«No sé lo que sucederá en la subasta y espero que tampoco lo sepa nadie porque eso sería una muy mala señal de que no es realmente una subasta», aseguró el ministro en una entrevista con los «Desayunos de TVE«.

«Confío en que la evolución del precio sea aquella que dicte el mercado» y no arroje un incremento de precios, afirmó Soria, y añadió que factores que influyen en ella, como el barril de petróleo, cotizan a la baja.

Asimismo, el ministro dijo que «deberíamos esperar desde luego, al menos, que no hubiese un incremento, pero hasta que no se produzca la subasta no sabemos«.

La TUR final depende en un 50% del precio de la energía que resulta de las subastas eléctricas y en un 50% de los costes regulados del sector que fija el Gobierno, y que el Ministerio de Industria prevé congelar en enero, por lo que el precio que pagarán los usuarios durante el primer trimestre de 2013 dependerá únicamente del coste de la energía que arroje la subasta que se celebrará el próximo 21 de diciembre.

Soria calificó de «necesaria e imprescindible» la nueva fiscalidad eléctrica aprobada por el Gobierno y expresó la determinación del Ejecutivo de «dar solución» al problema del déficit de tarifa y «establecer medidas para que no vuelva a ocurrir en los próximos años».

Su departamento intenta en la actualidad «taponar la hemorragia» del sistema eléctrico y posteriormente «intervendrá al enfermo» y pondrá en marcha «la reforma energética propiamente dicha». «Primero hay que taponar la hemorragia, porque si se interviene en la mesa de operaciones mientras se está operando, corremos el riesgo de que el paciente se desangre en plena operación», señaló.

Una vez «taponado» el déficit, el Gobierno acometerá una reforma en la que el consumidor pague exclusivamente en el recibo de la luz el coste de producir, transportar y distribuir electricidad. El objetivo es que, «a partir de ahí, todos los demás costes que hoy estamos pagando no los paguemos y se repercutan y distribuyan de acuerdo a algún otro tipo de criterio», señaló.

Soria recordó además que las medidas adoptadas para acabar con el déficit de tarifa también afectan a las empresas y citó como ejemplo el recorte a la retribución a la distribución y de los pagos por capacidad.

Además, advirtió de que la deuda eléctrica alcanza en términos acumulados 24.000 millones de euros y de que, si aumenta a «un ritmo de 5.000 o 6.000 millones de euros al año», podría alcanzar los 50.000 millones de euros, una cifra «superior al paquete de ayudas financieras que la Unión Europea canalizó esta semana a España».

Junto a esto, se mostró partidario de que las explotaciones mineras que a partir del 1 de enero de 2019 sean rentables puedan seguir operando en España. La Unión Europea obliga para estos casos a devolver las ayudas recibidas.