El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, explicó que en la coyuntura actual «no tiene absolutamente ninguna justificación» que se suba el recibo de la luz a los consumidores. A su juicio, la tarifa debería, «como mínimo, quedarse congelada».

Además, «tendría que dejarse de cobrar el alquiler del contador analógico», añadió.

Según Facua, «la única justificación que encuentra el Gobierno para estas subidas es el déficit de tarifa» que, para Sánchez, «es una gran mentira».

Según dijo, «el precio de la luz en generación es caro porque las que fijan su precio son las empresas que venden la luz a los consumidores. No sabemos por qué es tan caro». De hecho, denunció la «opacidad en la fijación de precios» (es decir, en las llamadas subastas Cesur) y pidió que se cambie la actual regulación para introducir transparencia.

Por su parte, el portavoz de asuntos económicos de la Confederación Española de organizaciones de Amas de casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), Fernando López Romano, juzgó que el Ejecutivo no debería tocar el recibo de la luz hasta que no cumpla el compromiso al que llegó con el PP de analizar todos los costes del sistema eléctrico y explicarlos de manera «transparente» a los ciudadanos.

«Se debe una explicación a los consumidores; es necesario que el ciudadano sepa lo que paga y entienda por qué lo paga«, señaló.

A su juicio, desde el pasado 30 de junio (es decir, desde que PP y Gobierno empezaran a negociar el llamado pacto de la energía) «no ha cambiado la situación; no se ha producido ningún cambio que motive que ahora se vaya a subir la tarifa». «Dijeron que querían analizar todos los costes, como los peajes, las primas a las renovables… A nadie se le ha informado de que ese estudio se haya terminado», incidió.

Asimismo, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) considera que es «inaceptable» una nueva subida del recibo de la luz en octubre en la actual coyuntura económica.

CECU recordó que a esta nueva subida habría que sumar la que ya se produjo en enero, la del IVA del pasado mes de julio y las inversiones en las instalaciones que han tenido que realizar los usuarios para proceder a la instalación obligatoria del ICP (interruptor de control de potencia).

Con este incremento, los precios de la electricidad volverían a subir este año muy por encima del actual IPC, dijo. Si, además, se tiene en cuenta que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los sueldos han subido en el segundo trimestre del año un 0,4% de media, frente al 1,6% que se incrementó el IPC en ese mismo periodo, que el paro sigue en cifras elevadas (con muchos trabajadores que agotan su prestación) y que este año se congelarán las pensiones, «es evidente que el problema es aún mayor».

De este modo, añadió CECU, «mientras los ingresos de los consumidores no sólo no suben al nivel del IPC, sino en una cuarta parte, suministros básicos como la electricidad se incrementa año tras año muy por encima del indicador de precios con consecutivas pérdidas de poder adquisitivo por parte de las familias, algo que repercutirá sobre el consumo de los hogares y, en consecuencia, sobre las perspectivas económicas».

Por ello, esta organización volvió a solicitar al Ministerio de Industria que se inicie un diálogo serio y comprometido con todos los implicados en el sector (administraciones, empresas y, por supuesto, consumidores) para alcanzar un acuerdo sobre el déficit tarifario que evite que en medio de la mayor crisis económica y de empleo de los últimos años las familias vean disminuir año tras año su capacidad de compra.

Endesa defiende la subida de la luz «porque hay un déficit que ha crecido año a año»

Por su parte, el director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, defendió la subida de las tarifas eléctricas porque hay un déficit que ha crecido «año a año», y añadió que el incremento dependerá «del plazo en que se quiera absorber ese déficit».

A juicio de Arteaga, la solución del problema es una cuestión que, debido a la normativa de la Unión Europea, hay que «atajar» antes de 2013.

La subida de las tarifas «no es -señaló- la única medida pero sí necesaria para ir equilibrando las cuentas del sector en su conjunto. Otra cosa es que el criterio de devengo permita registrar ingresos pero, si no se produce el cobro, no se acaba de culminar el equilibro financiero de las empresas».

Añadió que ese déficit «se establece bajo la supervisión de las autoridades energéticas y sometido a auditoría y revisión de los reguladores», y que «está reconocido por el Ministerio de Industria, que es la administración competente».

También argumentó que las compañías eléctricas «no podemos más que decir cuáles son los costes de servir, cuáles son los ingresos que se recaudan y poner de manifiesto el desequilibrio que existe».