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El Gobierno estima que el recibo de la luz antes de impuestos bajará un 12% en el horizonte 2030

Europa Press.- El Gobierno estima que el recibo de la luz bajará un 12% antes de impuestos en 2030 respecto al precio actual debido a las medidas para la descarbonización que se incluyen en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

En concreto, la previsión es que, a partir de 2030, el precio medio de la luz descienda por la entrada masiva de renovables, al ser tecnologías baratas y competitivas, lo que favorecerá a los hogares de menor renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que esta rebaja en el recibo de la luz sería mayor si se incluyera un paquete de fiscalidad en el que ya se está trabajando con el Ministerio de Hacienda. «Pero aún no hay medidas fiscales concretas», añadieron.

El Gobierno complementará el conjunto de medidas recogidas en el Marco Estratégico de Energía y Clima con la Estrategia contra la Pobreza Energética, en fase de elaboración. En este sentido, las mismas fuentes señalaron que se está trabajando también en decidir «un nuevo bono social» energético, cuando actualmente existe el eléctrico y se creó el térmico en 2018, que podría ir en la línea de un bono «multicombustible y que sea lo más elástico posible«, en la línea del que existe en países de nuestro entorno como Portugal o Francia.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió que las inversiones, pese a ser inmediatas tras la aprobación del plan, tienen un cierto retraso hasta que se hacen visibles. Por ello, ha explicado que estas inversiones comenzarán a ser «claras» a partir del año 2025, fecha a partir de la cual el efecto exponencial de las inversiones supondrían una rebaja «aún más pronunciada». Además, esta hoja de ruta del Gobierno a 2030 hacia la descarbonización prevé unos efectos macroeconómicos que pasan por una movilización de unos 236.000 millones de euros en la próxima década.

El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado. El 20% restante, unos 47.000 millones, serán inversiones de las distintas administraciones públicas, que actuarán como palanca de la financiación privada y que se centrarán, fundamentalmente, en ayudas de ahorro y de eficiencia energética. Asimismo, la menor importación de combustibles fósiles, especialmente petróleo y carbón, y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del exterior en 15 puntos porcentuales, pasando del 74% en 2017 al 59% en 2030, lo que mejorará la seguridad energética nacional y la balanza comercial.

En concreto, la reducción de las importaciones se cuantifica en 75.379 millones de euros en la próxima década respecto al escenario tendencial, es decir, sin las medidas que plantea el plan. Como resultado de las inversiones previstas, el ahorro energético y los cambios en el mix energético, el PIB aumentará entre 19.300 y 25.100 millones de euros al año entre 2021 y 2030, en torno a un 1,8% en 2030.

En lo que respecta al empleo, se generarán entre 250.000 y 364.000 nuevos puestos de trabajo netos anuales, un aumento del 1,7% en 2030, según ha detallado Ribera. Las inversiones en renovables serán el principal motor de generación de empleo: entre 102.000 y 182.000 nuevos puestos netos anuales. Le siguen las acciones vinculadas al ahorro y la eficiencia energética, especialmente rehabilitación, que generarán entre 42.000 y 80.000 nuevos empleos anuales.

“Un paso adelante» para Aelec

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), integrada por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP, considera que el Plan de Energía y Clima «supone un paso adelante en la transición energética» del país. Las principales compañías valoran «positivamente» la apuesta por la electrificación que suponen estas medidas como vía para alcanzar la descarbonización de la economía y la sociedad, avanzando así «en la dirección marcada desde la Unión Europea y establecida en los acuerdos de París».

Aelec destaca que este paquete «pone en valor la importancia de la energía eléctrica» ya que incrementa el peso de las energías renovables en el mix energético español, apostando por el desarrollo de la movilidad eléctrica y por la innovación tecnológica para seguir avanzando en los usos de la electricidad. Finalmente, esta asociación considera que estas medidas «deben servir para sentar las bases de un marco normativo estable, que ofrezca una rentabilidad razonable, y así dar señales claras que hagan posible las cuantiosas inversiones que habrán de acometerse para llevar a cabo la transición energética».

La CNMC propone recortar la retribución de redes eléctricas al 5,58% y de renovables al 7,09% para el período 2020-2025

Europa Press.- Las compañías eléctricas consideran que la retribución para las redes que propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «es insuficiente” después de que el organismo regulador haya propuesto una tasa de retribución para el periodo regulatorio 2020-2025 del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de electricidad y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Esta propuesta supondría un recorte del 14,15% con respecto a la retribución actual del 6,5% para los negocios de redes y generación extrapeninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,5% vigente para las renovables. No obstante, representa un recorte menor para estas actividades respecto a la propuesta inicial que había planteado el regulador cuando sacó a consulta pública su metodología, que dejaba la retribución a las redes en el 5,47% y a las renovables entre el 7,04% y el 7,18% para ese segundo periodo.

La principal novedad de la propuesta de la CNMC es que la metodología seguida se basa en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector energético. Competencia señala que la metodología propuesta es «consistente, reproducible y ampliamente utilizada, y proporciona tanto estabilidad regulatoria como seguridad jurídica a empresas y consumidores».

La metodología WACC refleja la realidad de los mercados de capital donde las empresas reguladas encuentran su financiación. Es decir, el WACC garantiza una rentabilidad razonable para que los proveedores de capital aporten sus fondos para la financiación de la actividad regulada. La utilización de esta metodología WACC, frente a la que fue establecida en la reforma eléctrica de 2013 de ligar la rentabilidad razonable para estas actividades al bono del Tesoro a 10 años más un diferencial de puntos básicos, ha sido bien recibida por la mayoría del sector.

Además, la CNMC indicó que esta metodología se adapta a los requisitos establecidos en la normativa sectorial para el cálculo de la tasa de retribución financiera; como son la duración del periodo regulatorio, la base de activos sobre la que aplica, una similar tasa para todas las sociedades que realizan la actividad, una similar tasa para las distintas tecnologías de generación, etc. Asimismo, en el caso de las redes, la regulación sectorial establece, entre otras cuestiones, que se debe considerar el coste de financiación de las empresas transportistas y distribuidoras comparables eficientes y bien gestionadas.

La CNMC lanzó a consulta pública en julio esta propuesta de metodología, con carácter previo a su aprobación y que respondía a la solicitud de informe realizada por el secretario de Estado de Energía, recibiendo en ese periodo un total de 38 documentos de alegaciones de empresas del sector energético, asociaciones empresariales y administraciones públicas. La CNMC indicó que estas alegaciones «han sido analizados y sus consideraciones tenidas en cuenta en la elaboración de la versión final de esta metodología».

Insuficiente para la patronal eléctrica

Por su parte, AELEC, la patronal centrada en las actividades reguladas que agrupa a las 5 principales compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo), considera que la retribución del 5,58% propuesta por la CNMC para las actividades de distribución de energía eléctrica a partir de 2020 «se aleja de los valores aprobados por los reguladores europeos y es insuficiente».

Fuentes de AELEC indicaron que el diferencial con respecto al bono del Estado se sitúa casi un 20% por debajo de la media de los países del entorno por lo que, si se consolide esta propuesta, «España competirá en inferioridad de condiciones para obtener los fondos e inversiones necesarios para la transición energética«. No obstante, la patronal valoró la metodología propuesta por el regulador, basada en el WACC, ya que es la que emplean casi todos los reguladores europeos y «se ajusta a un proceso ortodoxo de cómo debe fijarse la tasa financiera de rentabilidad».

AELEC subrayó que la transición energética necesita «un fuerte esfuerzo inversor en redes durante la próxima década», en el que la distribución va a jugar «un papel esencial» actuando como facilitador de este proceso de transición. Por ello, consideró que la contribución de las redes eléctricas de distribución será «crucial» para fomentar la electrificación de la economía y alcanzar los compromisos de descarbonización para 2030 y para 2050. Así, recordó que la distribución es una actividad intensiva en capital y con largos periodos de recuperación de las inversiones, «por lo que sin una rentabilidad suficiente, capaz de atraer el capital necesario para acometer dichas inversiones, será más difícil afrontar con éxito los retos y oportunidades futuras para descarbonizar la economía».

Aelec cree que la ausencia de infraestructuras de recarga es el principal freno a la compra de más coches eléctricos

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha considerado que la ausencia de una infraestructura suficiente de recarga para vehículos eléctricos supone «el principal freno» a la compra de este tipo de vehículos, ya que sin ella su uso se ve restringido a las ciudades y a trayectos cortos.

La patronal que agrupa a las principales compañías eléctricas señala que el desarrollo y despliegue de estas infraestructuras «es esencial» para impulsar este tipo de movilidad y para contribuir a la reducción de las emisiones, avanzando y facilitando así la transición energética. La asociación pide que se pongan en marcha políticas y colaboraciones público-privadas que garanticen el despliegue «necesario» de la infraestructura para la carga no sólo en edificios, sino también en la vía pública, «dado que la mayor parte del parque automovilístico carece de plaza de garaje». Para ello, Aelec se ofrece a colaborar con la Administración en la definición de una red suficiente de recarga en vía pública para hacer viable su desarrollo.

Aelec, que recuerda que los objetivos de la Comisión Europea incluyen una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 40% en 2030, respecto a los niveles de 1990, subraya que el vehículo eléctrico también tendría el efecto positivo de una mejora de la calidad del aire en las ciudades. De esta manera, teniendo en cuenta que el sector del transporte es responsable de una cuarta parte del total de emisiones de la Unión Europea, Aelec destaca que actualmente la electricidad supone tan solo un 1% del uso total de energía en el transporte, por lo que existe «un amplio margen de mejora» en la reducción de emisiones en el transporte por carretera.

Ribera defiende la subida al diésel como fiscalidad verde y que la transición será más rápida en el sector eléctrico

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha indicado que, dentro de la transición energética, donde hay posibilidad de hacer las cosas más rápidamente es en el sector eléctrico, que va a permitir activar de forma más rápida los cambios que se necesitan para luchar contra el cambio climático. Asimismo, la ministra defendió la subida de impuestos al diésel como una medida de fiscalidad verde dentro del periodo de transición hacia una movilidad eficiente y sostenible que marca Europa.

Ribera recordó que ha sido el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se ha comprometido a que dicho gravamen no afecte a los conductores profesionales. Sánchez confirmó a principios de mes que la subida de impuestos al diésel irá incluida en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y que de ella quedarán exentos los conductores profesionales. «La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y todos los organismos internacionales alertan de la importancia de trabajar en esta dirección para la reducción de emisiones. No se van a ver afectados los propietarios de los coches de la actualidad», apuntó Ribera.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, le pidió a Ribera «responsabilidad» ante una medida que afecta a 40.000 empleos directos en el sector de la automoción. En España se fabrican 3 millones de vehículos al año entre sus 17 factorías y 1,4 millones de unidades son vehículos diésel. «El PP sí cree en un transporte de cero emisiones, que exige un periodo de transición para que se adapte la industria y los consumidores». subrayó. Asimismo, Mariscal instó a la ministra a que ponga en marcha los 50 millones de incentivo a la compra de vehículos alternativos y para la instalación de puntos de recarga, recogidos en los últimos Presupuestos aprobados.

Por su parte, Ribera aseguró que el Gobierno trabajará “en los dos campos”: en cómo ofrecer una movilidad sostenible en España y en cómo acompañar a la industria automovilística en este proceso de modernización para que siga teniendo el peso en el empleo y en el PIB (11% del total) del que goza en la actualidad. En este sentido, la ministra explicó que «la realidad es compleja» y hay que tener en cuenta diversas referencias, entre ellas la valoración que hacen los ciudadanos de la calidad del aire, algo que ya ha hecho que en París, Londres, Suecia o Noruega se hayan aprobado normativas para prohibir los diésel a partir de 2025, 2030 o 2040.

El Ministerio de Industria aprobó recientemente un régimen transitorio a la aplicación del nuevo ciclo de homologación de consumos y emisiones WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros, por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2020, de forma que usarán unos valores correlados para reducir el impacto sobre el sector. Así, junto al compromiso de «acompañar» a la industria en un plazo de dos años con el cómputo transitorio que permite Bruselas, el Gobierno «en ese plazo de adaptación» facilitará «mejorar la movilidad, revisar la fiscalidad, impulsar la electrificación y la revisión de los objetivos de reducción de emisiones«.

Transición más rápida en electricidad

Respecto a la electrificación de la economía, Ribera cree que la incorporación de nuevos usos de la electricidad será más rápida que otros de los cambios que hay que hacer para rebajar emisiones a la atmósfera.En este sentido, ha destacado la trascendencia que tendría para la seguridad del planeta y de los que lo habitan disponer pronto de un contexto de cero emisiones, particularmente en la electricidad, donde asegura que hay capacidad para hacerlo, y ha añadido que todos los que analizan estas cuestiones coinciden en señalar unas «fantásticas prospectivas para el sector eléctrico».

Eso sí, Ribera ha resaltado que el sector energético enfrenta ahora nuevos desafíos, entre ellos el de un escenario eléctrico con una mayor complejidad de actores.Pese a ello, subrayó que es importante contar con actores estructurados como Aelec, con una gran experiencia y que entienden lo que han sido los grandes desafíos del pasado y están en condiciones de hacer una lectura de los del futuro.La ministra destacó la capacidad de entendimiento y señales de compromiso que han mostrado los asociados a Aelec, las principales compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo), con el nuevo Gobierno y confía en que esas primeras señales se conviertan en realidades.

Aelec, nueva denominación de Unesa, recuerda que gran parte de la factura de la luz son costes e impuestos

EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), nueva denominación de la patronal Unesa, analizará las medidas que adopte el Gobierno para moderar los precios de la electricidad, y ha recordado que buena parte de lo que pagan los consumidores en su factura son costes y fiscalidad. Su presidenta, Marina Serrano, ha señalado que aguardarán a conocer las propuestas que anuncie la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pronunciarse sobre una posible reforma del mercado eléctrico y la factura.

Ha señalado que la ministra ha consultado y ha pedido opiniones para ver qué soluciones se pueden dar a la subida de los precios de la luz, originada por el incremento del precio de los derechos de dióxido de carbono (CO2), de las materias primas que utilizan para generar electricidad algunas centrales, a una mayor demanda por el calor y a una menor generación eólica. Serrano ha indicado que los clientes con tarifa regulada sufren la volatilidad del mercado mayorista, aunque una parte muy importante de lo que pagan los consumidores en su recibo son costes y fiscalidad, y algunos elementos que se incluyen en la factura deberían tener otro tratamiento a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha añadido que a veces se confunde lo que realmente es el precio de la electricidad y lo que supone el coste del suministro por una serie de elementos que se han incluido en la factura que pagan los ciudadanos. La presidenta de Aelec ha recordado que la eliminación de algunos de esos conceptos del recibo de la luz se ha planteado en numerosas ocasiones, incluso en el informe que encargó el Gobierno a una comisión de expertos para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Respecto a la alarma que causa la subida de los precios de la electricidad y no al de otros servicios, ha indicado que ello se debe a que la luz es un elemento cotidiano, básico. No obstante, ha dicho que en un modelo como el de España hay un supervisor de los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa los precios y un ordenamiento jurídico para reaccionar, si hay una actuación que no es correcta. «El sistema permite esos mecanismos que deberían tranquilizar a los ciudadanos», ha apuntado Serrano que, además, ha señalado que existen vías para modificar leyes y reglamentos para corregir elementos que no estén bien diseñados o adaptarse a circunstancias nuevas.

Preguntada si las subidas de la luz benefician a las eléctricas, Serrano ha recordado que hay que distinguir los ingresos de los beneficios, pues una parte de lo que se ingresa son impuestos y los costes de las compañías no son para todas iguales, pues dependiendo de cómo sea su mix de generación (diferentes fuentes de energía con las que producen electricidad), tienen una mayor o menor exposición a la subida de materias primas como el gas o el carbón.

Nueva etapa en la patronal                                                                                                                

Por otro lado, la patronal de las cinco mayores empresas eléctricas presentes en España inicia una nueva etapa con el fin de ser más austera, tras haber recortado el presupuesto en el marco de su apuesta por un nuevo contexto de electrificación en el que la transición ecológica y el autoconsumo jueguen un papel más relevante. Así, Serrano espera que el cambio no les haga «más débiles», sino «diferentes». De este modo, la patronal eléctrica busca defender con transparencia y rigor los intereses de las compañías eléctricas ante la Administración y los reguladores, facilitar la toma de decisiones internas de la asociación y abrirse al resto de agentes del sector.

«No pretendemos presionar, sino defender nuestros intereses en un Estado plural en el que la fuerza será la legitimidad de la manera de actuar, si se expone con claridad o no». Así ha resumido Serrano la nueva filosofía de la renovada patronal. «Nos desprendemos de 74 años de denominación para cumplir el papel que nos encomiendan nuestros asociados», añadió. Los cambios efectuados en los estatutos de la asociación han ido encaminados a concretar su actuación, que pasarán por centrarse en las actividades reguladas, en particular en la distribución eléctrica con el fin de garantizar un desarrollo «adecuado» que permita obtener una rentabilidad «razonable», y en los aspectos técnicos y regulados de las actividades eléctricas liberalizadas.

En este sentido, Serrano hizo alusión a la fase de alegación en la que se encuentra la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), organismo que, en el ámbito de sus funciones reguladoras, emitió el pasado mes de julio un borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores de esta actividad.

Utilizar el WACC en retribución

Pese a que ha valorado positivamente que el regulador, en línea «con lo que se hace en otros países», haya emitido una propuesta «determinada» respecto a la tasa de rentabilidad haciendo uso de un análisis basado en el WACC (coste medio ponderado de capital), avanzó que harán alegaciones ya que considera que algunos elementos «podrían considerarse de otra manera», teniendo en cuenta que la rentabilidad para las redes de distribución eléctricas es «inferior» a la vigente en el entorno europeo.

Respecto a las decisiones anunciadas por el nuevo Gobierno en materia energética, la presidenta se ha escudado en ese cambio de estatutos, que ahora se centran en actividades reguladas, para evitar opinar sobre el posible cierre de centrales térmicas, de carbón y nucleares, un tema sobre el que las distintas empresas que conforman la Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP) tienen opiniones diferentes. «Las decisiones empresariales y estratégicas son de cada compañía con la sujeción al marco normativo de cada momento; tenemos una perspectiva neutra tecnológicamente», ha apuntado Serrano.

En cuanto a la apertura de la asociación a nuevos socios, tanto por movimientos corporativos en el sector, como la compra por parte de Repsol de activos eléctricos a Viesgo, como de nuevos actores, ha indicado que la entrada de nuevos miembros «se analizará en cada caso», si bien ha reconocido que el sector está en un momento de apertura.

Por otra parte, en relación a la eliminación del llamado impuesto al sol, algo que, según anunció la ministra recientemente se realizará mediante un anteproyecto de ley antes de fin de año, Serrano ha apuntado al autoconsumo como una de las nuevas características del nuevo modelo al que se dirige el sector. «Estamos dispuestos a facilitar el servicio necesario para el autoconsumo y la implementación del mismo», ha asegurado, al mismo tiempo que ha afirmado que estarán atentos a los nuevos requerimientos en caso de que finalmente se modifique el decreto que regula esta normativa.