Sebastián pide a la Xunta de Galicia que no use la energía como arma de enfrentamiento

Miguel Sebastián afirmó que el Gobierno está «pendiente de que el Tribunal de Luxemburgo levante las medidas cautelares y para ello sería muy útil que la Xunta de Galicia deje de jugar a un juego desleal con España y con Castilla y León».

En este sentido, el ministro pidió al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera que «se involucre más y presione a su compañero de partido Alberto Núñez Feijoo para que retire un recurso que no tiene ningún recorrido y que nos daña en Bruselas, donde no entienden que una cosa que es buena para España haya un gobierno de una región española que lo boicotea».

Sebastián insistió en que «nunca se utiliza la energía como un arma de enfrentamiento entre regiones, por eso pedimos a la Xunta que recapacite y a los compañeros de partido, como Herrera, que presionen y convenzan a la Xunta de que este camino no le lleva a ninguna parte».

El ministro de Industria tendió una mano al Gobierno gallego al asegurar que siempre está «dispuesto a reunirme, además tenemos muchos temas de que hablar, como la industria del automóvil y otros asuntos energéticos, pero me gustaría que antes retiraran el recurso del carbón, como gesto de buena voluntad».

En cuanto al sector fotovoltaico, Miguel Sebastián aseguro que el Gobierno seguirá «apoyando, otra cosa es que pidamos esfuerzo, como hemos pedido al conjunto del sector eléctrico, para hacer frente al déficit tarifario, que supone una gran carga para factura de la luz de los consumidores españoles».

«El sector fotovoltaico tiene futuro, lo seguiremos apoyando y queremos recuperar el diálogo; en este último decreto nos hemos limitado a fijar unas horas que resuelve un problema, cuanto más sol hacía más cara salía la luz y no era razonable», añadió.

«El decreto del carbón debe equilibrarse para que Galicia no pague»

Por su parte, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, señaló que la Xunta mantendrá el recurso al decreto del carbón mientras no sean atendidas sus propuestas, y destacó que es preciso que se «equilibre» esta norma para que no sea Galicia la única Comunidad «que pague».

Así se pronunció el conselleiro en declaraciones a los periodistas sobre las palabras del ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien
explicó que la caída de la utilización de las térmicas gallegas responde a la contracción de la demanda eléctrica, a la excesiva construcción de centrales de ciclo combinado y al volumen de energía eólica que ha registrado Galicia.

El conselleiro señaló a este respecto que el ministro «está llevando un rumbo que no le lleva a ningún sitio», y lamentó que se hubiese responsabilizado a la Xunta del conflicto.

«El que es responsable del decreto del carbón es el Ministerio de Industria», que lo elaboró «sin haber consultado en ningún caso a Galicia y a los intereses de los gallegos».

«Echarle ahora la culpa a las energías renovables», señaló, o al concurso eólico «es de broma», al tiempo que señaló que el propio ministro es partidario de las energías renovables.

Además, manifestó que el decreto afecta a Galicia «de forma directa» y también al conjunto de los ciudadanos, porque el coste de la medida «lo vamos a pagar, lo estamos pagando ya en el recibo de la luz».

Javier Guerra acusó al Gobierno de no tener respeto por una Comunidad Autónoma «que está defendiendo unos intereses tan dignos como el resto de Comunidades», y señaló que su obligación como Gobierno «es defender los intereses de los gallegos; la obligación del ministro es defender los intereses de todos los españoles, incluidos los gallegos».

A este respecto, apostó por que se «equilibre el efecto» del decreto del carbón, de forma que no sea Galicia la única autonomía «que pague» por esta medida.

Indicó, además, que como el ministro «no nos quiere escuchar», dijo, «no nos queda más que estar en los tribunales», e insistió en que no se retirará el recurso «hasta que no se consideren nuestras alternativas y no se nos escuche, porque tenemos que defender a los trabajadores de las centrales, pero también a los autónomos, los transportistas y el puerto de Ferrol».