Sedigas considera que la reforma del Gobierno garantiza que no habrá más déficit dentro del sistema gasístico

Margarit resaltó también que los cambios adoptados por el Ejecutivo permitirán «la expansión del gas natural en España», que en el sector residencial tiene una penetración del 29%, a pesar de que el 76% de la población española tiene posibilidad de recibir suministro de gas en su domicilio.

Sedigas, que no se había pronunciado hasta ahora sobre los detalles de esta reforma que afecta al sector, evitó en cambio valorar el nuevo régimen retributivo del sector gasista, que tendrá un impacto de 238 millones de euros sobre las empresas del sector, y se remitió a la reacción de las compañías afectadas.

Aunque Sedigas entiende que el déficit acumulado hasta ahora, que a finales de 2013 sumaba 327 millones de euros, es «coyuntural», fruto de la puesta en marcha de grandes infraestructuras, Margarit comentó que el hipotético déficit del sistema gasista queda ahora totalmente «bajo control», si bien recordó que ya en los últimos años el sistema acabó «siempre» en equilibrio entre sus ingresos y sus gastos.

Para evitar que se genere nuevo déficit, el Gobierno limitará el déficit máximo anual en el 10% de los ingresos, de modo que si un año se supera ese porcentaje se incrementarán automáticamente los peajes, y lo mismo sucederá si el déficit acumulado supera el 15% de los ingresos.

El Gobierno introdujo una parte variable en los pagos al sector, de forma que se incentivará la gasificación de nuevos municipios, y en esta línea Sedigas entiende que la reforma da la oportunidad de seguir creciendo en el sector residencial desplazando a «otros combustibles más contaminantes».

En cuanto a la decisión de cargar al recibo durante 15 años el déficit reconocido al final del presente ejercicio, se limitó a comentar que ha sido la solución elegida por el Gobierno, pero insistió en que «no debería darse ningún desequilibrio» en el sistema gasista, ya que los ingresos «deberían subir» y «no debería haber ningún gasto adicional importante».

Respecto al impacto del almacén subterráneo Castor sobre el sistema gasista, Margarit recordó que hace años que estaba previsto que «entrara en el sistema». Sin embargo, comentó que en adelante «solo puede haber buenas noticias, que lo saquen (del sistema). De momento está metido, pero si lo sacan habrá menos impacto» económico, añadió.

En cuanto a la segunda parte de la reforma del gas proyectada por el Gobierno, que consiste en la creación de un «pool» gasista, Sedigas comentó que este mercado secundario sería «un paso adelante en la madurez» del mercado español del gas.

Preguntada por cómo puede afectar el precio del gas a este mercado, Margarit aseguró que, en teoría, el precio «no se debe ver afectado».

Este mercado debería «hacer más fácil que un comercializador europeo venga a operar» en España y puede incentivar «una cierta tendencia a un margen de precios similares del gas en Europa».

Por otra parte, en referencia al futuro de los ciclos combinados, Sedigas es partidario de la «hibernación» para evitar que estas instalaciones pierdan dinero.

Por otra parte, Margarit opinó que las interconexiones actuales de gas con Francia «no son suficientes» y celebró los esfuerzos del Gobierno ante la Unión Europea para lograr que se refuercen.

Respecto al llamado gas no convencional, Margarit aseguró que si España dispone de recursos naturales de este tipo «lo lógico» es que, «como mínimo, si se dan las condiciones de seguridad y medioambientales, se aprovechen». También comentó que la técnica de la fractura hidráulica en EEUU se ha probado «muchísimo» y «parecería» segura.

Liberalización del precio de la bombona de butano

Por otro lado, la secretaria general de Sedigas defendió que el Gobierno debería «liberalizar» el precio de la bombona de butano más común, la de 12,5 kilogramos, tras permitir el precio libre en las bombonas más ligeras.

Margarit respaldó la liberalización de la bombona ligera, incluida en el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia aprobado el 4 de julio por el Gobierno, pero reclamó también extender la medida a la bombona más común.

«Queremos competir en igualdad de condiciones, porque competir en un mercado que está regulado, con un precio que está por debajo del coste, no es lo que debería ser», aseguró al tiempo que recordó que el gas natural compite en el mercado residencial con la electricidad y con el butano.

La bombona de butano más común mantiene un precio regulado cuyo tope actual está en los 17,5 euros y la obligación de reparto a domicilio para los operadores con mayor volumen de venta en cada territorio. En España se venden actualmente 11 millones de botellas de propano y 56 millones de bombonas de butano.

En cuanto al consumo de gas natural en España, Margarit prevé que «se quede igual» que el año pasado, a pesar de que la recuperación económica hace que repunte en el sector industrial.