Soria desliga los despidos de Alcoa de la subasta de interrumpibilidad eléctrica y anuncia una nueva puja

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soria señaló que ha presentado al Gobierno un informe sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) de esta compañía, que la firma achaca a la subasta de interrumpibilidad, diseñado por su departamento para asignar los incentivos a las grandes industrias por su contribución a modular la demanda del sistema eléctrico.

La subasta, celebrada hace pocas semanas, asignó todos los bloques de 90 megavatios (MW), dirigidos a grandes industrias, pero quedaron sin cubrir algunos de los bloques de 5 MW, destinados a empresas medianas.

Así, «la única y exclusiva razón de por qué (Alcoa) no fue adjudicataria de más bloques fue por una estrategia legítima y libre de la empresa» en el desarrollo de la puja, es decir, porque no bajó los precios ofertados lo suficiente como para hacerse con el servicio.

En cualquier caso, Soria avanzó que una vez recibidos los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y «antes de que finalice el año» se celebrará una nueva subasta de interrumpibilidad para asignar los bloques que quedaron pendientes y que ascienden a unos 200 millones de euros.

Alcoa «no va a tener absolutamente ningún problema para ser adjudicataria tanto en la fábrica de La Coruña como en la fábrica de Avilés», subrayó Soria, siempre que puje en «condiciones similares» a como lo hizo para la de Lugo, donde sí obtuvo todos los bloques a los que aspiraba.

El servicio de interrumpibilidad es una herramienta de la operación del sistema eléctrico por el que se retribuye a determinados grandes consumidores por estar dispuestos a desconectarse de la red si existe una sobrecarga o falta generación.

En la reforma energética aprobada el pasado año y, tras la petición, entre otras empresas, de Alcoa, el Gobierno estableció que este servicio, dotado con unos 500 millones de euros anuales, se asignara mediante un mecanismo de subasta, con el objetivo de que resulte lo más barato posible para el sistema eléctrico y, por lo tanto, para el consumidor.

Junto a esto, aseguró que los cambios en el sistema de interrumpibilidad responden en parte a la necesidad de evitar que la Comisión Europea considere este incentivo como ayuda de Estado para la industria, como ocurrió en Italia, donde se obligó a devolver 300 millones. El nuevo mecanismo «es mucho más transparente y ofrece exactamente las mismas condiciones para todos», zanjó.