El objetivo de la reforma energética es «equilibrar el sistema eléctrico» y acabar con el déficit de tarifa, que asciende a 24.000 millones de euros en términos acumulados y que «va creciendo a un ritmo de 6.000 ó 7.000 millones al año», afirmó el ministro. «Si no hacemos nada, en pocos años podría ser de 40.000 ó 50.000 millones, y entonces tendríamos un problema financiero», advirtió.

El retraso en la aprobación de esta reforma se debe a su «complejidad», señaló, antes de indicar que «irá al Consejo de Ministros cuando haya consenso en el seno del Gobierno» acerca de su contenido. «Dada su casuística, probablemente sea la de mayor complejidad técnica», reconoció Soria, quien ha dedicado a este asunto «una gran parte» de los meses que lleva en el cargo.

La reforma, explicó, «contiene medidas para reducir gastos y aumentar ingresos», y dentro de este segundo aspecto «se ha planteado» la aplicación de «una tasa o canon para la producción de residuos nucleares y su almacenamiento», así como «un canon por la utilización de los cauces de los ríos donde existen centrales hidroeléctricas», dado que son «recursos públicos».

Dentro del capítulo de ingresos del sistema eléctrico, Soria también consideró «obvio que se planteen tributaciones a la generación de todo tipo de energía» sin que «se discrimine entre unas y otras». Para ello, Industria ha propuesto un «impuesto» sobre la facturación, entendida como «el precio al que se vende cada megavatio multiplicado por el número de megavatios producidos».

De esta forma, se dispondría de un «tipo impositivo progresivo y creciente» que grave la generación eléctrica, indicó, antes de recordar que, si bien el precio medio en España es de 50 euros por megavatio hora (MWh), «no todos los productores obtienen lo mismo por su venta», ya que hay tecnologías que reciben los 50 euros por MWh y otras que llegan a 400 euros.

El ministro no aludió de forma concreta a ninguna tecnología, pero advirtió del alto nivel de primas a las renovables que soporta la tarifa eléctrica y recordó que fue esta circunstancia la que motivó la moratoria a estas tecnologías. «Si se ejecutasen todos los proyectos con derechos a esas primas, entre 2012 y 2020 comportarían una suma de 70.000 millones de euros, y el sistema no lo puede soportar», afirmó.

Soria reconoció que, para elevar los ingresos del sistema eléctrico, «una parte tiene que ir con cargo a las tarifas del consumidor», si bien este aspecto depende «del mercado y de las subastas de electricidad que se hacen cada tres meses».

El Gobierno también analiza otro tipo de medidas que eleven los ingresos de la tarifa eléctrica, entre ellas dedicar al sistema eléctrico «una parte» de lo obtenido en las subastas de CO2 cuando empiecen a funcionar en 2013 o aplicar un «céntimo verde» a otros productos energéticos, indicó.

El ministro consideró «lógica» la aplicación de «un céntimo verde sobre determinados tipos de energía más contaminante», y adelantó que lo que se recaude por esta vía irá destinado a la tarifa eléctrica y no a los Presupuestos Generales del Estado (OGE), «sin perjuicio de que haya otras medidas en los presupuestos para paliar el problema global del déficit público».

Según fuentes del sector, el «céntimo verde» previsto como parte de la reforma energética se aplicará exclusivamente al gas y no afectará a los combustibles de automoción.

El Gobierno también plantea «disminuir el límite de la Tarifa de Último Recurso (TUR) que pagan los consumidores domésticos», afirmó Soria, lo que sacaría a un mayor número de usuarios de la tarifa regulada y les obligaría a contratar el suministro en el mercado libre. En todo caso, el ministro dijo que «se garantizará una tarifa» para los consumidores vulnerables.

En cuanto al malestar expresado por algunas empresas energéticas que amenazaron con desviar sus inversiones fuera de España, Soria calificó de «legítimas» sus reivindicaciones, si bien señaló que «el Gobierno no puede tomar decisiones en base a advertencias ni en base a intereses particulares», sino que «debe defender el interés general», que pasa por «terminar con uno de los grandes desequilibrios», el de la tarifa eléctrica, que «no se percibe muy bien, pero que tiene un impacto tremendo en el día a día de todos los españoles».

Los ecologistas aplauden el gravamen para los residuos nucleares

Por su parte, representantes de organizaciones ecologistas aplaudieron que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo esté estudiando la aplicación de un nuevo gravamen para la producción y almacenamiento de residuos nucleares, tal y como adelantó el ministro del ramo, aunque lo ven insuficiente.

Así, el coordinador del área de Energía de Ecologistas en Acción, Rodrigo Irurzun, aseguró que «todo lo que sea que las empresas se hagan cargo de los costes que generan es una buena noticia», aunque, en su opinión, la nueva tasa «no va a revertir la situación, ya que el dinero no se va a devolver a los consumidores».

En este sentido, indicaron que, pese a que actualmente las centrales nucleares corren con los gastos de la gestión de los residuos, los consumidores soportan «gran parte» de los mismos porque «hasta hace unos años se cargaban al consumo eléctrico».

Irurzun denunció que «no se sabe muy bien cuánto va a costar gestionar esos residuos en cientos de miles de años» y que tampoco se están teniendo en cuenta «los efectos negativos en el medio ambiente y a nivel social» de los mismos. Por ello, reclamó que se ponga un «calendario de cierre» y se deje de generar este tipo de recursos «cuanto antes».

Mientras, la responsable del Programa de Cambio Climático de WWF, Mar Asunción, afirmó que la tasa les parece «bien», aunque «no es suficiente porque las medidas que se están tomando son para reducir el déficit de tarifa pero lo que hay que abordar de una manera muy clara es cómo se consideran los precios de la energía». «Hay que abordar una reforma en profundidad del sistema eléctrico y cómo se define el precio de la electricidad y qué se está reconociendo a las empresas eléctricas», explicó.