En un encuentro con periodistas, la secretaria general de la asociación, Marta Margarit, aseguró que el sector del gas aportará el 24% de la recaudación asociada a los nuevos impuestos eléctricos, pese a ser una tecnología «fundamental» para la estabilidad del sistema eléctrico.

En concreto, citó el nuevo impuesto del 6% a la producción eléctrica, el «céntimo verde» (un gravamen de 2,79 céntimos de euro por metro cúbico de gas) equivalente a cerca del 7% del precio del producto y la obligatoriedad a partir de 2013 de comprar los derechos de emisión de CO2 como las nuevas cargas que deberá soportar el sector y que pueden provocar no solo cierres de ciclos combinados de gas, sino también de instalaciones de cogeneración, e incluso habrá compañías que se planteen trasladar esas instalaciones a otros países.

Por este motivo, Margarit pidió al Gobierno que arregle el problema de fondo del sector eléctrico porque, de lo contrario, el año que viene «veremos una segunda reforma fiscal».

Al mismo tiempo, Sedigás reclamó al Senado, donde se encuentra ahora el proyecto de ley, que no cargue la solución sobre el gas y que apruebe un mantenimiento de la exención fiscal al gas para la generación de electricidad y una rebaja del nuevo «céntimo verde» al mínimo de lo permitido por la Comisión Europea (la directiva comunitaria establece un gravamen mínimo de entre 1,05 y 1,08 céntimos por metro cúbico para el uso doméstico de gas y de 0,65 céntimos para el uso industrial), puesto que esta tasa «única» duplica y cuadruplica estas magnitudes.

Según datos de Sedigas, si se aplica la tasa en los términos actuales, el impacto de los costes del gas en el sector industrial sería entre el 5% y el 7%, mientras que en el doméstico-comercial estaría sobre el 4,5%.

En el caso de los ciclos combinados de gas, explicó Margarit, su situación ya es «crítica», de modo que la nueva ley «pondrá en riesgo de cierre alguna instalación y también pondrá en peligro la estabilidad del sistema eléctrico».

Estas instalaciones, que reciben una compensación vía pagos por capacidadad por participar en el sistema eléctrico cuando se las necesita, operan en la actualidad a un 17% de su capacidad, cuando el «punto de equilibrio» para ser rentables es del 50%.

«Poner una tasa doble les saca del mercado y supone una desventaja con respecto a otros competidores. Supone romper el equilibrio de mercado», señaló la secretaria general de Sedigás.

En cuanto a las instalaciones industriales que utilizan la cogeneración, Margarit recordó que cada quince años renuevan sus permisos y que, con la nueva fiscalidad al gas, es probable que en 2015 «muchas anuncien que los números no van a salir».

Por su parte, el sector industrial no solo sufrirá la «rebaja de competitividad» asociada al encarecimiento de la actividad de cogeneración, sino que deberá afrontar una subida de costes relacionada con el nuevo «céntimo verde» del gas, señaló.

La asociación consideró además que la nueva ley «no tiene nada de reforma» y supone un «parche recaudatorio». «Es un problema eléctrico y el resto de energías no tenemos que pagar los platos rotos de los demás», señaló Margarit.

Sedigás también advirtió de que la nueva fiscalidad sobre el gas provocará un descenso de la demanda a partir de 2013 y, con ello, unos menores ingresos para el sistema, lo que complicará la resolución del problema del déficit de tarifa. Para 2012, el consumo de gas podría caer un 4%, indicó Margarit.

«El resultado es un menor consumo de gas y una caída de ingresos», lamentó Margarit, en alusión a la posibilidad de que ni siquiera estas medidas sea eficaces para acabar con el problema del déficit de tarifa. Además, los consumidores domésticos de gas deberán sufragar el sistema eléctrico y sufrir un encarecimiento de su tarifa de entre el 3% y el 4% relacionada con el nuevo «céntimo verde», señaló.

Sedigás confió en que, una vez aprobada la nueva fiscalidad eléctrica en el Congreso con algunas enmiendas para garantizar que la recaudación energética se destina a aliviar el déficit de tarifa, el paso de la norma por el Senado sirva para que los diferentes sectores afectados puedan lograr alguna mejora, donde «puede pasar de todo».

Por este motivo, la asociación se encuentra hablando «con todos», esto es, con los senadores, con La Moncloa y con los ministerios de Hacienda e Industria, señaló Margarit. «Ahora toca atender las demandas del sector», afirmó.

«El PP no puede hacer oídos sordos a tantos sectores que le están diciendo lo mismo con distintas palabras. Han usado el Congreso para dejar claro que lo que se recaude irá a paliar al déficit de tarifa y no a Hacienda», dijo la secretaria general de Sedigas.

La secretaria general de Sedigás consideró además que el sistema gasista ya no necesita «grandes infraestructuras» más allá de la actual planificación y mostró su confianza en que la tarifa de gas no sea deficitaria durante el presente ejercicio.

El pasado jueves, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética con una enmienda transaccional que especifica que los ingresos obtenidos con las nuevas tasas se dedicarán a acabar con el déficit de tarifa y sin introducir los cambios solicitados desde distintos sectores para reducir el impacto de la normativa.