Soria dice que el precio de la luz fijado tras invalidar la subasta «no es un precio intervenido ni político»

Tirar la piedra y esconder la mano. Si bien el ministro de Industria había reculado en sus declaraciones desde que habló en una entrevista a ABC
de una «burda manipulación» de la 25ª subasta CESUR, ahora vuelve a la carga de forma indirecta. José Manuel Soria relacionó vagamente el incremento del precio del mercado mayorista o pool con la retirada de los 3.600 millones de euros del sistema eléctrico a través de una enmienda a la Ley del Sector Eléctrico que se introdujo el 29 de noviembre.

Según manifestó Soria, «el relato de los hechos deja una evidencia empírica: antes de la enmienda del Senado, entre el 22 y el 29 de noviembre, los precios aumentaron un 1,8%. Se presenta la enmienda y, ¿qué ocurre?: pues que a partir del 2 de diciembre empieza una escalada de precios del 15,8% hasta el 19 de diciembre. Y después de la subasta del día 19 cae un 11,2% hasta el 24 de diciembre. He ahí lo ocurrido», afirmó Soria.

Posteriormente, el senador socialista José Montilla se refirió a estas palabras y las denominó como «una teoría interesante alrededor de la enmienda pero que suena demasiado a conspiración«. En este punto, Soria se curó en salud: «He hecho un relato de lo que ocurrió, pero no he establecido nunca una relación causa-efecto; eso lo ha dicho usted y si eso me ha entendido, no es así», ironizó el ministro.

Precio de mercado

Durante su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado para explicar la suspensión de la subasta eléctrica, Soria señaló que el precio de la electricidad parte de «una referencia total del mercado» y es fruto de sus cotizaciones.

En concreto, dijo, «corresponde a la evolución media de precios del mercado a plazo durante los seis meses previos a la subasta», según las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El pasado diciembre, la CNMC decidió no validar el resultado de la subasta Cesur para el suministro a tarifa durante el primer trimestre del año, que apuntaba a una subida de la luz de más del 10,5%, al detectar «circunstancias atípicas» en el desarrollo de la misma.

Así, el Gobierno suspendió la aplicación del resultado de la puja y determinó que a partir del 1 de enero la tarifa subiría un 2,3% (un 1,4% por el componente energético y un 0,9% por los costes regulados).

En su discurso hizo además una relación temporal de los acontecimientos en el sector eléctrico previos a la Cesur. Entre ellos, citó una reunión el 28 de noviembre con las compañías eléctricas «para comunicarles la decisión del Gobierno de no proceder a la transferencia de lo establecido» en la ley en la que se recogía un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros de dinero público destinado a la tarifa eléctrica.

Posteriormente, continuó el ministro, Industria remitió el 10 de diciembre una comunicación a la CNMC para que «proceda al análisis de los precios que se estaban observando». El procedimiento informativo abierto por el regulador aún no se ha cerrado, indicó.

Asimismo, recordó que los precios eléctricos mayoristas subieron en diciembre por la confluencia de varios factores, entre ellos la poca producción eólica, la menor disponibilidad de centrales nucleares o un aumento de la demanda como consecuencia de una ola de frío. Además, durante la subasta se produjo «un nivel de competencia inferior al requerido».

Sin embargo, todos estos factores apuntaban a una subida final de la tarifa «de entre el 5% y el 6%». «No había ninguna previsión de que el resultado de la subasta pudiera llegar al 10,5%», afirmó. «En un mercado medianamente competitivo es algo impensable» que estas circunstancias supongan una subida tan alta de precios.

Por todos estos motivos, el titular de Industria indicó que el Gobierno invalidó la puja y estudia un nuevo sistema para establecer los precios voluntarios del pequeño consumidor de cara al segundo trimestre del año, para lo que «está hablando con todas las partes implicadas: empresas, eléctricas, operadores financieros y comercializadoras incluidos».

Las únicas referencias del ministro sobre el nuevo mecanismo de fijación de precios eléctricos en el que trabaja el Gobierno es que intentará fijar «un precio más directo y más transparente que atienda mejor a las señales del mercado«, así como dotar de «estabilidad al sistema» para que haya «más competencia y una liberalización más real de la que hay«.

Una evolución «sustancialmente mejor» desde que es ministro

Por otra parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo aseguró que, en términos de efecto tanto a nivel industrial como de uso doméstico, «basta con comparar la evolución del período 2004-2011 con el de 2012-2013» para ver que la evolución del precio de la luz es «sustancialmente mejor» desde 2012, cuando adquirió la cartera de Industria, en comparación con la de los ocho años anteriores del gobierno socialista.

No obstante, Soria reconoció que hay «fundamento» y «motivos para que se quejen» tanto consumidores industriales como domésticos, ya que «desde 2004 hasta 2011 hubo un incremento medio de precios al año del 6,9%» en el recibo de la luz.

De este modo, defendió que el Gobierno ha hecho una «reforma profunda» en materia energética durante los años 2012 y 2013, en lo que respecta a los aspectos regulados del sistema, como el transporte, distribución o incentivos al régimen especial.

Respecto a la pobreza energética, el ministro recordó que el bono social es un «mecanismo de protección de determinados colectivos sociales» ante posibles incrementos «no asumibles» de la tarifa.

Los beneficiarios de este mecanismo son «más de 2,5 millones» de personas, que cumplen los requisitos sociales de consumo y poder adquisitivo, indicó Soria, que apuntó que el bono social «se configura como una protección adicional» del derecho al suministro de electricidad.

La oposición, crítica con la gestión de Soria

El portavoz de Industria y Energía del PSOE en el Senado, Jesús Alique, arremetió contra José Manuel Soria manifestando que su gestión al frente del Ministerio de Industria se mide en «fracasos»: “electricidad más cara, más déficit de tarifa, destrucción de empleo entorno a las energías renovables, inseguridad jurídica”, citó el senador socialista. Al igual que defendió su partido en el Congreso de los Diputados, el senador socialista volvió a reivindicar ante el ministro que, en lugar de decretar una subida del 2,3% para el primer trimestre de 2014, el Gobierno “debería haber bajado la luz o congelarla” al fijar un precio que consideró “administrativo”. Además, vinculó la anulación de la subasta con el daño electoral que podría haber sufrido el PP en las próximas elecciones europeas de haberse consumado la subida del 11,5% y se preguntó cuántas veces se ha dicho desde el Ministerio de Industria que han conseguido atajar el déficit de tarifa.

Por ello, Jesús Alique le espetó al ministro que «lo que debería hacer es marcharse y dejar a alguien que saque al sector eléctrico del atolladero«. Duras palabras del socialista, que vio como en el turno de réplica a los diferentes portavoces, Soria hizo patente su enfado ante las críticas recibidas y señaló que no le habían gustado las «formas» empleadas. El ministro insistió en que «ya no hay déficit de tarifa» puesto que los 3.600 millones que se han generado en 2013 se deben a un “incumplimiento de un compromiso del Gobierno»; «incumplimiento con el que estoy de acuerdo”, incidió. Por tanto, argumentó que no es déficit de tarifa sino «déficit público» y que considera que los ingresos y los costes del sistema están equilibrados y no habrá déficit de tarifa en 2014: afirmaciones que toda la oposición puso en cuestión.

El senador Ramón Alturo (CiU) preguntó a José Manuel Soria si el Ministerio se ha planteado a qué se debe que el precio de la energía sea el tercero más elevado de Europa y señaló que actualmente el 44% del recibo hace frente a la generación, transporte y distribución mientras el 56% corresponde a los costes regulados; especial referencia hizo a que los costes ajenos al suministro se incrementaron en un 50% de 2005 a 2012.

El portavoz de la Entesa pel Progrès de Catalunya, José Montilla, se pregunta cómo el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE) no tuvo prevista la parada simultánea de varias centrales nucleares y “permitió tanta indisponibilidad de la generación nuclear en una época de demanda punta”. Además, José Montilla realizó una crítica generalizada a la gestión de José Manuel Soria ya que «nunca ha habido tanta incertidumbre ante las reformas del Gobierno ni tantos litigios: con compañías eléctricas, promotores renovables e inversores; no creo que así se favorezca al sector», sentenció Montilla.

Iñaki Anasagasti (PNV) apenas hizo referencia a la anulación de la subasta y su crítica se dirigió a que el Gobierno debería haber actuado «antes» puesto que sospechaba que algo estaba ocurriendo, punto en el que preguntó al ministro por qué no ha salido a la luz el primer informe de la investigación que el Gobierno encargó a la CNMC, según anunció el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado 12 de diciembre. Posteriormente, Anasagasti aprovechó su intervención ante el ministro para mostrar la rotunda oposición del PNV a la posible vuelta al funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, de la que dijo que «es una cerilla dentro del sistema eléctrico» en función de su capacidad para producir energía.

José Ignacio Palacios (PP) adoptó el discurso del Gobierno y también proclamó que “el déficit de tarifa ha desaparecido”. Respecto a la retirada de los 3.600 millones de euros, Palacios justificó que en Industria, “no manda el ministro de Hacienda sino que el Gobierno atiende a un objetivo prioritario: el cumplimiento del déficit público”. También atajó las críticas al incremento de la dependencia energética señalando que el Gobierno del PP ha aprobado las prospecciones petrolíferas en aguas del Atlántico próximas a las Islas Canarias y trabaja para permitir la vuelta al funcionamiento de la central nuclear de Garoña; además hizo hincapié en los acuerdos para incrementar la interconexión eléctrica con Francia durante los próximos años. Por último, Palacios aprobó las medidas puestas en marcha por el Gobierno y animó al ministro a seguir en la misma senda reformista ya que “va en la buena dirección y con resultados palpables”.