Soria asegura que el Gobierno trabaja para subir del 20% al 25% el descuento del bono social

En declaraciones a los medios antes de la presentación del programa «Actívate«, un proyecto conjunto de Google y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de Red.es y la Escuela de Organización Industrial (EOI), Soria señaló que este descuento «actualmente significa un 20%, con lo cual lo que estamos haciendo es elevando el límite del bono social» hasta el 25%.

El Gobierno trabaja actualmente en la modificación de la normativa que regula el bono social, una tarifa eléctrica subvencionada a la que pueden acogerse las familias con menos recursos, entre ellos los pensionistas, las familias numerosas, los hogares con todos sus miembros en paro o quienes tienen contratados menos de 3kw de potencia en su vivienda habitual.

Este descuento consiste en la actualidad en la congelación de la tarifa eléctrica en niveles de 2009, con lo que las subidas de luz se convierten en un ahorro relativo para sus beneficiarios.

Sin embargo, un informe de la CNMC indicó que, con precios de septiembre de 2013, la rebaja es del 25,6%, ya que los usuarios con tarifa pagan 18 céntimos por kilovatio hora (kWh) y los beneficiarios del bono social, 13,4 céntimos.

Además, este descuento es en realidad mayor en la actualidad, ya que desde septiembre del año pasado se han producido dos subidas del recibo eléctrico, una del 3,1% en octubre y otra del 2,3% en enero.

En el borrador de la orden ministerial sobre el reparto del porcentajes para financiar esta ayuda, incluido dentro la memoria económica, Industria indicó que el coste del bono social puede ascender a más de 220 millones de euros anuales. De hecho, en 2013 el coste ascendió a 228,4 millones de euros.

El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

Posteriormente, en noviembre del año pasado, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social. En ese momento, el bono social pasó a sufragarse por el resto de consumidores a través de la factura.

Al anularse por discriminatoria esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, que entrará en vigor este miércoles.