Segura advierte de que los agentes pueden huir de la subasta ante un Gobierno «intervencionista»

Segura planteó ante la Cámara su preocupación ante la posibilidad de que los 36 agentes participantes en la última subasta CESUR se planteen no participar en futuras convocatorias de la subasta por la pérdida de confianza en el proceso. En este sentido, Segura advirtió al ministro de que, si los agentes «huyen de la subasta ante un Gobierno que presumía de ser de liberales reformistas y se han convertido en intervencionistas claros y rotundos», se producirá una pérdida de presión competitiva.

Precisamente éste ha sido uno de los argumentos utilizados por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para no dar validez a la subasta CESUR del mes de diciembre, encargada de fijar el precio de la electricidad para el primer trimestre de 2014. Una anulación que José Segura consideró que es «lícita» sobre unos argumentos que estimó «razonables»; Segura también reconoció que la intervención de la CNMC ha sido «discutible» en algunos aspectos, motivo por el que el grupo parlamentario socialista ha solicitado la comparecencia en Comisión del presidente del regulador, José María Marín Quemada.

José Segura se refirió a otra «importante inconsistencia» generada por el Real Decreto Ley 17/2013 y que tiene «graves consecuencias» ya que se están sometiendo a las comercializadoras de referencia a graves riesgos al fijar un precio «artificial». Además, advirtió también de que los problemas generados por el Gobierno con la intervención de la subasta CESUR han afectado a los peajes que se tenían que haber publicado a finales de 2013 y que a 21 de enero todavía no se han aprobado: «un retraso que se está convirtiendo es una costumbre que vulnera los derechos de los consumidores a saber el precio que deben pagar por el suministro eléctrico», sentenció Segura.

El portavoz socialista de Energía denominó las palabras del ministro José Manuel Soria alrededor de la intervención del mercado eléctrico como una «idílica presentación» de lo sucedido. En este sentido, Segura expresó al ministro que el informe de la CNMC señalaba únicamente dos alternativas para fijar un nuevo precio para el primer trimestre de 2014, pero aseguró que «hay muchas más». Por ello, el diputado socialista planteó al ministro Soria que, «puestos a tomar medidas provisionales en una situación de provisionalidad», el Gobierno hubiera contado con el apoyo del grupo socialista si se hubiera propuesto una congelación del precio de la luz; igual que se decidió congelar el salario mínimo interprofesional en el mismo Consejo de Ministros del 27 de diciembre, recordó José Segura.

Abstención de catalanes y vascos

Josep Sánchez Llibre (CiU) también manifestó su deseo de que el precio de la luz se hubiera congelado “o incluso bajado” y justificó la abstención de su grupo en que el Gobierno ha conseguido, con la anulación de la subasta, evitar una subida “escandalosa” de la energía. A pesar de su abstención y del apoyo brindado a la Ley del Sector Eléctrico, no dudó en calificar la política energética del Gobierno como “improvisada y desacertada” y como generadora de importantes niveles de inseguridad jurídica que además tiene a la economía productiva como “uno de los más perjudicados”. Sánchez Llibre también pidió más datos sobre la decisión de la CNMC de invalidar la subasta y consideró que la independencia del organismo regulador se ha visto afectada con la situación generada; por último, preguntó a José Manuel Soria si considera que se precipitó al hablar de manipulación.

Por el PNV, Pedro Azpiazu también defendió la abstención en la medida en la que el Gobierno no podía permitir la subida del precio de la luz fijada en la subasta «mientras los salarios siguen bajando y el paro se encuentra en máximos históricos». También consideró que una subida así hubiera tenido un “impacto electoral en las europeas difícil de encajar». Peor le parecieron a Azpiazu las formas con las que se realizó tal anulación: considera que visto el informe de la CNMC, en el que no se reflejan anomalías y no procede actuar contra los agentes de la subasta, “la decisión de suspensión de la subasta es una gran metedura de pata que pone en cuestión la independencia del regulador”. En este sentido, Azpiazu apuntó al precio de la subasta como resultado del incremento de la demanda, la escasez de viento y la menor aportación de las centrales nucleares.

Nuevo «parche» para el sector

Por la Izquierda Plural, Laia Ortiz achacó el repunte de precios a los numerosos cambios normativos llevados a cabo por el Gobierno. Por ello, tachó el decreto como el “enésimo parche” del Gobierno en política energética y la demostración del “fracaso” de sus medidas para el sector eléctrico. Ortiz también recriminó a Soria la actitud “triunfalista” exhibida por el Ministerio y consideró que decir que la luz sube menos que con el PSOE es un “insulto a la inteligencia y una manipulación de cifras». También le recordó a Soria lo que España ofrece: “la tercera electricidad más cara de Europa y un aumento progresivo de la pobreza energética y del déficit tarifario”.

Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) consideró que las diversas medidas del Gobierno han fracasado y para enmendar sus errores vuelven a ofrecer un “parche”. En este sentido, Gorriarán preguntó al Gobierno sobre cuándo se va a presentar un proyecto que ofrezca seguridad jurídica. Por ello reivindicó, entre una batería completa de medidas, una auditoria del sector eléctrico y exigió que no se realicen “estafas” como hacer pagar a los consumidores en 15 años los 3.600 millones que no ha aportado el Estado al sector eléctrico en 2013.

En esta línea, la diputada del BNG Rosana Pérez calificó como «incompetente y caótica» la política energética del Gobierno ya que no soluciona los problemas del sector eléctrico ni el déficit tarifario. «La Ley del Sector Eléctrico ha sido un parche sin más», incidió Pérez, tras denunciar que se está produciendo un «saqueo a la ciudadanía».

Joan Baldoví (Compromìs) tachó el decreto de un nuevo «parche» para el sector y a la medida de «esas grandullonas codiciosas que son las grandes eléctricas». En su opinión, el sector eléctrico necesita una auditoría para «derribar su muro de opacidad».