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Unidos Podemos propone que la Administración sólo contrate energía de origen 100% renovable

Europa Press.- Unidos Podemos quiere que la Administración General del Estado y su sector público sólo contrate para el suministro eléctrico de sus edificios, sedes, equipamientos y otras instalaciones energía de origen 100% renovable. Su propuesta pasa por no tramitar prórrogas de los contratos de suministro eléctrico vigentes, salvo en supuestos de no concurrencia, y contratar exclusivamente el suministro con comercializadoras de Etiquetado A. Esto es, que tengan certificada su producción como limpia por el sistema de garantía de origen del organismo regulador CNMC.

Así consta en la proposición no de ley que sus diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú Podem) han registrado en el Congreso para su debate y votación ante el Pleno. Según recuerdan en su propuesta, ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante o Cádiz ya han abordado una contratación de suministro eléctrico 100% renovable, y creen que «resulta imperativo aprovechar al máximo» un potencial de ahorro energético en un inventario que en 2016 sumaba 2.142 edificios de más de 250 m2 útiles.

Es más, consideran que además de una compra verde, la Administración también puede aprovechar las cubiertas de sus edificios para generar energía renovable, con el fin de satisfacer en todo o en parte sus necesidades energéticas, y también verter a la red energía limpia. Así, piden poner en marcha medidas en estas instalaciones e instalar de forma progresiva sistemas de generación renovable. Actualmente, critican, sólo 4 de los 15 edificios ministeriales cuentan con energía solar. Según los estudios de Greenpeace, citados por Luis Bail y Vendrell, la Administración podría producir 93.457 GWh/año en sólo 917 de sus edificios, lo que supondría un ahorro de más de 320 millones de euros en una estimación a 25 años para las cuentas públicas.

El Gobierno central y Castilla-La Mancha crean un grupo de trabajo para solucionar «discrepancias» en torno a la ley antifracking

Europa Press.- El Gobierno central y el Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha han creado un grupo de trabajo para solucionar las «discrepancias» surgidas en torno a la Ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, conocida como ley antifracking.

Así consta en una resolución de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En el marco de la comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-comunidad autónoma de Castilla La Mancha en relación a la ley Antifracking, aprobada en las Cortes regionales el pasado 9 de marzo, ambas instituciones han acordado «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con la norma y designar un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral de cooperación la solución que proceda». De igual modo, ambos Ejecutivos han comunicado este acuerdo al Tribunal Constitucional, así como insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

Las empresas de servicios energéticos facturaron 945 millones de euros en 2015, un 6,2% más según DBK

EFE / Europa Press.- Las empresas de servicios dirigidos a la mejora de la eficiencia energética en edificios y otras instalaciones facturaron 945 millones de euros en 2015, lo que supuso un incremento del 6,2% con respecto a 2014, según un informe del Observatorio Sectorial de DBK. Este volumen de facturación supuso duplicar la cifra de negocio de 2007. Las previsiones apuntan a una ligera aceleración del crecimiento de este mercado, estimándose tasas anuales de aumento del 7-8% en el bienio 2016-2017.

La demanda procedente de las administraciones públicas y empresas privadas siguió aumentando ante la necesidad de optimizar recursos, ajustar gastos y reducir el impacto medioambiental de sus actividades. Por su parte, el segmento de viviendas, edificios de oficinas y organismos públicos supuso el 46% del valor total del mercado, figurando a continuación los proyectos de alumbrado público (14%), seguido de los servicios energéticos en plantas industriales (13%) y hospitales (12%).

El potencial de crecimiento del mercado, según el informe, ha favorecido en los últimos años la entrada de nuevos competidores, existiendo actualmente cerca de 1.200 compañías registradas como empresas de servicios energéticos. A pesar del incremento del número de empresas registrado en los últimos años, el sector presenta un notable grado de concentración en los principales operadores. Así, los cinco primeros reunieron una cuota conjunta sobre la facturación del 56,6% en 2015, porcentaje que se eleva hasta el 65,7% al considerar a los diez primeros.

El 60% de los edificios públicos del Estado carece de certificado de eficiencia energética

Servimedia.- Así lo indica un informe de la organización europea Coalición por el Ahorro Energético, en el que también ha participado WWF: un documento que analiza los planes y los inventarios que los países comunitarios han entregado a la Comisión Europea, en cumplimiento de la Directiva de Eficiencia Energética, la cual exige que entre 2014 y 2020 se rehabilite anualmente un 3% de la superficie total de los edificios públicos estatales o la puesta en marcha de medidas alternativas para alcanzar la misma cantidad de ahorro energético.

El estudio concluye que sólo 11 de los 28 países de la Unión Europea decidieron seguir el enfoque estándar y realizar rehabilitaciones energéticas de su parque edificatorio en propiedad y de cualquier delegación de su administración central, de manera que esto cumpla al menos los requisitos de rendimiento energético mínimos fijados en la directiva. En cuanto a España, el informe subraya que la disponibilidad de los certificados de eficiencia energética de los edificios del Gobierno español es «moderada», al alcanzar sólo el 40% de la totalidad de los edificios inventariados, de manera que el 60% no cuenta con esa catalogación.

Además, el Gobierno español comunicó a la Unión Europea que va a adoptar un enfoque mixto donde las medidas alternativas, como la publicación de guías de ahorro energético en los edificios públicos o la creación de una plataforma de formación online para las autoridades públicas, serán complementarias si el enfoque estándar, que prevé la rehabilitación anual de 336.000 metros cuadrados de los edificios de la Administración General del Estado, no entrega los ahorros requeridos. Sin embargo, la Coalición por el Ahorro Energético indica que «si España quisiera utilizar el enfoque alternativo, debería notificar un objetivo de ahorro energético alternativo y una lista de medidas que permitan alcanzar esa meta, entre ellas la rehabilitación de edificios».

En general, el informe recalca que las acciones planificadas y adoptadas hasta el momento en la mayoría de los países de la Unión Europea «no están a la altura de lo que se necesita» para evitar el derroche energético en los edificios estatales, con lo que los gobiernos, entre ellos el de España, han perdido la oportunidad de mostrar un liderazgo claro y acabar con esta situación. WWF considera que el Gobierno español «debería dar ejemplo de lo que pide a los ciudadanos y realizar los pasos adecuados para dotar a todos los edificios públicos de certificados de eficiencia energética», además de empezar con las rehabilitaciones energéticas a gran escala, que fomentarían el mercado de la eficiencia y la rehabilitación.

WWF pidió también al Ejecutivo de Rajoy que establezca cuanto antes un Sistema de Certificados Blancos (que representa una cierta cantidad de ahorro de energía que se ha logrado durante un periodo determinado) y una lista de intervenciones ambiciosas de mejora de la eficiencia energética que permitan un ahorro de energía en los edificios, con lo que se pondrían las bases para el impulso del sector de la eficiencia energética en España.»Es muy importante poner en marcha de forma urgente el mercado de la rehabilitación energética en España y aprovechar el potencial enorme que tienen nuestros edificios para ahorrar energía y emisiones de gases contaminantes», apuntó Georgios Tragopoulos, técnico de Eficiencia Energética de WWF España.