Soria comparecerá el jueves en el Congreso para informar sobre el sistema de fijación de precios de la luz acordado por el Gobierno

La solicitud del ministro se recibió en la Carrera de San Jerónimo unas horas antes de la celebración de la Diputación Permanente (que sustituye al Pleno durante los periodos inhábiles en la Cámara Baja), que debatió y votó favorablemente las solicitudes de comparecencia de Soria presentadas por el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y el PNV sobre este asunto, por lo que el Congreso convocará una sesión extraordinaria de la Comisión parlamentaria de Industria para poder acoger esta comparecencia.

Izquierda Plural y PNV pidieron en una solicitud conjunta para que Soria explique la última subida de la luz y el PSOE en la suya que el ministro informe de las decisiones que adoptará el Gobierno sobre el precio de la energía eléctrica para 2014. CiU y PNV, en otra petición conjunta, quieren que el ministro informe sobre el resultado de la última subasta eléctrica, de su posterior invalidación y las posibles soluciones que propone el Gobierno para evitar incrementos desmesurados en la formación de precios del mercado mayorista eléctrico.

El pasado 19 de diciembre, la subasta Cesur para el suministro de electricidad a los hogares y empresas acogidos a la tarifa cerró con un encarecimiento del componente energético del 25,6%, lo que, de aplicarse al recibo de la luz, se habría traducido en un encarecimiento superior al 11%, por lo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió invalidarla ante la existencia de ciertas «circunstancias atípicas».

Días después, el 29 de diciembre, el Gobierno aprobó por real decreto que el recibo de la luz suba el primer trimestre de este año el 2,3% y aprovechar ese período para elaborar (antes de marzo) un nuevo mecanismo definitivo que fije el precio de la electricidad.

Soria ha creado un «auténtico barullo»

La socialista María Luisa Carcedo justificó la petición de su grupo en la importancia del sector eléctrico tanto para las familias, que cada vez más sufren de la llamada ‘pobreza energética’, como para la competitividad de las industrias. Por eso, lamentó los dos años que Soria lleva «dando tumbos» y creando un «auténtico barullo» normativo en el sector.

«Llevamos dos años diciéndole a Soria que se está equivocando, y el resultado final de este desaguisado ha sido una regulación que lleva a una inseguridad jurídica de suma gravedad y a un riesgo de indemnización, otro problema más que se está incubando. Soria debe empezar de nuevo contando con el sector, con la ciudadanía y con El Parlamento para definir la regulación de un sector muy importante para el futuro del país. Espero que se encuentre en este laberinto», añadió.

Chesús Yuste, de la Izquierda Plural, también consideró «urgente» que el titular de Industria dé explicaciones sobre el «confuso» y «escandaloso» proceso que, el pasado mes de diciembre, acabó con un incremento previsto en la factura de la luz del 11% para el primer trimestre. Un «tarifazo» que según el diputado aragonés no se ha evitado sino que sólo se ha «diferido» para finales del presente ejercicio.

«Rechazado ese tarifazo del 11%, el Gobierno decidió abordar el tarifazo en diferido, si se me permite la expresión. Para este primer trimestre del año la subida será de un 2,3% pero al final de 2014 veremos cuánto se habrá incrementado la subida en términos anuales. Seguro que entonces volveremos a hablar de tarifazo«, dijo Yuste.

Por eso, el diputado de CHA opinó que el ministro «no puede minimizar ni esconder bajo la alfombra» el problema y debe dar cuenta de lo ocurrido y de cómo se regulará la fijación de precios a partir de ahora, habida cuenta de que «para este Gobierno las eléctricas pesan más que los ciudadanos».

Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, valoró la decisión de Soria de acudir a la Cámara para informar sobre lo ocurrido y para plantear las «posibles soluciones para evitar precios desmesurados» en el sector eléctrico, pero reclamó que también se cite al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, para «saber si realmente existieron interferencias o presiones» del Ministerio para aclarar lo ocurrido en la subasta Cesur.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, consideró que es «muy grave» tanto el posible «acuerdo» entre las productoras eléctricas en la subasta como la «intervención» del Gobierno en su anulación, situaciones que «han provocado un daño importante a la imagen del país y muchas dudas sobre las intenciones del Ejecutivo para que esto no se vuelva a producir». Por eso, defiende la necesidad de explicaciones «inmediatas».

En cuanto a UPyD, su portavoz adjunto en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, se confesó «moderadamente intrigado» con cuáles serán «las próximas 10 iniciativas (del ministro Soria) que sumará a las 10 anteriores para sembrar el caos en el mercado eléctrico».

Finalmente, el portavoz adjunto del PP Rafael Hernando aseguró que su grupo está «dispuesto a dar explicaciones sobre lo ocurrido en la subasta eléctrica, donde es evidente que se produjeron fenómenos atípicos», pero recordó que el sistema de fijación de precios es el que «diseñó y aprobó» el PSOE en 2009, mientras el PP lleva dos años intentando solucionar las consecuencias de esa mala gobernanza del sector.

«Creo que sería más razonable que, para que la fijación de precios sea más transparente, haya periodos más largos. Así se evitaría que los ciudadanos sean los que acaben pagando inestabilidades en el sistema de la subasta en base a decisiones unas veces transparentes y otras, no tanto», señaló.

Hernando aseguró que el Gobierno va a tomar medidas «para evitar que en el futuro se puedan cometer los mismos errores» que hasta ahora para fijar el precio de la luz. A su juicio, el problema de la tarifa eléctrica es un «aspecto esencial que afecta a la economía española y muy especialmente a la creación de empleo», es un elemento «esencial» en la industria española y afecta directamente al conjunto de los consumidores.

A renglón seguido, cargó contra la «deriva» provocada por las decisiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que durante ocho años provocó un incremento del precio de la luz del 65% y que «ocultó una parte del incremento de precios» en el déficit de tarifa, dejándolo a pagar a las generaciones futuras.

«Resulta cínico y chocante que los que ahora hablan de pobreza energética sean los mismos que contemplaban impávidos cómo, en base a las primas, se subía año tras año de forma inexorable la factura del conjunto de las familias sin decir absolutamente nada y sin poner ni un remedio», zanjó el diputado popular.

El PSOE pide la comparecencia de Soria en el Senado

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Industria y Energía del Senado, Jesús Alique, presentó en el registro de la Cámara Alta un escrito en el que solicitó la comparecencia del ministro Soria, para que explique los «reiterados y sucesivos incrementos del recibo de la luz y la anulación de la última subasta eléctrica».

El senador por Guadalajara sostiene que el Gobierno debe aclarar los motivos por los que anuló la subasta eléctrica del pasado mes, a pesar de que en el informe no vinculante de la CNMC «en ningún momento se señalaba que había existido una ‘burda manipulación'», como dijo el propio Soria.

Junto a esto, reclamó al ministro que informe de las medidas que piensa adoptar respecto a las subastas eléctricas celebradas anteriormente, después de haber señalado que «en la última subasta no ocurrieron cosas muy distintas a las anteriores, pero sí de una forma más clara».

Alique indicó que Soria debe explicar qué reformas va a adoptar para que el funcionamiento de los mercados sea más competitivo y para que «las empresas y operadores del sector eléctrico dejen de ser juez y parte».

Soria también abordará la situación de la minería

Además, en la Diputación Permanente también salió adelante la petición de los socialistas para que informe sobre el Plan del Carbón, y la de La Izquierda Plural y Mixto para que explique los planes para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Carbonífera del Ebro ubicada en Mequinenza (Aragón).

El diputado del PP por Asturias, Ovidio Sánchez, recordó que el ministro ya compareció el pasado mes de octubre para explicar el Plan del Carbón, aunque añadió que «como está muy orgulloso de lo que está haciendo en la minería, no tiene ningún inconveniente en venir a seguir dando la cara y seguir defendiendo la minería del carbón».

No obstante, Sánchez recordó que fue el PSOE el que firmó con la Unión Europea el fin de las ayudas a las minas no viables a partir de 2018, y que tuvo que ser un Gobierno ‘popular’ el que ha «luchado» para «evitar los cierres» y «dar esperanza a las empresas mineras» más allá de ese año. «Y en esa tarea nos tenemos que centrar ahora, no en mirar permanentemente hacia atrás, y hacer el esfuerzo para que las empresas puedan continuar», añadió.

La socialista Carcedo denunció el «calvario que no termina» que atraviesan la mayor parte de las empresas carboníferas, parte de un sector «estratégico» para la economía española e «imprescindible» para las comarcas mineras. Por eso, reclamó que Soria informe sobre el cumplimiento del Plan del Carbón, el pago de las ayudas a la producción y qué futuro espera al sector.

Yuste, de la Izquierda Plural, exigió a Soria que «dé la cara» y «explique en qué situación queda la mina de Mequinenza de la Empresa Carbonífera del Ebro y cómo garantizará su continuidad y la defensa del medio centenar de puestos de trabajo, en peligro desde que cerró hace un año la mina», cuando en 2014 el Ministerio le reserva «cero toneladas» y tiene voluntad de «darle carpetazo».