Soria afirma que la indemnización era la única solución para Castor

En una conferencia en el Círculo Financiero de La Caixa, el ministro subrayó que en mayo de 2012 el Consejo de Ministros declaró «lesiva» la cláusula que establecía que si el promotor del almacén renunciaba a la concesión, tenía derecho a una indemnización aún cuando actuara con «dolo o negligencia».

Soria argumentó que el operador llevó ante el Tribunal Supremo aquel acuerdo del Consejo de Ministros y que la justicia determinó que no se trataba de una cláusula lesiva, con lo que el ministro destacó que el Gobierno tendrá que indemnizar a Escal UGS con 1.350 millones de euros.

Estos 1.350 millones de euros los pagarán los ciudadanos en el recibo del gas durante los próximos 30 años, y preguntado por la estimación de la OCU de que los consumidores tendrán que desembolsar 4.731 millones de euros en este periodo debido a un interés del 4,27% anual, negó tal estimación.

En cualquier caso, Soria señaló que la indemnización acabará siendo una solución «menos gravosa» que continuar con la explotación del almacén, ya que la hibernación del almacén comportará un desembolso de 110 millones de euros al año y mantenerlo en marcha supondría «el doble».

Así, defendió que la solución adoptada, en línea con el real decreto de 2008 que autorizó el proyecto, supone un ahorro del 50%: «Es la mitad de lo que habría sucedido en el caso de que esta instalación, en vez de hibernada, estuviera en funcionamiento».

El almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y cuya construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona, será hibernado, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan.

Fitch eleva a positiva la perspectiva de los bonos del Castor

Por su parte, la agencia de calificación crediticia Fitch elevó de negativa a positiva la perspectiva del rating de la sociedad Watercraft Capital, a través de la que se instrumentan los bonos por 1.400 millones de euros asociados a la financiación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor.

La decisión de Fitch se produce como consecuencia de la publicación por parte del Gobierno del real decreto ley 13/2014, en el que se detalló la solución retributiva para esta instalación, cuyos costes serán asumidos por el sistema gasista.

Pese a elevar la perspectiva, la agencia advirtió de que aún «persisten algunos riesgos de ejecución» relacionados con el trámite parlamentario al que ahora debe someterse el real decreto ley.

La norma aprobada por el Gobierno contempla una compensación a Escal UGS que ha sido asumida por Enagás y, ulteriormente, por un sindicato bancario que recuperará el importe a través de un pago laminado durante 30 años a través del sistema gasista.