Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha denunciado las trabas de las diferentes administraciones públicas, para acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente como los informes base del estado de las aguas subterráneas y el suelo en las zonas con centrales térmicas de carbón.

Según el IIDMA, que está conformado por abogados especializados en medio ambiente, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente, las administraciones debería facilitar al público la documentación requerida, generalmente, en el plazo de un mes. Asimismo, los abogados del IIDMA citan la Directiva de Emisiones Industriales, que establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas para obtener la actualización de los permisos (Autorización Ambiental Integrada) en instalaciones como las centrales de carbón.

En base a estas normativas, IIDMA solicitó en 2016 a las autonomías que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la Unión Europea, con el objetivo de «evitar y reducir la contaminación de los entornos» de estos establecimientos.

Galicia frente Asturias y Aragón

Según aseguró la plataforma, Galicia fue la única comunidad que ha cumplido con el plazo de un mes establecido por la Ley, mientras que Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Baleares retrasaron el proceso durante varios meses, «poniendo trabas a la democracia ambiental». No obstante, según el IIDMA, «los incumplimientos más graves de acceso a la información se producen en Aragón, donde alegan que no tienen obligación de remitir los informes». Por ello, la plataforma recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón esta alegación; también reclaman que en Asturias se han ignorado reiteradamente las solicitudes y aún no han conseguido la documentación requerida.

Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, «esta actitud supone un menoscabo del Estado de Derecho, ya que obliga a las organizaciones como IIDMA a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la Ley«. De acuerdo con los abogados especializados en medio ambiente, las administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y «el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para el desarrollo democrático». «El bloqueo de acceso a la información podría esconder el escaso control de las comunidades autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas», según el IIDMA.