Retroceso en la liberalización

El Gobierno Popular con un secretario de Estado supuestamente liberal acaba de recoger en un nuevo anteproyecto de ley que los operadores de sistema y transporte gasista y eléctrico, Red Eléctrica de España y Enagás, se hagan cargo de la titularidad de las instalaciones de bombeo y de regasificación, respectivamente. Se trata de una vieja aspiración promovida por el colectivo retroprogresivo, partidario de la planificación y no del mercado, que recogió y promovió el indemnizado equipo anterior con Luis Atienza, Alberto Carbajo y Esther Rituerto al frente.

En ese sentido, José Folgado, desde su posición latente de consejero de Red Eléctrica de España, ha sido alumno aventajado del exministro socialista Atienza en lo que se refiere a los intereses de REE y el “modelo” de organización del suministro eléctrico. Es una línea de continuidad plena, que encuentra su correlato en este nuevo secretario de Estado, Alberto Nadal, paradójicamente, los dos llegados de la CEOE. En el caso de Antoni Llardén, al no haberse producido la remoción en su cargo, la continuidad es más plena, si cabe.

Esta noticia requiere ser leída desde la perspectiva del modelo que establece la Ley del Sector Eléctrico y la diferenciación de actividades definidas en la liberalización (unbundling), esto es, generación, transporte, distribución y comercialización, como consecuencia de la traslación de las Directivas Europeas. Junto a estas funciones, además se establece la existencia de dos operadores: el operador de mercado (el OMEL) y el operador de sistema (incluido dentro de Red Eléctrica de España).

En el caso del sector eléctrico, la incursión del operador de transporte y sistema en el bombeo es una forma de ampliar sus funciones más allá del unbundling previsto en la Directiva Europea de Electricidad. En todo caso, tanto la Ley del Sector Eléctrico como la Directiva Europea de Electricidad deberían llevar a que se produjera la separación de actividades de manera completa y nítida en los operadores de transporte y sistema. Es decir la separación plena y total de la función transportista y la de operación (o gestor técnico). Y, en ningún caso se podría producir la entrada de estos operadores en la generación eléctrica (bombeo) o en el aprovisionamiento gasista.

Como hemos ya recogido en otras ocasiones en Energía Diario, las tentaciones monopolísticas que tiene Red Eléctrica de España de estirar sus funciones hasta convertirse en un «panoperador» eléctrico, más allá del bien y del mal y del «unbundling», no son nuevas. Y, Folgado las conoce. Y la menesterosidad de la administración energética española se las ha puesto en bandeja de plata.

Y estas tentaciones son claras: en primer lugar, la confusión o convivencia entre operador de transporte y operador de sistema, ya que ambas funciones deben ser superadas y separadas definitiva y completamente; en segundo lugar, la influencia en la regulación para condicionar y reordenar el sistema en lo económico, en la producción de energía y en la inversión de los propios agentes con claros resabios intervencionistas; y, en tercer lugar, la aspiración de contar con instalaciones propias de generación (en este caso, una central hidráulica con bombeo) y que supone un salto cualitativo de mayor alcance, al producirse el hecho de intervenir en el mercado de generación directamente como operador. Todo ello “por el bien del sistema eléctrico concebido desde la planificación centralizada pública”.

Porque, bajo la capa de estatalismo que rezuma del hecho de que las empresas privadas monopolistas REE y Enagás parezcan públicas, (con el estigma hacia los operadores privados) y ensalzamiento de lo público a cambio de las sinecuras y canonjías correspondientes, son retribuidas de forma regulada. El hecho de que estos operadores de transporte y sistema “velen” por los intereses a través de la mezcla de estas funciones solamente ha traído ineficiencias, sobreinversión, subversión y perversión del modelo, además de expulsión de los operadores empresariales.

Una cuestión a plantear es si el Gobierno y el secretario de Estado son conscientes de lo que significa el modelo de sectores energéticos con separación de actividades y los efectos de su quebranto, y si comprenden lo que suponen estas medidas hacia el monopolio y la integración vertical de actividades, contraria a las Directivas en lo que se refiere a la legalidad y en lo que se refiere a la vuelta a la planificación centralizada antimercado. O cuál ha sido el mecanismo para engendrar esa idea perversa de generar nuevos monopolios y de involución en el modelo de liberalización.

Como recogíamos el viernes, es evidente la razón por la que los honorarios en el operador de transporte y sistema son mayores que en la Secretaría de Estado y el Ministerio. Ellos deciden.