Soria asegura estar enmendando la política «esquizofrénica» del PSOE sobre renovables, gas y carbón

En su comparecencia en el Congreso y en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Luisa Carcedo, Soria cargó contra las decisiones «erróneas» tomadas en materia de política energética durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En su opinión, el fallo fue «simultanear una política de primas a las renovables con una política de ayudas y primas al carbón nacional porque era ineficiente» y, al mismo tiempo, la «incentivación de nuevas infraestructuras gasistas para impulsar los ciclos combinados».

A esto se añade, según el ministro, que «cuanta más energía renovable entraba menos utilización de los ciclos combinados», lo que da como resultado «una política energética cargada de mucha esquizofrenia».

Por este motivo, manifestó que su departamento intenta ahora lograr que el sistema eléctrico sea «seguro, equilibrado y sostenible», de modo que ofrezca un servicio «adecuado a lo que requieren las condiciones generales de competitividad y de reindustrialización de la economía española».

Como parte de este propósito, Industria busca un «equilibrio en el conjunto de las tecnologías», tanto del régimen ordinario como las del régimen especial, entre las que figuran las renovables y la cogeneración.

La extracción por «fracking» ha dado ventaja competitiva a EEUU

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, Soria defendió la exploración de recursos no convencionales de gas no convencional mediante la técnica de la fractura hidraúlica o «fracking», así como su explotación si se cumplen los requisitos medioambientales.

El ministro defendió las ventajas de esa técnica en su respuesta a la diputada de ERC Teresa Jordá, que le preguntó si el Gobierno permitirá que los territorios afectados puedan decidir si permiten la fractura hidráulica, a lo que el ministro contestó que las Comunidades Autónomas ya son las encargadas de dar los permisos de exploración de hidrocarburos siempre que la zona afectada por las investigaciones no exceda sus límites.

La diputada de ERC defendió que deben ser las comarcas afectadas las que decidan «si quieren correr los grandes riesgos» que conlleva este método de extracción, y criticó que no darles esa posibilidad es una «auténtica tiranía» y una «muestra de autoritarismo y de falta de democracia».

Jordá acusó al Gobierno de querer «decidir impunemente sobre el futuro de comarcas que no saben ni situar en el mapa», e insistió en que «el fracking no es ni barato ni rentable salvo para las grandes compañías», y en que «existen alternativas limpias que no suponen ningún riesgo para la salud».

El ministro de Industria le respondió que no comparte su opinión y que gracias a la fractura hidráulica Estados Unidos «ha logrado aumentar su grado de autoabastecimiento energético» y «ganar una ventaja competitiva enorme».

El Gobierno podría lograr que las minas competitivas funcionen en 2019

Asimismo, Soria defendió que la situación actual del carbón es fruto de los «errores» del gobierno socialista pero, a pesar de ello, confió en que «si las cosas van como hasta ahora» el Gobierno pueda lograr que las minas competitivas puedan continuar abiertas a partir de 2019, aunque hayan recibido ayudas con anterioridad, en referencia a las directivas de la Unión Europea que exige el cierre de las explotaciones no rentables en diciembre de 2018.

Con respecto al Grupo Alonso, Soria señaló que las ayudas correspondientes al ejercicio 2012 le fueron denegadas porque la empresa tiene deudas con la Seguridad Social y, por lo tanto, su concesión supondría una «decisión injusta a sabiendas, y eso recibe determinada tipificación en el Código Penal».

Industria desestimó un recurso presentado por Uminsa y Coto Minero del Cantábrico, ambas del Grupo Alonso, contra la decisión de denegar ayudas por valor de 50 millones de euros correspondientes a 2012 al considerar que las compañías incumplen la exigencia de estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.

UGT acusa al Gobierno de poner en «serias dificultades» al Grupo Alonso

Por su parte, la federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT (Fitag UGT) acusó al Gobierno de aplicar una estrategia de cierre de la minería del carbón que «pone en serias dificultades la subsistencia» del Grupo Alonso, perteneciente al empresario Victorino Alonso, y el ordenamiento definitivo del sector.

UGT instó al Gobierno a buscar «una solución viable para evitar el cese de actividad» de ambas compañías, actualmente en preconcurso de acreedores.

Por este motivo, el sindicato consideró necesaria una reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la que estén presentes todos los empresarios de la minería y, en especial, el propio Alonso.

El Ministerio de Industria ya retrasó el pago de las ayudas de 2012 a cuenta de los presupuestos de 2013, lo que puso en peligro la viabilidad de las empresa, y ahora «estrangula definitivamente» a las empresas del Grupo Alonso.

De hecho, la denegación de ayudas pone en riesgo la continuidad de la actividad de estas empresas y supone «una vuelta de tuerca más de incertidumbre del porvenir de los trabajadores y en el futuro de las comarcas mineras», señaló.

UGT reclamó además que, en la reunión con Nadal, se planteen soluciones «realistas y rápidas» que permitan recuperar la actividad en todas las empresas, y pidió además que se convoquen las ayudas para 2013, por valor de 153 millones de euros.

«Consideramos que el problema actual de la minería no es conocer lo que pasará con las ayudas en 2019, sino pagar las actuales correspondientes a 2012 y las del 2013», afirmó.

Junto a esto, consideró necesario levantar los expedientes de regulación de empleo, reincorporar a los despedidos, solucionar las prejubilaciones de As Pontes y empezar a quemar el carbón nacional en las térmicas, así como solucionar los problemas de la sociedad Carbonífera del Ebro, en Teruel.