Soria avanza «medidas de calado» sobre la estructura de costes e ingresos en el sistema energético

si bien no se tramitará por la vía de urgencia.
Durante la defensa de este texto en el Congreso de los Diptuados, que fue aprobado con los votos a favor del PP (182), la abstención de CiU, PNV y UPyD (29) y el rechazo del resto de los grupos (127), Soria, insistió en que su intención «no es acabar» con las renovables.

El ministro de Industria, Energía y Turismo indicó que se trata de «una primera medida» de esta reforma, que no podrá frenarlo por si sola, y que tiene como objetivo «resolver el problema del déficit» tarifario acumulado, que ya afirmó que no se eliminará en 2012, y que a finales del pasado ejercicio superó los 21.700 millones de euros, casi cuatro veces superior al de 2005.

Soria insistió en que este déficit «es un problema muy serio ante el que no podemos quedarnos quietos ni volver a cometer los mismos errores. Hay que atacar el problema de raíz». Además, es un «obstáculo insalvable» para que las renovables puedan seguir desarrollándose y poder contar así con un sistema seguro, competitivo y sostenible.

Según el ministro, esta situación es consecuencia, por una parte, de la caída de ingresos del 10% entre 2004 y 2011 producida por el descenso de la demanda que acompañó a la crisis económica; y, por otra, de los elevados costes del sistema, que suponen 7.220 millones de euros sólo para las energías de régimen especial y que se incrementaron un 400% en los últimos siete ejercicios.

Así, la moratoria busca «limitar el aumento del sobrecoste» y «reconvertir y reconducir el problema» para «contar con un sistema energético seguro, eficiente, que no sea tan vulnerable en costes e ingresos, y que permita competir con otros países», explicó Soria.

«¿Cabrían otras alternativas? La inacción, pero eso nos llevaría a convertir lo que hoy es un problema sólo del sector energético en un problema financiero similar al de otros ámbitos de la economía», pronosticó.

Además, Soria subrayó el «compromiso claro, inequívoco e irreversible» del Gobierno con las energías renovables y se comprometió a alcanzar el objetivo europeo de que en 2020 el 20% de la energía consumida proceda de fuentes limpias y que se reduzcan las emisiones de CO2 un 20%.

Sin embargo, se preguntó si es «razonable» continuar subvencionando unas energías cuya potencia instalada (106.000 MW) «más que dobla» los 40.000 MW de demanda punta.

«El Gobierno sigue apoyando las instalaciones de esta naturaleza sin impedimento legal alguno y con la posibilidad de verter la energía que generan a la red con la remuneración resultante del mercado, y será cada promotor quien asuma el riesgo de su inversión sin unas primas que, en este momento, ni el sistema ni la economía española pueden seguir permitiéndose«, insistió Soria. Además, recordó que la medida es temporal y que no afecta a las preasignaciones ya registradas en el Ministerio.

También indicó que su departamento solicitó a la Comisión Nacional de la Energía su «pronunciamiento sobre los aspectos que considere relevantes para definir un nuevo marco regulatorio» y que está elaborando un proyecto de real decreto ley para fomentar el autoconsumo de energía eléctrica.

No obstante, Soria aprovechó para anunciar que el Gobierno trabaja ya en otras medidas energéticas «de calado» sobre la estructura de ingresos y costes del sistema y «pronto estarán preparadas».

«¿Cómo se les ocurre paralizar la joya de la corona?»

Sin embargo, la oposición se mostró en desacuerdo con estas explicaciones. Así, el socialista Julio José Segura Clavell criticó que suspender estas primas perjudicará al medio ambiente y además acusó al Gobierno de «criminalizar» con este decreto a las energías renovables, «haciéndolas aparecer como las únicas causantes del problema de déficit de tarifa».

«¿Cómo se les ocurre paralizar una de las joyas de la corona tecnológica, económica y de empleo? El problema del déficit de tarifa es el resultado de un sistema regulatorio inadecuado que no recoge los costes reales del sistema», reprochó, reclamando una amplía reforma del sector eléctrico que deje de «destrozar el mix energético» con «martillazos de reales decretos», y reclamó un «libro blanco» sobre el sistema eléctrico.

Segura reprochó al ministro que se apruebe un texto «inútil» para los fines anunciados por el Gobierno y dijo que es «malo» para el empleo en España y hará complicado que «nuestro país cumpla» con los objetivos de la Unión Europea en materia de renovables y reducción de los gases de efecto invernadero

El diputado del PSOE también recordó a Soria el rechazo de muchas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP a esta normativa, que frena muchos concursos regionales sobre renovables.

Tampoco la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) está de acuerdo con esta reforma, aunque reconoció que es necesaria una reforma del sector. Así, la portavoz del grupo, Laia Ortiz, consideró que este «decretazo» se basa en un «análisis sesgado y en prejuicios» que «demonizan a las renovables», haciendo un «flaco favor a un sector que contribuye a la riqueza y que es puntero en materia de tecnología».

Ortiz reclamó un debate profundo sobre los costes del sistema y que la norma se tramitara como proyecto de ley para poder introducir cambios, una petición que también formularon desde UPyD.

También Francisco Jorquera (BNG) criticó que se tramite la medida por decreto y sin ser «consensuada» con las Comunidades Autónomas y reprochó que «esconde claramente que ‘nucleares sí, renovables no'». Además, pidió una revisión de la ley del sector eléctrico para evitar los beneficios «escandalosos» de las empresas eléctricas gracias a las instalaciones amortizadas como las nucleares o las hidráulicas.

Por su parte, Teresa Jordà (ERC) recordó que «las subvenciones a renovables no son gasto sino inversión» y que esta decisión sólo conduce a «más dependencia energética». Jordà también acusó al Gobierno de legislar para favorecer a la patronal de las grandes eléctricas, Unesa, y subrayaron que las renovables «no son gasto sino inversión».

Sin embargo, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, coincidio con el Gobierno en que es necesario reformar el modelo energético para «reducir un déficit tarifario que está en cifras preocupantes» y para «conseguir precios más competitivos de la energía para familias y empresas», ya que actualmente «están un 15% por encima de la media europea».

No obstante, alertó de la necesidad de plantearse «el mix energético en un horizonte de 25 o 30 años» e instó al Gobierno a que precise cuánto tiempo durará esta suspensión. «Si es una suspensión corta estaríamos por la labor, pero el sector necesita seguridad jurídica y no tener fecha de caducidad genera incertidumbre a la economía», puesto que se trata de un sector puntero en España que crea empleo.

El diputado del PNV Pedro Azpiazu reclamó una política energética más amplia y, aunque se mostró de acuerdo con la necesidad de racionalizar costes, señaló que no sea de «modo parcial» y se trate de evitar «culpabilizar» sólo a las renovables.

Desde Amaiur criticaron que todas las decisiones del Gobierno suponen «dar marcha atrás» en temas sociales, ambientales y económicos.

Los diputados del Grupo Mixto, por su parte, consideraron que se está atentando contra un sector que contribuye a la creación de empleo y la generación de riqueza en España.

Soria afirmó en su última réplica que algunas de las propuestas avanzadas en el Congreso «podrán ser incluidas en futuras reformas» del sector energético, una vez se logre «reducir y reconducir el ritmo de acumulación de déficit tarifario».