a la hacienda pública«.

La formación morada registró además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña definitivamente, a impulsar un plan de reactivación económica para la zona y a establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta. Asimismo, Podemos registrará también en las Cortes Generales una proposición para impulsar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico mediante la eliminación de las «trabas» actuales, la simplificación de los trámites y la creación de una legislación que favorezca esta opción.

El ecologismo político llega al Congreso con tres diputados de Equo y Garoña y el fracking entre sus objetivos

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Servimedia / EFE.- Con el objetivo de cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y parar cualquier proyecto que utilice la técnica de la fractura hidráulica en España, el ecologismo político de Equo irrumpe en la undécima legislatura del Congreso de los Diputados con tres diputados que se presentaron a las elecciones con Podemos. Son Juan López de Uralde, Rosa Martínez y Jorge Luis Bail.

López de Uralde, coportavoz federal de Equo, concurrió a los comicios como cabeza de lista de Podemos en Álava y ganó las elecciones en esta provincia, con 48.265 votos. Rosa Martínez, también coportavoz federal de Equo, entrará también en el Congreso al figurar en el segundo puesto de la lista de Podemos-Ahal Dugu en Vizcaya. Esa provincia ponía en juego ocho escaños, que se han repartido EAJ-PNV (3), Podemos (2) y PSE-EE, EH Bildu y PP (1 cada uno). Y Bail lideraba la candidatura de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común en la provincia de Huesca, donde también consiguieron escaño el PP-PAR y el PSOE, todos ellos con un asiento en el Congreso de los Diputados.

En ninguna de las legislaturas anteriores coincidieron al menos tres diputados verdes. El primero de todos fue Paco Garrido, entonces portavoz confederal de Los Verdes y que obtuvo un escaño por Sevilla al presentarse a la lista del PSOE en las elecciones generales de 2004, de las que saldría el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos años después logró un asiento otro representante de Los Verdes, Joan Oms.

Por otro lado, López de Uralde se mostró «satisfecho» por los resultados de Equo en las elecciones generales y destacó que en Álava la formación morada consiguió «el porcentaje más alto de votos y la mayor diferencia con el segundo». «Hemos batido a la cúpula del PP en el País Vasco, con el ministro Alfonso Alonso y el exalcalde de Vitoria Javier Maroto», indicó. Precisamente, el propio Maroto se ha quedado fuera del Congreso. «Desde luego, para nosotros hay motivos para la satisfacción. Hemos conseguido tres diputados en las listas de Podemos y eso nos da una plataforma para seguir trabajando por la ecología política y la defensa de nuestros planteamientos desde el Congreso», apuntó.

López de Uralde expresó su deseo de que Podemos pueda gobernar para «llevar adelante» las propuestas de la formación ecologista, aunque se mostró prudente, a la espera de «ver cómo se desarrollan las conversaciones». «Nos presentamos con dos objetivos. Primero, que nuestros votos y la ecología política se sumaran al cambio, que era tan necesario en este país y es un momento histórico poder trabajar por él. Y segundo, con el objetivo a largo plazo de consolidar el ecologismo político en España», apostilló. Por último, López de Uralde indicó que llevará al Congreso de los Diputados «la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad«, asuntos en los que lleva trabajando en las tres últimas décadas.

Una plataforma de empresas pide cambios en las tarifas de acceso a la red eléctrica

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EFE.- La plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión, reclama cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad, al considerar que la actual contiene «incoherencias», que provocan al País Vasco un sobrecoste de 100 millones de euros anuales. La plataforma es promovida por SEA-Empresarios alaveses, junto con Grupo ASE asesores energéticos, Metro Bilbao, Federación Española de Asociaciones de Fundidores, Transporte Metropolitano de Barcelona, y Desarrollo Protección Medioambiental.

El origen de la problemática se encuentra en la clasificación de las redes eléctricas en tres categorías en función de la capacidad de éstas para transmitir electricidad. La plataforma considera que existe una «correspondencia» entre estas tres categorías y los escalones de tarifas de acceso, salvo para las tensiones nominales de 25 y 30 kilovatios, en la que asegura que «no hay coherencia entre la categoría de la línea y la tarifa aplicada». Estas tensiones fueron clasificadas como redes de segunda categoría por sus características técnicas, pero sin embargo las empresas conectadas a ellas liquidan tarifas de acceso como si fueran redes de tercera categoría.

Considera que esta «incoherencia regulatoria» supone una «discriminación» para las empresas en lo que se refiere a las instalaciones de extensión necesarias para acceder al suministro y en lo relativo a las liquidaciones de estas tarifas. Para esta plataforma, la actual regulación provoca «arbitrariedad e inseguridad jurídica» y, además, «un sobrecoste» para las empresas afectadas, que estiman actualmente en 1.800 en el País Vasco. La plataforma propone que las redes eléctricas de 25 y 30 kilovatios, enmarcadas actualmente dentro del escalón de tensión 1 de la tarifa, pasen a estar dentro del escalón 2 de la tarifa, lo que supondría una rebaja de su coste.

El Gobierno vasco cree que debería haber sido consultado sobre el ATI de Garoña mientras Alfonso Alonso apela al CSN

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Europa Press / EFE.- Después de que el ministro de Sanidad y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, eludiera pronunciarse sobre este asunto, la consejera de Medio Ambiente del País Vasco, Ana Oregi, indicó que el Gobierno vasco debería haber sido consultado y haber tenido «voz» en la posible construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central nuclear de Garoña (Burgos), y anunció que exigirá al Ejecutivo central la documentación al respecto para «evaluar el alcance de las acciones».

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente emitió el pasado mes de octubre una Declaración de Impacto Ambiental «favorable» al proyecto del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central nuclear de Garoña por un periodo inferior a 10 años, un trámite que fue interpretado por los movimientos ecologistas como un paso hacia la reapertura de la central burgalesa. Al respecto, Oregi aseguró que el Gobierno vasco exigirá la documentación «para tener la ocasión de estudiarla y evaluarla». También recordó que «una y otra vez» el Gobierno vasco manifestó su posición a favor del cierre de Garoña «de una manera definitiva y sin ningún otro tipo de consideración al respecto más allá de su cierre inmediato y total».

País Vasco exige tener «voz»

Según explicó, «parece ser» que el Gobierno central «ha llevado a cabo una serie de procedimientos» en los que no ha consultado «ni al Gobierno vasco ni a la Diputación foral de Álava» porque, en su opinión, «ha entendido que, al estar fuera de Euskadi, las cuestiones que plantea no tienen afección» en la comunidad autónoma vasca. «Obviamente, no estamos de acuerdo con esa consideración, respetamos las decisiones del órgano ambiental actuante, pero, dadas las circunstancias y la ubicación de la central, a unos 40 kilómetros de Vitoria y próxima a Álava, Euskadi debería de haber tenido conocimiento y voz dentro de los procedimientos administrativos previos, como territorio limítrofe y que, además, puede verse afectado por las actividades evaluados», señaló.

Alonso (PP) no quiere «interferir»

Por su parte, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha eludido pronunciarse en torno a la instalación del ATI en Garoña para no crear «interferencias políticas» en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El también presidente del PP del País Vasco, formación que votó en el Parlamento vasco en contra de la reapertura de Garoña, indicó que la decisión definitiva corresponde al CSN. «Son los que saben; y nosotros no hacemos interferencias políticas en esas decisiones, que deben tener el máximo aval técnico y garantizar de manera absoluta la seguridad», aseguró Alonso, que confía en que «ese sea el criterio que definitivamente pese, y que las decisiones se tomen sobre esa base de la seguridad y la gestión más correcta».

«Rajoy dejará solucionada la reapertura»

Desde las filas del PNV, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que tiene «la sensación» de que el Gobierno de Rajoy dejará la cuestión relativa a la central nuclear de Garoña «solucionada» antes de las elecciones, ante la eventualidad de que un nuevo ejecutivo pudiera impedir la reapertura. En su opinión, los «movimientos» que el Gobierno central ejecutó en los últimos días en relación con Garoña «conducen a pensar» que existe «una alta probabilidad» de que la central nuclear burgalesa vuelva a abrir. El diputado general recalcó que son movimientos que se producen «a 4 días del final de la legislatura» por lo que «da la sensación de que quieren garantizar la reapertura«.

González se refirió a las dos cartas que la Diputación alavesa ha enviado a los ministerios de Industria y de Medio Ambiente. En ambas cartas muestra su «total oposición» hacia un proyecto que se ha decidido «sin consultar» a este territorio, lo que a su juicio prueba que Álava se ve «sistemáticamente ninguneada» por el Gobierno de Rajoy. Para González, el territorio alavés sería el «más afectado» por la reapertura de la central, ya que «los riesgos no conocen fronteras».

El diputado general criticó la actitud del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en este asunto, y aseguró que en su lugar «se le caería la cara de vergüenza» al comprobar cómo el Consejo de Ministros toma decisiones «en contra de Álava y de la opinión de sus propios compañeros de partido en territorio alavés». En su opinión las decisiones del Gobierno central sobre Garoña prueban que el PP de Álava «no pinta nada para Rajoy».

Bildu pide el amparo comunitario

Mientras tanto, EH Bildu presentó tres preguntas parlamentarias ante la Comisión Europea para saber si está al tanto de que el Gobierno español «pretende reabrir» la central nuclear de Garoña, y si es consciente «de los riesgos que conllevaría«. En su iniciativa, el europarlamentario de EH Bildu Josu Juaristi recuerda que esta instalación fue diseñada para 40 años, pero tras las modificaciones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su vuelta a la actividad, entre las que se encuentra la verificación del estado funcional y de la integridad estructural de la vasija del reactor y de sus componentes, «Garoña podría estar en funcionamiento un total de 61 años».

Juaristi alerta de que actualmente sólo falta el dictamen del CSN, que se espera para los próximos meses, para que la central vuelva a ponerse en funcionamiento. Advierte de su «antigüedad, falta de inversiones, junto a las denuncias de irregularidades acumuladas sobre la misma» y pone de relieve que las instituciones de Álava se han pronunciado con claridad a favor del cierre y desmantelamiento de Garoña. Recalca, en este sentido que Álava tampoco quiere un cementerio nuclear a escasos kilómetros de la central, «ya sea de forma temporal o definitiva».

El PSOE vasco advierte de que el PP «apuesta claramente» por reabrir la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El PSOE vasco advirtió de que el PP «apuesta claramente» por prolongar la vida útil y reabrir la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a varias localidades alavesas. Los socialistas se sumaron de esta forma a los sectores que alertan sobre la supuesta intención del Gobierno central y del PP de permitir la reapertura de Garoña, cuya licencia de explotación expiró en 2013 y que desde entonces permanece inactiva.

En los últimos días, la Diputación de Álava y el colectivo Araba Sin Garoña expresaron su «preocupación» ante la posibilidad de que el Gobierno del PP «trate de forzar» la vuelta a la actividad de la central antes de las elecciones generales previstas para finales de año. En este sentido, el secretario de Política Ambiental y Energía del PSE-EE Álava, Daniel Senderos, denunció la «prisa» del Gobierno central por construir un ATC. En su opinión, la actitud del Gobierno respecto al ATC responde a «la urgencia de su intención de prolongar la vida útil de las centrales nucleares y favorecer así la reapertura de Garoña».

El PSOE reprochó al Ejecutivo central que anteponga los «intereses privados a la seguridad de los ciudadanos». Senderos destacó que la central de Garoña «no aporta nada al sistema eléctrico estatal», ya que «está más que amortizada y obsoleta», lo que supone «un riesgo para los municipios y sus ciudadanos«. Por ello el PSOE advirtió de que seguirá trabajando «a todos los niveles institucionales y jurídicos» para que la central nuclear de Garoña no se reabra. Los socialistas han destacado la necesidad de que «la transición energética llegue a Álava», para lo que reivindicó el autoconsumo «para democratizar un sector dominado por el oligopolio eléctrico».

La CEOE de Cantabria pone en marcha junto a otras patronales una operación de compra agrupada de energía

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Europa Press.- Reducir los costes energéticos de las empresas con suministro de baja tensión y bajos consumos en la tarifa de alta tensión 3.1 y potenciar el ahorro en ocho de cada diez empresas de Cantabria es el objetivo del nuevo servicio que, en colaboración con otras cinco patronales del norte de España, ponen en marcha desde CEOE-CEPYME Cantabria.

Los empresarios de Álava cuentan ya con una primera experiencia en la que han logrado, para este 2015, que 160 puntos de suministro ahorren más de un 20% en la factura de la luz, según informa la CEOE. Para trasladar la información relevante y los detalles del proceso que se seguirá en esta operación, CEOE-CEPYME Cantabria organizó un encuentro empresarial que contó con la colaboración de varios responsables de la Confederación de Empresarios de Álava (SEA), que encabeza la operación tras atesorar una primera y exitosa experiencia en este ámbito.

En el transcurso del encuentro, se revisaron las condiciones para participar en el servicio, la documentación necesaria, los aspectos técnicos y la operativa de la subasta. Las patronales participantes en esta operación conjunta prevén sumar más de 1.000 puntos de suministro, «lo que supondrá un importante ahorro para las empresas que participen». El presidente de CEOE Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña, destacó que «comenzamos a trabajar conjuntamente con otras organizaciones, a crear sinergias y a unir esfuerzos para lograr mejores resultados para nuestras empresas».

Seis patronales empresariales del norte de España se unen para comprar una energía más barata

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EFE.- Seis patronales, impulsadas por la patronal alavesa SEA y compuestas por Adegi (Gipuzkoa), CEOE-CEPYME Cantabria, FAE-Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Federación de Empresarios de La Rioja y Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, han conformado el primer grupo español empresarial para comprar de forma agrupada energía de baja tensión y conseguir un ahorro en las facturas de las empresas que participen, fundamentalmente pymes y micropymes.

Según las primeras estimaciones de estas patronales, podrían adherirse a esta compra conjunta alrededor de mil empresas de estas asociaciones, aunque a este acuerdo inicial está abierto a la incorporación de otras organizaciones empresariales españolas que quieran participar y, por tanto, a sus asociados, según explicó el secretario general de SEA, Juan Ugarte. De hecho, el presidente de SEA, Pascal Gómez, confirmó que hay otras organizaciones empresariales interesadas en formar parte de este nuevo grupo.

Esta iniciativa fue impulsada por la patronal alavesa porque fue la primera organización empresarial que acudió, en febrero, a una subasta de energía agrupada en la que participaron unas 160 pymes que lograron un ahorro en sus facturas energéticas del 20,05%. Ugarte precisó que no se pueden dar cifras del ahorro que se podría lograr con esta nueva compra agrupada de energía, aunque puso como referencia ese 20,05% conseguido en febrero, e insistió en que lo que sí se puede garantizar es que las empresas que se adhieran conseguirán el mejor precio que oferten las comercializadoras de energía, mucho mejor que si se gestiona individualmente.

Gómez indicó que será en octubre cuando se lance la subasta de manera conjunta para el período comprendido entre noviembre de este año y diciembre de 2016. Asimismo recordó que la electricidad en España es más cara que en el resto de Europa y por tanto lastra el precio de los productos, procesos y servicios. Todos los responsables de las patronales firmantes agradecieron a la impulsora SEA esta iniciativa y destacaron que representa un acuerdo histórico, cuyos resultados pueden aumentar los beneficios de sus asociados al reducirse el coste energético.

Según Ugarte, en una primera fase se sumarán todos los puntos de suministro que se adhieran a la compra y se pedirá individualmente para cada uno de ellos, a todas las comercializadoras, el mejor precio que puedan dar. Ya entonces se garantizará el mejor precio que individualmente puedan obtener en ese momento, destacó. Pero una vez determinadas estas cifras, se juntará la totalidad del consumo energético que se presume correspondiente a las empresas que participan y se propondrá una subasta en la que se lanzará un precio de salida para la comercializadora de energía que quiera llevarse todo el paquete.