Soria afirma que sin sus medidas el déficit tarifario de 2012 y 2013 habría sido de 20.500 millones de euros

Así se pronunció durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde la secretaria de Economía y Empleo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, le interpeló en relación a los precios de la energía, lo sucedido con la subasta Cesur de diciembre y el futuro mecanismo de fijación de precios que entrará en vigor el 1 de abril.

Soria comenzó su intervención recordando que entre 2004 y 2011 la luz subió un 67,2%, pero que en 2013 se consiguió revertir la tendencia con una caída del 3,1%. Un cambio propiciado por sus cambios regulatorios que permitió paliar las consecuencias de la política energética de las dos pasadas legislaturas, impulsada por el Gobierno socialista, y que «no fue acertada» por mucho que se planteara «con la mejor de las intenciones».

A renglón seguido, subrayó que uno de los principales objetivos al inicio del mandato era embridar el déficit de tarifa, que desde 2004 y año a año se iba incrementando y acumulando, lastrando así las cuentas del sector público. De hecho, si se hubiera mantenido la tendencia del principio de siglo en 2012 el déficit habría sido de 10.000 millones de euros y el año pasado, de 10.500 millones de euros. Sin embargo, finalmente fue de 5.069 y 3.600 millones de euros, respectivamente.

Frenar la «persistente» subida de precios

El otro objetivo principal del Ministerio de Industria para esta legislatura era frenar la «persistente» subida de precios, que lastra la competitividad de las empresas y la renta disponible de las familias. En este sentido, Soria recordó que fue el PSOE, en 2009, el que introdujo el mecanismo de las subastas trimestrales, por mucho que «ahora parezca que no le gusta».

Un sistema de precios «marginalista» que conlleva que primero entren en el «pool» las tecnologías más baratas pero que fija el precio en función de la última energía que se tiene en cuenta, lo que supuso las subidas de precios de los últimos años y que el Gobierno del PP trató de aplacar con la introducción, en 2012, de nuevos gravámenes a la industria nuclear y a la hidroeléctrica, que en muchos casos ya tienen amortizadas sus inversiones y que debían «tributar y no usar gratuitamente lo que es de todos».

«Ahora quitamos la subasta y ustedes están de acuerdo, y yo lo celebro», añadió, explicando que el nuevo mecanismo que entrará en vigor el próximo 1 de abril ofrecerá tres fórmulas para fijar el precio: un contrato bilateral entre el consumidor y la empresa, un contrato estándar con una tarifa fija anual que las empresas estarán obligadas legalmente a ofrecer, y el pago por el consumo en función del precio horario del mercado. «Me parece que es un sistema muchísimo más transparente», defendió el ministro.

Con respecto a la anulación de la subasta Cesur de diciembre, Soria se limitó a recordar que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) detectó «comportamientos impropios de mercados eficientes» y por eso invalidó el incremento del 10,5% que dio como resultado.

«A lo mejor ustedes hubieran preferido que los precios subieran ese 10,5%, y no un 3,2% como fijó el Gobierno», reprochó a los socialistas, afirmando acto seguido que el precio de la electricidad durante este primer trimestre no es «en absoluto intervenido» porque se determinó a partir de lo que marcaban los mercados de futuros durante el segundo semestre de 2013.

Sobre las quejas de las eléctricas ante este nuevo modelo, el ministro consideró que es «comprensible» que no les guste, pues la eliminación de la subasta eléctrica les supondrá menos ingresos, pero a cambio los consumidores verán reducidos sus recibos. «Es comprensible su posición, pero mucho más comprensible es el interés general», subrayó el titular de Industria.

España pagó en 2013 el 10% de las primas renovables mundiales

Por último, Soria hizo referencia a los cambios que afectaron a las energías renovables, defendiendo que la doctrina del Tribunal Supremo, que considera que los titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica «no tienen un derecho inmodificable» con respecto a su régimen económico, justifica su aplicación con carácter retroactivo e insistiendo en que gran parte del déficit tarifario se deriva de los incentivos que se les pagan, que es «la parte más importante» de los costes del sistema y «que estamos pagando todos los consumidores a fin de mes».

No obstante, estimó que el 7,5% de rentabilidad fijado por el Gobierno para estas tecnologías es «razonable» y recordó que «no hay ningún negocio donde se garantice al inversor rentabilidades por encima del 15%» como existían hasta ahora para estos proyectos. Un nivel de primas que, según Soria, llevaron a que España haya «financiado la curva de aprendizaje para todas las economías del mundo» en materia de renovables.

No en balde, los incentivos que se habían abonado a las energías renovables hasta 2013 suman 10.000 millones de euros, un 10% del total de incentivos de todo el planeta. «Eso está muy bien, pero tendremos que contar a los ciudadanos que cuanto mayor proporción de esa tecnología tenemos más incentivos hay que pagar», concluyó.

El PSOE propone un Pacto de Estado para hacer una reforma «profunda»

Las palabras del ministro no convencieron sin embargo a Rodríguez-Piñero, que le criticó por no haber pedido «un diagnóstico certero» de la situación del sector cuando llegó al Ministerio y por no haber aprobado un «plan de actuación» con la vista puesta en el medio y el largo plazo para «avanzar de manera eficiente hacia un sistema competitivo y seguro».

En su lugar, dijo, Soria se limitó a aprobar «medidas coyunturales que no valen de nada en un sector que necesita inversiones a muy largo plazo» y a poner «parche sobre parche», sin contar en todo el proceso ni con los actores afectados ni con los grupos políticos y sin conseguir frenar el déficit de tarifa.

«Es imprescindible abordar una reforma profunda del sistema, incluido el mecanismo de fijación de precios, porque los fallos regulatorios han dado lugar a un mercado ineficiente, con una competencia insuficiente, una elevada concentración empresarial y un sistema cuestionable de primas a todas las tecnologías«, dijo la diputada.

Por eso, su grupo propuso «un Pacto de Estado sobre el sector energético» que comience con una auditoría de la regulación vigente y un libro blanco que «siente las bases para la revisión profunda de la normativa, fijando los efectos que ésta tiene en los balances de las empresas». Además, aseguró que el PSOE derogará la Ley del Sector Eléctrico en cuanto vuelva a gobernar y anunció una proposición de ley en el Congreso sobre pobreza energética.

Con respecto a lo ocurrido en la subasta de diciembre, Rodríguez-Piñero consideró que fue «una decisión más propia de una república bananera» y pidió más explicaciones sobre la decisión de la CNMC. «Nosotros no estábamos de acuerdo con las subastas, no era un buen sistema y había que corregirlo, pero tienen que planificar qué sistema lo sustituirá y no generar incertidumbres», añadió.

Y es que temió que el nuevo sistema de precios que propone el Gobierno «discrimine entre consumidores según tengan o no contadores inteligentes», que no están particularmente extendidos entre los consumidores por lo que «para la mayoría habrá una subida de precios». Y criticó que la subida de la parte regulada penaliza más a quienes menos consumen y a quienes viven en regiones con condiciones climatológicas más duras.

«El drama es que usted ha renunciado a mirar al futuro y a establecer una tarifa que permita a los consumidores pagar un precio justo. Usted pasará a la Historia como el ministro que ha generado la mayor pobreza energética del país. Cambie su actitud, escuche y trate de buscar acuerdos», le pidió al ministro.