Soria «on tour»

Es evidente la preocupación del Gobierno por esta cuestión, convertida en un problema allende nuestras fronteras, dada la pérdida de reputación internacional que ha supuesto la misma y el propio escarnio que está recibiendo el gobierno español en el universo mundo a su cuenta.

La «reforma» ya ha sido vapuleada tanto en el plano interno y externo, inclusive por sus defectos de cálculo intrínsecos. En consecuencia, se confirma el fracaso de las estrategias de contención basadas en declaraciones políticas, incluyendo las del ministro, consistentes en que otros países podrían seguir el modelo de España en la forma de proceder.

Sin caer en el maximalismo y en la exageración de este desgraciado arranque, lo que es cierto es que ha sido un grave error intentar disimular el malestar de los inversores y de los mercados de financiación, algo que era patente. Que la comunicación política de la reforma haya fracasado es el preludio de todos los indicadores sobre el fracaso de la propia «reforma», en la medida que se le acumulan los frentes.

En este punto, cabe advertir de una tentación: Soria podría estar suponiendo que los mensajes con marchamo en la comunicación política funcionan para unos mercados con información económica perfecta en términos cuantitativos. Esto no es así. No funciona. Quizá, por eso, la ayuda de Luis de Guindos además de necesaria, podría ser insuficiente, dado que el género que se lleva está en mal estado.

Además, es conveniente señalar que, a través de los contactos diplomáticos de varias embajadas (ya saben cómo se las gasta el equipo energético español), su proceder, su estilo, su diálogo y su nivel de confianza y credibilidad ya tienen su cotización fijada. Los inversores van a ser difíciles de apaciguar sólo mediante la gestión del convencimiento y los mensajes que son evaluados con la calculadora y los comportamientos políticos del pasado.

Junto a todo lo anterior, el Gobierno debe apreciar que la reforma precisa de una explicación a los mercados financieros internacionales e inversores institucionales. El Ejecutivo sigue con su política de hechos consumados, como ya hizo en la presentación de la «reforma» a empresas y asociaciones (una exposición en términos de trágala, sin explicaciones y sin previo diálogo con los agentes sectoriales).

La pregunta es si se confunde explicación con justificación. La justificación de la defensa del consumidor (para no trasladarle las subidas ocultas), de haber alcanzado un déficit insostenible (siendo un problema estrictamente político) no se sostiene en los mercados financieros internacionales, sobre todo en la medida en que el déficit ha sido un problema político generado en las clases extractivas y gestionado mediante la intervención de precios energéticos para ocultarlo. Pero, en realidad, el hecho de que la «reforma» precise una explicación, ya es suficientemente ilustrativo de la finura de su acabado.

Por cierto, a nivel interno, es preciso algo más que explicaciones, negociación, gestión y diálogo, por respeto a los agentes económicos, a las empresas, a los inversores, a los accionistas y las entidades financieras, desde el punto de partida del problema.

En realidad, la disyuntiva de la virtualidad de esta gira estriba en su falta de principios. El problema de explicar una reforma sin política energética, con graves defectos durante el proceso, es la credibilidad. ¿Cómo explicarán puntos extremadamente débiles como son la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria en el Reino de España o el papel de los Presupuestos Generales del Estado que finalmente ha sido menor que el comprometido? ¿O las «no subidas» de tarifas por interés político, tres meses antes de la «reforma»? ¿O el mecanismo intervencionista de evaluación del valor de los activos y recálculo de su retribución?

¿Qué justificación darán sobre la carencia de instituciones regulatorias independientes en la energía, tras la política de intervención y tierra quemada del ministro? ¿Cómo explicarán renegar de la política de Ejecutivos anteriores sin caer en la contradicción del riesgo institucional? ¿Qué grado de confianza se puede tener en un Ejecutivo que se comporta de esa manera? Y, visto lo visto, si el Ejecutivo se irroga toda la capacidad de acción en lo energético, prescindiendo de órganos reguladores y contrapesos, ¿cómo tranquilizar a los mercados e inversores ante tamaña discrecionalidad y pasado regulatorio?

Si la «reforma» se hubiera conducido con diálogo, negociación, oficio, con política energética, con gestión y con el necesario conjunto de los actores económicos y con niveles de interlocución razonables, hoy no sería necesaria una gira del ministro.

Recuerden el aforismo «más vale cenar dos veces, que no dar explicaciones». Ya verán cómo viene diciendo que la gira ha sido un éxito.