Soria avisa a Argentina: «gestos de hostilidad» a empresas españolas se considerarán «hostilidad a España»

«Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España», afirmó el ministro desde Varsovia, en unas declaraciones difundidas por los servicios de comunicación del Gobierno.

«Por tanto, el Gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, estos traen consigo consecuencias», afirmó el ministro, en alusión a Repsol y a las diferencias entre su filial YPF y el Gobierno argentino.

El ministro de Industria, Energía y Turismo aseguró además, antes de aludir a las consecuencias de cualquier hostilidad, que «el Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España».

Por su parte, y según informa el diario argentino «Clarín«, el Gobierno argentino prepara el envío al Congreso de un proyecto de ley para hacerse con las riendas de la petrolera YPF, controlada por Repsol.

El texto declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación» el 50,01% de las acciones clase D de la compañía, en manos del grupo argentino Petersen (25,46%) y de Repsol, que posee el 57,43%.

Fuentes del Congreso consultadas señalaron que aún no han recibido ningún proyecto de ley del Gobierno sobre YPF, aunque fuentes del sector petrolero afirmaron que la iniciativa podría entrar en el Parlamento en las próximas horas.

La noticia sobre la decisión del Ejecutivo de Cristina Fernández se filtró poco después de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se reuniera en Buenos Aires con el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicilloff.

El encuentro se produjo horas antes de la reunión que la presidenta Fernández iba a mantener con los gobernadores de las diez provincias petroleras del país para analizar la situación del sector y que finalmente quedó anulada.

No obstante, Repsol señaló que «no ha recibido notificación alguna por parte de las autoridades argentinas» sobre su participada YPF, en un escueto comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, insistió, como Soria, en que si se atenta contra los intereses de Repsol «se atenta también contra el Gobierno» y «habrá consecuencias». «El mensaje es que el Gobierno español está detrás de los intereses españoles en el extranjero», recalcó.

A este respecto, el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió al Gobierno argentino que «romper las reglas de juego tiene un coste y Argentina se va a convertir en un apestado internacional».

Méndez de Vigo comentó que si finalmente se produce la expropiación de YPF sería una «muy mala noticia para todos, pero también para Argentina», e informó de que el Gobierno español ha hecho «todo tipo de gestiones al más alto nivel» para conseguir una posición de respaldo a los intereses españoles en este país.

«Estamos haciendo todo lo posible a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional porque en el capital de YPF hay también fondos americanos y otro tipo de inversores», precisó el secretario de Estado.

Méndez de Vigo ha explicado que en Europa uno de los grandes proyectos en el continente americano es Mercosur, donde Argentina es una pieza básica junto a Brasil, y anticipó que «no habrá avances en Mercosur si se produce esa mala noticia».

Por tanto, instó al Gobierno argentino a reflexionar sobre las consecuencias de una decisión que, aunque le pueda satisfacer en un corto plazo, «a medio y largo plazo son malísimas».

Como reacción a los planes del gobierno argentino, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, convocó al embajador argentino en España, Carlo Antonio Bettini, para mostrarle su más enérgica protesta al respecto.

Según las fuentes citadas, el embajador será recibido a las 13:00 horas en el Palacio de Santa Cruz por el propio ministro y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia.

El objetivo es trasladar al embajador la «gran preocupación» del Gobierno español por el acoso del Gobierno argentino a Repsol. En este sentido se le pedirá que el Ejecutivo argentino sea prudente.

Asimismo, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, expresó su confianza en que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, «considere el conjunto» de la relación con España y preserve a la filial de Repsol, YPF y se mostró partidaria de «confiar» en el Gobierno argentino y en los parlamentarios de aquel país.

La supuesta pretensión de nacionalizar YPF es «un giro político inexplicable que debe corregir», dijo Valenciano, que subrayó la contribución de esa empresa al desarrollo de Argentina.