Repsol lanza su ofensiva legal contra Argentina tras la expropiación de YPF

Una vez aprobada la norma, Repsol denunciará a Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Washington, en la que evocará el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y España.

En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal. Argentina, con 49 reclamaciones, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instituciones internacionales.

El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.

Para Repsol, el justiprecio por su 57% de YPF asciende a 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros), si bien el Gobierno argentino ha sugerido que no pagará esta cifra esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda de la petrolera argentina, sus costes ambientales o el flujo de dividendos ya pagado.

Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamaciones. En el primero se ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.

Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar «todas las acciones legales a su alcance», lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.

Los accionistas minoritarios de YPF pueden denunciar el cambio de propiedad, en el que han pasado de ser inversores de una empresa privada a una empresa pública, así como las dificultades que esta nueva circunstancia genera a la cotización de las acciones en Nueva York.

También pueden evocar la obligación de OPA o los peligros que el nuevo entorno genera para la propia financiación de la compañía, ya que algunas cláusulas de financiamiento provocan la aceleración en los vencimientos con anticipaciones.

Al margen de la ley de expropiación, los servicios jurídicos de Repsol también deben responder al decreto de ocupación urgente de las instalaciones de YPF, que se aplicó inmediatamente después del anuncio de la expropiación y que sirvió para echar a los directivos españoles de la sede de la petrolera en Buenos Aires.

El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó que este decreto se promulgaba sobre una ley de la época del dictador Videla, mientras que Suárez de Lezo advirtió de que su aplicación suponía una toma de control automática de YPF.

Argentina dice Repsol «incumplió con provisión de gas» y niega sobreprecios

El ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, aseguró este domingo que la española Repsol «incumplió con la provisión acordada de buques» con gas natural licuado y negó que el Gobierno haya pagado sobreprecios por el transporte de combustible.

De Vido salió así al cruce de la información publicada este domingo por el periódico bonaerense Clarín en la que indica que el Gobierno de Cristina Fernández debió contratar nuevas importaciones de gas por barco el mismo día en que anunció la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF a Repsol, medida aprobada el pasado jueves por el Parlamento.

Según el diario, por seis cargas de GNL que fueron adjudicadas, el Gobierno debió pagar casi un 26 por ciento más que el precio que había pactado con Repsol por diez cargamentos para este año.

«En lugar de decir con todas las letras que Repsol incumplió con la provisión de los buques acordados para perjudicar a Argentina, haciendo que deba pagar más de lo previsto, Clarín justifica esa actitud deliberada, atribuyéndola a la expropiación«, indicó el ministro en un comunicado.

«Ahora que logramos garantizar el abastecimiento de ese combustible, critican su mayor valor omitiendo que fue la decisión unilateral de Repsol la que nos llevó a pagar ese precio», manifestó el alto funcionario.

De Vido insistió además en «el vaciamiento al que fue sometida la petrolera», cuya «estrepitosa caída de la producción obligó a importar cantidades crecientes de combustibles que YPF podía producir en el país».

El ministro negó además que la empresa energética estatal Enarsa haya pagado sobreprecios por el transporte de combustible importado.

Clarín también indicó que Enarsa convalidó «varios pagos de sobrecostos portuarios» destinados al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) en la operación de barcos con gas natural licuado.

«Sin ninguna norma legal que lo habilite, el gremio ha venido trasladando a Enarsa el pago de las ‘excepciones reglamentarias’ que el SOMU debe entregar sin cargo a los buques gasíferos cuando no hay tripulación local capacitada para operar esas naves», señaló el periódico.

Sin embargo, el ministro argumentó que «en los casos en que no existen remolques o prácticos locales adecuados (en los puertos), se da un permiso especial a cambio de un aporte para fomentar la capacitación y la mano de obra argentina, permitiendo que en el futuro trabajadores nacionales puedan realizar esas tareas».

«No es ningún sobrecosto, sino que forma parte del costo de mano de obra habitual en cualquier operación marítima y siempre se paga«, precisó De Vido.

La polémica por los costos en el gas importado se desató tras la aprobación de la ley de expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF y de la empresa YPF Gas a la española Repsol.

El Boletín Oficial publicará este lunes la designación del ingeniero en petróleo Miguel Galuccio como gerente general de la compañía, que «saldrá adelante y ayudará al país en su desarrollo energético», confió el experto en declaraciones divulgadas este domingo por la web del Gobierno.

«YPF es una empresa muy importante para mí, que quiero mucho. Estoy seguro de que podremos tener una empresa moderna, competitiva, profesional, que a su vez tenga un sentido nacional y argentino muy fuerte que va a ayudar a Argentina en su desarrollo energético«, aseguró Galuccio, un experimentado especialista del sector.

En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV), Alejandro Vanoli, convocó para este lunes a una reunión de directorio del organismo para analizar distintos temas sobre la expropiación de la petrolera, como la definición del nuevo cuerpo directivo de la empresa.

Tras la expropiación, las acciones de YPF se repartirán entre Estado (26,03%), el Grupo Petersen de la familia Eskenazi (25,46%), las provincias petroleras (24,99%), Repsol (6,43%) y el 17 por ciento continuará cotizando en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.