Mientras las cuentas públicas asumen parte de estos costes, el Gobierno evitará que se produzcan fuertes subidas de luz. «En estos momentos, desde luego, España no está en situación de permitirse una subida de la electricidad del 15% ni de ningún otro orden», afirmó el ministro en declaraciones a «Onda Cero«.

Este 15% de subida, explicó, sería el resultado de cargar sobre los consumidores toda la solución al déficit de tarifa (que es el desfase generado entre los ingresos y los costes del sistema), lo que implicaría un incremento del 30% en la parte regulada del recibo de la luz, que tiene un peso cercano al 50% sobre el total.

Sobre el acuerdo con Hacienda, recordó que este año ya se concedió un crédito extraordinario con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por 2.200 millones de euros para financiar los posibles desfases en los incentivos a las energías renovables y que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro «sí se ha comprometido» a asumir parte de los costes eléctricos.

«También una parte de este déficit que todavía no está cubierto va a ser atendido por parte del Ministerio de Hacienda en los términos en los que ya han sido acordados entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria», afirmó el ministro.

Sin embargo, Hacienda puntualizó que «no se ha alcanzado ningún acuerdo» sobre la asunción de los costes del sistema eléctrico como parte de la reforma energética.

Asimismo indicó que se tomaron «muchas medidas» para cubrir el desfase del sistema eléctrico, y que supera los 26.000 millones de euros, pero «no han sido suficientes para compensar todo el déficit».

Soria recordó que el objetivo de la reforma es atajar un desajuste anual de 4.000 millones en la tarifa eléctrica, lo que «no se va a asumir sólo por los consumidores o el Estado o por los operadores, sino de forma equitativa entre todas las partes», aunque reconoció que las empresas eléctricas «no están en absoluto de acuerdo» con las medidas que contempla la reforma.

Sin embargo, el ministro reconoció que «se busca que el consumidor pague por lo que tiene que pagar y no se pague más de lo que se debiera» y aseguró que una reducción de costes es, finalmente, buena para todo el sistema.

En este sentido, reconoció que el sistema eléctrico español es «bastante complejo» por la superposición de normas «muy heterogéneas» que han derivado en que los consumidores paguen en el «cosas que no deberíamos pagar», y «por otras cosas más de lo que debiéramos pagar».

El ministro de Industria reiteró que la reforma busca la «disminución de costes» del sistema que las compañías reciben por las distintas actividades reguladas: el transporte, la distribución y las primas al régimen especial (cogeneración y renovables), fundamentalmente.

«Hoy el interés general es que disminuyan estos costes» y «eso supone «no retribuir determinadas actividades reguladas de las que debieran ser retribuidas», explicó.

Respecto a las primas a las energías de régimen especial, en su mayoría las renovables, la reforma conllevará que tendrán, como dice la ley, una «rentabilidad razonable» que vendrá «determinada por el coste de la inversión más unos determinados puntos porcentuales adicionales que configuran esa rentabilidad».

En concreto, destacó el coste de producción de un megavatio hora (MWh) «verde» frente al coste medio de 50 euros por MWh o de 25 euros por MW de la nuclear. La eólica, dijo, puede alcanzar los 90 euros, frente a los 220 euros de la termosolar o los 450 euros de la fotovoltaica.

Por otra parte, el ministro remarcó que dentro de las iniciativas normativas de la reforma irá un real decreto para regular el autoconsumo de energía eléctrica mediante el sistema de balance neto. Ello supondrá que un consumidor podrá colocarse, por ejemplo, una placa fotovoltaica para su autoabastecimiento y verter a la red eléctrica el sobrante. Sin embargo, cuando el consumidor necesite suministro de la red, tendrá que pagar un peaje.

Montoro y Soria vuelven a enfrentarse por la reforma eléctrica

Los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, han reeditado este verano las diferencias que vivieron el pasado año a la hora de ajustar medidas para reformar el sistema eléctrico, en esta ocasión por qué parte del agujero del déficit de tarifa puede pasar a Presupuestos.

Desde Industria se lleva meses trabajando en nuevas medidas para acabar con la generación del déficit de tarifa, un desfase acumulado al ser los ingresos del sistema eléctrico insuficientes para cubrir los costes y que supera los 26.000 millones. El objetivo es poner fin a la generación de esta deuda que, sin medidas adicionales, sumaría cada año 4.000 millones de euros más.

En agosto de 2012, el enfrentamiento surgió después de que Montoro expresara en una entrevista su desacuerdo con algunas de las propuestas de Industria para atajar el déficit, en concreto con la posibilidad de gravar las energías renovables con impuestos especiales.

Soria respondió a su colega en Hacienda que es a Industria a quién le corresponde proponer la reforma energética para su posterior aprobación por parte del Consejo de Ministros de forma colegiada.

Las diferencias entre ambos ministros llevaron a partidos de la oposición a pedir su comparecencia en el Congreso para que dieran explicaciones.

Incluso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, se pronunció al respecto y dijo que consideraba «lógico» que en el seno del Gobierno se produjeran debates internos sobre la reforma energética.

Saenz de Santamaría recordó entonces que es el Consejo de Ministros quien tenía la competencia final sobre el contenido de la reforma que finalmente vio la luz en septiembre incluyendo nuevos impuestos al sector energético.

Antes de llegar el viernes al Consejo, la nueva reforma debe lograr el visto nuevo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, donde Montoro y Soria deben intentar volver a acercar posturas para que finalmente salga adelante.