Durante su intervención en el Congreso en respuesta a una interpelación de CiU, Soria defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo para atajar el déficit eléctrico, como el recorte de las primas a las renovables y de la retribución al transporte y la distribución o la creación de nuevos gravámenes sobre la energía.

Según aseguró el ministro de Industria, este año las primas supondrán unos 20.000 millones de euros –la mitad de ellos para el sistema especial–, una cifra que «no es sostenible» y que hay que limitar sin repercutir todo el coste en los consumidores.

No obstante, reconoció que las medidas no han dado aún «la plenitud de sus frutos» dado que «no son medidas aisladas sino que forman parte de una estrategia global».

«Es verdad que estas medidas no han llevado a déficit cero y ex ante de 1.500 millones de euros, pero de no haber sido tomadas, el déficit habría sido de 8.500 millones de euros», afirmó Soria, quien cifró en 3.586 millones de euros el «ahorro» logrado en 2012 con las iniciativas aprobadas por el Gobierno y añadió que «hay un reparto equilibrado y ponderado del coste entre consumidores, administraciones públicas y operadores».

El ministro también añadió que de no recortar los costes del sistema, la luz tendría que subir actualmente un 12%, algo que no puede permitirse ni los hogares ni las empresas.

La reforma integral del sector energético «ya está en marcha»

Asimismo, Soria reconoció la necesidad de reformar de forma integral el sector energético, por lo que el Ejecutivo aprobará los desarrollos normativos previstos en la modificación de la Ley del Sector Eléctrico, que «ya está en marcha», para establecer un marco normativo estable que permita el equilibrio financiero del sistema y el desarrollo de las energías renovables.

«Todo lo que hacemos es para disponer en el futuro de un modelo energético seguro en el abastecimiento, equilibrado entre las tecnologías que conformen el mix y sostenible en términos medioambientales, sociales y económicos», dijo.

Además de llevar a término las decisiones aprobadas hasta la fecha, Soria aseguró que el Gobierno se plantea finalizar esta reforma iniciando «otras pendientes» como prorrogar el Plan PIVE, acordar con empresas y sindicatos un Plan del Carbón hasta 2018 o reformar la Ley de Hidrocarburos para actualizar el desarrollo reglamentario sobre inversiones y producción.

En este sentido, el ministro reiteró que cuando la reforma energética esté culminada, España contará con un sistema eléctrico «mucho más justo y mucho más competitivo en términos de precio de consumo y de costes energéticos».

Además, Soria aseguró que se deberá concluir la «reforma institucional» que supone la unificación de los organismos reguladores y supervisores para mejorar la perspectiva global de su funcionamiento y «ese es el fundamento de la reforma en la que está trabajando el Gobierno en la actualidad» Y también se deberán mejorar las interconexiones de la Península con el resto de Europa.

Sánchez Llibre lamenta que las medidas sean «cortoplazistas»

Por su parte, el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, consideró que es necesario establecer, por consenso, una estrategia energética «global, estable y sostenible en el tiempo» entre el Gobierno, los grupos políticos y todos los operadores que sirva de base para mejorar la competitividad industrial y empresarial de España, para que «el sector pueda gozar de una estabilidad a medio y largo plazo».

«Una buena estrategia energética da como resultado una buena política económica. Una mala estrategia energética desemboca irreversiblemente en una mala política económica», advirtió el diputado de CiU, quien consideró fundamental que España deje de ser el país con «mayor riesgo regulatorio» de Europa en materia energética.

Además, el diputado nacionalista catalán lamentó que las acciones del Gobierno desde el inicio de la legislatura –como las del PSOE en el pasado mandato– son cortoplazistas y no fueron capaces de plasmar «un planteamiento estratégico planificado».

«Adoptar una improvisación tras otra para atajar el déficit de tarifa, y sin siquiera salir airoso porque el déficit sigue aumentando, sólo siembra incertidumbre y merma la competitividad de la economía. No podemos seguir así, es necesario dar una respuesta al reto energético diciendo cómo queremos crecer, previendo las consecuencias medioambientales de las decisiones que tomemos y propiciando un marco de eficiencia económica y energética a largo plazo», defendió.

Sánchez Llibre criticó que Industria no haya tenido en cuenta las recomendaciones finales a las que llegó en 2010 la subcomisión parlamentaria creada en el Congreso para abordar la estrategia energética del país en un marco temporal de 30 años.

En este punto, el ministro aseguró que los cambios que se fueron aprobando a lo largo de 2012 han recogido punto por punto las recomendaciones de la subcomisión, como «corregir los desequilibrios» en las primas y tarifas de las renovables, atajar el déficit de tarifa, preservar las capacidades tecnológicas y operativas de la nuclear, o implementar medidas de eficiencia y ahorro energético.

Con respecto al descontento existente en el sector energético con las decisiones del Ejecutivo, Soria replicó a Sánchez Llibre si «preferiría medidas que aplaudiera una parte del sector y otro no, que fueran buenas para unos y malas para otros». «¿No es más congruente y coherente plantear medidas donde, asumiendo que los consumidores y la administración adoptan una parte del ajuste, que también todas las empresas asuman otra parte? A mí me parece que eso es lo razonable», concluyó.

Finalmente, Sánchez Llibre abogó por «acordar criterios» para resolver el déficit tarifario «evaluando con rigor todos los costes y elaborando una metodología sostenible», así como estudiar «cuál es el mix energético económicamente viable» a futuro en función de la demanda que se prevea, y dar «seguridad» a futuro para el sector de las renovables.