Hace años el grupo gallego de punk rock, Siniestro Total, publicó un disco titulado «Menos mal que nos queda Portugal« Y parece ser que esto es lo que han pensado los responsables del Ministerio de Hacienda y de Industria (y la Oficina Económica del Presidente) con respecto a la propuesta de medidas fiscales dirigidas, supuestamente, (hasta que no se materialice de forma presupuestaria en los PGE 2013) a absorber el déficit tarifario.

Quizá, albergaban la posibilidad remota de intentar exportar estos impuestos (y el propio déficit tarifario, de estar en su mano) para amortiguar su impacto en una concepción del problema desde el punto de vista político y de opinión pública. El problema es que en Portugal se han dado cuenta con rapidez de las consecuencias. Y esto ya sea por carencia (incapacidad de la Administración española para analizar con rigor y más allá de los formalismos los impactos de este anteproyecto de ley) o por maldad (deseo de trasladar los impuestos al MIBEL). En todo caso, una concepción política de la economía impide ver la complejidad de los mecanismos y de las decisiones, haciendo, en consecuencia, chapuzas. Se reedita el mundo de la política volitiva y posibilista del expresidente Zapatero.

Es indudable que un anteproyecto de ley de estas características tiene efectos muy diferentes según se trate de una economía cerrada o autárquica, con respecto a una economía abierta y globalizada con un mercado eléctrico ibérico integrado (algo, por cierto, muy positivo tanto para España como para Portugal). Y esa gran diferencia, que es fácil identificar, es la que se pierde en todos los análisis previos a la propuesta de normativa elaborada de forma tan accidentada por el Gobierno. Pero incluso, también se pierde en los análisis posteriores, elaborados en el marco del enfoque autárquico-retroprogresivo peronista de nuestro país que desarticula las relaciones entre causa y efecto en el déficit tarifario, para centrarse en la recursiva cuestión de los beneficiados y perjudicados con miras al corto plazo. Análisis que simplemente tratan de calibrar el efecto sobre el incremento de los precios, en el bien entendido del olvido de la naturaleza del déficit tarifario por crecimiento exponencial de costes regulados y de la primas, en presencia de un mercado de generación barato, de hecho, de los más baratos de Europa.

Nuevamente, la falta de comprensión de lo que son los mercados en un mundo globalizado, proveniente de una clase política (en el mal sentido de la palabra) y económica nostálgica de la autarquía, intervencionista, discrecional y distribuidora de rentas, le hace perder el horizonte de lo que se deriva de sus decisiones y comportamientos.

En este sentido, sólo conocer que el Mercado Ibérico de la Energía, que fija precios para toda la Península Ibérica afectando su evolución a España y a Portugal, es un elemento o punto de partida relevante. Por eso hubiese sido importante que, además de visiones políticas de beneficiados y perjudicados, hubiera alguien con mínimos conocimientos económicos sobre el funcionamiento de los mercados que podría haber reclamado una cierta precaución en las medidas propuestas. La internacionalización del problema del déficit tarifario por esta vía es francamente grosera, y causa un poco de bochorno de que sea en Portugal donde se hayan dado cuenta antes, por la propia cuenta que les trae. Problemas que incluso pueden acabar en el derecho comunitario, donde la imposición internacional tiene su importancia. Atención, Abogados del Estado, vienen curvas.

Resumen de consecuencias económicas: estos nuevos impuestos a la generación y tecnologías en Régimen General (impuesto general a la generación, canon a la hidráulica, impuestos a la energía nuclear, céntimo verde a la generación por CCGT), encarecerán la energía en el mercado (en todo o en parte, dependiendo de la capacidad de traslación y la demanda, mal que le pese al sector fabrista) en España y también en Portugal. Todo ello, en lugar de atacar el origen del déficit tarifario, de los costes del suministro y de su crecimiento exponencial con racionalidad económica en las primas más desviadas.

Por tanto, el pueblo portugués, mucho más prudente a la hora de regar con primas el país, se verá perjudicado por los comportamientos de sus vecinos españoles y la generosidad seguida para impulsar de forma artificialmente cara este sector. Consecuentemente, España conseguiría exportar déficit tarifario a nuestros vecinos portugueses. Bastantes problemas tiene el gobierno de Pedro Passos Coelho para que los políticos españoles le encarezcan la energía por su mala cabeza y sus comportamientos de clase política extractiva de rentas.

Pero, además, en el MIBEL, para nuestras empresas ocurre el efecto perverso en sentido contrario, ya que dejarán de ser competitivas y transaccionarán menos energía que las portuguesas. Negocio redondo para nuestras autoridades económicas, energéticas y exteriores. Pocos países sabotean a sus propias empresas con este tipo de medidas, llamémosles «contraproteccionistas”» Y los hechos: un representante del Gobierno portugués pidió visitar a su homólogo español, Fernando Marti Scharfhausen, en la medida en que en Lisboa suponen que es su equivalente en la Administración lusa a la hora de tratar esta cuestión y que, por motivos de agenda del secretario de Estado de Energía, se ha retrasado.

En paralelo, asistimos a una fortísima crisis internacional de reputación e imagen de nuestro país, que tratamos de solventar con montajes como el de la «marca España» y la campaña «por algo será», siesta incluida, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En realidad, abordar esta crisis requeriría previamente no hacer barbaridades, comprometiéndonos seriamente desde Administraciones, política e instituciones con la seriedad institucional, con la seguridad jurídica, con la estabilidad regulatoria, con el funcionamiento de los mercados y con el comportamiento de Administraciones e Instituciones.

Y un ejemplo claro de este dislate es este proyecto de figuras fiscales y sus consecuencias, algo que a cualquier gobierno medianamente racional y experto no le pasaría. El Gobierno no ve el deterioro exterior que el mismo causa, que se está produciendo por la falta de credibilidad, falta de capacidad y partidismo de las instituciones y administraciones españolas, por la concepción torcida de la economía, los mercados y las empresas, francamente diferente a cómo se entiende en el resto de países occidentales donde el peso de la «política politizada» no interfiere en los sectores económicos. El eléctrico es hoy el mejor ejemplo.

Siniestro total.