Soria defiende la «necesaria y oportuna» modificación de la Ley de Hidrocarburos y sugiere limitar más la cuota de mercado de las petroleras, actualmente del 30%

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados para defender el proyecto de ley de modificación de la Ley de Hidrocarburos, Soria animó a los grupos parlamentarios a que planteen enmiendas parciales a la normativa para mejorar también la información relativa al volumen de ventas, a los precios o al origen del combustible.

En concreto, subrayó que «serán más que bienvenidas» este tipo de propuestas en el sentido de «limitar el porcentaje de participación en el mercado de carburantes» de las petroleras, que actualmente no pueden abrir nuevas gasolineras en las provincias donde tienen una cuota de mercado superior al 30%.

También abogó por iniciativas que ofrezcan una «mayor liberalización» del tramo minorista de distribución de carburantes o facilitar la apertura de nuevas estaciones de servicio, así como aquellas que promuevan la transparencia del sector, algo «bueno para los consumidores» al tener una traslación en los precios.

«Todas las propuestas de mejora serán analizadas con atención siempre que mejoren el funcionamiento del mercado», dijo.

Soria pidió a los grupos que presentaron enmiendas a la totalidad del proyecto (PSOE, IU, BNG y ERC) que las retiraran, al considerar el texto «necesario y oportuno», al tiempo que mejorable.

El ministro subrayó que el sector de hidrocarburos presenta «importantes fortalezas» al contar con una red de gas natural desarrollada en todo el país e infraestructuras gasistas que «suponen una oportunidad para que España sea el centro logístico de gas natural para toda Europa». En este sentido, Soria sostuvo que España, con los almacenamientos subterráneos, las regasificadoras y los gaseoductos existentes, y si hubiese interconexiones «suficientes», estaría en condiciones de poder suministrar al resto de Europa hasta un 50% del gas ruso que llega al resto del continente desde Ucrania.

En este sentido, el ministro de Industria puso en valor la «Declaración de Madrid«, un documento suscrito por España, Portugal, Francia y la Comisión Europea, en la que se pone en valor la necesidad de fijar plazos concretos para las interconexiones eléctricas y de gas.

Entre los objetivos de la reforma de la Ley de Hidrocarburos citó el aumentar el grado de «transparencia, competencia e independencia» en la formación de precios a través de la creación de un mercado secundario organizado de gas natural.

Asimismo, busca conjugar el fomento de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos mediante la puesta en marcha de una serie de impuestos que se dedicarán parcialmente a compensar a los ciudadanos y las administraciones públicas por el posible efecto derivado de «potenciales externalidades negativas».

A su vez, garantizará una mayor protección al consumidor imponiendo obligaciones de suministro a comercializadoras; reducirá los costes para los consumidores mediante la liberalización de inspecciones de instalaciones de gas y adaptará el régimen de sanciones.

Nuevas medidas tributarias y no tributarias

El titular de Industria detalló que el proyecto de ley contemplará nuevas medidas tributarias y no tributarias, entre las que se encuentran la creación de un impuesto sobre el valor de extracción del gas, petróleo y condensado, sobre el valor de producción con tipos impositivos que se fijarán en función del nivel de producción, de forma progresiva.

También se modificará el canon de superficie existente y se introducirán dos nuevas escalas por perforación de sondeos y adquisición de datos sísmicos, al tiempo que se fijará el pago a los propietarios de un 1% del valor de la producción de un emplazamiento.

Además, se posibilitará que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar inspecciones de las instalaciones, y se fomentará la entrada de nuevos comercializadores mediante el reconocimiento mutuo de licencias para comercializar gas natural con países que se establezca acuerdo previo.

El proyecto de ley establecerá medidas en relación a las existencias mínimas de seguridad «sin menoscabar la seguridad de suministro, y permitirá dotar a comercializadores de mayor flexibilidad y menor coste», y en él se distingue entre reservas estratégicas, que deben ser almacenadas por Cores, y reservas operativas, que serán almacenadas por operadores que actúan en el mercado.