Sebastián afirma que el Gobierno tenía «opciones» para rebajar la indemnización del almacén Castor

Sebastián, que firmó el decreto de 2008 que otorgaba a Escal UGS la concesión de ese almacén situado a 21 kilómetros de la costa de Vinarós (Castellón), aseguró que apenas un mes después de asumir esa cartera ministerial se encontró con un decreto «con la tramitación ya hecha» por parte del anterior equipo, comandado por el exalcalde de Barcelona Joan Clos.

Frente a la polémica desencadenada por el pago de esos 1.350 millones de euros, que Escal UGS ya ha cobrado, Sebastián, que fue ministro entre 2008 y 2011, sostiene que el Gobierno actual «podría haber resuelto de otra forma» el problema, «porque el almacén no está operativo», en contra de lo previsto en aquel decreto.

Al no haber entrado en funcionamiento, el Gobierno «podía haber tenido un margen de negociación o de maniobra (frente a la concesionaria) que ha decidido no utilizar», según su opinión.

Sin ánimo de entrar en un debate jurídico, un terreno que deja a los expertos en la materia, Sebastián concluyó que el Gobierno tenía opciones «para pagar menos» de indemnización y podría haber «jugado» con el punto de la cláusula de la indemnización, que «estaba pensada si la planta está operativa y un gobierno no la cierra».

Por otra parte, cuestionado por si se siente de alguna forma culpable por el fracaso de este proyecto, Sebastián se preguntó: «¿Culpable de qué?», y añadió: «Lo que me sorprende es que los que estaban antes no hayan salido a defender (el almacén), porque fueron los que más trabajaron este tema», en referencia a sus antecesores en la cartera de Industria.

Sebastián aseguró que la indemnización que ha percibido Escal UGS, participada en su mayoría por ACS, y que pagarán los consumidores a través del recibo del gas durante los próximos 30 años, «no es dinero público», sino de los consumidores de gas, «que son en un 80% la industria».

En esta línea, Sebastián, que se desplazó a Cataluña para participar en el foro empresarial Cornellà Creació, argumentó que si ese almacén no hubiera generado seísmos, la infraestructura habría sido útil, ya que pretendía «cubrir riesgos de suministro y a la vez enfriar el precio del gas en caso de puntas de demanda».

El problema principal del almacén Castor fue que hubo «un error en la decisión de dónde ubicarlo», una decisión en la que subraya que él no participó, y que competía «al ministerio de Medio Ambiente y a la propia empresa», puntualizó.

En cualquier caso, admitió que el proyecto Castor «no ha salido como se esperaba», pero subrayó, en consonancia con el argumento esgrimido por el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, que «vamos a pagar la mitad para tenerlo hibernado de lo que costaría estando operativo».

«Es muy fácil ser listo a toro pasado», sentenció Sebastián haciendo balance de esta polémica, y recordó que «nadie puso objeciones al decreto» del almacén Castor cuando se aprobó en el Consejo de Ministros, puesto que además «tenía el visto bueno de todos los servicios jurídicos».

En cuanto a la cláusula de aquel decreto que permitió a la concesionaria percibir una indemnización, comentó que también figuraba en la concesión del almacén de gas Gaviota, ubicado frente a la costa de Bermeo, y que era «habitual» en almacenes de gas construidos «en otros países», y recordó que «el Tribunal Supremo la ha validado».

«En todos los países los almacenamientos de gas recaen sobre los consumidores, porque se benefician de ellos (…) Y los pagan a gusto o bien a disgusto porque es un seguro para tener suministro en caso de que haya problemas», argumentó Sebastián, que no dio por completamente muerta la instalación: «Quién sabe si en un futuro el Castor volverá, yo no lo descartaría».

Liquidación de CTC

Por otra parte, sobre la investigación de la fiscalía relativa a la presunta falta de exigencia a las eléctricas de un exceso de cobro superior a los 3.000 millones de euros derivado de las liquidaciones de los costes de transición a la competencia (CTC), Sebastián indicó que los CTC fueron una compensación que hizo el Gobierno del PP cuando se pasó de un sistema regulado al sistema liberalizado.

A pesar de que con la liberalización se decidió que hasta el 2010 vayan a recibir una compensación, apuntó Sebastián, el Gobierno socialista decidió «que se acabe cuatro años antes».

«Desconozco que hubiera ningún informe de que se les había pagado de más, pero sí sé que del 2006 al 2010 no han recibido nada», aseveró Sebastián, para añadir que «si se les pagó más antes, no lo sé, pero se les dejó de pagar cuatro años, una cosa compensa la otra».

El extitular de Industria niega además haber conocido «nunca» la existencia de un borrador sobre ese asunto elaborado en el período de mandato de Clos, y haber recibido informes de la Abogacía del Estado o de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Por otra parte, respecto a la reforma eléctrica, Sebastián opinó que los costes de llevar la electricidad a las islas Canarias y a las Baleares y las primas a las renovables deberían cargarse a los Presupuestos Generales del Estado en lugar de endosarse al recibo de la luz, como sucede actualmente.

En cuanto al nuevo sistema del Gobierno para fijar el precio de la electricidad, que sustituye a las subastas Cesur, el exministro, que ahora imparte clases de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, aseguró que todavía es pronto para evaluarlo, pero que prefiere el sistema de subastas porque el «pool» «mete muchísima volatilidad» al precio de la electricidad.