Soria eleva a 1.700 millones el coste de Castor y pide que su posible cierre no implique una lesiva indemnización

Bastante lejos de los 700 millones de euros recogidos en el presupuesto inicial. En las últimas semanas se manejaban unas cifras cercanas a los 1.200 millones de euros pero el ministro de Industria, Energía y Turismo elevó hasta los 1.700 millones de euros el coste total del almacén subterráneo de gas en una comparecencia ante la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados. Este incremento del presupuesto inicial, casi un 150% más de lo previsto, es la causa de la auditoría externa que el Gobierno ya encargó en julio, meses antes de los seísmos que afectan a las costas de Castellón y Tarragona.

José Manuel Soria explicó que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar su labor como operador de la planta de 1.273 millones de euros; pero también hay otros dos costes reconocidos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón, necesario para preparar la cavidad natural para almacenar posteriormente el gas natural; y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta que el almacén Castor comenzara a funcionar.

El Castor es un almacén subterráneo de gas que se sitúa a 21 kilómetros de la costa de Castellón. Situado sobre un yacimiento petrolífero agotado, el proyecto pretendía aprovechar el hueco dejado a 1.700 metros de profundidad por los hidrocarburos extraídos para almacenar una cantidad de gas equivalente al tercio de todo el consumo nacional durante 50 días.

Recurso al Supremo

Explicando la actuación del Gobierno, el ministro detalló que hace meses que solicitaron al Tribunal Supremo que retire por lesiva la cláusula de la autorización administrativa que obliga a indemnizar a la empresa que gestiona el almacén subterráneo de gas Castor en caso de que se decida el cierre definitivo de la planta. Soria la considera «abusiva para el interés general» ya que recoge que, en caso de suspensión o finalización de la concesión, la instalación pasará a ser titularidad del Estado.

La consecuencia del traspaso de la titularidad implicaría que el operador de la planta tendría derecho a una indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto -pendiente de la auditoría externa- y, en caso de que la suspensión se debiera a «dolo o negligencia del operador», al valor residual de este. «Creemos que si hay dolo o negligencia no hay que indemnizar nada», sentenció Soria.

“Se esperaban pequeños movimientos sísmicos”

José Manuel Soria reconoció que las opiniones preliminares de los expertos apuntan a que existe relación directa entre las operaciones del almacén de gas subterráneo y los seísmos registrados. De todos modos, el ministro declaró que no se tomarán decisiones hasta los informes definitivos en los que trabajan el Instituto Geológico Minero y el Instituto Geográfico Nacional. Lo que sí que avanzó el ministro fue que todos los expertos consultados descartan que se produzcan movimientos sísmicos importantes y que “hasta que no se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura, no contará con la autorización del Ministerio”. También descartó la posible extracción del gas colchón inyectado porque se desconoce “como podría afectar a toda la estructura geológica”.

El ministro apuntó que las operaciones de inyección de gas colchón sí que conllevan, “según los expertos”, pequeños movimientos sísmicos “entre 2 y 3 grados en la escala Ritcher y, por tanto, son imperceptibles para las personas”. En este sentido, José Manuel Soria señaló que no fue hasta el 24 de septiembre cuando se superaron los 3 grados en las escala de Ritcher y que, “después de los informes preceptivos”, la resolución de paralización “se tardó 48 horas en firmar”. Preguntado por la regulación sobre el fracking, José Manuel Soria anunció que todas las iniciativas de fracturación hidráulica tendrán que incluir un estudio sísmico en su declaración de impacto ambiental.

Más seguridad, información y transparencia

La crítica más unánime realizada por la oposición demandó al ministro José Manuel Soria que la prioridad absoluta del Gobierno se centre en garantizar la seguridad para las personas que habitan próximas al almacén de gas subterráneo. También se han producido numerosas peticiones de cierre inmediato del Castor por parte de la Izquierda Plural, Esquerra Republicana de Catalunya o Compromís.

El diputado Joaquím Puig (PSOE) exigió que se investigue si se han cumplido todos los trámites “pero también si la empresa ha cumplido con lo autorizado”. Además, si no es posible la operación del Castor sin riesgos, “la planta tiene que cerrar». Su homólogo socialista Francesc Vallés reclamó «más información y más transparencia» en una gestión que calificó como “caótica”.

La diputada de la Izquierda Plural Laia Ortiz planteó que esta situación «se podría haber evitado» y recordó al ministro que la población afectada vive estos momentos con «alarma, preocupación pero también indignación” ya que “falta prudencia y prevención”. Su homólogo Ricardo Sixto señaló que, si la decisión sobre el futuro del almacén Castor depende de los mismos técnicos que otorgaron los permisos, “estamos apañados”.

El diputado de Unión Progreso y Democracia, Carlos Martínez Gorriarán, reclamó que, además de informes u otro tipo de procesos judiciales, “por una vez haya responsabilidad políticas”. Joan Baldoví (Compromís) pidió al ministro Soria el cierre de la planta “para no jugar a la ruleta rusa con la seguridad de las personas”, así como depurar responsabilidades y una total transparencia.

Por parte de los nacionalistas catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya y Convergencia i Unió, la crítica a José Manuel Soria también lamentó que no se contara con los municipios catalanes a la hora de coordinar la actuación del Ministerio con el resto de Administraciones afectadas en la reunión del pasado lunes 7 de octubre, denuncia ante la que el ministro negó cualquier tipo de discriminación.

En el horizonte queda ahora esperar a las conclusiones de los expertos sobre la relación entre la inyección de gas y los movimientos sísmicos, la auditoría externa que desvele el coste real del almacén subterráneo y la sentencia del Tribunal Supremo que aclare, en caso de cierre definitivo de la planta, si será el Gobierno o el operador los que asuman una inversión perdida si finalmente no llega a entrar en funcionamiento. Y queda el Castor.