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El Gobierno, Carbunión y los sindicatos del carbón rubrican el acuerdo para garantizar una transición justa para el sector minero

Europa Press.- El Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) han rubricado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El acuerdo ha sido firmado en un acto que ha contado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón. Ribera destacó que con este acuerdo se resuelve «la primera tarea urgente» que se encontró encima de la mesa cuando llegó al Gobierno.

«Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás«, añadió la ministra, que subrayó además que el compromiso del Gobierno «es a largo plazo» y que esta firma es «solo el comienzo del diálogo».

Mientras, Valerio consideró que el acuerdo es «una demostración de que el diálogo social funciona», aunque siempre sea «muy difícil conseguir el 100% para todos«. «De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos esforzamos por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad», reivindicó.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en 5 años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras. Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de finalizar 2018. De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Así, este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

El acuerdo contó finalmente con la rúbrica también de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100% su contenido. «Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector», señaló el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia. En la misma línea se mostró el secretario general de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, que destacó que se firmó «el mejor acuerdo posible, pero no el acuerdo que hubiera querido firmar».

Mientras, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, valoró que este acuerdo supone «superar una época de incumplimientos de gobiernos anteriores y de abandono de los trabajadores» y garantizar una transición energética que «debe ser justa». Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, destacó que el pacto representa «un comienzo, no el final de nada».

Los sindicatos abordan con el Ministerio de Industria la implantación del coche eléctrico y la necesidad de empresas de baterías

Europa Press.- CCOO y UGT Fica se han reunido con la ministra de Industria, Reyes Maroto, con la intención de trasladarle la necesidad de un Pacto de Estado por la Industria. El secretario general de UGT Fica, Pedro Hojas, señaló que ambicionan un posible Pacto de Estado por la Industria con matizaciones y aportaciones del nuevo Gobierno, y pusieron encima de la mesa los problemas relacionados con otros Ministerios, como el energético.

Para UGT, es fundamental tener una energía competitiva y que no represente un coste superior al 30% que existe actualmente de diferencial con los países industriales europeos y ve necesario que el Ministerio «se apoye» en los consensos del anterior Gobierno para sacar adelante la Estrategia Industrial del Programa 2020-2030. En el encuentro con Maroto, se ha abordado la implantación del coche eléctrico, la digitalización y la necesidad de que en España se establezcan empresas de baterías y de desarrollo de nuevos materiales y combustibles.

El secretario general de Comisiones Obreras, Agustín Martín, ha explicado que para pasar por ese Pacto de Estado por la Industria, es necesario un Pacto de Transición Energética, que garantice que en las transformaciones no se pierda empleo. Además, ambos secretarios han asegurado que todos los sectores son importantes y estratégicos y han mostrado su descontento con las declaraciones sobre el diésel que, aseguran, «son alarmas innecesarias y tienen un serio impacto sobre el empleo».

Teresa Ribera compromete ante el sindicato CCOO un plan de transición justa que complementará a la Ley de Transición Energética

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado un Plan para la Transición Justa, que será complementario a la futura Ley de transición energética, cuyo borrador verá la luz probablemente antes de agosto. En la Jornada sobre transición energética y justa, organizada por Comisiones Obreras, la ministra señaló que entre los primeros objetivos del Gobierno está facilitar una transición justa con un modelo energético, social y productivo diferente en el que ningún colectivo o región se quede atrás.

Para ello, ve fundamental fortalecer “el entendimiento y el diálogo social”, así como hacer visibles las oportunidades de empleo e inversión en un nuevo modelo de producir diferente. La ministra opina que es «indispensable» que las personas se sitúen «en el centro» del proceso para lograr una «nueva etapa» en España «más justa socialmente y más realista ambientalmente«. Por eso, ha insistido en la necesidad de un plan en el marco de una estrategia seria y participativa y, por ello, ha dicho que su Ministerio está trabajando acompañado de otros departamentos como Industria y Trabajo, pero ha añadido que también se necesita implicar a Economía, Hacienda y «también a Educación». Esta es, según añadió, una «prioridad» del presidente del Gobierno.

Respecto al Plan de Transición Justa, ha detallado que será una parte «complementaria» de la Ley de Transición Energética necesaria para dar «un giro a las políticas llevadas hasta la fecha». Ribera considera que no basta con decir que se necesita una economía baja en carbono sino que hay que «facilitar» ese proceso de cambio, hacer factible la creación de empleo sostenible en el tiempo, priorizar las oportunidades y propuestas para las comunidades locales. Además, añadió que es «imprescindible» que esta transición tenga en cuenta los contextos culturales, sociales y económicos de la población, pero también sus emociones. «Es imprescindible que los pueblos, sociedades y comarcas entiendan que lo que se está haciendo es la mejor opción», ha insistido Ribera.

Al respecto, la ministra ha dicho que para no dejar a nadie atrás en esta transición se tendrá que realizar un acompañamiento financiero, político, industrial que permita dar credibilidad a este proceso y cree que hacerlo es una «obligación» que solo puede hacerse desde el diálogo y la correcta observación de prioridades. «Necesitamos un marco coherente. Es un debate importantísimo. Necesitamos, por tanto, entender, incorporar los ajustes, los cambios, corregir aquello que no funciona con una visión amplia que vaya más allá», ha concluido. En este contexto, resaltó que las emisiones de gases invernadero son un lastre para España, los ciudadanos, las actividades económicas, los inversores y los trabajadores, tanto del presente como del futuro».

Ribera ha destacado que el proceso hacia una transición ecológica «no es una actividad reservada exclusivamente a los activistas ambientales», sino que desde la política se debe trabajar «intensamente» para construir medidas que tengan cobertura «más allá del corto plazo». Por otra parte, la ministra quiso destacar la «fragilidad» que presenta el equilibrio ecológico en la actualidad y la necesidad por crear un «modelo diferente» en España. Además, ha expresado que desde la Administración son conscientes de que aún quedan heridas «no cerradas» desde la crisis y que el desempleo sigue siendo «precario», especialmente entre la población joven. En este contexto, Ribera señaló que esta situación se debe corregir mediante alternativas promovidas por el diálogo y que «miren al futuro«.

La ministra ha declarado que esta aproximación «no es nueva» y que, a veces, la reacción a un cambio produce que no haya cambio. Así, hizo hincapié en que este no es el camino y que «no hay institución, centro de estudios o analista serio que no haya señalado, una y otra vez, que un proceso de cambio genera oportunidades».

En el marco de la jornada, el sindicato Comisiones Obreras presentó sus propuestas para una transición energética justa hacia un modelo bajo en carbono. El plan es fruto de un trabajo confederal y se encuentra dirigido a orientar las propuestas del economista Jorge Aragón Medina en la Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética nombrada por el Gobierno. Durante la inauguración, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido la participación sindical en esta transición energética en la que considera que no se puede olvidar a los sectores industriales. «La transición a un sistema productivo libre de CO2 debe llevar también a momentos de oportunidades laborales estables. La sostenibilidad del modelo no puede mirar hacia otro lado», subrayó.

Sin embargo, respecto a las comarcas que se verán afectadas por el cambio del modelo energético, Sordo ha reclamado «soluciones políticas» para las empresas y los trabajadores afectados que no se puedan reconvertir. Entre estas propuestas, ha reclamado precisamente un plan de transición justa para cada zona afectada y un plan de inversión industrial y del empleo al tiempo que ha propuesto que se prime a las empresas que acometen esta transición frente a las que no lo hacen. En definitiva, insiste en que el desarrollo económico debe hacerse también en áreas que «no pueden ser abandonadas a su suerte».

Sordo quiso resaltar las consecuencias locales que la transición puede acarrear y promover un cambio que no deje de lado el crecimiento «sostenible» desde el punto de vista social. En este sentido, Sordo ha declarado que la transición hacia un modelo energético justo debe tener en cuenta a los trabajadores y las comarcas afectadas por el cambio. Además, añadió que los sectores industriales son «fundamentales» en el modelo productivo español y que gran parte de los problemas económicos en España tienen que ver con la dependencia energética y con la presencia «insuficiente» de los mismos.

El contenido del documento de Comisiones Obreras reivindica una transición energética hacia un sistema productivo libre de carbono en todos los sectores económicos, el cual implante fuentes de energía renovables y conduzca a una eficiencia en el uso de la energía que configure un nuevo tejido de empresas y de actividad económica generadora de abundante empleo en todos los sectores.

En este sentido, el plan propone medidas para la transición, como estrategias de apoyo a políticas industriales, territoriales y/o sectoriales, la adecuación en la formación en los colectivos laborales, la reactivación económica de zonas afectadas mediante la inversión pública o la creación de una protección social específica; así como planes de reactivación por zonas y sectores y un plan específico de actuación de las empresas en las que se prevea un posible cierre o reconversión.

Respecto a la financiación, el documento defiende la creación de un «fondo de transición justa» con instrumentos de financiación que primen el empleo creado, sus condiciones y su permanencia. Además, CC.OO. remarca la importancia de potenciar el I+D+i mediante incentivos fiscales para las empresas que se dediquen a la investigación de nuevos procesos de generación o de actividades relacionadas con el cambio de modelo energético.

En su intervención, el secretario general de la federación de Industria de CC.OO., Agustín Martín, ha llamado a crear una «visión integral» de un modelo energético que tenga permanencia para «más de 4 años» y así logre un progreso «estable» y «responsable». En este sentido, ha señalado que el cambio debe hacerse a nivel europeo y debe perseguir los objetivos de estabilidad, suficiencia y ser generador de empleo y riqueza.

Además, Martín ha reivindicado que se ha hablado «muy poco» de las personas que viven de estos sectores y que pueden ser afectadas por el cambio del modelo, por lo que CC.OO. quiere tratar su futuro y promover un proceso energético que genere «ganadores». Asimismo, ha querido resaltar que «no puede haber transición justa sin justicia social» y que llama a la Administración y a las empresas a colaborar en este objetivo y dar pasos «muy medidos» hacia el cambio.