Soria saca adelante el primer real decreto ley de la reforma eléctrica que ningún gobierno hasta ahora «ha sabido o podido llevar a cabo»

Durante el debate de la norma, celebrado de forma excepcional en el Senado, Soria consideró que no ha sido «en absoluto fácil» adoptar las nuevas medidas, a la vista de que «necesariamente» generarán «tanta incomodidad a sectores que tradicionalmente han mostrado una singular capacidad de persuasión en relación a los distintos gobiernos».

El real decreto ley fue convalidado con 180 votos a favor, todos ellos del PP, 138 votos en contra y ninguna abstención. PSOE, PNV, UPyD, ERC, CiU y la Izquierda Plural votaron en contra. Además, la Cámara rechazó con los 180 votos en contra del PP la propuesta de tramitar este real decreto ley como proyecto de ley, punto solicitado por el PSOE y el PNV y de la que todos los grupos de la oposición votaron a favor.

Sin embargo, el ministro de Industria aseguró que la reforma eléctrica «ataja de forma definitiva» el «problema del déficit de tarifa» que se arrastra desde 2004, y que supera los 26.000 millones de euros. Aunque esta norma sólo afecta a los últimos seis meses de 2013, el ministro estimó que para este año el déficit sea entre 2.500 y 3.000 millones de euros, si bien, aclaró que por los nuevos mecanismos automáticos que regulan los peajes para evitar que se genere déficit, en caso de existir un déficit, éste sería «simbólico» y en 2014 quedaría corregido.

Según Soria, la reforma eléctrica, que además de este real decreto-ley está compuesta por un proyecto de ley, cinco reales decretos y ocho órdenes ministeriales aún sin aprobar, contiene «medidas imprescindibles» en «un reparto equilibrado» de la carga entre los consumidores, las empresas eléctricas y el Estado, explicó.

El titular de Industria aseguró que este ajuste del déficit se produce con el «menor impacto posible para el consumidor» puesto que su factura será «similar» a la de hace un año. A su juicio, «no hay ninguna otra opción, ninguna otra alternativa» para paliar el déficit que este «marco homogéneo, transparente y estable» promovido que generará «confianza en el sector y los inversores».

El real decreto ley incluye el nuevo mecanismo de retribución para las renovables, el transporte y la distribución, y habilita al Gobierno a aprobar una nueva orden ministerial de peajes para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico en 2013, entre otras medidas.

Además, incluirá un mecanismo de estabilización automática de peajes que evitará los desfases entre ingresos y gastos, así como la obligación de que las comunidades autónomas y corporaciones locales deban repercutir sobre los ciudadanos de su territorio los sobrecostes que generen sobre el sistema eléctrico.

Para eliminar los 4.500 millones de euros actuales de déficit estructural, el decreto convalidado estipula una reducción de costes por valor de 2.700 millones de euros en actividades reguladas (transporte, distribución y retribución de las energías renovables), otros 900 millones de euros pasarán a los Presupuestos Generales del Estado y los 900 millones de euros restantes a través de una subida de la electricidad en agosto del 3,2%.

Soria señaló que, de no adoptarse el real decreto ley, «simplemente el sistema no aguanta, y tiene que aguantar, porque lo que no puede ocurrir es que se vaya la luz». Ante esta circunstancia, dice haber buscado «el interés general» frente a «intereses particulares, normalmente contradictorios unos con otros».

La reforma pretende atajar el aumento de los costes regulados de los últimos años y los errores de previsión. En 2005 se preveía un incremento del 24% de la demanda hasta 2013, cuando apenas hubo subidas en términos absolutos, lo que condujo a un exceso de infraestructuras.

Tras reconocer que el precio de la electricidad en España está por encima de la media europea y que sólo Italia, Irlanda y Chipre tienen precios superiores a los de España en electricidad, tanto para consumidores como para industriales, reiteró que de no haberse adoptado medidas, el déficit habría alcanzado 10.500 millones de euros 2013 y para corregirlo se tendría que subir la factura un 42%.

El ministro recuperó que en 2003, un consumidor medio (contratación de 5,5 KW y un consumo de 3.300 kWh al año) pagaba 360 euros en la factura de los que 12 euros eran por los costes de los sistemas extrapeninsulares, 60 euros por las primas a las renovables, 120 por la distribución, 31 euros por el transporte, 125 por la generación eléctrica.

Ocho años después, el mismo consumidor pagó 588,5 euros (63% más), de los que 24 euros son por los intereses de la deuda del déficit, 47 euros por los costes de las extrapeninsulares, 253 euros por las primas renovables, 176 por la distribución, 52 euros por el transporte, y 199 euros por la generación.

Con este ejemplo, el ministro quiso exponer que «todo en esta vida tiene su explicación», que el déficit es por el incremento de las primas a las renovables y los intereses por el déficit, y que «no hay que ser» ningún ingeniero industrial de rama eléctrica para comprender la situación del sistema eléctrico y saber qué hacer para solucionar el problema de una «manera definitiva».

La oposición en bloque se opone a la convalidación del 9/2013

Los grupos de la oposición coincidieron en denunciar que el Gobierno haya aprobado mediante real decreto ley la primera parte de la reforma energética, sin consultarlo con el Congreso, al que sólo se dio dos días para analizar el texto ya publicado en el BOE con vistas a su convalidación en la Cámara.

El diputado del PSOE, José Segura, solicitó la tramitación de la norma como proyecto de ley y consideró que la nueva norma contribuirá al «hundimiento de las renovables y la cogeneración», así como la confianza de los inversores internacionales en España por su retroactividad, al tiempo que hará imposible el desarrollo del autoconsumo eléctrico con balance neto. Además, mostró su preocupación con el bono social y con los precios eléctricos para la industria.

Segura reprochó al Gobierno que no haya consultado la reforma con las Cortes y recordó al ministro que el «origen» del déficit eléctrico se originó con la ley del sector eléctrico de 1997, aprobada por el Gobierno que presidía José María Aznar.

A su juicio, falta una «verdadera reforma» y no la que se está haciendo «a base de reales decretos leyes».

Segura recriminó que se vayan «cargar en la mochila» de los consumidores 1.800 millones de euros, porque los 900 millones de euros a los consumidores que deberán abonar con subida de precios, y los 900 millones de euros que irán a Presupuestos Generales del Estado, los pagan los mismos.

Desde CiU, Josep Sánchez Libre, cargó contra lo que a su juicio es una «política errónea, de parcheo e improvisación» e insistió en que los más perjudicados son los consumidores finales, tanto los hogares, que van a ver cómo su recibo se incrementa en el corto plazo, como la industria, que perderá competitividad frente a otros países.

En esta línea, dijo que los «grandes beneficiados» van a ser el tejido empresarial alemán e italiano porque se van a llevar el negocio ya que el «el español no va a ser competitivo». Asimismo denunció que las renovables están sufriendo «cambios de reglas de juego» de manera constante.

Por parte del PNV, Pedro Azpiazu, aseguró que, con el nuevo real decreto ley, «se rompe cualquier atisbo de seguridad jurídica» y se obliga a los consumidores y a las empresas a «asumir costes excesivos». «Es un mal momento para el efecto que va a tener sobre las cuentas de resultados y el empleo», señaló antes de asegurar que esta norma es «la guinda del esperpento» de la política de renovables.

Carlos Martínez Goarrigán, de UPyD, aseguró que la tramitación del real decreto ley «ignora una de las bases fundamentales de la democracia parlamentaria, que es la deliberación y el debate». Además del efecto sobre los consumidores, advirtió del coste de la solución al déficit de tarifa sobre las cuentas públicas. Además, criticó que el Gobierno haya elaborado en lo que va de legislatura diez normativas que tienen como objetivo eliminar el déficit de tarifa.

Para la diputada de Izquierda Plural, Laia Ortiz, la reforma aprobada no es la única alternativa posible, sino «la única conforme a su dogma, ideología y acuerdos con Hacienda». Para Ortiz, el Gobierno recurre a prácticas «autoritarias» al debatir la norma apenas dos días después de haberla remitido al Parlamento.

Por parte del BNG, la diputada Rosana Pérez aprovechó para pedir una tarifa eléctrica con menores costes para los consumidores que, como los gallegos, se encuentren en territorios productores de electricidad. Estos consumidores se encuentran cerca de las centrales y no deben asumir, por ello, el sobrecoste relacionado con las pérdidas por transpote.

La diputada de ERC Teresa Jordà pidió una auditoría pública de costes y calificó de «absolutamente ilegítima» la deuda eléctrica. «La barbaridad de dinero que debemos a las eléctricas se corresponde con la barbaridad de dinero que estas compañías acumulan como beneficio cada año», dijo.

Desde el PP, Antonio Erias afirmó que las críticas de los partidos han estado llena de «prejuicios y de ideologización». Y puntualizó que, a su juicio, «los menos afectados» por la reforma son los consumidores.