La eliminación de estos peajes progresivos ya fue anunciada el pasado 22 de enero por el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien explicó que la decisión se debía a las críticas recibidas desde la CNE y otros ámbitos, y quien dijo que su departamento no renuncia a estudiar un método parecido en el futuro.

Industria pretendía introducir recargos en los peajes eléctricos -la parte de la factura que fija el Gobierno- cuando el consumo de los usuarios excedía en un 10% su potencia contratada, una medida de «progresividad» con la que el sistema eléctrico hubiera ingresado 280 millones de euros adicionales al año, según la anterior orden remitida en diciembre al regulador y que no llegó a ser publicada.

Tras la eliminación del recargo progresivo, Soria indicó que su departamento busca fórmulas para mejorar la eficiencia en el consumo y no renuncia a aplicar una medida similar, pero con un método diferente.

«La CNE hizo un análisis muy crítico de esa orden ministerial, que hemos considerado junto con las críticas recibidas, y en estos momentos el Ministerio no se está planteando la progresividad con este método, pero en cuanto tengamos un nuevo método se anunciará«, aseguró Soria.

Lo que sí incluirá la orden es el nuevo periodo de gracia de un año, hasta el 31 de diciembre de 2013, para no cortar el suministro a los consumidores sin derecho a tarifa regulada, como empresas o centros públicos, que no hayan contratado aún el servicio en el mercado libre. Estos consumidores podrán seguir disfrutando la tarifa regulada, pero con un recargo del 20%.

Por estos motivos, en el borrador remitido el pasado viernes a la CNE para su informe, Industria retira la propuesta y propone congelar los peajes porque un incremento de estos «afectaría de manera directa a las economías domésticas y a la competitividad de las empresas».

Estas consideraciones van en línea con el real decreto de medidas urgentes aprobado el pasado viernes, que revisa algunos de los costes del sistema eléctrico con el objetivo de ahorrar entre 600 y 800 millones de euros para evitar subidas de la luz.

Este real decreto recoge dos medidas: la actualización de los costes regulados de acuerdo a la inflación subyacente en lugar del IPC y la obligación de que las instalaciones del régimen especial (renovables y cogeneración) elijan de una sola vez y para siempre si cobran una tarifa fija o el precio de mercado por su producción.

Asimismo, en el nuevo borrador, que tiene que publicarse en el primer trimestre del año, Industria espera aumentar en 225 millones los incentivos que reciben las grandes empresas por «desenchufarse» de su actividad cuando hay un exceso de demanda en el sistema eléctrico, circunstancia inusual en el actual escenario de sobrecapacidad.

De este modo, los llamados pagos por interrumpibilidad alcanzarán los 748,9 millones de euros durante el ejercicio 2013, lo que supone un incremento del 54,7% frente al documento previo.

El aumento en esta partida está relacionado con la orden ministerial aprobada el pasado 31 de diciembre por la que se incrementaron estos pagos de 20 a 35 euros el megavatio (MW) para los clientes con una potencia contratada superior a los 100.000 kilovatios (kW).