Sebastián llevará al Consejo de Ministros el decreto del carbón aprobado en Bruselas

«Lo llevamos al Consejo de Ministros», afirmó Miguel Sebastián en declaraciones a la prensa tras participar en Madrid en el XXIII Congreso Internacional de Gas Licuado del Petróleo.

El ministro explicó que la norma entrará en funcionamiento «lo antes posible», ya que «se necesita un tiempo para su puesta en marcha». El texto que apruebe el Gobierno, indicó, no difiere del remitido antes del verano por el Ministerio de Industria a la Comisión Europea.

Sebastián aseguró además que el texto ha sufrido un «retraso procedimental» relacionado con el análisis al que ha sido sometido por parte de Bruselas para establecer si existe en su articulado algún tipo de ayuda de Estado.

La Comisión Europea aprobó el real decreto al considerar que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas, pero exigió al Ejecutivo, en la línea con el reglamento que elabora para la Unión Europea, que no conceda más subvenciones después de 2014.

Fuentes de Industria expresaron su «enorme satisfacción» por la decisión de Bruselas, ya que aportará al sector la «tranquilidad necesaria para abordar los graves problemas con los que se enfrenta». El Ministerio confía en que a partir de ahora «se imponga en el sector el clima de sosiego y de entendimiento necesario para colaborar entre todos, Gobierno, empresas y sindicatos».

El nuevo real decreto, que está sólo pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros y que ya ha sido estudiado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), Comisión Nacional de Competencia (CNC) y Consejo de Estado (no como informabamos ayer de manera errónea), modificará al real decreto 134/2010, publicado en febrero.

Esta norma reconocía el lucro cesante de tecnologías que, como los ciclos combinados de gas, quedarían desplazadas por el mayor uso del carbón. Ante la advertencia de Bruselas de que este incentivo a centrales desplazadas podría ser ayuda de Estado, Industria decidió retirar este aspecto de la norma y dedicarla exclusivamente a la quema de carbón nacional en las centrales térmicas.

Reglamento hasta 2014

En paralelo, Bruselas trabaja en un reglamento que eliminará en 2014 todas las ayudas al carbón. «Hay que pelear un reglamento europeo que afecta a todos los países europeos, y la semana que viene empezaremos la negociación», afirmó Sebastián.

El ministro explicó que el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, se reunirá con agentes del sector para departir no sólo acerca del nuevo decreto del carbón, sino también para «fijar una posición común española» ante el futuro reglamento. «Necesitamos una sola voz entre los mineros, las empresas y los grupos políticos, porque si no crearemos una enorme confusión», añadió.

El PSOE de CyL asegura que el futuro del carbón está garantizado

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, consideró que la decisión de la Comisión Europea supone «una victoria muy importante en Europa para salvar el carbón nacional», cuyo futuro va a quedar, a su juicio, garantizado.

No obstante, López explicó que todavía quedan «retos pendientes» en torno al futuro de la minería, el primero de los cuales es que «los empresarios tienen que pagar las nóminas, y punto».

El diputado socialista también dijo que ahora hay que discutir un reglamento que permita pagar las ayudas más allá del límite del año 2014. «El Gobierno y el PSOE va a defender que se pueda alargar lo más posible el apoyo al carbón nacional, y si puede ser más allá del 2014, mejor».

La Junta de CyL cree que el decreto sólo es una «tirita» y reclama «estabilidad» tras 2014

Asimismo, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, consideró que el real decreto es sólo una «tirita» para un «enfermo muy grave» y reclamó que se «trabaje» para dar «estabilidad» al sector más allá de 2014.

El portavoz de la Junta valoró que la Comisión Europea convalidara el plan español de ayuda al carbón porque «sin duda» devuelve la «tranquilidad» a la minería, pero señaló que lo importante ahora es que los trabajadores cobren sus nóminas.

La Xunta presentará un recurso ante el Tribunal Supremo

Sin embargo, el consejero de Economía e Industria, Javier Guerra, avanzó que la Xunta presentará recurso ante el Tribunal Supremo una vez que el real decreto que prima la quema del carbón nacional esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el fin de solicitar una paralización cautelar en su aplicación mientras no haya una sentencia. Junto a ello, también recurrirá ante el Tribunal de Luxemburgo esta decisión en base al derecho de las comunidades afectadas «a ser escuchadas».

Guerra comunicó que envió –por tercera vez– una carta en la que «exige» al ministro de Industria, Miguel Sebastián, una reunión para que «escuche» al Gobierno gallego y «busque soluciones para que la decisión sea equilibrada».

Sobre esta cuestión, el consejero de Economía e Industria acusó al Gobierno central de «no explicar» ante la Comisión Europea «los efectos reales» que la aplicación del decreto tienen sobre Galicia. Por ello, explicó que la Xunta «tiene toda la documentación» para «estudiar los caminos jurídicos» a seguir.

De este modo, Guerra mostró el rechazo del Gobierno gallego «completo y contundente» al decreto, pues según denunció «no fueron escuchados los intereses de Galicia», los cuales «no fueron trasladados a la Comisión Europea más que por las cartas emitidas desde la Consejería de Economía» al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.

De este modo, se refirió a los efectos «perniciosos» sobre la economía gallega que tendrá, según dijo, esta decisión que afectará a más de 3.500 trabajadores y a unas inversiones totales de más de 1.200 millones de euros.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico rechazó la vía de las compensaciones como solución, ya que lo «único» que demanda es que las centrales térmicas gallegas «funcionen como estaban funcionando», es decir, «seguir fabricando energía en las mismas condiciones».

A pesar de esto, Guerra matizó que si el Gobierno de España establece compensaciones «tiene que comunicarlas», a lo que añadió que «es curioso» que en el decreto se establezca compensaciones para aquellas centrales que utilizan carbón nacional y «no para las que utilicen carbón de importación».