Soria reconoce que Anticorrupción llamó a funcionarios de Industria para investigar el caso de los CTC

Durante su intervención ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Soria detalló la tramitación de esta liquidación, al tiempo que subrayó que la reclamación de los CTC pagados de más, que podrían superar los 3.400 millones de euros, está prescrita desde 2010.

Los CTC son una serie de pagos a las compañías eléctricas establecidos durante la liberalización del sector eléctrico en 1997 para protegerlas de posibles caídas del precio del mercado, garantizando así que recuperarían los costes de inversión reconocidos en la legislación previa. Sin embargo, una serie de subidas inesperadas de precios hizo que se abonaran cantidades de más en este concepto, que nunca fueron reclamadas.

Soria señaló que en junio de 2012 solicitó un informe a la Abogacía del Estado con el objeto de aclarar «la situación en que se encontraban los CTC» y, en su caso, la vía para una posible recuperación de las cantidades pagadas de más.

La Abogacía respondió que la recuperación de estas compensaciones estaba prescrita desde 2010 porque nunca se aprobó la orden ministerial que debía reclamarlas, una cuestión que «es lo que está investigando la Fiscalía» y cuyo motivo, dijo desconocer Soria.

Soria también quiso explicar «lo que conocemos» sobre el tema. Así, señaló que existe una nota de la Secretaría General de Energía fechada en abril de 2008 en la que, siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado (que avala y cuantifica la liquidación de los CTC) insta a reclamar las cantidades abonadas de más, algo que tendría que realizarse a través de una orden ministerial.

Esta orden «ya estaba redactada e incluía la metodología para el cálculo de las plusvalías», diciendo cuánto eran esos costes a devolver, qué empresas tenían que hacerlo y cuánto les correspondía, de manera que se remitió en mayo de 2008 desde la dirección general de Política Energética y Minas a la Secretaría General de Energía, según el ministro.

Sin embargo, esta orden ministerial «nunca se llegó a firmar», de manera que «pasaron dos años y quedó prescrita» en 2010, detalló Soria.