Soria asegura que la consulta es «ilegal» y pide «sensatez» al Gobierno canario ante su pulso con el Estado

Tras presidir una reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP en Canarias, Soria aludió así al «divorcio institucional» con la Administración del Estado que, según advirtió el presidente canario, Paulino Rivero, podría producirse en las islas en caso de que no se paralicen las prospecciones autorizadas la pasada semana.

El presidente de los populares canarios se preguntó si con esa «amenaza de ruptura institucional» Rivero pretende que Canarias deje de recibir miles de millones de euros del Estado con los que se financian distintos ámbitos, como el energético, el transporte, o el pago a proveedores.

Soria manifestó que tanto el PP como el Gobierno central «rechazan cualquier tono amenazante de cualquier institución» y estimó que «no hay ningún riesgo» de que se produzca esa ruptura con el Estado, porque «en Canarias la sociedad es sensata y responsable».

El titular de Industria aseguró que el Consejo de Ministros «no va a autorizar» la consulta popular que pretende realizar el Gobierno canario sobre estos sondeos petrolíferos «porque es ilegal» y añadió que la reunión que solicitó Rivero con Mariano Rajoy para abordar este asunto «se producirá cuando haya disponibilidad» en la agenda del presidente del Ejecutivo nacional.

«En España no se pueden hacer consultas ilegales, ni en Canarias ni en ninguna otra parte de España. Consultas ilegales no se van a hacer y esta consulta ilegal tampoco se va a hacer, ponga la fecha cuando la ponga el Gobierno regional, no se pueden hacer consultas ilegales», apostilló.

Soria incidió en que la consulta «no se va a autorizar», si bien añadió que si se plantea dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma el Gobierno central tendrá que estudiarla aunque ha insistido en que «una como la que ha planteado el Gobierno regional es inadmisible, por tanto, no se va a autorizar».

Acusó a Rivero de mantener un debate «manipulado»

Sobre la supuesta doble vara de medir que tiene el Gobierno sobre los sondeos previstos en Baleares y los de Canarias, Soria dijo que los primeros fueron autorizados por el PSOE en 2010 y precisó que en ese otro archipiélago el operador «ni siquiera» solicitó la pertinente declaración de impacto ambiental, que tarda en resolverse entre 12 y 18 meses.

Soria recalcó que el PP en Baleares «siempre ha mantenido la misma posición» en contra de los sondeos, mientras que los populares canarios siempre apostaron por ellas, de ahí que, a su juicio, el único cambio de parecer que se debe explicar en Canarias es el del presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero (CC) que, según aseguró el ministro, le ha dicho en privado más de una vez que él apoya la realización de estos sondeos, aunque tiene que defender su rechazo «por los líos internos que tiene en Lanzarote y Fuerteventura», algo que también confesó, según su versión, al propio presidente de Repsol, Antonio Brufau.

En colación con ello, el ministro quiso poner en evidencia la actuación de Rivero y la de José Miguel Pérez (PSOE), vicepresidente del Gobierno canario respecto a su oposición al petróleo, citando una frase del primero en enero de 2002, y cogiéndola prestada: «No hay ningún país en el mundo, de ninguna condición, que teniendo posibilidad de encontrar petróleo, no lo busque con las debidas garantías».

Asimismo, se refirió a unas declaraciones de Pérez en las que el ahora secretario general de los socialistas canarios defendía hacer las prospecciones y, a modo de ejemplo, Soria citó unas declaraciones suyas de 2011 en las que decía que «el único territorio en España que en los últimos años ha desaprovechado la oportunidad de marcar diferencias con opciones serias y sólidas para marcar un área de frontera y cooperación con un continente y un país, y para tener bastante autonomía económica, me refiero a lo que ocurrió con el tema de las prospecciones y se desperdició». Por todo ello, acusó al Gobierno canario de llevar a cabo un debate «manipulado», tras recordar que tanto los nacionalistas como los socialistas canarios apostaban por las prospecciones en sus programas electorales.

Soria consideró, además, que Rivero «roza el delito» e incurre en un «disparate» cuando se dirige a los accionistas de Repsol para advertirles de que «o se avienen a lo que plantea el Gobierno canario o no van a recibir más contratos en las islas».

El ministro manifestó que las batallas políticas, que en este caso calificó como una causa «partidista e incluso personal», se ganan o se pierden, y añadió que cuando la justicia no te da la razón, como ha ocurrido en este caso con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se pasa página y se trabaja todos a una por el bien de Canarias. «No hay ninguna duda de que la transparencia que se ha seguido es la que se debía de seguir», apuntilló.

Además, recalcó que, tal y como desmintió el propio operador, Repsol, Rivero «miente descaradamente» cuando afirma que el Ministerio de Industria ha presionado a la compañía petrolífera para que acometa estos sondeos. «Es una cuestión de pudor, cada uno hace el ridículo como quiere», aseveró.

Una DIA «sólida y rigurosa»

El ministro subrayó que la declaración de impacto ambiental de los sondeos previstos en Canarias fue autorizada por técnicos y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente «muy cualificados» en un proceso «sólido y riguroso».

Al respecto, incidió en que la normativa que existe en España sobre las prospecciones es de las «más garantistas» del mundo exigiendo además informe de evaluación de riesgos, matizando que en el caso de Canarias la «probabilidad de que de acuerdo a esta declaración haya una incidencia es remota o nula». «No existe el más mínimo riesgo medioambiental porque de haber existido esa declaración no habría sido favorable», subrayó de forma rotunda.

Soria también aseguró que el Gobierno creará un tributo para que las arcas canarias se beneficien de la actividad extractiva que podría llevar a cabo Repsol cuando se confirme que se puede desarrollar, es decir, cuando se conozca el resultado de las prospecciones. En países como Italia está fijado en un 8%, lo que supondría entre 300 y 400 millones de euros al año.

Además, destacó que, si estos estudios prosperan tendrían un impacto en la economía del archipiélago equivalente al 12% ó 13% de su producto interior bruto y se generaría una actividad superior a la que aportaba a las islas el sector de la construcción antes de la crisis.

El ministro aprovechó para recordar que sólo la fase de sondeos exploratorios conllevará una inversión en Canarias de 350 millones de dólares, unido a todo lo derivado.

Finalmente, Soria reiteró que España es un país con dependencia energética que hace un gasto anual de «40.000 millones de euros en importación de hidrocarburos», lo que produce un «saldo comercial negativo de España con el resto del mundo, por tanto, necesidad de financiación», de ahí que consideró que es «una necesidad de primer orden» conocer si existe o no hidrocarburo.

Canarias replica que «la consulta es legal y se va a hacer»

Por su parte, el Gobierno de Canarias replicó al ministro de Industria que la consulta que pretende convocar para que los ciudadanos de las islas puedan expresar su opinión sobre las prospecciones petrolíferas «es legal y se va a hacer».

«El Gobierno –central– tiene que respetar y aceptar las competencias de las comunidades autónomas aunque no les guste lo establecido en la Constitución Española», apuntilló el consejero de Presidencia y Justicia de la comunidad autónoma, Francisco Hernández Spínola (PSOE).