Subir la luz, las tarifas de último recurso y la carencia de comercialización

Esta semana la Comisión Nacional de Energía (CNE) estudiará la fijación de las tarifas de acceso a las redes (también denominados “peajes”), cuestión que empieza a tener mayor interés y relevancia en la medida que su determinación permitirá, en mayor o menor medida, abrir el camino al desarrollo de la actividad de comercialización en la electricidad. La primera cuestión a reseñar es, ciertamente, la muy incipiente actividad de comercialización que casi no tiene presencia hoy en la ofertas a las que pueden acogerse los consumidores. Unido a este hecho, en el escenario de crisis económica, se blanden sables políticos (de distinto signo) con la “subida de la luz”, dado que nadie es partidario de dar una mala noticia, por mucho que fuera esperable o reconocible, con independencia de que esta crisis de demanda pueda hacer mucho más suave este cáliz. Pero este cáliz existe y, al menos, se ha decidido abordar con la mayor ortodoxia posible, por lo que hemos visto hasta este momento.

La carencia de una oferta desde la actividad de comercialización tiene su lógica plena en la medida en que aún no se conoce la metodología que finalmente se adoptará para el cálculo de las tarifas de último recurso, pendiente del resultado de las subastas Cesur y, en definitiva, no se conoce el grado de aditividad final que realmente tendrán dichas tarifas. Consecuentemente, es complicado encontrar ofertas para los consumidores si no se conocen todos los términos de la tarifa y, hasta el momento, quedan por despejar un número importante de incógnitas. Evidentemente, es complicado encontrar las ofertas, porque más difícil es formularlas.

Por otra parte, hay que recordar que hasta hace bien poco, se estaba cuestionando de manera estéril el proceso de liberalización, lo que ha dado lugar a que no se tenga conciencia de la importancia que la comercialización puede tener en la continuidad de las reformas del mercado eléctrico, de forma que se consiga una mayor competencia y mejores precios finales para los consumidores. Lo que, en todo caso no cabe, es la introducción de dudas “existenciales”, de suspicacias que, en realidad, parten de no concebir o estar de acuerdo con la liberalización, de no comprender la actividad de comercialización en un mercado competitivo o de pretender que el modelo tarifario sea lo mismo que hemos tenido hasta el momento, pero bautizado de otra manera. Es decir, violentar el proceso, por el planteamiento retroprogresivo de “El Gatopardo”: que todo cambie para que todo permanezca igual, configurando un intervencionismo en precios que impida la competencia y no la potencie.

Si unimos a este estado de cosas, la constatación del escaso grado de conocimiento por parte de la población del problema del déficit tarifario y de la insuficiencia de la tarifa actual para atender todos sus componentes, podemos fijar un escenario poco halagüeño para la comprensión de que las tarifas de último recurso tendrán que subir, mecanismos demagógicos aparte. Un excipiente propicio para mensajes protectores o estatalistas.

Por otra parte, si se dan los pasos regulatorios adecuados, se debe acelerar el hecho de conformar una oferta de comercialización por parte de los operadores que active este mercado. Por tanto, antes hay que pasar el trago del equilibrio de las tarifas con respecto a sus costes, asignatura pendiente, para el que hay calendario y mecanismos de amortiguación, como el “bono social” para cuatro millones de consumidores. En ese escenario, debe ser comprensible una evolución al alza de las tarifas eléctricas (no olvidemos que hasta este momento se han mantenido por debajo de sus costes por motivos políticos) a la par que se desarrolla este mercado.

En todo caso, todo parte de actuar con credibilidad, determinación y convicción en el mercado de la comercialización en el medio plazo. Seguramente es una actividad hasta el momento poco “comprendida”, pero muy necesaria para cerrar el modelo de liberalización en el sector eléctrico. Por eso, es razonable elevar progresivamente las tarifas de acceso y contemplar los márgenes que precisa la actividad de comercialización para que puedan existir ofertas flotantes, como es la prima de riesgo existente en este mercado. Y que, finalmente, después de todo este proceso la subida de la luz deje de ser potestad gubernativa, argumento de política partidista, es decir, que todos entendamos un poco más el funcionamiento de un mercado liberalizado (en generación y distribución), bien regulado y supervisado. Y nos centraremos en cómo hacer un mix energético que resulte sostenible económicamente y medioambientalmente, sin trampas, ni ”gaps” con la realidad. Lo importante es explicarlo bien.