Soria asegura que el «objetivo» del Gobierno es mantener «la mejor relación» con Argentina sin desistir a una defensa «firme» de Repsol

Durante su intervención, a petición propia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, el ministro aseguró que el Gobierno aboga por buscar una solución dialogada al conflicto desatado ante la intención de Argentina de nacionalizar las acciones que la petrolera española Repsol tiene en la argentina YPF.

«El Gobierno condena y rechaza categóricamente la nacionalización de YPF» porque se realizó violando la ley de privatización de la petrolera y los acuerdos de protección recíproca de inversiones firmado entre España y Argentina, al tiempo que incumple de forma «clara y rotunda» los acuerdos marcos entre ese país y la Unión Europea.

Soria indicó además que el Gobierno mantuvo encuentros en los que expresó a las autoridades argentinas que «Repsol está dispuesta a seguir en Argentina», pero que «quería saber si Repsol seguía siendo una empresa valorada», pero éstas no surtieron efecto.

El ministro de Industria consideró además que el Gobierno de Argentina aplicó una «estrategia deliberada» para hundir las acciones de YPF y facilitar su expropiación, y recordó que la propia legislación del país obliga al Estado a lanzar una OPA si desea retomar el control de la petrolera.

«Es evidente que las autoridades argentinas desarrollaron una estrategia deliberada para llevar la cotización a la baja para facilitar su expropiación«, afirmó Soria. La «campaña de hostilidad» del Gobierno argentino, el «reclamo» de dividendos y las retiradas de licencias en seis provincias productoras provocaron una caída del 60% en la cotización de YPF, señaló.

Asimismo, el ministro Soria aseguró que es «especialmente grave» la intención manifestada por algunos miembros del Gobierno argentino de no pagar «ni un sólo euro a los legítimos propietarios» por la «confiscación» de YPF y no descartó nuevas medidas aparte del límite al biodiésel argentino que, como dijo, «no serán medidas a anunciar, sino que serán medidas que se adopten».

En este sentido, dijo que el Gobierno de España continuará con una defensa «firme» de Repsol y que acudirá a los foros económicos internacionalese para «lograr la justa compensación», por el daño causado a Repsol, una empresa estratégica para España.

El ministro explicó que como parte de la hoja de ruta a seguir por el Gobierno se encuentran, aparte de la orden ministerial que pone límite a las importaciones de biodiésel procedentes de Argentina, las gestiones realizadas para que «desde Mercosur no se le dé una relación de preferencia a Argentina».

La medida contra el biodiésel argentino, cuyas ventas representan la mitad del total de exportaciones del país austral a España, impulsará la actividad de las 48 fábricas de biocombustible existentes en España, ya que «ni si quiera están produciendo en la actualidad un 10%», apuntó.

Además, Soria aclaró que la orden ministerial tardó en ser aprobada para no «dar una excusa» al Gobierno argentino de su «hostilidad» y aseveró que el Gobierno español apoyará «en todo momento» a las empresas, trabajadores y accionistas españoles, porque «es su obligación».

En este sentido, agradeció el apoyo que desde la Unión Europea mostraron a España y destacó el planteamiento que desde el Gobierno propusieron a la Unión Europea sobre la suspensión de preferencias generalizadas a Argentina.

«Más allá del efecto a muy corto plazo, esto afectará a la credibilidad de Argentina, que es un país que necesita flujo de capital extranjero», consideró Soria, quien aseguró que el «marco jurídico, la credibilidad y la seguridad jurídica» son tres cuestiones «mucho más débiles» en Argentina tras la decisión adoptada por Gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner.

Soria insistió en que la decisión de Argentina es «gravemente discriminatoria», ya que sólo afecta a las acciones en manos de Repsol, y exigió a Argentina que cumpla con las obligaciones legales.

En su comparecencia, también aprovechó para describir los distintos contactos con las autoridades argentinas antes de la expropiación y para lamentar el cambio de postura del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner frente a YPF. En este sentido, señaló que el Gobierno español buscó el «mejor clima» bajo «la base de la negociación, el diálogo y el consenso».

Por eso recordó que, «hasta noviembre de 2011, YPF era una empresa modelo para las autoridades argentinas», capaz de duplicar el empleo y consolidarse como principal contribuyente fiscal del sector. No obstante, en enero de este año se produjo el cambio de posición del Gobierno argentino, por lo que criticó su decisión por «violar la ley y el acuerdo de inversiones recíprocas firmado por España y Argentina en 1991».

Ante el deterioro de la situación, el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, viajó a Argentina el 21 de febrero para tratar la situación de YPF con el Gobierno del país. Dos días después, el representante del Estado argentino en el consejo de YPF, Roberto Baratta, se presentó en la reunión del directorio con varios representantes del Gobierno, a quienes no se les permitió participar en el encuentro.

El 28 de febrero, fue el propio Soria quien se desplazó a Buenos Aires, donde acordó con el ministro de Planificación, Julio de Vido, la creación de un grupo de trabajo español y argentino para analizar la situación.

Posteriormente, el ministro remitió por escrito los nombres de los representantes españoles y, al no obtener respuesta, intentó contactar en dos ocasiones en vano por teléfono con las autoridades del país, que se limitaron a desmentir la creación de este grupo conjunto a través de un comunicado.

En su reunión con las autoridades del país, Soria dijo haber trasladado el mensaje de que, «cuando hay problemas, lo mejor entre amigos en sentarse, hablar, dialogar y llegar a acuerdos». Además, aludió a los «miles de accionistas» que guardan sus ahorros en Repsol y sostuvo que YPF no solo es importante para la petrolera española, sino para España.

En una reunión celebrada entre el Gobierno argentino y Repsol el 11 de abril, cinco días antes de la nacionalización, las autoridades del país llegaron a pedir medidas «poco realistas o irrealizables», como la de que «todas las inversiones del grupo en el mundo se dirijan a Argentina», señaló el ministro.

Soria también explicó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió una carta a Fernández de Kirchner para expresar su rechazo con la expropiación, si bien no recibió respuesta por el momento.

Apoyo casi unánime de la oposición

Por su parte, casi todos los grupos de la oposición expresaron al ministro de Industria su apoyo al Gobierno en la defensa de la legalidad internacional en el caso de la nacionalización de las acciones de YPF y se pidió al Ejecutivo que luche por lograr un justiprecio para compensar a Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones. Sin embargo, desde Izquierda Plural se pidió que se rebaje el tono «patriótico» y no se confundan intereses empresariales con nacionales.

Desde el grupo socialista, el portavoz de Industria, José Segura, afirmó que el PSOE respaldará al Gobierno en la defensa del derecho internacional y los «valores democráticos», lamentó la actuación del Gobierno argentino y consideró que el importante descubrimiento de gas y petróleo no convencionales en los yacimientos de «Vaca Muerta» está detrás de su decisión de nacionalizar YPF.

El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre dijo que apoyar a Repsol es defender la seguridad jurídica de todas las inversiones españolas en el exterior, y calificó la actuación de Argentina de «confiscación y rapiña», porque pretende no pagar el justiprecio que corresponde a la petrolera española.

Por el PNV, Pedro Azpiazu pidió al Gobierno que actúe de forma «no patriotera» y le recordó que, en la defensa de las normas internacionales, no debe olvidar que este caso se trata de una cuestión empresarial.

La diputada de UPyD Rosa Díez aseguró que su formación apoyará todas las actuaciones que lleve a cabo el Ejecutivo para «restablecer la seguridad jurídica» y el respeto a las relaciones comerciales internacionales. No obstante, criticó la extensa defensa a Repsol hecha por Soria y lamentó su «escueta» referencia a la seguridad jurídica, aunque pidió movilizar a todas las instancias europeas para evitar la «confiscación» de YPF.

Por el grupo mixto, el diputado Pedro Quevedo apoyó la consecución de un justiprecio para Repsol en el caso de que la nacionalización de YPF no tenga marcha atrás, y lamentó el discurso agresivo del Ejecutivo, porque éste puede perjudicar a las empresas españolas que están en Argentina.

Desde el grupo de la Izquierda Plural (GIP), la diputada Laia Ortiz criticó al Gobierno por confundir los intereses de España con los de Repsol y lamentó que la limitación a la importación de biodiesel argentino suene a «ojo por ojo, diente por diente».

También por GIP, el diputado Chesús Yuste aseguró que no colaborarán con ninguna medida que perjudique las relaciones entre España y Argentina, país que, a su juicio, tiene derecho a recuperar la titularidad de sus recursos, pero atendiendo a la legalidad y criticó la medida de limitar las importaciones de biodiésel por ser «desproporcionada».

Yuste, que agradeció el aparente giro a la moderación del Ejecutivo, advirtió de que su papel debe limitarse a apoyar a Repsol en la consecución de una indemnización justa sin caer en «adendas patrióticas».

Por último, el diputado del PP Antonio Erías pidió al resto de grupos su apoyo «unánime y sin fisuras» a la gestión del Gobierno respecto a la nacionalización de YPF.